Existe una alianza clara y manifiesta de
la derecha venezolana con Estados Unidos y las políticas de
confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el término de la
jornada electoral presidencial de 2013, las manifestaciones violentas y
el financiamiento de una oleada de marchas continuas (en donde, incluso,
se produce un relevo dentro del bloque de las fuerzas de la derecha
venezolana y Leopoldo López arrebata la conducción del movimiento de
resistencia al resultado electoral a Henrique Capriles para imprimirle
un perfil radicalizado al movimiento opositor), se engarzan con toda
precisión con la política exterior estadunidense de hostilidad hacia la
Revolución Bolivariana desde hace 1 década (desde la llegada de Hugo
Chávez al poder), que en la coyuntura electoral presidencial en
Venezuela (2013) toma el giro del “no reconocimiento de la victoria de
Maduro”, articulándose con la política de la derecha de desconocer el
triunfo, provocar violencia callejera, enfrentamientos, muertes, culpar
al gobierno de Maduro y exigir la renuncia de éste; complementada con un
conjunto de medidas de sabotaje económico que afectan especialmente la
economía popular para minar las bases sociales de apoyo del gobierno
bolivariano.
Estados
Unidos se pone, además, a la cabeza de la campaña regional e
internacional de esta confrontación externa y de denuncia contra el
gobierno de Maduro, y cierra la pinza contra el gobierno
constitucional venezolano, apoyando la versión radicalizada de la
oposición al mismo. Una estrategia global en dos vías, aportando todo el
dinero necesario y la cobertura diplomática para una ofensiva
interna-externa sostenida. Esto es inaceptable y reclama la solidaridad
latinoamericana, más allá de la opinión concreta que cada quien tenga
sobre la Revolución Bolivariana y la construcción por ella del
“socialismo del Siglo XXI”. La unanimidad sólo se produce en la
dictadura.
En ambos casos, se trata de una política
estructural (desde 1999) de confrontación con vistas a forzar un cambio
de régimen en Venezuela, que ha asumido distintas expresiones, previa y
posteriormente a la coyuntura postelectoral presidencial. Lo más
importante es que esta estrategia de pinza ofrece una amplia
cobertura a la ofensiva sostenida contra el gobierno bolivariano. Detrás
de estas dos grandes fuerzas y su estrategia, se han alineado otras
fracciones de la derecha subregional como la colombiana, encabezada por
su expresidente Álvaro Uribe, y la paraguaya, desde el Congreso de dicho
país, así como una serie de mandatarios del subcontinente agrupados en
la Organización Estados Americanos (OEA) bajo el manto estadunidense, señaladamente.
1. Los triunfos electorales presidenciales de Chávez y Maduro, focos de alarma:
Las luces de alarma para esta
coalición de derecha de corte intervencionista y golpista, fue el
triunfo de Hugo Chávez en octubre de 2012, con el 54.42 por ciento de
los votos (que significaba su tercera reelección), contra su opositor
derechista Henrique Capriles, quien obtuvo el 44.97 por ciento. Luego
vino el agravamiento del padecimiento cancerígeno de Chávez, su muerte
(el 5 de marzo de 2013), el interinato de Nicolás Maduro y el nuevo
proceso electoral.
Una vez concluida la jornada para elegir
presidente en 2013, Nicolás Maduro obtuvo el 50.66 por ciento de los
votos y Henrique Capriles el 49.07 por ciento. El opositor exigió que se
hiciera un recuento de los sufragios. Este margen menor al 1 por ciento
(200 mil votos) no sólo sorprendió a propios y extraños, sino que daba
un inmenso espacio de maniobra a la coalición reaccionaria para
presionar al gobierno, deslegitimarlo y acusarlo de fraude, es decir,
desestabilizar la coyuntura y llevar al cabo un plan debidamente
concertado que forzara la renuncia de Maduro a la Presidencia de la
República Bolivariana de Venezuela. Concentrar toda la presión posible
era la fórmula del derrocamiento. El resultado electoral fue el primer
espacio de esa lucha.
La coalición reaccionaria de la derecha
interna-externa se aprestó a aprovechar dos debilidades de las fuerzas
del gobierno bolivariano en la era poschavista: el evidente menor
liderazgo de Maduro comparativamente con Hugo Chávez y la menor
experiencia política del presidente actual; así como el reacomodo
interno de fuerzas en la coalición gobernante que, sin Chávez, requerían
de una mayor cohesión interna y unidad de criterios para actuar con la
eficiencia política necesaria. La derecha decidió probar a Maduro en una
situación de crisis política progresivamente agravada, bajo la
hipótesis de que no podría sobreponerse a ella.
