El PRO y una organización ciudadana llegaron a la Contraloría para
denunciar el hecho, ocurrido en la provincia de Petorca, fuertemente
afectada por sequía. Mientras el vocero del movimiento considera que es
un delito de lesa humanidad, Marco Enríquez-Ominami sostuvo que el
recurso fue privatizado: "El agua no es de los chilenos y se concentró
en las manos de los mismos de siempre", afirmó.
Hasta la Contraloría llegó el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, junto a representantes del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección a la Tierra y al Medio Ambiente (Modatima), para denunciar una supuesta usurpación del recurso hídrico en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, por parte de empresarios, políticos y terratenientes.
En febrero pasado, el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia agrícola por sequía, en siete comunas de la región, de las cuales cinco pertenecen a la provincia de Petorca.
Al hacer este anuncio y dar a conocer las medidas para enfrentar la escasez de agua, el mandatario aseguró que la principal causa de este problema era el fenómeno de “La Niña”, pero pocos días después la Dirección General de Aguas (DGA) daba cuenta de la existencia de drenes ilegales en los ríos La Ligua y Petorca, que afectaban directamente a campesinos de la zona.
Incluso la Cámara de Diputados realizó el miércoles 20 de abril una sesión plenaria para tratar el grave problema de sequía y acaparamiento de aguas. Luego de los debates, la Cámara Baja aprobó dos proyectos de acuerdo en que solicitaron al Ejecutivo revocar los derechos de agua que se han entregado en cuencas declaradas agotadas y entregar más recursos al ministerio de Obras Públicas para mejorar la fiscalización. Además, se estableció la creación de una comisión investigadora.
Marco Enríquez-Ominami sostuvo que este problema se enmarca dentro de uno mayor, que es la privatización del recurso hídrico en Chile: “El agua no es de los chilenos. El grueso de los derechos de agua de uso consuntivo y no consuntivo están en el sector agroexportador o en Endesa. Dicho en simple: el agua no nos pertenece a los chilenos. Ya se transformó en un bien de uso económico, en un bien transable, y ya por supuesto -como siempre- se concentró en las manos de los mismos de siempre”, señaló.
El ex candidato presidencial advirtió además que quienes cometen estos errores voluntarios son los mismos que están en el poder, por lo que podría suponerse que hay una colusión del sistema político y económico que les favorece.
Rodrigo Mundaca, representante de Modatima, organización que pide la derogación del Código de Aguas establecido durante la dictadura, subrayó que nuevas resoluciones de la DGA han comprobado los delitos de usurpación de aguas con multas, entre otros, al ex ministro Edmundo Pérez-Yoma y al ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli. Asimismo, el diputado DC Eduardo Cerda estaría captando aguas subterráneas por medio de un dren que conduciría el recurso hídrico hacia un predio de su propiedad.
El ingeniero agrónomo criticó que dentro de los 13 diputados que integran la comisión investigadora esté el propio Cerda y también la diputada UDI por la zona, Andrea Molina, a quien el renunciado gobernador de la provincia, Gonzalo Miquel, acusó de presiones indebidas para dejar su cargo.
Mundaca aseguró que recurren a la Contraloría porque este problema, que afecta a siete mil agricultores y unas 40 mil personas, continúa en la impunidad: “Después de tres sesiones en la comisión de DD.HH., una sesión especial y dos proyectos de acuerdo que emanan de la Cámara de Diputados, después de que pasan dos meses para que se forme finalmente la comisión investigadora que aborde la usurpación de aguas, ¿qué es lo que pasa? Que después de seis meses, la usurpación de aguas se mantiene. Los que acaparan agua en forma impropia siguen estando impunes y además, en último término, las multas que se les aplican por este delito son francamente irrisorias. Como movimiento estamos diciendo que los que roban agua de los ríos La Ligua y Petorca han cometido delito de lesa humanidad, porque están dejando a los más pobres de la ciudad y el campo sin el vital elemento”, acusó.
La diputada Adriana Muñoz (PPD), integrante de la nueva comisión investigadora, advirtió que las irregularidades también se repetirían en otros lugares del país, como la provincia del Choapa que ella representa, pero que se hace difícil investigar por la poca información que entregan los organismos gubernamentales pertinentes.
Respecto de los reparos en contra de los diputados Cerda y Molina, la parlamentaria señaló que es un tema que tendrá que ser evaluado en la propia comisión.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/120587/
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