en defensa de la tierra
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“Sólo unidos, basados en la razón del derecho legítimo a nuestras tierras, logramos tirar los decretos” que el gobierno federal había expedido en 2001 para expropiar una superficie de más de cinco mil hectáreas en la región aledaña al Lago de Texcoco, y particularmente en el municipio de San Salvador Atenco, con el fin de construir un nuevo aeropuerto internacional.
“Con ello vino una confianza de que sí se puede, y que organizados el peso de la razón gana”. Es así como Ignacio del Valle se refiere a los hechos sucedidos en 2001 cuando 13 comunidades de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT) casi de manera inmediata luego de que el 22 de octubre el gobierno de Vicente Fox emitió los decretos expropiatorios.
Integrados en el Frente, recuerda, la población decidió no dejar la tierra. “Eso tuvo que ver con reuniones en la plaza, deliberaciones sobre lo que iba a pasar con el agua –pues somos pueblos de agua-; sobre las reubicaciones que nos ofrecían en unas ‘palomeras’ a las faldas de un cerro de Ecatepec; la preocupación porque nuestra vida siempre había sido y sigue siendo al aire libre, con los espacios que tiene un pueblo, esos espacios que nos dan un ambiente de libertad y de campo, que representan una forma de vida. El proyecto del aeropuerto cambiaba radicalmente esa forma de vida, prácticamente nos extinguían”.
Y en Atenco más de 80 por ciento de las tierras que pretendían ser afectadas por la expropiación son de labranza. “Por eso en Atenco surgió con más ímpetu la inconformidad, y luego los demás pueblos se adhirieron a esa razón de defender la tierra”, comenta Del Valle y explica: “esta zona, como muchas de nuestro país, es consecuencia de lo que fue la lucha de la Revolución Mexicana; nuestros abuelos nos platicaron cómo fue su vida de niños, cuando sus padres trabajaron en la hacienda y cómo se recuperaron esas tierras para formar el ejido. Ese conocimiento nos llevó a reflexionar y a que el pueblo todo se movilizara. Todos nos sentíamos afectados por este despojo y desplazamiento automático de comunidades. Nos estaban quitando prácticamente el suelo donde nacimos”.
Atenco se mira hoy como un lugar emblemático de la defensa de la tierra. Pero no sólo por lo vivido en 2001 y por el éxito de los pueblos al lograr la derogación de los decretos expropiatorios nueve meses después de su expedición. Lo es también porque la defensa de la tierra continúa vigente, pues el interés por quitársela a los pueblos sigue vivo.
Ignacio del Valle, quien ha sufrido encarcelamiento y persecución, igual que algunos miembros de su familia a lo largo de esta lucha, comenta cómo desde el sexenio pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha pervertido y corrompido institucionalmente para convertirse en intermediaria y trabaja con denuedo ya no para lograr la expropiación sino para convencer a los pobladores de las 13 comunidades, y otras más vecinas, a fin de que vendan sus tierras. Asimismo, el actual comisariado ejidal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, ha convocado asambleas de manera amañada con el propósito de dividir al pueblo, dividir a los campesinos, y modificar el carácter de la tierra de ejidal a privada. Para ello, por ejemplo ha dado ilegalmente voz y voto a 700 posesionarios, cuando los únicos que pueden tener voz y voz son los 530 ejidatarios.
Comenta Del Valle que los intentos de despojo se realizan de manera disfrazada, primero la Conagua dijo que la tierra la querían para un parque ecológica, ahora lo que se informa es que se busca establecer una “ciudad futura”. En realidad, señala, lo que hay aquí es una voracidad del gran capital, encabezada por el Grupo Atlacomulco, y con participación de empresas que actúan de forma corrupta como la constructora española OHL, y lo que quieren es revivir el proyecto del aeropuerto y todo alrededor la llamada ciudad futura, con servicios e instalaciones que nada tiene que ver con el interés campesino. “Y ¿qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Los que estamos decididos a no dejar la tierra vamos a dar todo porque no suceda esto, tenemos que agotar todas las formas que existen en ese derecho, pues tenemos la razón y vamos a defender la herencia de nuestros abuelos”.
