Pocas veces una crisis económica ha retratado con
tanta crudeza la innata maldad del capitalismo neoliberal y sus
devastadores efectos sobre ciudadanos y trabajadores, pilares del
sistema en su doble condición de productores y votantes. Los dos
vectores, trabajo y sufragio, que sirven para legitimar las actuaciones
autónomas de una clase política devenida en casta al optar como
representantes “libremente elegidos” por opciones que perjudican a sus
representados y herederos.
De un lado tenemos la carga de la deuda que el Estado
ha tenido que asumir por decisión del gobierno para salvar de la
quiebra a las entidades financieras pilladas en el estallido de la
burbuja hipotecaria que ellas alimentaron, colocando el bien-vivienda a
precios imposibles para el común de los mortales. Esta deuda pública,
con cuya especulación en los cortos tramos que van desde la toma de
capital en los mercados a su inversión a mayor interés en bonos
estatales sirve a la banca culpable para hacer su agosto. Es dinero
traído del futuro y por tanto el patrimonio que adeudarán las
generaciones que vayan llegando. Una pasta gansa con la que los
gobiernos que han suscrito la deuda-rescate justifican medidas de ajuste
sobre los recursos públicos, configurando una sociedad más pobre, con
expectativas recortadas y una cultura democracia bastante deficiente.
Como se induce del hecho de que la extrema dependencia generada por el
lastre de la deuda comprometida se haya realizado sin consulta popular,
al margen de la soberanía ciudadana.
Pero lo
sustantivo de esta transferencia de renta que eleva la desigualdad
inter-generacional es que por un acto de un gobierno concreto, en un
Estado determinado y dentro de una coyuntura específica, se precariza
el futuro de las nuevas generaciones, presente o futuras. La
singularidad de este nuevo contrato social es su capacidad de
condicionar la vida de cohortes de personas que ni siquiera han accedido
aún a la condición de ciudadanos (nasciturus), y que cuando lo hagan
tendrán bastante limitado su ejercicio por llegar con una cuota de
deuda bajo el brazo. La implosión democrática que suponen estas
“operaciones rescate” echan por la borda, como un fardo inútil, ese
principio de soberanía política por el cual ninguna constitución debería
atar a la generaciones que no la suscribieron. Con lo que el
resultante, salvo toma de conciencia “revolucionaria” en su seno, es que
la sociedad del futuro será un “Estado de excepción”, con soberanía
limitada, recursos escasos y democracia a la carta de los mercados de
capital.
Eso del lado de la juventud, que sufre
el doble de la media del paro (oficial) como “castigo” por estar en el
lugar inadecuado en el momento inoportuno. Pero la situación de los
mayores no es menos problemática. Los jubilados, aquellos que cotizaron
en su juventud para contribuir al sustento de las clases pasivas de su
época y ahora disfrutan de una pensión gracias a las cotizaciones de
los que les precedieron en el trabajo, también resultan damnificados
por el dedo del gobierno que les representa al permitir que otra
partida del ajuste se haga a su costa. En esta ocasión, la solidaridad
inter-generacional se rompe por el extremo opuesto. Los mayores, gentes
sin demasiada capacidad de ejercicio de voto ni de lobby, son los
elegidos diana para sufragar parte del desastre creado por el sistema
financiero, al que se deben todos los gobiernos, por activa (como
soporte básico del sistema crediticio) y por pasiva (por tener en la
banca a su avalista de cabecera para el sostenimiento de las costosas
campañas electorales).
¿Estamos condenados a
laminar el presente e hipotecar el futuro porque la gran banca hizo de
la economía casino su método de trabajo mafioso? De ninguna manera. Hay
países como Islandia que han abolido esas medidas-expolio en
referéndum y llevado ante los tribunales a los banqueros culpables. Y
otros, como Grecia, en donde jóvenes y mayores, pensionistas y
pensionados, juntos y revueltos, se las discuten en la calle al
gobierno buscando también su revocación mediante la acción directa.
Aunque España sigue siendo diferente. Aquí se promulga el mayor recorte
antisocial de la historia de la democracia para que jubilados y
funcionarios paguen el primer plazo de al crisis (5.000 millones de
euros) y al día siguiente otra pifia financiera eleva la operación
rescate en varios miles más. Entre lo gastado (oficialmente) en reflotar
la Caja Castilla La Mancha, feudo del PSOE “bonista”, y lo que se va a
emplear para sanear Cajasur, chiringuito de la Iglesia con permiso de
la Junta de Andalucía, el pozo de la deuda ha crecido otros 5.000
millones que el gobierno endosará religiosamente (nunca mejor dicho) al
contribuyente.
Estas políticas son las que han
hecho posible que estemos ante la primera generación desde la
revolución industrial que vivirá peor que sus padres.
fuente, vìa : http://www.kaosenlared.net/noticia/no-pais-para-viejos-ni-sera-para-jovenes
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