Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional
Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los
pueblos de México. Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y
Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de
resonancia lo negaron una y otra vez.
No
podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable
directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y
literal que el atribuido por el calderonismo a su “guerra” contra
el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los
pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida,
y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales
y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la
primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el
presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de
esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente
nos quedamos cortos.
Los paramilitares
no existen (1): Oaxaca
Sobran elementos
en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos paramilitares en
franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas. Sus acciones
criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han recrudecido en meses
recientes, bajo una consistente protección del gobierno estatal de
Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre con armas de uso
exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de negro, sólo en
mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de Hidalgo y
Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio autónomo
San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo armado del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El
gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos
paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es
la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la
Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y
organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la
impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador,
Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un
conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.
Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes
murieron emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el
observador de paz Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el
líder del multi y parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San
Juan Copala, Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro.
Esto llamó la atención nacional e internacional, y una segunda caravana
de paz intentó romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único
caso. El 5 de mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50
integrantes del grupo paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales
Arias bajaron de la comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma
Chalcatongo”. El grupo colocó barricadas en los caminos, “dejando
incomunicado a los pobladores, y ha amenazado con matar a los que
pretendan salir”, declaró Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales
de Chalcatongo de Hidalgo. “Los paramilitares, con armas de alto
poder, bajaron de su comunidad realizando disparos al aire, tratando de
sembrar el terror en La Paz y Reforma, lo que originó que los pobladores
se encerraran en sus casas para evitar ser asesinados.”
Los
paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso
Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días
pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso
de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.
Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural
de La Paz, mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante
la noche”. Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes
se encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales,
estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante
denuncias formales y peticiones”.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 177 personas de
Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino) “en grave situación de peligro
por la amenaza que representa el grupo paramilitar que opera en dicha
zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia “que en Oaxaca existen grupos
paramilitares que cuentan con la protección del Estado, ya que actúan de
manera reiterada y cada vez más violenta, en total impunidad, sin que
la procuración de justicia sea eficaz e imparcial”.
Cabe
mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un municipio
mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el cacique de
Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar, Morales Arias,
es parte del grupo de protegidos del gobernador y los sucesivos
secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o legisladores, han
asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca. Chalcatongo y Santo
Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.
El
29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle
informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon
contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la
Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el
blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”.
Nicanor Jiménez Garcí a, suplente del agente municipal de
Zimatlán dijo que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de
negro” atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros
que rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a
buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los
cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases.
Los
más de 150 paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la
comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la
situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los
pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los
cerros e inicien ejecuciones”.
Una
explicación posible de este recrudecimiento está en el actual proceso
electoral, que para estos políticos profesionales significa el Aleph:
ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero
trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del poder
de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen recursos
minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de transformarse en
autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, los paramilitares
atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o también
potenciales rutas para el narco y los polleros.
Una
temporada de abusos
Según el informe en 2010 de
Aministía Internacional (AI) El estado de los derechos humanos en
el mundo, “en México aumentaron las denuncias por desaparición
forzada,ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias,
tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por
miembros del Ejército en tareas policiales y por policías federales,
estatales y municipales”.
Amnistía Internacional añade:
“Familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares fueron
amenazados, y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la
magnitud de los abusos o la impunidad de éstos”. Además, continuaron los
asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo
35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas
de abusos sexuales y secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a
miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce
periodistas fueron asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas
de acoso, homicidio y cargos penales falsos”.
Sierra
Huichola: despojo y destrucción del bosque
Un ejemplo
de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de “Focos rojos”
de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de
retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes por años
invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los litigios
en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un caso, se
instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que
los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Ello
restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes
fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin
que ningún tribunal pueda impedirlo.
Los
principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben
demostrar nuevamente que son las legítimos dueños del territorio
invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas
institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no
hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las
comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques,
incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del
bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de
la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de
extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió
la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y
Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a
la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro
cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique
Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los
wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla.
Y
mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los
comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito
(Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos
de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con
permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y
nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres
rifles .22!
De igual manera, el 29 de mayo
habían sido “desarmados” en Jalisco cazadores wixaritari de San José
Hayukarita, en la comunidad de San Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en
Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo mismo ocurrió en Ciénega de los Osos,
dentro del territorio tepehuano de Santa María Ocotán, (Durango). En
todos los casos, esto representa un hostigamiento a los trabajos
ceremoniales indígenas.