Chiapas
El conflicto de la Selva
Lacandona, otra vez
 FOTO: Elido Turco |
Los comuneros lacandones han dado un giro en su proceso organizativo, esta vez hacia el movimiento campesino de Chiapas. Por primera vez en más de 40 años desde que inició el conflicto agrario, político y ambiental de la selva oriental de Chiapas, las autoridades agrarias de la Comunidad Lacandona estrechan alianzas con comunidades que militan en la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) asentados en la cuenca del Río Negro desde antes de que se publicara el decreto de reserva de la biosfera Montes Azules.
En asambleas celebradas el 23 de abril de 2014, los representantes de Comunidad Lacandona, Frontera Corozal y Nueva Palestina reconocieron a las comunidades Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio.
Este acuerdo es legítimo con base en la fracción VI del artículo 2 de la Constitución federal, en el que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para el uso y disfrute “preferente” de los recursos naturales. En teoría, a partir de los acuerdos agrarios entre pueblos, ejidos y comunidades, hay una vía para la resolución y manejo de los conflictos territoriales en la Selva Lacandona.
Sin embargo, las políticas ambientales parecen ir en otro sentido. La declaratoria de Área Natural Protegida Montes Azules no está permitiendo la resolución de los conflictos agrarios; por el contrario, supedita la acción agraria a los criterios de conservación ambiental y, en la práctica, no hay avance en materia agraria, ni ambiental, ni social.
En 1971 se decretó la resolución presidencial por la cual se reconocen derechos agrarios a favor de 66 familias lacandonas en una superficie de 614 mil 321 hectáreas. En la práctica este gran territorio, conocido como Comunidad Lacandona, se sobrepone con al menos cuatro tipos de poblados: hay 22 acciones agrarias anteriores a la Comunidad, 47 acciones agrarias posteriores, 71 pequeños propietarios y 43 grupos de población irregular.
El proceso de regularización agraria de estos poblados debería ser resultado de un proceso de diálogo directo entre campesinos, avalado por las autoridades agrarias, lo que incluso facilitaría la ejecución de políticas ambientales y sociales. Lejos de este escenario ideal, las políticas conservacionistas obstruyen la acción de otras políticas, como la de regularización agraria. El 12 de enero de 1978 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se crea la reserva de la biosfera Montes Azules, aunque este decreto tenía poca efectividad por vacíos en el marco jurídico institucional hasta 1988, cuando se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Esta ley no debería ser retroactiva y no tendría por qué afectar a los grupos de población asentados antes de su publicación, incluso, en su artículo 47 la LGEEPA establece la obligación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de incluir a los pueblos indígenas y sus organizaciones en la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
Tal parece que la realidad es al revés: la política pública en la Selva Lacandona está supeditada a un ordenamiento de quinto orden, si consideramos que la jerarquía jurídica ubica los programas de conservación ambiental en quinto lugar. Siguiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el orden en que debería aplicarse la ley es el siguiente: Constitución federal, tratados internacionales, leyes secundarias, normas o reglamentos y, en quinto lugar, programas de políticas públicas. En la Lacandona las autoridades agrarias no aceptan la legalidad de los acuerdos entre comunidades, y las autoridades ambientales pretenden imponer sistemas de manejo y ordenamiento territorial como medidas preferentes a las que definen ejidos y comunidades, pese a que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como sujetos agrarios y en los tratados internacionales se les reconoce como sujetos de derecho.
El pasado 30 de mayo los representantes de gobierno federal y estatal se comprometieron a evitar el uso de la fuerza y reconocer a la organización de derechos humanos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) como una instancia capaz de establecer un mecanismo de diálogo, comunicación y seguimiento que facilite la construcción de acuerdos para resolver la problemática regional. Una oportunidad para la paz, siempre y cuando se respete a las autoridades agrarias como sujetos de derecho.
Para la Comunidad Lacandona, según lo exigieron sus autoridades agrarias ante las organizaciones campesinas reunidas el pasado 21 de junio en un foro realizado en San Cristóbal de Las Casas, la prioridad es iniciar la brecha que delimita su territorio. Sin seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, las políticas ambientales no tienen futuro, pues la Selva Lacandona tiene dueño.
El despojo del istmo mexicano
 FOTO: CGP Grey |
El Istmo mexicano es un territorio ubicado en el sureste de México, el cual ha sido habitado desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos indígenas. En diversas épocas esta estratégica y rica región ha sido escenario de disputas y graves conflictos entre los pueblos originarios y grupos de poder que han buscado apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales.
