México, DF.
La imagen de los indígenas nasa expulsando al ejército de sus
territorios dio la vuelta al mundo; sin embargo, eso fue solamente el
principio de una cascada de acciones por parte de los actores
involucrados: gobierno y ejército, guerrilla y, por supuesto, indígenas
que defienden su territorio de una guerra que les fue impuesta.
Los
indígenas nasa desalojaron, a mediados de julio, a la fuerza pública
instalada en el cerro sagrado El Berlín, en Toribio, norte del Cauca.
Por esas mismas fechas, aparecieron en la parte alta de Toribio
panfletos firmados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), donde acusaban a los líderes indígenas de ser colaboradores de
las fuerzas del Estado “por estar auspiciando la militarización”.
“Pueden ser las FARC, como pueden no ser”, señala Dora Muñoz, integrante
del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN).
Días
después, los indígenas retuvieron a algunos guerrilleros y “se les
aplicó el remedio desde las costumbres indígenas; esto generó gran
inconformidad en las FARC y hubo amenazas de tomar venganza por estas
acciones. Las situación se puso muy tensa en el territorio, pues ya se
venía haciendo ciertos acercamientos con algunos ministerios del
gobierno para hacer diálogos y frenar estas situaciones”, rememora Dora.
Sin
embargo, la situación del Cauca es mucho más compleja que el episodio
del desalojo de la fuerza pública. Dora Muñoz da cuenta de los
principales problemas.
Las mineras devoran el territorio
Más del 60
por ciento del territorio indígena está concesionado a mineras,
incluyendo resguardos indígenas. Aunque es un derecho constitucional la
consulta previa y la información, los proyectos que están en exploración
no han sido consultados con las organizaciones indígenas.
El ministro
de minas definió al menos 21 áreas estratégicas mineras, que abarcan
cerca de 105 mil hectáreas y comprenden zonas protegidas ambientalmente,
como parques nacionales naturales, reservas naturales, páramos, tierras
de comunidades negras, resguardos indígenas y ciénagas.
El panorama
es bastante crítico: tan sólo en Caloto hay 45 solicitudes de
extracción minera, 15 de ellas por parte de la multinacional Anglogold;
en Toribio hay 21, de las cuales 13 son de la Anglogold. En total, en el
Cauca hay 1380 solicitudes, 250 de la Anglogold; ya son titulares de
283, y en todo el departamento ya han titulado 45 de ellas.
La experiencia de la militarización
Actualmente,
por territorio caucano circulan 14 mil militares, cifra que va en
aumento. En los lugares sagrados indígenas –lagunas, cerros y otros
sitios en donde hacen sus rituales- está ubicado estratégicamente el
ejército y han instalado bases militares. “Estando ellos allí ya nadie
puede subir porque nos restringen la libre movilidad; si vamos allá, nos
convertimos en objetivo militar de ambos bandos. Este daño no lo
sufrimos sólo nosotros como personas. También lo sufre la madre
naturaleza: los lugares sagrados donde están ubicados estos actores
armados están totalmente contaminados”, informa Dora.
Aunque el
gobierno argumenta la legitimidad de la militarización para proteger a
la población civil, “lo que nos muestra la experiencia en los
territorios indígenas es todo lo contrario: donde hay ejército y grupos
armados, hay combates, riesgo para la vida de todas las personas,
violaciones, abusos, maltratos, explosivos, minas. Hay muerte. Las
cifras de heridos y muertos nos ha dado la razón. Para nosotros, los
grupos armados de derecha o de izquierda son un riesgo”.
Manipulación mediática y solidaridad
Dora,
comunicadora popular, reflexiona que “tenemos claro que en Colombia la
comunicación, como muchos otros temas, no es un derecho, sino un
negocio”. Para ella, “los medios masivos responden a intereses, sólo
hacen propaganda dependiendo de quién está arriba en el poder. Somos
conscientes del papel que juegan los medios de comunicación en el país”.
Tejido de
Comunicaciones ha interpuesto demandas contra directores de medios
masivos de comunicación, como el director de Caracol Radio y RCN
televisión. Estos medios han presionado a algunos indígenas para que en
pantalla acusen directamente a sus compañeros de pertenecer a la
guerrilla; muchas veces, incluso los sacaban del territorio y eran
llevados hasta la capital de Colombia, para desde allá ejercer mucha más
presión.
Por eso, el
trabajo como colectivo de comunicaciones se basa en contar desde
adentro la realidad de los pueblos indígenas de Colombia, con
responsabilidad, crítica, análisis y una postura política clara;
trabajan la radio, la prensa y lo audiovisual desde el software libre,
para así hacer del proyecto toda una propuesta de liberación.
A pesar de
la estigmatización que se dio a través de los medios masivos en cuanto
al desalojo de la fuerza pública, se generó una fuerte red de apoyo y
solidaridad -sobre todo de estudiantes y mujeres- desde algunas ciudades
del país; realizaron acciones de protesta frente a sedes del gobierno o
medios de comunicación; también hicieron presencia en las comunidades
indígenas.