La experiencia de Chile en 1973: la “fórmula del caos”
Sobre la experiencia del derrocamiento
del presidente Salvador Allende en Chile por parte de la derecha chilena
y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)-gobierno estadunidense, Luiz
Alberto Moniz Bandeira, autor brasileño del libro Fórmula para el caos
(editorial Debate, Santiago de Chile, 2008), explica la esencia de la
obra y de su título: “…fue inspirado en la expresión que el jefe de la
estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, usó para designar el
conjunto de operaciones encubiertas (atentados terroristas, asesinatos,
sabotaje, boicot económico) para impedir la elección, la toma de mando
y, después, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.
Entre el triunfo electoral de Allende el 4
de septiembre de 1970 y su instalación en el poder el 4 de noviembre de
1970, nos comenta el autor citado, surgió el Proyecto Fubelt, que
contenía dos posibilidades para evitar el gobierno de Salvador Allende:
uno, llamado Track I, que consistía en establecer los lineamientos
precisos de orden legal para que el Congreso no reconociera el triunfo
de la Unidad Popular, induciendo al entonces presidente Frei (saliente)
a dar un “golpe constitucional”. Paralelamente, la “guerra sicológica”
trataba de aterrorizar a la población para crear temor sobre las
“medidas comunistas” que asumiría el nuevo gobierno, al igual que en el
sector empresarial, pronosticando el caos económico que sobrevendría una
vez instalado el gobierno socialista. Aquí se trataba de frustrar la
asunción al poder de la Unidad Popular.
Y el Track II, cuyo propósito fue
fomentar la crisis económica y social –una vez instalado Salvador
Allende en el Palacio de la Moneda–, promover el desorden en la sociedad
chilena, atemorizar a la población y crear las condiciones propicias
para la ruptura de la legalidad por la fracción más dura del Ejército,
ejecutando un golpe de Estado.
“Éste era el objetivo de Estados Unidos,
y provocar el caos significaba crear las condiciones objetivas al golpe
de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973”, si no se podía lograr
evitar la ascensión del nuevo gobierno al poder. Y agrega:
“La estrategia, fundamentalmente,
consistió en provocar el caos, con el apoyo de los medios de
comunicación financiados por la CIA, provocar el desabastecimiento,
movilizar a las clases medias y altas, radicalizar artificialmente el
proceso de cambio en las formas de propiedad, para lo que contribuyeron
ciertos sectores de la extrema izquierda inconsecuentemente.”
Es decir, bajo esas condiciones de caos y
asedio, la radicalización del proceso de cambios era funcional a los
planes desestabilizadores. Un detallado importante que hace también el
autor de la fórmula aplicada es el relativo a las técnicas empleadas
para vulnerar la cohesión interna del gobierno socialista, o bien, para
inducir a los militares a la ruptura del orden jurídico. Dentro de esta
segunda vía, el entrenamiento y financiamiento del grupo ultraderechista
Frente Nacionalista Patria y Libertad, que ejecutó múltiples
provocaciones callejeras y sabotajes, incluso terroristas, volando
gasoductos y oleoductos, es de importancia capital. Obsérvense todas las
semejanzas (desde luego, también las diferencias) con otras
experiencias recientes en América Latina: Paraguay, Honduras, Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Argentina.
Fueron tres políticas y técnicas las que para ello aplicaban en las organizaciones sociales chilenas: a) Spoiling operations:
operaciones de engaño que consistían en penetrar organizaciones
políticas, sociales y profesionales afines al gobierno para inducir
artificialmente la radicalización de las medidas y agudizar la crisis,
intensificando y prolongando el periodo de agitación política,
enfrentamiento y desorganización social, como una manera distinta de
hacer más compleja la acción del gobierno al interior de sus bases de
apoyo, que presionaran los alineamientos políticos e ideológicos
internos y que coadyuvaran a su derrocamiento; b) Covert actions:
actividades clandestinas o secretas destinadas a influir en los
eventos, en los gobiernos extranjeros, organizaciones o personalidades, a
favor de la política exterior de Estados Unidos respecto del gobierno
de Salvador Allende, conducidas de tal manera que el gobierno
estadunidense no apareciera directamente involucrado; c) Democratic procure:
que estimulaban en demasía la intervención de los militares en el
desarrollo de la política y la crisis interna, induciendo la ruptura del
orden constitucional, bajo los pretextos que la situación reclame, es
decir, reprimir a la subversión, a los agentes del “comunismo
internacional”, imponer el orden, la democracia y la libertad, etcétera
(página 76).
