La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves una controvertida reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos y que reduce las áreas protegidas en favor de la actividad agropecuaria, en medio del rechazo generalizado de los ecologistas.
La
reforma del llamado Código Forestal fue aprobada con una sólida mayoría
y será remitida a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, quien hace casi
dos años, durante la campaña electoral que la llevó al poder, afirmó que
vetaría algunos de los aspectos más polémicos.Uno de ellos es un punto, aprobado este jueves, que contempla una amplia amnistía para los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas degradadas su actividad agropecuaria.
Contra ese perdón generalizado se han plantado organizaciones de defensa del medio ambiente, como Greenpeace, que mantienen desde hace meses una campaña que han bautizado como “Veta Dilma”.
Greenpeace, incluso, siguió y comentó hoy el debate en la Cámara baja a través de su cuenta en la red social Twitter, desde la cual pidió “hacer un coro en favor de los bosques” y sumarse al rechazo a la nueva ley, que consideró el inicio de un “desastre ambiental”.
El mayor impacto de este nuevo conjunto de leyes, según las organizaciones defensoras del medio ambiente, se sentirá en la región amazónica, que se calcula que ya ha sido degradada en cerca del 50 por ciento y cuya cobertura vegetal puede ser más reducida todavía.
Entre los aspectos del proyecto que preocupan a los ecologistas está una reducción de las áreas de selva protegidas en propiedades privadas de la región amazónica, que hasta ahora eran equivalentes al 80 por ciento y con las nuevas normas pasarán a sólo la mitad.
Según los autores de la propuesta, ese punto pretende solamente reconocer y legalizar una “realidad existente” y “ya consolidada”, aunque los grupos ecologistas sostienen que en realidad se pretende expandir los cultivos en áreas hasta ahora protegidas.
El diputado Luiz Heinze, del derechista Partido Progresista (PP), usó la tribuna para defender con ardor la propuesta y consideró la votación como “un momento histórico para la agricultura brasileña”, un sector al que definió como el “motor del progreso de Brasil”.
De hecho, el proyecto contó con pleno apoyo de lo que se conoce como “bancada rural”, un grupo parlamentario suprapartidista que representa los intereses de los grandes terratenientes del país.
Otro artículo polémico, que por falta de acuerdos impidió que la votación se realizara este martes, como estaba previsto, se refiere a las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado y ahora pasarán a ser de 15 metros.
“Es escandaloso desproteger las márgenes de los ríos”, pues no sólo se expandirán las áreas cultivables, sino que además se pondrá en riesgo el agua dulce, un recurso del que Brasil posee las mayores reservas del mundo, denunció Vania Stolze, activista de Greenpeace.
El diputado Paulo Piau, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relator del proyecto, destacó que la nueva ley establece como contrapartida la obligación de recuperar las áreas que sean degradadas en el futuro e incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sustentables.
No obstante, para los grupos ecologistas eso no basta, pues esas “compensaciones” serán insuficientes para minimizar el impacto de una mayor actividad agropecuaria.
A mediados del año pasado, el rechazo al proyecto hasta generó una inédita unión de los diez ministros de Medio Ambiente que tuvo Brasil entre 1973 y 2010, quienes en una carta enviada a Rousseff le pidieron impedir lo que calificaron de “desastre anunciado”.
Ahora, la decisión sobre esos puntos más conflictivos le cabe a Rousseff, quien puede sencillamente aprobar el proyecto o vetarlo, sea en su totalidad o parcialmente.
EFE
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