El Gobierno de España aprobó este viernes un proyecto de Ley de “Seguridad Ciudadana” conocida popularmente como “Ley Mordaza”, que busca criminalizar y penalizar la protesta social.
Partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales coinciden en denunciar que esta nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político.
Ante las protestas, el Gobierno de Mariano Rajoy solo ha suavizado algunos aspectos del anteproyecto que eran notoriamente inconstitucionales. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas.
De esta manera, el Gobierno busca vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Con la nueva ley el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía.
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