La “fórmula del caos” aplicada en Venezuela
Por lo tanto, inflación inducida,
desabastecimiento, acaparamiento, la llamada “marcha de las cacerolas” o
consignas como “¡expulsión de los cubanos!”,son sólo algunos hechos
producidos intencionalmente de los que el pueblo venezolano viene siendo
víctima en los años de la Revolución Bolivariana, y que fueron
recrudeciéndose a raíz de la enfermedad y posterior muerte del
comandante Hugo Chávez, y que tomó una nueva faceta injerencista a
partir del no reconocimiento, por parte del gobierno de Barack Obama,
del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro como sucesor del
otrora comandante Hugo Chávez.
Lo anterior, sin omitir que la economía
venezolana tiene problemas estructurales serios, como su alta
dependencia del petróleo y la necesidad política de mantener altos
montos de gasto público para atender los programas sociales que le dan
mayor sustento político-social. El desabasto y el sabotaje económico son
posibles desde la empresa privada, dado que Venezuela posee un sistema
económico mixto donde el sector privado comercializa mayoritariamente
alimentos y artículos de primera necesidad, motivo por el cual el sector
privado decide la escasez sobre los productos y el acaparamiento
estratégico, obligando a la población venezolana a adquirir en el mercado negro
los alimentos de primera necesidad, que en el marco general de un
proceso inflacionario creciente, eleva considerablemente el precio de
los artículos de primera necesidad. Sin embargo, las maniobras
desestabilizadoras son justamente para quitar margen de acción al
gobierno constituido y hacer más aguda la problemática, acompañada de
una continua ofensiva de perfil político provocador en las calles.
En Venezuela, toda la etapa previa de
medidas y acciones encubiertas contra los gobiernos del entonces
presidente Hugo Chávez, incluido el frustrado golpe de Estado en abril
de 2002, conforman una primera fase de la ofensiva de la derecha interna
y externa continental contra la Revolución Bolivariana.
A partir del no reconocimiento del
presidente Maduro por parte de Estados Unidos, junto a la oligarquía
venezolana y la ultraderecha subregional, comenzó a efectuarse un nuevo
plan sistemático de quiebre de la estabilidad político-institucional y
del sustento social de la Revolución Bolivariana por diversas vías
(política, mediática, cultural) pero, fundamentalmente, económica, que
configuran la segunda etapa de la ofensiva sostenida contra la
Revolución Bolivariana con nuevos métodos y acciones.
2. Primera fase: la ofensiva encubierta permanente:
Con base en archivos desclasificados del
Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA, la copiosa
información procesada durante años por Jean Allard y Eva Golinger en su
libro La agresión permanente: USAID, NED y CIA deja pocas dudas:
de Irak a Venezuela, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por su sigla en inglés) es uno de los mecanismos
de inteligencia y desestabilización más activos del mundo, concluyen los
autores (www.rebelion.org/docs/122608.pdf). Y acuñan una frase
importante, altamente ilustrativa: “la ofensiva imperial en América
Latina se evidencia en dólares” (página 14).
De fachada “humanitaria”, la USAID
subsidia una densa red de instituciones y grupos políticos cuyos
objetivos apuntan a reforzar la política exterior, cooperando con los
gobiernos receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria,
política y humanitaria. Sin embargo, documentos desclasificados de la
CIA demuestran que millones de dólares de su presupuesto son manejados
en operaciones coordinadas por agencias clandestinas. En 2009, la CIA
incorporó a la USAID en la denominada Iniciativa Interferencia de
Contrainsurgencia, plan conjunto de intervención junto al Departamento
de Estado y el Pentágono. Son ramas de un mismo árbol, brazos diferentes de un mismo mecanismo.
El periodista y ensayista José
Steinsleger documentó, en febrero de 2012, que la USAID financió a la
oposición venezolana con 57 millones de dólares acumulados a lo largo de
poco más de 1 década.