Durante el porfiriato se impuso un megaproyecto de infraestructura y se despojó de cientos de miles de hectáreas a los pueblos de la región, mismas que fueron cedidas a empresas estadounidenses e inglesas. Pocos años después estas tierras fueron recuperadas al calor de la Revolución. A partir de los años 60’s del siglo pasado se instrumentó un nuevo megaproyecto, y en el Istmo y su entorno se crearon dos refinerías, y se construyeron grandes represas, lo que trajo como consecuencia funesta que miles de indígenas fueran lanzados de sus tierras, relocalizados usando la jerga tecnócrata de los empleados del Banco Mundial.
Bajo el gobierno salinista, hacia 1994 arranca una nueva oleada invasora en el Istmo mexicano. El cambio climático y sus perturbadores efectos potencian la búsqueda de generación de fuentes alternas de energía. Grandes empresas trasnacionales ven en ello un gran negocio e impulsan megaproyectos “amigables con el medio ambiente”. Nace así el megaproyecto eólico del Istmo y en sus tierras se entroniza el llamado “capitalismo verde”.
La nueva invasión. En apenas nueve años el paisaje istmeño se modificó profundamente. Miles de hectáreas de los antiguos bienes comunales del pueblo binnizá de Juchitán y de algunos ejidos de la región como La Venta, La Ventosa, la Mata e Ingenio Santo Domingo han sido ocupadas por más de mil 300 aerogeneradores construidos principalmente por empresas europeas como Vestas, Iberdrola y Acciona para proveer de energía barata a corporaciones como Femsa, Cemex, Bimbo, Wall Mart entre otras.
Se estima que hasta ahora unas 14 mil hectáreas de tierras indígenas han sido despojadas a sus dueños mediante aviesos contratos de arrendamiento, contratos ilegales que no soportarían el más mínimo escrutinio de la ley. Instrumentos que les brindan a las empresas trasnacionales el usufructo por 30 años y todo tipo de facilidades a costa de los más elementales derechos de los dueños de la tierra.
La violación de la ley ha sido la constante en este proceso. Cuando por disposición constitucional era potestad de la Nación el generar electricidad, las empresas eólicas extranjeras pudieron generar electricidad bajo el pretexto del autoabasto, fundadas en una ley secundaria a todas luces anticonstitucional. Con excepción de dos, en los parques del Istmo de Tehuantepec los permisos que extendió la Comisión Reguladora de Energía tienen como fin el autoabasto, aunque los excedentes, que no son pocos, los venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que los adquiere a precios elevados. Este negocio redondo de funcionarios y empresarios nos ayudaría a entender en parte una de las causas del quebranto que sufre esta empresa gubernamental.
 FOTO: Emilio Labrador |
En el caso de las tierras comunales de Juchitán los notarios, magistrados y funcionarios han hecho todo tipo de maniobras para legalizar el despojo y para ello han formalizado y validado contratos de arrendamiento donde han hecho pasar tierras comunales como si fueran propiedad privada. Ante la inexistencia de órganos de representación y de la Asamblea, miles de hectáreas comunales han sido privatizadas de manera ilegal.
El gigantesco programa de generación de energía eléctrica que se ha venido imponiendo en el Istmo mexicano por medio del aprovechamiento de sus fuertes vientos, ha tenido dos coartadas, una: las tierras de la región son improductivas y la otra que “era necesario producir electricidad sin contaminar”. Ambas justificaciones son falsas.
Ya en su momento denunciamos que la construcción del Parque Eurus en el ejido La Venta había destruido un campo de riego que producía al año más de diez mil toneladas de alimentos. Por su parte, los vecinos de La Ventosa y La Venta han denunciado la gran mortandad de aves y el molesto zumbido que provoca el constante movimiento de las aspas; mientras tanto, algunos pescadores de Unión Hidalgo han reportado manchones de aceite en aguas de las lagunas huaves.
Las resistencias comunitarias. Algunas organizaciones y pueblos de la región, entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) venían alertando desde 1997 sobre el riesgo de una nueva invasión; en 2001, en un encuentro ocurrido en La Ventosa, Oaxaca, con la Comandancia del EZLN, se vislumbró que la imposición del llamado Plan Puebla-Panamá representaba una grave amenaza para los territorios y los derechos indígenas de los pueblos de Mesoamérica.
