La
idea de cobrar por receta o visita al médico toma fuerza ante el
fantasma de nuevos ajustes - El sistema está en marcha en Francia y
Alemania - El gran riesgo es extender la desigualdad
Al sistema sanitario español le aprietan las costuras.
Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que supuso la
descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los
10.000 millones de euros. Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del
PIB español. Con esos números, el objetivo de ahorrar es una constante.
Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o
tique moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir
al médico o al hospital, o que participen en gastos como la comida que
se les da cuando están ingresados.
La idea no es nueva. Ya en 1991 el informe Abril
lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El lunes pasado, en
una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, volvió a mencionar la idea: "En este momento, a 31 de enero de
2011 [el copago], no está en la agenda inmediata, por más que se
utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que
habrá que reconsiderar en el futuro", dijo. La declaración encendió las
alarmas en el Gobierno. Al día siguiente el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa el copago
"es muy escaso" y "no merece la pena", dijo.
También la ministra
de Sanidad es tajante. "La postura del Gobierno sobre este asunto no es
una postura dogmática, ni siquiera ideológica. Es una postura después
de haber estudiado el modelo sanitario de otros países europeos y de
ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga
directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su
renta, sino de si necesitan más la sanidad o no. Y en eso no estoy de
acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo suficiente
para garantizar la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, porque
puede producir un riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que
tenga que pagarse una radiografía y que tenga problemas económicos
puede dejar de hacérsela".
Debe de ser una de las pocas
propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos
mayoritarios. La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social
del PP, Ana Pastor, es tajante en su rechazo: "Rotundamente, no", dice
cuando se le pregunta. "Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus
impuestos", afirma. "Lo que se necesita son reformas estructurales,
para las que ya están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de
las profesiones sanitarias y la de cohesión y calidad [ambas se
aprobaron siendo ella ministra]", afirma.
IU va más allá. Su
único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la
Comisión de Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones
como las del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, "no son
gratuitas ni improvisadas". "Por el contrario, el equipo económico del
Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también
exministra de Sanidad], realizan manifestaciones de estas
características de forma intencionada y en momentos puntuales de la
crisis económica", añade. "Pretenden marcar así el rumbo a otros
Ministerios, como el de Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al
Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en esta legislatura esta
fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda
Unida. Y esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados
socialistas".
El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC
presentó una proposición en la que se afirma que el Congreso de los
Diputados reitera su "rechazo de la introducción de fórmulas de copago
(euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional
de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del
derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la
universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin
aportar, a cambio, avances significativos en la organización de la
demanda y mucho menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud".
Los
mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro
Español de Pacientes o la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Salud Pública. Pero detrás de esta postura firme, se atisban
fisuras. Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo
suficientemente fuerte como para imponerse, ha sido el debate en
Cataluña. El melón del copago lo abrió en 2004, durante la primera
legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli. Ya
entonces se hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y
que la endeudada sanidad catalana (2.900 millones de euros) necesitaba
de "sacrificios individuales", que se vaticinaban añadidos a la
implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina. Semanas
después, el Gobierno catalán rectificó y aseguró que "nunca impondría"
el sistema de copago para financiar el sistema. Pero no había pasado ni
un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por
visita para regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la
Generalitat lo descartó. Tanto cambio de opinión responde, en parte, a
la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó
y se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y
pacientes. Con la llegada de Convergència i Unió al poder, el actual
consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. "Son medidas a
tomar en su momento, pero no ahora", dijo ante el Parlamento, y
defendió que no se puede exigir un sobrecoste a colectivos como los
parados o los jubilados.
Esta unanimidad contra el copago
contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques
Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago
sanitario en las consultas médicas. A partir de entonces, los franceses
pagan un euro cada vez que acuden al médico, al especialista, se hacen
un análisis o una radiografía. La medida tenía dos objetivos:
concienciar a la población de que la medicina pública debía usarse con
moderación y aliviar algo las exhaustas arcas de la Seguridad Social
francesa. Hay pocas excepciones a esta medida. Solo se libran los
afectados por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja
laboral permanente, los titulares de una pensión por invalidez, los
jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.
En su
tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los
consumidores y los sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este
copago. Igual que ahora en España, por cierto. Con el tiempo, aquella
medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños
recortes en la sanidad pública francesa. "Aquello fue el principio",
recuerda el periodista especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis. Es
cierto: ya con Nicolas Sarkozy como jefe del Estado, se han producido
modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos
de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los
médicos de enfermería. También tienen que pagar 50 céntimos para el
transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en cualquier caso, el
usuario debe pagar más de 50 euros al año.
Francia no está sola.
El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia publica,
como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo,
ortopeda, etcétera). Y es eje central de la reforma que se aprobó en
noviembre pasado. Hasta entonces, el paciente pagaba un 10% del
servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 10
euros. El pago del servicio vale para tres meses, en los que el
paciente puede acudir a la misma consulta las veces que quiera sin
pagar más. Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada por las
mutuas, según sus necesidades. "El problema es que esos costes
ulteriores los tendrá que soportar únicamente el empleado sin
participación alguna del dueño de la empresa", añade Karl Lauterbach,
experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien
condena además la reforma por ser demasiado poco transparente.
El
Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y
porque permitiría bajar los precios de los fármacos. "Esta ley hará el
sistema sanitario mejor y más justo", argumentó el ministro de Sanidad
Philipp Rösler.
Quizá la postura que mejor defina lo que piensan
los políticos sea la de otro exministro, Bernat Soria, que ha
presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el
laboratorio Abbott. Soria, como sus excompañeros, recuerda que "el
copago ya existe" en los medicamentos, que los trabajadores en activo
pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad
Social). Por eso cree que si se implanta, "sería un repago, un pago
adicional e individualizado". "Parece más razonable plantear una
gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los agentes, por
ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario".
Hasta
aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un "de momento".
Lo mismo que dijo el secretario de Estado de Hacienda -"no será en este
momento"- o el consejero catalán Boi Ruiz. O subyace en las opiniones
de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que "antes" hay muchas cosas
por hacer. Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se
vuelve a hablar de copago.
Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini (Berlín).
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