La expedición apresurada de licencias de explotación minera, que
afecta la sostenibilidad ambiental del país, abre un debate de fondo
Dos son las razones que tienen los ambientalistas para alertar al
país del irremediable daño ambiental que se agudiza y se acelera en
Colombia, frente a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en
las últimas semanas. La primera tiene que ver con las licencias exprés
con las que el Ministerio de Ambiente pretende acelerar los trámites
para adquirir permisos de exploración y explotación de los recursos
naturales; y la segunda: el visto bueno para la explotación de
hidrocarburos por medio de la tecnología del fracking, una forma letal
de contaminación.
Las decisiones llegaron de la mano del ministro del ramo Gabriel Vallejo López, quien en recientes declaraciones no solo defendió sus posturas sino que afirmó la necesaria reestructuración en el proceso de otorgamiento de licencias y la agilización de los trámites represados que están evitando la iniciación de proyectos del gran capital.
Los protagonistas En el ojo del huracán se encuentra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), encargada desde el año 2011 de evaluar las solicitudes de empresas mineras para acceder a la explotación ambiental. Según su director, Fernando Iregui Mejía, la ANLA está en capacidad de resolver las solicitudes de licencias ambientales represadas en un tiempo muy corto. Pero esa es la razón de mayor preocupación entre las comunidades asentadas en territorios previstos para la explotación.
Una licencia ambiental tiene un promedio de trámite de 12 meses, que se emplean en la presentación de todos los documentos que acreditan el proyecto y la consulta a las comunidades para aceptarlo o no. Con la entrada en vigencia del decreto 2820 de 2010, tales trámites serían expeditos, pero la consulta a las comunidades aún no se tiene clara. De lo que sí se tiene certeza es que tal celeridad abriría la puerta a un daño ambiental irreparable.
Las jugadas jurídicas El decreto contemplaría que una licencia ambiental otorgada sobre la exploración y extracción de crudo pueda servir para impactar otros ecosistemas, es decir contaminar acuíferos o fuentes de agua superficiales del mismo territorio, sin que ello traiga consecuencias a los dueños de los proyectos. Pero lo más grave es la desregulación sobre los proyectos que impacten los ambientes con protección especial como los páramos, humedales o manglares. En adelante, dice el decreto, el Ministerio de Ambiente podrá levantar las reservas forestales nacionales a cambio de “desarrollo de actividades de utilidad pública e interés social”. Bajo ese pretexto cualquier proyecto de explotación podrá quedar amparado allí bajo la discrecionalidad del Ministerio.
El decreto viene acompañado con la apertura de la ventanilla para la solicitud de títulos de explotación minera, otra de las figuras jurídicas contraproducentes para el ambiente. Según denuncias de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, acaban de aprobar mediante la apertura de la ventanilla proyectos de explotación minera en territorios excluidos en los departamentos de Boyacá, Santander y Tolima.
Lo denunciado por el parlamentario indica que en un año se otorgaron e inscribieron en el catastro minero seis contratos de concesión en zonas de reserva de recursos naturales, es decir, en zonas prohibidas donde no se podía conceder esta clase de contratos, de acuerdo con la resolución Nº 0705 del 28 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente.
Irregularidades “Por estas razones le reitero defender el interés público ante estos hechos, no sin antes manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a los derechos colectivos, al ambiente sano y al equilibrio ecológico de todos los colombianos que este tipo de fallas institucionales puede ocasionar, máxime cuando se quiere expedir un decreto para aprobar licencias temporales exprés o darle vía libre a la práctica de la fractura hidráulica para la exploración de hidrocarburos, en contravía del principio de precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que las entidades competentes puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley, como la exclusión de la minería de los páramos”, explicó Cepeda.