A partir de 2003 decenas de operadores de bienes raíces al servicio de las grandes empresas recorren día y noche las diferentes comunidades tratando de “apartar y contratar” tierras. La falta de información facilitó entre otras razones que decenas de campesinos indígenas suscribieran contratos leoninos, donde se les ocultaba información y se les hacían diversas promesas.
El Grupo Solidario La Venta fue la primera organización que levantó la voz en contra del despojo y encabezó la defensa de las tierras del ejido frente al proyecto La Venta II, que es impulsado por la CFE y la trasnacional española Iberdrola. Esta resistencia no logró frenar la construcción del mencionado parque, pero, a pesar de la persecución y criminalización que sufrieron, los opositores lograron que más de 500 hectáreas ejidales no fueran contratadas.
Tiempo después el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y algunos maestros juchitecos que integran el Colectivo 14 de Junio acompañaron acciones legales que buscaban anular contratos leoninos que habían suscrito con engaños campesinos de Juchitán y Unión Hidalgo; con esta intervención lograron la nulidad de numerosos contratos y con ello rescatar tierras que ya habían sido arrendadas.
La construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa puso en peligro la fuente de sustento de unas cinco mil familias de pescadores y así provocó una intensa movilización de los pueblos ribereños, los cuales, acompañados de diferentes organizaciones y colectivos nacionales e internacionales y desplegando una estrategia múltiple, logró después de un largo año de lucha la cancelación del megaproyecto que impulsaba el holding Mareña Renovable. Este ha sido sin lugar a dudas el triunfo más importante que ha tenido la resistencia istmeña que enfrenta este gigantesco megaproyecto.
Los campesinos y pescadores juchitecos que han enfrentado al parque Bii Hioxo no han corrido con la misma suerte; perseguidos y constantemente agredidos, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no contaron con el apoyo unificado de los demás pueblos y organizaciones, y este parque se encuentra ahora en un avanzado estado de conclusión.
El desarrollo del megaproyecto eólico del Istmo nos muestra que a pesar de las luchas y diferentes acciones, el movimiento social que defiende las tierras y los derechos indígenas ha fracasado en buena medida, y a ello han contribuido varios factores, entre los que se encuentran: el sectarismo de algunos colectivos; la traición de los partidos de izquierda; la pobreza de los campesinos y su falta de información y organización, y por supuesto la campaña constante de hostigamiento, denostación y criminalización en contra de campesinos, pescadores y activistas por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal.
Hacer legal el despojo. La contrarreforma energética tiene como objetivo central abrir el sector de energía a la inversión privada, y con ello sólo se formaliza el despojo que en el Istmo se ha enseñoreado en los años recientes. Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica que ya se cocinan y que seguramente se concretarán los próximos días para permitir a las empresas trasnacionales el generar energía eléctrica y realizar trabajos de explotación petrolera auguran una nueva etapa de invasiones, despojos y de violencia para los pueblos originarios de México.
Con tal de privatizar los recursos comunes, seguramente la mayoría legislativa al servicio de las trasnacionales votará por considerar la actividad de estas empresas como de interés social y orden público, y con ello facilitará el saqueo de los pueblos originarios y la completa desnacionalización del sector energético.
El presente para nuestros pueblos es harto difícil y el futuro se presenta aciago. A lo largo y ancho del país nuestras comunidades enfrentan los proyectos de muerte que impulsan poderosas empresas mineras, eléctricas, de la construcción y otras, incluida Pemex. Ante la tenaz resistencia, la defensa de los territorios comunitarios es abiertamente reprimida. Defensores de las comunidades como Mariano Abarca de Chiapas o Bernardo Vázquez de Oaxaca han sido brutalmente asesinados; muchos más como Marco Antonio Suastégui del estado de Guerrero y los poblanos Juan Carlos Flores o Enedina Rosas Vélez se encuentran encarcelados, acusados de delitos que no cometieron.
