Este lunes se inicia la recta final después de más de tres meses de
juicio en Cañete. Durante esta jornada se dará espacio a las réplicas a
cada una de las defensas, por lo que el martes podría conocerse la
sentencia de este largo proceso, que ha sido fuertemente criticado,
principalmente por la utilización de la Ley Antiterrorista.
Debido a esta normativa los comuneros llevan casi dos años recluidos
en prisión preventiva sin que se demuestre su culpabilidad. A esto se
suma la presencia de 35 testigos “sin rostro”, lo que ha dado paso a una
serie de irregularidades, entre las que figuran acusaciones de compra
de testigos para inculpar a los comuneros e incluso torturas por parte
de la fiscalía para forzar declaraciones.
Un proceso que es considerado como un verdadero “juicio político” por
los mapuche, y que tendría la finalidad de amedrentar a sus líderes a
través de sentencias ejemplificadoras.
“Es evidente que este juicio ha sido encaminado a desarticular una
organización mapuche y dentro de ella a sus principales líderes. Creemos
que ha quedado en evidencia en el proceso que se trata de la
implementación de un derecho penal de autor donde se intenta
estigmatizar a parte del pueblo mapuche como enemigo del Estado”,
aseguró Pablo Ortega, abogado de Héctor Llaitul, por quien se piden más
de cien años de cárcel al ser sindicado como líder de la Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM).
De todas formas, el abogado indicó que la defensa confía “en que los
tribunales no se dejen llevar por ese delirio antimapuche que, al
parecer, embarga a algunos representantes de los poderes del Estado”.
En este sentido, cabe destacar que a principios de la semana pasada
se produjo la detención de los hijos de Héctor Llaitul, dos menores de
14 y 16 años, los que quedaron a disposición de la justicia por rayar
murallas con consignas relativas a la causa.
Este juicio que ha pasado por distintas etapas y, al final del
proceso, el abogado representante del Gobierno pidió la recalificación
de los delitos de terroristas a comunes, conforme a los compromisos
adoptados al finalizar la huelga de hambre.
Sin embargo, el abogado defensor Alberto Espinoza calificó la medida
del Gobierno como “insuficiente” y “tardía” porque “de todas maneras se
ha acogido la aplicación de la Ley Antiterrorista durante todo el
juicio”.
“El ministerio del Interior avaló la presentación de testigos
secretos, de informantes y de todas las disposiciones procesales de la
Ley Antiterrorista de modo que aunque el Ejecutivo diga que no se
califique un hecho como terrorista, esta legislación ya fue aplicada y
eso fue un error y de ese juicio nada bueno puede salir”, sentenció
Espinoza.
Por su parte, Jorge Huenchullán, ex vocero de los presos políticos de
de Angol y werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se refirió a
la atención que ha suscitado el proceso en las distintas comunidades y
advirtió que el pueblo mapuche podría retomar las movilizaciones de
contar con una sentencia negativa en Cañete.
“No se puede condenar a los mapuche bajo esta ley, bajo un montaje
judicial preparado y pagado por el Ministerio Público. Consideramos que
una resolución negativa va a activar muchas reacciones del pueblo
mapuche y tomaremos medidas en caso de un eventual fallo condenatorio en
Cañete”, afirmó Huenchullán.
El resultado de este juicio es esperado con mucha expectación en
Chile y el mundo, ya que ha contado con la presencia de una gran
cantidad de observadores internacionales que están muy atentos al
estados de los pueblos indígenas en nuestro país.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/103377/
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