Argentina: Qué hay detrás de la redada judicial contra organizaciones sociales, culturales y políticas en Córdoba...lavaca.org.
Organizaciones sociales y políticas que firmaron una
denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en
la consagración de la impunidad de esos delitos fueron allanadas hoy, en
una redada judicial que secuestró redoblantes de murga, cajas de leche y
que se llevó detenido al fletero que trasladó el equipo hasta la marcha
contra el gatillo fácil que se realizó este lunes. El raid del fiscal
Gustavo Dalma incluyó partidos políticos. “Nadie cruza ese límite sin
tener una espalda política ancha”, sintetiza una de las abogadas testigo
del atropello judicial. Qué dice la denuncia sobre la relación entre el
Estado policial y el Poder Judicial. Y cómo se relaciona con el
tratamiento de la investigación de la desaparición de Santiago
Maldonado.
Abogadas, abogados y organizaciones sociales denunciaron el 31 de
mayo el rol del Poder Judicial en la impunidad del gatillo fácil en
Córdoba. Presentaron un informe completo, causa por causa y fiscal por
fiscal que demostraba cómo funciona la máquina de la violencia
institucional. El 31 de julio ampliaron esa denuncia y la presentaron
con una movilización que los acompañó hasta la sede del Fiscal General
de esa provincia. Primero les dijeron que la dejen en mesa de entradas,
pero ante la evidencia de una multitud movilizada, el fiscal general
Alejandro Moyano aceptó recibir a los abogados. Prometió responderles en
breve.
Hoy, cuando se cumple exactamente un mes, esa respuesta parece estar
presente en la redada judicial que azotó a 11 organizaciones sociales,
culturales y políticas, muchas de ellas firmantes de esa denuncia.
El operativo policial fue sincronizado y ordenado por el fiscal
Gustavo Dalma. El resultado: allanaron siete organizaciones sociales,
dos domicilios particulares y dos partidos políticos opositores (PO y
Partido para la Victoria), en los que secuestraron cajas con leche,
bombos y redoblantes de murga, banderas con los rostros de chicos
acribillados por gatillo fácil y afiches con la cara de Santiago
Maldonado.
En el allanamiento al comedor de Casa 1234, al leer el acta con el material incautado, alguien preguntó:
-“Por qué se llevan esos pañuelos”.
El policía respondió:
-“Porque tienen símbolos anarquistas”
¿Y desde cuándo el símbolo anarquista es un delito?
-“Tenemos órdenes expresas de buscar simbología anarquista”, respondió el oficial.
En ese operativo el allanamiento estuvo a cargo del cabo primero
Nicolás Funes y se realizó sin testigos, aunque luego convocaron a
cuatro personas para que firmaran el acta. Lo hicieron “en
disconformidad”.
Otro saldo de la redada judicial: tres detenidos. Uno de ellos es el
fletero que trasladó el equipo de sonido al acto que este lunes
manifestó contra el gatillo fácil. Su domicilio fue allanado durante la
mañana, como los 11 restantes.
El segundo detenido es familiar de una de las víctimas más
emblemáticas de la violencia institucional en esa provincia. Estaba
limpiando la mesa del comedor que funciona en su barrio. Fue apresado
por otra causa, pero en el marco de esa redada.
El tercero es un vecino del comedor que funciona en la calle Vélez Sarfield 1234. El cargo: “resistencia a la autoridad”.
Esta redada judicial sin precedentes se desató por una supuesta
llamada anónima que justificó las órdenes de allanamiento bajo la excusa
de “identificar a los encapuchados que cometieron los desmanes”, que se
produjeron al finalizar la marcha contra el gatillo fáci,l realizada
este lunes. Se trata, entonces, de una redada desatada contra las
organizaciones sociales y políticas que convocaron a esa marcha,
justificada con el argumento de averiguar quién rompió la vidriera de
una financiera.
La lista de organizaciones sociales y políticas coincide con las que
firmaron la denuncia contra la violencia institucional y el rol de los
fiscales, que concluía con estas premonitorias palabras:
“Somos conscientes de la incomodidad que produce nuestro accionar en
determinados sectores de los poderes de turno por este reclamo que es
denuncia y desenmascaramiento de procedimientos represivos y
autoritarios. Pero también somos conscientes de la necesidad de que
estas palabras resuenen y lleguen a ser escuchadas por toda la
comunidad”.
Que así sea. Así lucía el espacio Bataclana, uno de los allanados.Esta era una de las actividades que allí se desarrollaban.
Qué denunciaron
“Creemos que en este momento es urgente denunciar y repudiar el rol
político que está teniendo el Poder Judicial a la hora de asegurar
impunidad a miembros de la Policía de Córdoba. Porque es la institución
policial quien al formar parte del Estado tiene un límite legal
establecido y es el Poder Judicial el que debe garantizarlo”. Once
abogadas y abogados querellantes en casos de gatillo fácil, dos
legisladores provinciales del FIT (uno con mandato vencido) y 19
organizaciones sociales, suscribieron la denuncia que describe cómo
funciona la máquina judicial en casos de violencia institucional. Es
interesante leerlo en el contexto de la desaparición de Santiago
Maldonado, porque el procedimiento de la investigación fiscal y su
relación con la fuerza de seguridad involucrada parece idéntico.
Una síntesis de sus principales datos de contexto:
“Durante las investigaciones que tienen como objeto estos casos –
gatillo fácil, o de abuso policial- las fiscalías basan sus conclusiones
sólo en las declaraciones que hacen los mismos miembros de las Fuerzas
de Seguridad. No se contemplan ni se encuentran relevantes para la
investigación, las declaraciones del resto de los testigos”.