Los paramilitares
no existen (2): Ostula
En Santa
María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es descrita
así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los
Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de
ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la
recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas
hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese
mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares
con rifles AK 47.
El pasado 23 de febrero,
Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles fueron desaparecidos por un
comando armado mientras se encontraban en un restaurante del municipio
de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de
aproximadamente 20 personas sitió la casa del presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, a quien secuestró y
llevó “con rumbo desconocido”.
El 7 de mayo,
unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder, incursionaron en
la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro en la
comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en la
población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después por
la carretera federal con absoluta impunidad”.
La
Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la
zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y
el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de
Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de
las autoridades”.
Desde junio de 2009 han
sido violentamente asesinados ocho comuneros nahuas de Ostula, Coire y
Pómaro “sin que los crímenes hayan sido investigados por alguna
autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en
varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de droga, que gozan
de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los
supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena”.
Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha
venido denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas.
En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la
Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión
para imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido
consultados con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el
Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva
carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.
Minería
brutal: el proyecto de los depredadores
Las
corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción nacional
como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso les
funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus
megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”,
muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC),
Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva
escalada de apropiación del territorio (3 de junio).
“El reordenamiento territorial consiste en despejar
regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de
gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración
forzada o concentrándola en núcleos urbanos, como el programa
gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas. De este modo,
regiones con alta concentración de recursos quedarán disponibles para
las empresas en alianza con los gobiernos.
“La
consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida
campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta
“dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para
el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la
militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más
silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la
población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.
Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la
instauración de megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles
de personas, su modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al
saqueo del territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”.
La milpa y la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos
ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y
mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la
pobreza”, concluye CIEPAC.
Nadie más rampante que
las mineras. Paramilitarización, desplazamiento, emboscadas y terror
acompañan a muchos de los proyectos mineros, que —según el investigador
Andrés Barreda— “pasaron de la perforación de túneles a la minería a
cielo abierto, que entraña un despanzurramiento de la región en pos de
mucho menores cantidades de mineral, a cualquier costo social y
ambiental”.
Un caso ejemplar es la Minera San
Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el tribunal federal de justicia
fiscal falló contra sus operaciones, sigue funcionando. Juan Carlos Ruiz
Guadalajara explica (nota de Angélica Enciso, La Jornada, 28
de abril): “Ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y
argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la
Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los
sistemas de lixiviación de minerales. La minera, en una zona
semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de litros de agua,
mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no podrá ser
reutilizado”.
La empresa declara que existe
medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre. “Con ese
método de explotación a tajo abierto, cuesta 180 dólares una onza de
oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28
gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de montaña”.
Ya
en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha
en Canadá,documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba:
“El debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los
movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos
mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a
dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las
empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el
control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo
y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan
actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de
las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos
naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante
años”.
Continuum Resources, de Vancouver,
tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más de 70 mil hectáreas, y “consolida
su dominio en terrenos aun mayores”. En septiembre de 2006, la empresa
Chesapeake Gold Corp. anunció haber cedido en Oaxaca casi la totalidad
de dos proyectos a Pinnacle Mines. “La Horseshoe Gold Mining, adquirió
60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear
Gold Corp de Halifax también es dueña de un proyecto minero en marcha”.
El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San
Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento
de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el
ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril,
era una activista contra la minería.
Desalojos
“ecológicos” contra la autonomía comunitaria
El 26
de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
presentó un informe sobre las situación de las garantías de los pueblos
de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los
procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente
en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye,
reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas
propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos
colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de
sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de
desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos
naturales”.
Planes como el Proyecto Mesoamérica,
que promete infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo
militar, “constituyen la continuidad de una política de despojo,
esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza”.
El gobierno, considera el Frayba, pretende despojar de la tierra a los
pueblos, “lo cual supone la venta de la gran diversidad biológica y
cultural, en beneficio de inversionistas internacionales y nacionales”.
La Secretaría de la Reforma Agraria y la
Procuraduría Agraria “fomentan conflictos” en diferentes regiones. Por
ejemplo, “otorgando tierras recuperadas por los zapatistas a
peticionarios afines al proyecto de privatización, valiéndose de grupos
como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y
Campesinos (Opddic)”.
En Chiapas (como en
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros), “los gobiernos
federal, estatales y municipales utilizan la procuración de justicia y
los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su
propósito de control y explotación de los recursos naturales”. La
represión contra los pueblos que históricamente poseen la tierra “ha
aumentado”.