Ya se había advertido por parte de organizaciones sociales y comunidades campesinas que la apertura de la ventanilla minera se llevaría por delante el patrimonio ambiental y podría en peligro la vida de las comunidades sobre las cuales existen planes de explotación minera. De hecho la propia Contraloría General de la Nación advirtió el riesgo por la apertura de la ventanilla de solicitudes de títulos mineros sin evacuar la totalidad de las solicitudes en curso, pero lo más grave, sin contar con una plataforma catastral de corte minero confiable que permita contar con información óptima.
En la actualidad de los 34 páramos existentes en Colombia, 22 se encuentran en grave riesgo, pues sobre ellos se han concesionado 391 títulos mineros en zonas de páramos, además de existir un promedio diez mil concesiones mineras en todo el país, las cuales pueden alcanzan 5% del territorio nacional (Colombia tiene una extensión de 114,1 millones de hectáreas). Sumando las 20.5 millones de hectáreas de tierra ubicadas en la Amazonia y en el departamento del Chocó denominadas como áreas estratégicas que, de otorgarse mediante las licencias exprés, junto a la apertura de la ventanilla de titulación minera, significarían un desastre ambiental en las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
La línea gubernamental La recién posesionada jefe de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, otra de las entidades que entra a terciar el debate sobre la regulación minera, opina que el costo por retrasos en el otorgamiento de licencias para el sector es: “supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir”. Gutiérrez desestimó las denuncias del senador Cepeda y agregó: “Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo”.
La otra decisión tomada por el gobierno nacional es allanar el camino de la explotación y extracción hidráulica de hidrocarburos utilizando la técnica del fracking, proceso mediante el cual se penetra con un híbrido de agua y químicos letales el subsuelo para extraer gas o petróleo. En opinión de expertos, el ambiente y en especial para los acuíferos son destruidos con esa práctica. Ese debate sobre la utilización de fracking toca el continente y Colombia no es la excepción. De hecho el propio Ministerio de Minas y Energía admite que existe un riesgo en la práctica extractiva pero beneficioso para incrementar las reservas de gas del país.
Es evidente que el gobierno le imprimió el acelerador al sector minero con los anuncios hechos por las carteras de Minas y Ambiente, en razón a la inconformidad de las multinacionales por cumplir los mínimos que impone la ley a costa del precipitado deterioro ambiental al que se ve abocado el país.
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/97166-colombia-deterioro-ambiental-expr%C3%A9s
Las decisiones llegaron de la mano del ministro del ramo Gabriel Vallejo López, quien en recientes declaraciones no solo defendió sus posturas sino que afirmó la necesaria reestructuración en el proceso de otorgamiento de licencias y la agilización de los trámites represados que están evitando la iniciación de proyectos del gran capital.
Los protagonistas En el ojo del huracán se encuentra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), encargada desde el año 2011 de evaluar las solicitudes de empresas mineras para acceder a la explotación ambiental. Según su director, Fernando Iregui Mejía, la ANLA está en capacidad de resolver las solicitudes de licencias ambientales represadas en un tiempo muy corto. Pero esa es la razón de mayor preocupación entre las comunidades asentadas en territorios previstos para la explotación.
Una licencia ambiental tiene un promedio de trámite de 12 meses, que se emplean en la presentación de todos los documentos que acreditan el proyecto y la consulta a las comunidades para aceptarlo o no. Con la entrada en vigencia del decreto 2820 de 2010, tales trámites serían expeditos, pero la consulta a las comunidades aún no se tiene clara. De lo que sí se tiene certeza es que tal celeridad abriría la puerta a un daño ambiental irreparable.
Las jugadas jurídicas El decreto contemplaría que una licencia ambiental otorgada sobre la exploración y extracción de crudo pueda servir para impactar otros ecosistemas, es decir contaminar acuíferos o fuentes de agua superficiales del mismo territorio, sin que ello traiga consecuencias a los dueños de los proyectos. Pero lo más grave es la desregulación sobre los proyectos que impacten los ambientes con protección especial como los páramos, humedales o manglares. En adelante, dice el decreto, el Ministerio de Ambiente podrá levantar las reservas forestales nacionales a cambio de “desarrollo de actividades de utilidad pública e interés social”. Bajo ese pretexto cualquier proyecto de explotación podrá quedar amparado allí bajo la discrecionalidad del Ministerio.