Los encuentros indígenas: buscando soluciones
En
encuentros en los diferentes resguardos, los indígenas acordaron abordar
la problemática a nivel regional, no sólo como norte del Cauca, sino
como Cauca entero. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por
ejemplo, recoge a las asociaciones indígenas de diferentes zonas del
Cauca, incluida la ACIN, para conjuntamente dialogar y analizar la
situación política, social, ambiental y económica de todo el
departamento.
Deslegitimar la lucha indígena, prioridad del gobierno.
El 10 de
agosto se concretó una primera movilización indígena en la capital del
Cauca; un día antes se realizó otra movilización, pero ésta convocada
por las fuerzas militares y la Organización de Pueblos Indígenas del
Cauca (OPIC). Esta organización fue creada por Juan Manuel Santos, en
ese entonces ministro de defensa y actual presidente, con el objetivo de
estigmatizar y dividir el movimiento, dice Dora, “porque en la
organización hay personas que están inconformes frente a ciertas
decisiones y acciones; el gobierno lo aprovechó y formó y financió la
OPIC”. Esta organización es utilizada por el gobierno para llevar a los
medios de comunicación a indígenas que directamente acusen a sus
compañeros, a la guardia indígena, de pertenecer a grupos guerrilleros.
“Es una estrategia muy fuerte porque eran los mismos indígenas acusando a
otros indígenas”, señala Muñoz.
En la
marcha de la OPIC, acompañada por fuerzas militares, sus integrantes
“pasaban por las oficinas del CRIC diciéndonos: ‘¡Guerrilleros,
desmovilícense, nosotros sí queremos la presencia de la fuerza pública
en nuestros territorios!’ Era una contra campaña no sólo mediática sino
también de movilización en contra de la misma organización indígena”,
analiza.
La respuesta: organización, diálogo y fiesta
Analizando
estos hechos, el CRIC decidió hacer el Encuentro Nacional de Pueblos
Indígenas 520 años de resistencia, en Popayán –capital del Cauca-, el 10
de agosto. De igual forma, organizaciones sociales en defensa de la
madre tierra realizaron una movilización multitudinaria. Para Dora, “fue
algo que tuvo un resultado muy positivo; con la marcha anterior había
mucha tensión en el ambiente; la gente estaba muy desinformada, decían
que sólo pocos indígenas no querían al ejército e inmediatamente nos
consideraban guerrilleros, porque hay otro grupo de indígenas que sí
está de acuerdo con el gobierno y sus políticas. Hay un reto desde las
autoridades indígenas de mostrar la versión real de los territorios,
pues se conoce la versión oficial con los integrantes de la OPIC y hay
la necesidad de mostrar la verdadera”.
La marcha
sirvió para reafirmar la posición de la organización indígena y para
denunciar los atropellos, represiones, señalamientos y asesinatos, y
concluyó con muestras artísticas y culturales de grupos indígenas y
afrodescendientes. “Dimos a conocer nuestra música y bailes; fue muy
bonito porque incluso la gente de la ciudad participó y pudo ver esa
otra realidad que se vive en los territorios; conocer también la parte
bonita de los indígenas y no lo que muestran los medios; conocer nuestra
cultura, lengua y costumbres”, valora Dora Muñoz.
Los 20 mil
indígenas que llegaron a Popayán al encuentro se concentraron en María
Piendamó, un resguardo indígena de la comunidad misak (también conocidos
como guámbianos), declarado lugar de convivencia, diálogo y
negociación. El encuentro permitió el intercambio entre las diferentes
comunidades sobre lo que se vive en el norte del Cauca, para conocer la
realidad de las otras zonas y para trabajar conjuntamente las exigencias
que le hicieron al gobierno nacional.
Los
indígenas, aunque no muy convencidos de que fuera a aceptar, invitaron
al presidente Santos para que estuviera en días posteriores. ”Había
muchos rumores, pero igual continuamos trabajando, llegara él o no,
quisiera o no dialogar con nosotros”, precisa Dora.
Mientras se
desarrollaba el encuentro, fue asesinado un mayor nasa, guía espiritual
y médico tradicional; dos hombres llegaron a su casa y le dispararon.
El asesinato, ocurrido el 12 de agosto en la comunidad López, de un
cabildo en el norte del Cauca. Fue una situación muy difícil para el
pueblo nasa porque, como declaró el CRIC en un comunicado, “para
nosotros matar a un mayor es apagar la memoria, la historia; es como
dejarnos ciegos, vendados, pues son los que nos muestran el camino y no
sólo desde la experiencia, sino desde el mensaje que les da la
naturaleza. Nos dio mucha rabia, pues lo mataron en su casa, delante de
su compañera e hijas”. El médico tradicional, en reiteradas ocasiones,
recibió amenazas por parte de la guerrilla y de la fuerza pública. A
pesar del dolor y la indignación, “se decidió seguir con el encuentro”,
cuenta Muñoz.