La estrategia de despojo pretende imponer
“la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos
al interior de las comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se
organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio”.
Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento
global y por la protección ambiental, los gobiernos estatales promueven
presuntas alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y
maíz transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una
oportunidad para el desarrollo de las comunidades más pobres”.
El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia
de control sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que
los pueblos dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se
inserten en la lógica consumista. Esto representa un peligro para el
medio ambiente y los derechos fundamentales.
El
gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”,
confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes
Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de
bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de
mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención
oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del
EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y
legítimamente.
Ante las demandas de autonomía
de la población indígena, “el Estado se limita a ofrecer subvenciones
paternalistas, mediante programas que crean dependencia para el control
político y contrainsurgente”. La libre determinación “implica que los
pueblos asuman el control de su territorio y la procuración de justicia,
y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de
desarrollo económico y el uso de los recursos de sus territorios”.
A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19
de mayo, las fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los
pescadores cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra
Hurtado, por llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio
público los consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de
la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río
Colorado, donde los cucapá han vivido y trabajado durante siglos.
El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a
los indígenas, sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como
lo expresaron sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta
nueve años por pescar en sus costas ancestrales.
Del
mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas equivalentes
en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí), territorio
sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que las voraces
autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.
Los
paramilitares no existen (3): Chiapas
En
Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera fueron
reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997. Mucho
menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona chol. La
actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las bases de
apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios
autónomos se ha sucedido desde entonces.
Alrededor
de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic —agrupación priísta, como
todos los grupos contrainsurgentes armados en México—, han
protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos
San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos.
El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol
de La Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de
apoyo del ezln, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por
miembros de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos
asesinatos en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos
“asesinos” habían ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el
municipio autónomo Ricardo Flores Magón.
La
junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son
perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos
los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde
van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.
Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”,
se encuentran amenazadas por los paramilitares, que además “quieren
desalojar” el poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la
propia junta a la Opddic.
De esta manera, las
mismas autoridades gubernamentales que han solapado a los asesinos
durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco campesinos zapatistas, y
los entregaron a la policía, que los condujo a la cárcel para “ser
procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la amenaza paramilitar
en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la Otra Campaña en
Chiapas sigue en pie.
En un episodio más, el
12 de marzo Opddic amenazó con atacar la comunidad zapatista Casa
Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al caracol Resistencia Hacia un
Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón Ajaw, municipio autónomo
Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un ataque armado de ejidatarios
de Agua Azul, identificados desde hace años como “opdiqueros”, y que a
fines de enero habían invadido tierras de la comunidad autónoma sobre
las cuales no pueden invocar ningún derecho, pues son tierras
recuperadas por los zapatistas.
Sin embargo, y
como siempre, los paramilitares “no existen” en los territorios
chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de Ernesto
Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas (no hasta
ahora) como para implementar una amplia estrategia contrainsurgente que
ha incluido sistemáticamente grupos civiles armados. Paramilitares, o
bien bandas criminales, “leales” al Ejército, las policías y el gobierno
estatal.
Coda: El cerco de Copala, una vergüenza
nacional
El desenlace, si se le puede llamar así, de la
segunda caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8
de junio, confirma que el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o
permitir que se haga cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El
territorio triqui es el escenario donde el Estado mexicano libra hoy
mismo una batalla más de su guerra contra los pueblos.
Conformaban
el frustrado cortejo centenares de personas, en 20 autobuses. Indymedia
registró entre los participantes a miembros del municipio autónomo
triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y PT e integrantes
del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ, Ucizoni, FIOB, SME,
FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de derechos humanos y
ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz.
Decenas de comunicadores de medios alternativos y comerciales.
Observadores de varios países europeos.
La
policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió
llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a
defenderlos, no había condiciones.
En la
cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes rocas
trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas
priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres
armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito.
A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de
Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los
caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de
Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El
Universal, 9 de junio).
Defensores de
derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con una persona
que está señalada en una averiguación previa como responsable de la
emboscada, “y no hay siquiera una orden de presentación”. La procuradora
se zafó replicando que existen órdenes de aprehensión para militantes
de las tres organizaciones de la zona triqui (MULT, Ubisort, MULTI),
pero no se ejecutan porque “no queremos vernos como un Estado represivo y
creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo”.
La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el
propio secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan
Copala, se escucharon disparos de arma de fuego. Convertido además en
botín electoral de los partidos, el municipio autónomo de San Juan
Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón, ante los ojos del
mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?
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