La injerencia externa estadunidense
desestabilizadora no es un artificio político: puede documentarse a
través de los archivos desclasificados de la CIA. Eva Golinger sostiene
que desde enero de 2002 (coincidente con la coyuntura del fracasado
golpe de Estado contra Hugo Chávez), en que el señor Russell Porter
llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una
Transición (OTI, división de la USAID), dedicada a la promoción de
“transiciones democráticas” en países estratégicamente importantes para
Washington, por supuesto, como Venezuela, donde se producen cambios
importantes en la ofensiva estadunidense contra la Revolución
Bolivariana.
Igualmente, el periodista del diario La Jornada,
en México, también informó que en su reporte posterior al fallido golpe
de Estado contra el gobierno del entonces presidente Chávez, Russell
Porter estableció que: “una de las grandes debilidades en Venezuela es
la falta de una sociedad civil vibrante”, es decir, que era necesaria
una oposición más agresiva, radical, “vibrante”, como la actual en plena
ofensiva concertada desde el Departamento de Estado.
Además agrega: “la USAID aumentó su
presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la
juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo
utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de
34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar
57 millones de dólares en 2010.”
Un proceso similar se ha desarrollado
para otros países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua,
sustentado en una oposición que es “tan democrática” que vive y se nutre
de las orientaciones políticas y del dinero desde el extranjero.
Son nuevos protagonistas, medios e
instrumentos, pero los mismos objetivos injerencistas y de derrocamiento
de los gobiernos del cambio social a la izquierda en América Latina,
que evocan aquel lejano, y tan cercano a la vez, programa del 16 de
marzo de 1960 elaborado y presentado por la CIA al Consejo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos llamado Programa de Acción Encubierta contra
el Régimen encabezado por Fidel Castro. El enemigo no descansa.
Pero también la “fórmula del caos”
comprende el ataque a los frágiles tipos de cambio latinoamericanos,
como síntesis de sus debilidades estructurales, tal y como ha sido la
experiencia en Chile (1970-1973), la extinta Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (1980-1981) y como lo han hecho en distintas
jornadas en los mercados de Argentina (2012-2013), aprovechando al
máximo los problemas económicos de tales países para darle cobertura a
la masiva “fuga de divisas”, a los mercados paralelos ilegales y para
fragilizar por esa vía el tipo de cambio, potenciar la inflación y
forzar el alza en las tasas de interés que lesionan la economía
productiva al encarecer el crédito, los adeudos de las empresas,
etcétera. Plan de las oligarquías para agudizar los problemas
financieros.
Confrontando estas maniobras, el
presidente venezolano Nicolás Maduro firmó la creación de un “mercado
cambiario alternativo con permuta de títulos valores”, en una medida que
abre y flexibiliza el férreo sistema de control de cambios vigente
desde hace más de 1 década y que estaba siendo vulnerado mediante un
mercado paralelo ilegal que encarecía la moneda venezolana y favorecía
la fuga de divisas.
Este sistema “autoriza a que los privados
compren o vendan divisas entre sí, a través de operadores cambiarios
bajo supervisión del Banco Central” y permite “a Petróleos de Venezuela,
SA, (PDVSA) y al Banco Central participar como oferentes”, dijo Maduro,
en cadena nacional de televisión, el 19 de febrero de 2013.
La medida, cuyos detalles fueron
anunciados por el vicepresidente para temas económicos, Rafael Ramírez,
se tomó en momentos en que Venezuela soporta una inflación de 56 por
ciento anual y fuertes presiones cambiarias que llevan al dólar
estadunidense, en el ilegal mercado paralelo, a cotizar hasta 13 veces
más que en el mercado oficial. La especulación cambiaria es brutal,
devastadora, desde luego posible ante los problemas estructurales que
confronta la economía venezolana, pero se aprovechan “óptimamente”
dentro de una estrategia de desestabilización atizada externamente.
“Buscamos torcerle el brazo al sistema del dólar fantasma, perverso, llamado paralelo”, dijo Maduro, y precisó que este nuevo tipo de cambio fluctuará.
La tasa de cambio oficial en Venezuela,
fuertemente subvencionada, es de 6.3 bolívares por dólar. Hace unas
semanas, el gobierno decidió limitar ese tipo de cambio para las
importaciones prioritarias (alimentos, medicinas) y derivar las
importaciones no prioritarias y el turismo a un segundo mercado de
subastas, que cotiza a 11.7 bolívares por dólar. En el ilegal mercado
paralelo, el dólar estadunidense ha llegado a tener una tasa de cambio
de hasta 75 y 80 bolívares. Esto debía detenerse porque desquiciaría los
equilibrios monetarios y financieros.