La “doble moral” de Santos
El
presidente colombiano llegó al encuentro el 15 de agosto. Los indígenas
le presentaron las exigencias, agrupadas en tres ejes: respeto por los
territorios autónomos y gobierno propio; la propuesta indígena de paz
frente al conflicto y la violación de los derechos humanos; y el
cumplimiento de los acuerdos incumplidos: derechos sociales, culturales y
económicos. En esta parte, por ejemplo, las propuestas sistemas
autónomos de educación y salud, autoridades ambientales (como cabildos
indígenas cuidadores del territorio) y la inversión para el tema
productivo. También había exigencias de inmediato cumplimiento: la
derogatoria de la OPIC, la desmilitarización de los territorios
indígenas y la derogatoria de las concesiones mineras.
El gobierno
no respondió a las exigencias inmediatas. A la demanda de
desmilitarización, el gobierno argumentó que, por el contrario, había
que aumentar la fuerza militar; que el presidente Santos está amenazado,
al igual que los líderes indígenas; y que constitucionalmente los
soldados podían estar en todo el territorio nacional. Frente a la
exigencia de respuesta inmediata y precisa, prometió que en el
transcurso de ocho días daría alguna respuesta, pues tenía que estudiar
las posibilidades; por otro lado, argumentaba que se necesitaba mayor
seguridad, y que los proyectos mineros eran necesarios para generar
desarrollo en las regiones. Se le dio un plazo de dos meses para
constituir una mesa de trabajo, conformada por líderes indígenas y
gobierno, para avanzar en las propuestas que desde el movimiento
indígena se ha planteado.
Los
indígenas se reunieron después para reflexionar sobre el encuentro. “Nos
quedó un sinsabor porque vemos, supuestamente, una voluntad de diálogo
de parte del gobierno, pero que no trasciende. Su discurso sólo ratifica
las políticas extractivistas y de militarización bajo cualquier
argumento. Hay un diálogo formal y muy suave, por el lenguaje que
utiliza el presidente, pero sus acciones, sus políticas sobre los
territorios y sobre los procesos indígenas no cambian: es radical,
excluyente, militar, de muerte. Es una política de entregar las riquezas
del país a las multinacionales”, valora la indígena. Los indígenas no
se sienten optimistas por ese lado. Aunque valoran que el lenguaje y
actitudes del ex presidente Uribe eran más toscos y ofensivos, les
parece mucho más peligrosa la “doble moral” de Santos, “que por un lado
nos da la mano, nos habla suave, felicita las iniciativas de paz; pero
su política no cambia”, analiza Dora. “Es como la chicha dulce, que sabe
rico cuando se toma, pero cuando nos paramos sabemos el efecto que ha
producido”. La preocupación, dice Dora, es que “una parte de la
población de las ciudades, que no vive las realidades que vivimos
nosotros, cree en él, pues se ha hecho llamar ‘el presidente de la paz’,
porque escuchó a los indígenas, atendió sus solicitudes e hizo su
posicionamiento con una comunidad indígena, en un lugar sagrado”. Pero
Muñoz recuerda que esto es una máscara, pues cuando fue ministro de
defensa de Uribe, uno de sus grandes logros fueron los falsos positivos
(vestir a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros): entre el 2002 y
el 2008, la cifra fue de 3 mil 345 detenciones y desapariciones.
Santos
pidió dos meses para responder a las exigencias indígenas, pero hay un
tema que inquieta a Dora de ese periodo. “¿Cuántos muertos más habrá?
Necesitamos que nos garanticen que eso no va a seguir pasando”. Dos
hechos pueden ilustrar el porqué de esta desconfianza. El 14 de agosto,
dos personas lanzaron un artefacto explosivo a una vivienda donde se
encontraban dos niños y dos mujeres; una de ellas, embarazada, está
grave, y el pequeño de cuatro años murió. El 21 de agosto, en el momento
de la entrevista de Dora con Desinformémonos,
le comunicaron que el ejército, en supuestos enfrentamientos con las
FARC, lanzó granadas sin importar que se encontraran cerca de población
civil; una de las esquirlas alcanzó y mató a un menor de 15 años.
“Viendo cifras y hechos”, continúa Dora, “nos damos cuenta que es el
tema que menos les interesa al presidente y a sus ministros”. Por eso,
remata, “no podemos creer en la palabra de alguien que así se quiera
llamar el ‘presidente de las paz’, desde que fue ministro de defensa es
un hombre de muerte”.
Dora Muñoz
informa que las acciones de rechazo a estas muertes serán lideradas por
mujeres “porque como madres, esposas, hijas, hemos sido afectadas por el
conflicto; nos matan al esposo y quedamos madres solteras, enfrentando
la vida solas, viviendo la violencia directa contra la mujer, el acoso,
la agresión, la violación”.
“Nos
sentimos cada vez más acorralados, más asediados, más golpeados; pero
por eso es necesario seguir de pie, seguir luchando. El principio de
todo es siempre la vida, el territorio”, declara Dora Muñoz.
Y finaliza:
“Esta lucha no es solo de los indígenas; es desde los indígenas para el
mundo. No pedimos solidaridad: pedimos unión, porque todos merecemos
vivir en armonía, disfrutar lo que nos da la madre naturaleza; lo que
nos da la felicidad está en la madre tierra. El territorio nos permite
ser lo que somos”.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/08/en-el-cauca-nos-han-trasladado-una-guerra-que-no-nos-pertenece/
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