El decreto viene acompañado con la apertura de la ventanilla para la solicitud de títulos de explotación minera, otra de las figuras jurídicas contraproducentes para el ambiente. Según denuncias de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, acaban de aprobar mediante la apertura de la ventanilla proyectos de explotación minera en territorios excluidos en los departamentos de Boyacá, Santander y Tolima.
Lo denunciado por el parlamentario indica que en un año se otorgaron e inscribieron en el catastro minero seis contratos de concesión en zonas de reserva de recursos naturales, es decir, en zonas prohibidas donde no se podía conceder esta clase de contratos, de acuerdo con la resolución Nº 0705 del 28 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente.
Irregularidades “Por estas razones le reitero defender el interés público ante estos hechos, no sin antes manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a los derechos colectivos, al ambiente sano y al equilibrio ecológico de todos los colombianos que este tipo de fallas institucionales puede ocasionar, máxime cuando se quiere expedir un decreto para aprobar licencias temporales exprés o darle vía libre a la práctica de la fractura hidráulica para la exploración de hidrocarburos, en contravía del principio de precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que las entidades competentes puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley, como la exclusión de la minería de los páramos”, explicó Cepeda.
Ya se había advertido por parte de organizaciones sociales y comunidades campesinas que la apertura de la ventanilla minera se llevaría por delante el patrimonio ambiental y podría en peligro la vida de las comunidades sobre las cuales existen planes de explotación minera. De hecho la propia Contraloría General de la Nación advirtió el riesgo por la apertura de la ventanilla de solicitudes de títulos mineros sin evacuar la totalidad de las solicitudes en curso, pero lo más grave, sin contar con una plataforma catastral de corte minero confiable que permita contar con información óptima.
En la actualidad de los 34 páramos existentes en Colombia, 22 se encuentran en grave riesgo, pues sobre ellos se han concesionado 391 títulos mineros en zonas de páramos, además de existir un promedio diez mil concesiones mineras en todo el país, las cuales pueden alcanzan 5% del territorio nacional (Colombia tiene una extensión de 114,1 millones de hectáreas). Sumando las 20.5 millones de hectáreas de tierra ubicadas en la Amazonia y en el departamento del Chocó denominadas como áreas estratégicas que, de otorgarse mediante las licencias exprés, junto a la apertura de la ventanilla de titulación minera, significarían un desastre ambiental en las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
La línea gubernamental La recién posesionada jefe de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, otra de las entidades que entra a terciar el debate sobre la regulación minera, opina que el costo por retrasos en el otorgamiento de licencias para el sector es: “supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir”. Gutiérrez desestimó las denuncias del senador Cepeda y agregó: “Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo”.
La otra decisión tomada por el gobierno nacional es allanar el camino de la explotación y extracción hidráulica de hidrocarburos utilizando la técnica del fracking, proceso mediante el cual se penetra con un híbrido de agua y químicos letales el subsuelo para extraer gas o petróleo. En opinión de expertos, el ambiente y en especial para los acuíferos son destruidos con esa práctica. Ese debate sobre la utilización de fracking toca el continente y Colombia no es la excepción. De hecho el propio Ministerio de Minas y Energía admite que existe un riesgo en la práctica extractiva pero beneficioso para incrementar las reservas de gas del país.
Es evidente que el gobierno le imprimió el acelerador al sector minero con los anuncios hechos por las carteras de Minas y Ambiente, en razón a la inconformidad de las multinacionales por cumplir los mínimos que impone la ley a costa del precipitado deterioro ambiental al que se ve abocado el país.
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/97166-colombia-deterioro-ambiental-expr%C3%A9s
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