Venezuela, con las mayores reservas
petroleras del mundo, soportó el último año (2013) una fuerte caída de 9
mil millones de dólares en sus reservas. El país enfrenta, además, un
déficit fiscal estimado en 15 por ciento del producto interno bruto.
Evidentemente el control de las variables económicas fundamentales se
está perdiendo y es necesario retomar su control a la brevedad posible.
La medida de apertura parcial, flexibilización y subastas para compras
importadas no prioritarias va en ese camino.
Ya un halcón disfrazado como John
McCain, según la cadena estadunidense de televisión NBC, declaró sobre
la eventualidad de “estar preparados con una fuerza militar para entrar y
otorgar la paz en Venezuela y, sobre todo, garantizar y proteger el
flujo petrolero hacia Estados Unidos, cuidando esos recursos
estratégicos y velando por nuestros intereses globales” (17 de febrero
de 2014).
Por otro lado, el ministro de Interior,
Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, afirmó que las protestas
de las semanas pasadas “no son de carácter social, sino de carácter
conspirativo”, que “buscan llevar al país a la guerra civil [...]. No se
trata de un hecho espontáneo, sino que hay una organización que se
viene gestando desde hace mucho tiempo y que intenta prender [incendiar] al país de una manera irracional”, señaló a Venezolana de Televisión.
3. Segunda fase: los planes para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro:
Según el ministro de Interior, Justicia y
Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, citado por la estatal Agencia
Venezolana de Noticias (AVN), en el país hay “grupos violentos que
buscan llevar a Venezuela a una guerra civil”. Sostuvo que “grupos de
derecha” utilizaron la movilización de estudiantes “para introducir
infiltrados e involucrar a una vanguardia preparada dentro y fuera del
país”.
El Plan Estratégico Venezolano: antecedentes en México
La violencia en Caracas, Nueva Esparta,
San Cristóbal y Mérida son acciones que forman parte de la serie de
maniobras que desde 2010 gesta una organización radical de la derecha
para conducir al país a una salida irracional, inconstitucional y
violenta.
El funcionario subrayó que el presidente
de la organización no gubernamental Humano y Libre, Gustavo Tovar, a
quien calificó de derechista, coordinó una reunión que se efectuó en
México en octubre de 2010. El encuentro lo financiaron el banquero
Eligio Cedeño y el exsubsecretario adjunto para América Latina del
Departamento de Estado de Estados Unidos, Otto Reich.
La finalidad era “adiestrar en métodos de
desestabilización violenta a un grupo de líderes estudiantiles y de la
juventud de un movimiento de extrema derecha venezolana”, explicó. Según
la versión del ministro del Interior, a esa reunión asistió Gaby
Arellano, quien atizó distintas movilizaciones junto al político
opositor Leopoldo López, a quien Rodríguez acusó de “pretender incendiar el
país”. Ambos representan la facción radical de la derecha venezolana.
Henrique Capriles, excandidato presidencial de la derecha, condenó y se
deslindó de las manifestaciones callejeras violentas lideradas por
López.
También estuvieron en el encuentro Vilcar
Fernández, Yon Goicoechea y el alcalde del municipio El Hatillo, en el
área metropolitana de Caracas, David Smolansky, además del alcalde de
San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, este último vinculado al
expresidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró Rodríguez.
Aunque en ningún momento involucró a
autoridades mexicanas de ningún nivel político, la acusación es muy
seria y debiera ameritar una investigación del Congreso de la Unión
(mexicano) para deslindar responsabilidades. No puede quedarse en el
olvido.
Es evidente que aún con Hugo Chávez en el
poder, los planes se venían formulando y madurando. La muerte de Chávez
y la reducida ventaja de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles
encontró la coyuntura más oportuna para una ofensiva total.
Efectivamente, además de la reunión
mencionada, se ha podido documentar que en junio de 2013, se conjuntó un
plan estratégico de desestabilización y derrocamiento. El documento fue
titulado Plan estratégico venezolano, creado por la Fundación Internacionalismo Democrático al mando del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (el lacayo
mayor que finalizó su mandato con la ruptura de relaciones con
Venezuela a iniciativa de Chávez, y en respuesta llamó a una
intervención internacional en Venezuela), la Fundación Centro del
Pensamiento Primero Colombia, y la empresa estadunidense FTI Consulting,
el cual se redactó el 13 de junio del año citado durante una reunión
entre representantes de las tres organizaciones y dirigentes de la
oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges, Ramón
Guillermo Aveledo, el experto en guerra sicológica JJ Rendón, y el
encargado de la USAID para América Latina, Mark Feierstein. No olvidar
que a la USAID la han expulsado de varios países por considerarla “un
frente de la CIA” y por desarrollar maniobras encubiertas de espionaje y
desestabilización bajo una coartada de “ayuda al desarrollo”. Entre
quienes la han expulsado están la propia Venezuela, Bolivia y Rusia.
