Del mismo modo los pobladores se sienten en manos de la estrategia
paramilitar del régimen, abandonados por el Estado. No confían en las
autoridades civiles, militares y policiales, por cuanto estas miran para
otro lado mientras los ‘paras’ cometen sus crimenes.
La Defensoría pide investigar atroz asesinato perpetrado por paramilitares en Nariño
Por Camilo Raigozo
La Defensoría del Pueblo en cabeza de Volmar Pérez, pidió a la
Fiscalía General de la Nación investigar el atroz asesinato del
joven Diego Sney López, a manos de paramilitares autodenominados “las
rocas del sur”.
Según informó la Defensoría al menos 20 paramilitares asesinaron a
sangre fría a Diego Sney López, de 22 años de edad, delante de su
progenitora, el pasado 18 de marzo, en la vereda Santa Rosa, municipio
de Policarpa, Nariño.
De acuerdo con información allegada a la Defensoría, a las 10 de la
noche de la fecha mencionada, unos 20 sicarios fuertemente armados
incursionaron en un villar y procedieron a golpear a las personas que
allí se encontraban.
Los criminales vestían uniformes nuevos de uso privativo de las
fuerzas militares y portaban armas de largo alcance. Se identificaron
como “las rocas del sur” perteneciente a la banda paramilitar
autodenominada “los rastrojos”.
Según la Defensoría, el joven Diego Sney Delgado López, quien se
dedicaba a labores agrícolas en la vereda Santa Rosa, fue golpeado
con la culata de un fusil y le causaron heridas en el rostro con la
parte plana de un machete, al tiempo que fue señalado de pertenecer a
la guerrilla. Luego lo fusilaron delante de su madre y de la
comunidad.
Después del crimen los sicarios del régimen procedieron a quitarles
los celulares a la comunidad para evitar que denunciaran a las
autoridades.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que el grupo
paramilitar “Los Rastrojos”, viene imponiendo controles en municipios
como Policarpa, Cumbitara, Los Andes Sotomayor, La Llanada,
Samaniego y Santa Cruz- Guachavez, mediante retenes, torturas,
asesinatos, pillaje, saqueo de viviendas, desplazamiento y desaparición
forzada de personas.
Los habitantes de estos municipios no denuncian por temor a las
retaliaciones de paramilitares, por lo que la Defensoría instó a las
autoridades locales, departamentales y nacionales, a que cumplan con sus
obligaciones constitucionales de proteger la vida, la integridad y los
bienes de las comunidades.
Del mismo modo los pobladores se sienten en manos de la
estrategia paramilitar del régimen, abandonados por el Estado. No
confían en las autoridades civiles, militares y policiales, por cuanto
estas miran para otro lado mientras los ‘paras’ cometen sus crimenes.
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