El grupo gobernante prepara un gran atraco a la Nación, las mal llamadas reformas que impulsa son una abierta regresión, significan despojo, pérdida de derechos y de soberanía nacional. Como banda del crimen organizado desde la oscuridad han decidido que México es su plaza, su gran negocio, y con tal de hacer realidad sus delirios de riqueza y poder, son capaces de hacer cualquier cosa. Salinas de Gortari, Beltrones y Gamboa Patrón son los capos de este grupo delictivo que en venta de garaje buscan vender al mejor postor el patrimonio nacional y amenazan la existencia misma de nuestros pueblos; ante ello sólo nos resta seguir luchando, construir resistencias más colectivas e invocar la protección, el apoyo y el consuelo de la Virgen de Guadalupe. Qué más nos queda…
Disputa o regulación
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Los territorios indígenas de México son nuevamente invadidos por capitales extranjeros que vienen a “invertir” en ellos para generar “progreso”. Los pueblos indígenas, despojados en la Colonia de sus territorios originales y desplazados hacia la periferia, conservan muchas “riquezas” que no pueden aprovechar, por lo que los inversionistas están dispuestos a darles una ayudadita.
La reforma al artículo 27 realizada en 1992 sentó las bases del despojo. El mecanismo que se diseñó para ejecutarlo fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Solares Urbanos (Procede), hoy Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). Otorgar seguridad jurídica a los campesinos fue el primer paso para empujarlos a vender la tierra; luego se establecieron políticas públicas para lograr su empobrecimiento, a fin de que dejaran de ser campesinos y se convirtieran en migrantes; una vez despoblado el territorio sería más fácil ocuparlo.
En los años recientes en Oaxaca se estableció un proyecto minero en San José del Progreso, después de haber comprado tierra a ejidatarios, corrompido a sus autoridades locales y derramado sangre de quienes se siguen resistiendo; en contrapartida, en las comunidades zapotecas de Capulalpan de Méndez y Magdalena Teitipac se han rechazado dos minas. Sin embargo decenas de concesiones mineras han sido entregadas principalmente a empresas canadienses sin el conocimiento de las comunidades propietarias. La situación no es halagüeña para las comunidades, pero tampoco para las empresas.
El establecimiento de empresas eoloeléctricas principalmente de capital español es otro ejemplo de cómo se pretende despojar a comunidades indígenas de las tierras donde soplan los aires más veloces del planeta. Mientras se pregona que producirán energía limpia que combate el cambio climático (por lo que las empresas reciben subsidios de la Unión Europea), a los campesinos se les ofrecieron insignificantes precios por el alquiler de sus tierras, al mismo tiempo que se les impide el uso agrícola o ganadero. Los campesinos denuncian que la tecnología que se usa es obsoleta, pues los aerogeneradores avientan aceite a su alrededor, además de que pretenden instalarlos en lugares sagrados o que producen el mantenimiento de las comunidades, como donde se pesca camarón. Mientras en algunos lugares ya se convenció a algunos ejidatarios de las bondades del proyecto, las comunidades ikoots (huaves) y zapotecas pegadas al mar siguen en resistencia.
La oposición al establecimiento de presas para generación de energía que no se distribuiría localmente, el acceso campesino al agua de los mantos freáticos de sus tierras, la defensa de la biodiversidad frente a la pretensión de establecer áreas naturales protegidas que limitarían a las comunidades acceder a sus tierras, la negación rotunda a la entrada de semillas transgénicas y paquetes tecnológicos asociados, la oposición a la construcción de carreteras que no pretenden comunicar comunidades sino facilitar el tránsito de mercancías y la resistencia al establecimiento de gasoductos en la región más estrecha del país, son otras luchas que se libran en territorio oaxaqueño entre comunidades indígenas que prefieren conservar sus propias formas de vida y organización, frente a disposiciones e intereses del gobierno federal e inversionistas extranjeros.
Los pueblos indígenas de México tienen derecho a la libre determinación expresada como autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en nuestra Constitución; sin embargo, hasta ahora no hay mecanismos que permitan la implementación de estos derechos. La exigencia de que antes de que se establezca algún proyecto en sus tierras éstos sean consultados para lograr un acuerdo o alcanzar su consentimiento libre, previo e informado (LPI), como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha convertido en un reclamo generalizado.
En Oaxaca el gobierno del estado ha presentado al Congreso local una iniciativa para que se realice la consulta y el consentimiento LPI, cuando se trate de proyectos o programas de desarrollo relacionados con las tierras y territorios de los pueblos indígenas que afecten su modo de vida, y sobre todo cuando impliquen reasentamientos o traslados poblacionales, el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos y la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos y genéticos, entre otros, así como cuando los municipios pretendan autorizar cambios de uso de suelo.
En el ámbito federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, asimismo la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México está coadyuvando en la implementación de consultas e impulsando la elaboración de una Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas.
La moneda está en el aire.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/cam-atenco.html
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