“La investigación, parte, nace de las declaraciones de los mismos
miembros de la fuerza, a partir de allí se construye la hipótesis de lo
sucedido, y se investiga en esa línea, no buscando la verdad de los
hechos”.
“Todo esto sucede sin detenciones preventivas para el personal
policial, despreciando totalmente la influencia y el poder real que
tiene un agente policial en nuestra sociedad, quienes pueden en un alto
nivel de probabilidad entorpecer la investigación de diferentes maneras:
plantar pruebas, deformar declaraciones, amenazar testigos, etc.;
demostrando así cierto privilegio procesal- totalmente ilegal e
infundado- otorgado por las mismas fiscalías a los policías”.
“Estas apreciaciones las hacemos a partir de nuestra profesión, de
nuestro trabajo como abogadas, abogados en causas de “abuso policial” y
de “gatillo fácil”. Además de la mismísima realidad existente en
nuestros barrios y nuestras calles que confirman la profundización de un
Estado Policial en nuestra Provincia, un alto grado de poder y crisis
en la institución policial, que se ve totalmente descontrolada e
impune”.
El fiscal Gustavo Dalma, responsable de la redada a 11 organizaciones políticas y sociales de Córdoba.
El Estado policial
“Sólo en 2016, 39 policías fueron echados de la fuerza y en lo que
va de 2017 fueron apartados de su cargo varios miembros de la cúpula
policial por diversos hechos delictivos”.
“Nuestra provincia es una de las más policializadas del país,
excediendo abismalmente el número de policías recomendados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un piso razonable para medir
la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada 100 mil
vecinos. Córdoba excede este número por más del doble. Aun así, el
delito no ha disminuido en nuestra Provincia, por el contrario, ha ido
en aumento”.
“Córdoba es la tercera en el orden nacional en casos de violencia institucional”.
“La Policía de Córdoba tiene un promedio de un joven muerto por mes por gatillo fácil”.
“Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba,
las víctimas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes
estatales en Córdoba” en el transcurso de casi 6 años (desde 2011 hasta
Abril de 2016), se eleva a 77. En 2013 y 2014 es donde se registraron
más víctimas (18), y en los 4 primeros meses del 2016 -fecha hasta donde
se recopilaron casos para el informe citado-, el número ascendía a 5”.
“El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada “ejecución
extrajudicial”, es decir: gatillo fácil. En lo que va de éste 2017, es
decir, en sus primeros 5 meses ya tenemos 3 casos de gatillo fácil. Hay
como se advierte, muchísimos casos de “gatillo fácil”, “de abuso
policial”, y otros motivos preocupantes que nos convocan como: las
amenazas a los familiares de víctimas de gatillo fácil, o abusos
policiales. También la persecución a los amigos, y familiares de
víctimas de violencia policial es algo común, que la Justicia jamás
investiga”.
La denuncia detalla luego los casos más emblemáticos de gatillo
fácil, cómo fue el tratamiento fiscal y cómo el resultado fue la
impunidad de sus responsables. Uno por uno y fiscal por fiscal.
Los allanamientos ordenados hoy por el fiscal Gustavo Dalama de hoy se realizaron en:
La Casa 1234. Barrio Güemes. Es un espacio
cultural, dedicado principalmente a las artes gráficas, que ofrece
talleres y realiza ferias de publicaciones y serigrafías.
Kasa Karakol, de la Federación de Organizaciones de
Base. Fue firmante de la denuncia. Es donde la policía “secuestró”
bombos, redoblantes y cajas de leche.
La casa de una de las madres de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Fue firmante de la denuncia.
La casa del fletero que llevó materiales a la marcha que se realizó el lunes contra el gatillo fácil. Quedó detenido.
Bataclana Espacio Cultural. Sala que ofrece talleres de acrobacia, danza, teatro y títeres.
Biblioteca Leopoldo Marechal. Integra la CONABIP.
Comedor del Frente de Organizaciones en Lucha.
Barrio Müller. Fue firmante de la denuncia. Tres personas fueron
llevadas hasta la Central de policía para confirmar su identidad. Fueron
seleccionadas a partir de una lista que llevó la policía junto con la
orden de allanamiento librada por el fiscal Gustavo Dalma.
Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Una biblioteca que ofrece talleres de títeres y murga y que nació en un barrio que resistió un desalojo.
Espacio social anarquista. Barrio Güemes. Fue firmante de la denuncia.
Local del partido Obrero. Dos legisladores del FIT fueron firmantes de la denuncia.
Local de Partido de la Victoria, sede del kirchnerismo cordobés.
La lista de las organizaciones allanadas.
Sintetiza sobre este raid judicial una de las abogadas, presente en
los allanamientos: “Ya hemos naturalizado que la policía irrumpa en
comedores, también en colegios, y hasta en los lugares dónde nos
organizamos, pero hoy se marcó una diferencia al allanar sedes de
partidos políticos. Un fiscal no puede ordenar cruzar ese límite sin
tener una espalda política muy ancha”.
A las 18, el Ministerio Público Fiscal cordobés dio a conocer el siguiente comunicado:
“La Fiscalía de instrucción a cargo de Gustavo Dalma ordenó 15
allanamientos y la detención de tres personas vinculados a los
incidentes del día 28 de agosto en el centro de la ciudad. Todos por la
supuesta comisión de delitos comunes. Dos de ellos bajo la figura de
itimidación pública y el tercero por resistencia a la autoridad”.
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