Dicho plan señaló cuatro objetivos
precisos: I) derrotar al gobierno en las elecciones municipales del 8 de
diciembre de 2013; II) provocar el desgaste acelerado del gobierno para
facilitar el triunfo opositor; III) la realización de actos de sabotaje
al sistema eléctrico y otros servicios importantes para la población; y
IV) especialmente, el desabasto de productos de primera necesidad,
aprovechando todo ello para difundir internacionalmente una imagen
negativa y negligente de la gestión del presidente Nicolás Maduro. En la
sección de “Acciones”, el documento establece la necesidad de
“perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique
Capriles (entonces todavía actuaban conjuntamente, luego se
diferenciaron), así como generar “emoción con mensajes cortos”. Además,
se habla en el documento, de movilizar tras de su causa a personalidades
internacionales promoviendo el concepto de que “se devuelva a Venezuela
la verdadera democracia e independencia que se ha perdido desde hace 14
años” (www.actualidad.rt.com/expertos/eva_golinger/view/).
Adicionalmente, se estableció también la
necesidad de “crear situaciones de crisis en las calles, que faciliten
la intervención estadunidense y de fuerzas de la OTAN [Organización del
Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”.
Incluso, “la violencia debe provocar muertos o heridos” (los cuales ya
superaron los 30). Hay que recordar que este último país está propuesto
para ingresar al bloque militar OTAN. ¿Quiénes más le seguirán? Por
último, en el documento se recomienda inducir en lo posible “una
insurrección militar”, sabedores de que el Ejército es un soporte
fundamental, sin el cual la correlación de fuerzas se modificaría
radicalmente.
Como puede observarse, el plan
estratégico injerencista y reaccionario se ha ejecutado –por esta
coalición de “grandes patriotas y adalides de la democracia liberal”–
con meridiana precisión y contundencia. La bazofia está al ataque.
Podríamos decir que se han logrado prácticamente todos los objetivos,
unos más, otros menos, con excepción de los dos más relevantes: no hay
sublevación militar ni se produjo el derrocamiento del gobierno.
Los conspiradores se presentan en medios
electrónicos ofreciendo una cara de lucha democrática, legal, cuando no
son más que peones de tercera de la política injerencista y golpista de
Estados Unidos en aquél país. Esto, independientemente de los conceptos,
criterios y opiniones que podamos tener cada uno de nosotros sobre la
Revolución Bolivariana, sus liderazgos y políticas.
En las elecciones municipales de
diciembre de 2013, el mapa político de Venezuela se modificó respecto de
2008 ante el avasallamiento de la alianza dirigida por el entonces
presidente Hugo Chávez. Esta vez experimentó un cambio notable bajo el
mando de su sucesor Nicolás Maduro, toda vez que la oposición le
arrebató la capital del estado natal de Hugo Chávez, Barinas, simbólica
en muchos aspectos. La oposición también ganó las alcaldías de las cinco
ciudades más pobladas del país. En 18 de los 23 estados venezolanos y
el Distrito Capital, la alianza presentada por el gobierno ganó 196
municipios en disputa, mientras que la oposición triunfo en 53. Fue un
avance espectacular de la derecha, pero no revirtieron la mayoría
bolivariana preexistente al nivel de las cabeceras municipales. Hubiera
sido una catástrofe electoral.
Del Plan Colapso Total al Plan Secesionista: partir a Venezuela
En septiembre de 2013, el presidente
Nicolás Maduro denunció el plan “Colapso Total” para Venezuela, que se
trató esencialmente de una ofensiva económica y de sabotajes a la
infraestructura venezolana. Lo hizo en los siguientes términos:
“Yo tengo los datos de la fecha en la
que se hizo una reunión en la Casa Blanca, el nombre y apellido de
quienes asistieron. Yo sé cuáles son los planes que ellos hicieron.
