“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se
corromperá”: Quinto Horacio Flaco (65 aC-8 aC).
¿Hasta
cuándo? ¿Cuánto se oculta? ¿Qué tanto ha infiltrado
el narcotráfico a las instituciones? ¿Hasta dónde ha permeado, o está
pasando lista como parte del sistema electoral del país en estos
momentos, previos a las elecciones del 5 de julio entrante? ¿Forma o no
parte de la disputa entre candidatos y abanderando principios
partidistas? ¿Se conoce el tamaño de la amenaza que representa para el
Estado mexicano? ¿Acaso es una realidad, como se viene manejando desde
hace algunos años, que México atraviesa por el peligro de la
narcopolítica? ¿O que avanza hacia la edificación de un narcoEstado?
Mucho se dice que México sigue los pasos de
Colombia. Pero solamente en el terreno de la penetración de los cárteles
de la droga en el edificio del poder. Pero no en cuanto a la estrategia
para combatirlos. Al menos hasta ahora. Porque lo que se hace resulta
totalmente insuficiente. Por eso mismo el balance es que la dichosa
guerra está perdida. Porque solo hay miles de muertes en las calles, y
los cárteles siguen igual. O peor. Ahora masacran a plena luz del sol. Y
el negocio intocable.
Mucho o
poco, el caso es que la penetración en el sistema político ha permeado a
partir de la corrupción. Ese es el trasfondo, cuando el narco reclama
protección. Luego viene la ambición por el dinero fácil. Deviene la
participación directa. Y de ahí toma todas las formas posibles después.
Vienen los políticos metidos al narco y los narcos infiltrando la
política. Anida la narcopolítica. El tráfico de intereses, o su
cruzamiento. Crece el peligro: el narcotráfico instala sus redes en el
citado edificio.
En las
presentes campañas electorales mucho se habla de la presencia del narco
en las elecciones. Presuntas narcocampañas. Amenazas y hasta asesinato
de candidatos. Hay estados donde los problemas generados por el
narcotráfico y el crimen organizado se agudizan. Ahí están Sinaloa,
Sonora, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo,
Michoacán, Hidalgo, Veracruz. Tantos más. Muchas sospechas, más que
pruebas, porque las mismas no están a flor de piel. Sobran las
evidencias en la prensa.
Ciertamente
que el fenómeno de la narcopolítica en México no es nuevo. Desde los
años 80 y 90 se habla de la infiltración del narcotráfico hasta las más
elevadas esferas del poder. Incluso al grado de alcanzar derecho de
picaporte. Sabidos los nexos de los Salinas, particularmente Raúl, con
los cárteles de la droga. ¿Será que Carlos no sabía de los enjuagues de
su hermano? Nunca nadie, por supuesto, se lo creyó.
Cuando
Eduardo Valle, El Búho (asesor de Jorge Carpizo en la
Procuraduría General de la República), publicó su libro El segundo
disparo. La narcodemocracia mexicana en 1995, nadie lo desdijo
(Benítez Treviño, entonces titular de la PGR, lo invalidó sin pruebas).
Con todo y que destapó todo un entramado relativo al ejercicio del
narcotráfico desde el poder, que tenía que ver, o tuvo, con el asesinato
del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio; las actividades del
cártel del Golfo, comandado por el narcotraficante Juan García Ábrego y
sus nexos con el cártel de Cali para la introducción de cocaína hacia
Estados Unidos, y las relaciones del entonces titular de Comunicaciones y
Transportes —hoy flamante titular de la CNOP del PRI—, Emilio Gamboa
con García Ábrego a través de la modelo de televisa Marcela Bondestedt.
La narcodemocracia al desnudo.
El
encarcelamiento posterior de Raúl Salinas, luego de
enjuiciarlo tan sólo por el tema del enriquecimiento ilícito, dejó en el
ambiente un clima de descomposición política hacia finales del sexenio
del hermano Carlos, luego del crimen de Colosio y del excuñado
guerrerense José Francisco Ruiz Massieu. Y de desconfianza y descrédito
total para su sexenio. El juicio de la historia sobre este periodo del
país —y de toda la obra neoliberal de Salinas— todavía es un asunto
pendiente en México. No obstante el repudio popular, porque Carlos
Salinas se convirtió en el villano favorito durante muchos años después.
Y hombre desconfiable, como lo es hasta la fecha (todavía gurú de una
buena parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional),
activo promotor del “bueno”, candidato presidencial de ese partido para
el 2012, Enrique Peña Nieto.
Desde
entonces las historias y evidencias han crecido. Los carteles se han
fusionado o dividido, y ha crecido en potencial para el negocio de la
droga y para confrontar al Estado en esta guerra declarada que les hizo
Felipe Calderón. Una guerra fallida. Pero con un presidente que no cede a
las recomendaciones de revisar la dichosa “estrategia”. Lo que
incluiría atacar al corazón mismo de los cárteles. Lo mismo que se le
sugiera a Calderón adentro y desde afuera del país, pero no quiere
atender: tocar las finanzas de los cárteles para minarlos en su poderío.
Como ese potencial para adquirir armamento sofisticado procedente de
los Estados Unidos.
Escalofriante
resulta la revelación de la revista Proceso de esta semana,
cuya cabeza de portada no sería más atinada para comprender el momento
que se vive en el país: “El Narco en el Congreso”. Y enlista a una serie
de legisladores que estarían directa o indirectamente relacionados con
los cárteles de la droga. Documenta 21 casos, con nombre y apellido.
Legisladores de la LXI Legislatura, señalados como “benefactores o
protectores de la delincuencia organizada”. Y se dice que son más.
menciona a: “13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD, que aparecen en
documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como
sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o
víctimas de amenazas o ataques”.
En
el proceso electoral en turno, ¿cuántos implicados habrá? Es tiempo de
actuar, sobre los riesgos que representa el pasar de las narcocampañas a
la narcopolítica. Brincar de ahí al narcoEstado solo hay un paso.
¿Quién o quiénes, cuántos o cuáles son los responsables de tamaño
atropello en contra de México? ¡Castigo a los responsables!
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