Hicieron el ’Plan Colapso Total’ del país”, aseguró el mandatario en un
acto en el estado Aragua. “Ellos piensan que en octubre Venezuela
colapsa, así lo planificaron ahí, que iban a sabotear la comida de la
gente, la electricidad, el combustible y las refinerías.”
La denuncia se hizo luego de que un
apagón de gran magnitud dejó sin servicio eléctrico al 70 por ciento del
territorio de la República de Venezuela, mismo que el gobierno denunció
como un “acto fascista de sabotaje”. Aunque el interior de Venezuela
padece continuos cortes y racionamientos en el suministro de energía, el
problema llevaba años sin afectar a la capital, Caracas, que desde 2008
no sufría un apagón de tal magnitud. Este gigantesco corte se produjo
inexplicablemente desde el punto de vista técnico, según Jesse Chacón,
ministro de Energía:
“Hemos avanzado en optimizar los
procesos. Aumentamos la generación eléctrica en 1 mil 370 megavatios
(MW), llegando hoy a generar 20 mil MW. Logramos avances significativos
en la reducción de la demanda y en disminuir el 44 por ciento de
interrupciones en el sistema. Es importante destacar la visita del
presidente Nicolás Maduro a China, donde fueron presentados cuatro
proyectos: robustecer las líneas de 400 kilovoltios (kV), 230 kV y 115
kV; la ampliación y modernización de la red de distribución; un plan de
alumbrado público con tecnología LED; y la colocación de medidores en
los hogares venezolanos (14 de octubre de 2013, www.eluniversal.com/economia/).”
De igual manera, los servicios de
inteligencia del Estado venezolano recabaron información en el sentido
de que la oposición posee un plan secesionista para que seis de los 23
estados que conforman la República de Venezuela se separen de la misma:
Zulia y Táchira (Oeste), fronterizos con Colombia; así como Mérida
(Oeste), Lara (Oeste), Carabobo (centro) y Nueva Esparta (Este), lo cual
dio a conocer el propio presidente Maduro en cadena nacional, aunque
aclaró que el plan viene de algunos años atrás, pero se atiza bajo la
coyuntura actual de enfrentamientos y polarización político social (4 de
abril de 2014).
El presidente Maduro agregó a este
respecto: “En Carabobo ya se ha concretado la primera visita autonomista
secesionista preliminar y luego vendrán los demás estados en crisis
[...] en caso de que los ciudadanos decidan tomar esta determinación,
cooperarán en la organización de dicha salida y serán los ciudadanos los
que decidirán si toman el camino de constituirse como Estado autónomo. Y
no es descartable, por cierto, la fusión con Colombia […]. Es un
proyecto de la oligarquía. Ustedes sabrán en su momento. Máxima alerta a
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al Comando Estratégico
Operacional de la FANB”, dijo. Comparó la situación con Yugoslavia,
Libia, Ucrania o Siria.
Carabobo es uno de los estados más ricos e
importantes de Venezuela –estratégicamente hablando– y está ubicado en
el centro-Norte costero del país, en la región central, al filo de la
cordillera de la costa, y cuya capital es Valencia. En su territorio se
ubican la principal industria petroquímica y una de las más importantes
refinerías de petróleo del país, así como la prestigiosa Universidad de
Carabobo además de varias instituciones educativas que hacen de este
estado el punto estudiantil principal de la región central venezolana.
Otros medios de comunicación han
denunciado el desabastecimiento combinado con acaparamiento (más de 3
mil acaparadores con toneladas de alimentos fueron detectados), escasez
de medicinas, sabotaje por parte de las líneas aéreas… Teniendo como su
vehículo, relativo a la “guerra desinformativa”, los medios de
comunicación privados nacionales e internacionales, utilizando lo más
avanzado y refinado de las redes sociales para el mismo efecto.
Actualmente empresas petroleras
trasnacionales han interpuesto cerca de 20 demandas contra Venezuela
debido a las expropiaciones realizadas en la faja petrolera, ante
tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones por un monto estimado de entre 20 mil millones y 30 mil
millones de dólares. Acción que representa un peligro potencial, ya que
las trasnacionales podrían embargar bienes de Venezuela en el
extranjero, tal como hicieron en Chile durante la época de la “fórmula
del caos”, con su principal recurso de exportación, el cobre.
La penetración en las universidades
autónomas y privadas fue el objetivo de otra, más que plan, estrategia
denominada por Leopoldo López “La Salida” (se refiere a la salida de
Nicolás Maduro de la Presidencia de la República), para provocar
decenas de asesinatos directos y muertos indirectos que no fueron
atendidos a tiempo debido a las barricadas e interrupción de autopistas y
calles que no permitieron que las ambulancias con heridos y enfermos
pasaran a tiempo para llegar a los hospitales.
Adicionalmente, la incorporación reciente
de más de 200 paramilitares al mando del expresidente Álvaro Uribe en
Táchira, estado fronterizo entre Colombia y Venezuela, es otro ejemplo
de que “La Salida” tiene su combinación con un paramilitarismo
mercenario de corte internacional; aunado a ello, están las
declaraciones injerencistas del gobierno estadunidense, particularmente
del presidente Obama y el secretario de Estado, John Kerry, con el
argumento de la “defensa” de los derechos humanos (www.alai.com, 23 de febrero de 2014). Cierran así la pinza de la ofensiva interno-externa contra un gobierno constitucional.
Es evidente que la derecha recalcitrante
venezolana está dispuesta a todo. Las debilidades políticas de Nicolás
Maduro la han favorecido, ya que podía imaginarse que se imponía una
negociación temprana a partir del reconocimiento de la actual
correlación nacional de fuerzas y la necesidad del aislamiento del
sector más retrógrado, impulsado por Leopoldo López y las fuerzas
extranjeras, para impedir cualquier acción conjunta con la derecha
comandada por Henrique Capriles (con casi la mitad del electorado y los
más grandes empresarios de su lado), y a partir de la condena de éste a
las manifestaciones violentas encabezadas por el primero. La mesa de
negociaciones se dio a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), el Vaticano y los dos grandes actores venezolanos: el
presidente Maduro y el propio Capriles. No hubo avances sustanciales.
La elaboración de un plan conjunto (es lo
más sensato) con la derecha más moderada y que esté dispuesta a
reconocer el carácter constitucional del gobierno de Maduro (de ser
posible, porque la política es el arte de lo posible, no de lo deseable)
tendría que girar en torno a dos ejes estratégicos: la diversificación
económica y el impulso a la economía venezolana contando con el capital
privado, negociando sus espacios de actuación garantizada y una cierta
redistribución del poder con la oposición, a partir de aceptar ciertas
demandas y procesarlas en los órganos de Estado controlados por el
chavismo, como es la Asamblea Nacional. Es una vía.
Otra cosa puede ser la prolongación del
conflicto y el riesgo de la reducción de los espacios democráticos en lo
económico-social y en lo político, abiertos por la Revolución
Bolivariana. El auge de los precios del petróleo que tanta fuerza le dio
a esta última, nacional y regionalmente, hoy no está presente y la
economía se cae a pedazos ante el peso de sus deficiencias históricas y
la injerencia desestabilizadora de la alianza reaccionaria
interno-externa.
Es necesario también impulsar con total
determinación todas las resoluciones de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos, particularmente, y a propósito de lo aquí dicho, la
relacionada con un plan de resistencia ante la injerencia de Estados
Unidos, quien cada vez se queda más solo, respecto de las más grandes
potencias, en su afán de provocar un cambio de régimen en Venezuela.
Son estos los planes fundamentales que se
han dado a conocer (es difícil saber el grado de certeza sobre ellos y
cuántos más puedan existir) y que se han conformado en la coyuntura
postelectoral presidencial en Venezuela para derrocar al presidente
Nicolás Maduro, más la ofensiva permanente de carácter encubierto desde
el fracaso del golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez
en 2002. Estructura y coyuntura, largo plazo y corto plazo, se
articulan para configurar una ofensiva total contra un gobierno
constitucional. No parece importarles demasiado a los “campeones de la
democracia y el humanismo”.
Es fundamental vencer la ofensiva del
sabotaje económico. Lo dice la experiencia. Si se puede con tan sólo
recursos propios, magnífico, pero si no, es necesario negociar, aunque
sin dejarse chantajear; más aún, con un electorado nacional
prácticamente divido en dos partes iguales, pero con una base
territorial municipal que vira a la derecha y se aleja gradualmente de
la coalición político-ideológica en el poder. Sin embargo, el gobierno
de Nicolás Maduro tiene la palabra.
*Economista y maestro en finanzas;
especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad
nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México
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vía:
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/13/la-segunda-fase-de-la-desestabilizacion-en-venezuela/
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