México.
La utilización del ejército en comunidades poblanas para imponer por la
fuerza la construcción del gasoducto, perteneciente al Proyecto
Integral Morelos, pretende enviar el mensaje de que “no hay marcha
atrás”, pero las comunidades ratifican su negativa a la obra y
fortalecen su organización sin caer en provocaciones, evalúa Miriam
Vargas, activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la
Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
El detonante de la represión contra
opositores al gasoducto –no sólo la entrada del ejército, sino las
detenciones de activistas poblanos en abril, y la agresión policiaca a
habitantes de Amilcingo, Morelos- tiene que ver con que en un mes vence
la prórroga de la concesión otorgada a las empresas, y si no inician las
obras, las concesionarias pueden demandar al gobierno, informa Miriam
Vargas.
El 27 de mayo, personal y 12 máquinas de
la empresa constructora Bonetti entraron a las comunidades de San Juan
Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan, escoltados por
tanquetas del ejército y policías estatales. El uso de la fuerza pública
para amedrentar a los pobladores –que en Amecac ya expulsaron una vez a
los empleados- es ilegal, pues las autoridades comunitarias y ejidales
no han dado permiso para que la obra comience, considera Miriam Vargas.
“Y aunque en esta ocasión se dio de esta
forma, en comunidades como Zacatepec, Nealtican y Calpan llegan las
tanquetas del ejército a rondar; en Zacatepec, lo hicieron la noche
previa a una asamblea comunitaria. Es parte de la estrategia de
intimidar y provocar a la gente”, informa la activista.
René Trujillo, estudiante de sociología
amenazado por su participación en contra del gasoducto, recalca que el
rechazo de las comunidades a la obra es tajante. “¿Qué garantías
tenemos, si ni siquiera se respetan las legales?”, cuestiona Vargas.
“Para nosotros, no hay estado de derecho, ni justicia alguna para
nuestros presos”, reclama.
Las comunidades perciben la entrada el
ejército como una especie de ultimátum para que dejen de oponerse a la
obra, considera el estudiante. Sin embargo, la reacción –más allá del
miedo que, consideran los entrevistados, pretende imponer el gobierno-
es de indignación. “La gente se está organizando para ver cómo hacerle
frente. No hubo confrontación porque los habitante priorizan el diálogo,
pero éste no se da”, describe Trujillo.
Vargas considera que la entrada del
ejército, además de intentar infundir miedo, es una provocación para que
las comunidades se desvíen de su lucha, lo mismo que la detención de
opositores. Los procesos penales contra Juan Carlos Flores, Enedina
Rosas y Abraham Vélez se alargan, pues “parece que no los quieren dejar
salir hasta que esté en marcha la obra”, valora la activista.
“No se permitirá que se imponga algo que
la gente no quiere, y la entrada del ejército lo que hizo fue reafirmar
la oposición”, anuncia la activista. “Hay mucha precaución en las
comunidades, y ahora lo que se necesita es que las instancias de
derechos humanos visibilicen el tema”.
Un proyecto con límite de tiempo
El Proyecto Integral Morelos (PIM), de
carácter energético, atraviesa 80 pueblos de los estados de Morelos,
Puebla y Tlaxcala. Prevé la construcción de dos centrales
termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en
Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil
61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos
de estos estados, en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl; y un
acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través
de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.
La responsable del PIM –que abarca una
inversión de mil 600 millones de dólares- es la Comisión Federal de
Electricidad (CFE); las concesionarios son las empresas transnacionales
Elecnor, Enagas y Abengoa.
El gasoducto va con un desarrollo
paulatino, informa Trujillo. Ante la resistencia de los pueblos, la
empresa intenta desviarse o dar la vuelta, pero se vuelve a encontrar
con el rechazo de las comunidades. El tiempo presiona, pues la prórroga
de la concesión vence dentro de un mes; las empresas tendrían ese tiempo
para iniciar los trabajos y seis más para terminarlos; si no lo logran
pueden demandar al gobierno por no existir las garantías para el inicio
de las operaciones.
San Juan Amecac rechazó en pleno el paso
del gasoducto desde agosto de 2013. Para marzo de 2014, la constructora
Bonatti y la CFE intentaron iniciar la obra, pero fueron echados de la
comunidad. En Puebla hay entre 30 y 35 pueblos que decidieron no
permitir el paso del gasoducto, informa Miriam Vargas. “Por eso, ahora
usan al ejército”, considera.
Represión, la constante
Con episodios de represión previa en
Huexca, Jantetelco, Cuautla y Amilicingo (donde la policía usó armas de
fuego), en Morelos, en abril de 2014 tocó el turno a Puebla. El 5 de
abril fue allanada la casa del comisariado de Bienes Comunales de San
Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia.
Entre el 6 y el 8 de abril fueron
detenidos Juan Carlos Flores Solís,del Frente de Pueblos en Defensa del
Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), la
comisariada ejidal de San Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas Vélez, y
Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños
Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Además, el
profesor investigador Ricardo Pérez Avilés, del departamento
Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como los
estudiantes Jesús René Trujillo Prado, Alberto Melchor Montero e Iliana
de Jesús Lozano –quienes realizan investigaciones en torno a la
conflictividad social y los megaproyectos- fueron amenazados.
“Como no paramos la oposición al
gasoducto con las detenciones de nuestro compañeros, ahora entran con el
ejército”, denuncia la integrante de Frente.
Estas detenciones y allanamientos se
suman a la aprobación de la llamada “Ley Bala”, iniciativa del
gobernador panista Rafael Moreno Valle para regular el derecho a la
manifestación y legalizar el uso de la fuerza pública para disolver
manifestaciones que, a su juicio, sean violentas. “No escatiman ningún
recurso. Van con todo, ante la situación tensa que este gobierno generó
en Puebla con las minas, el gasoducto y la autopista”, expone Miriam
Vargas.
Hasta el cierre de esta edición, el
ejército permanece en Amecac. “El panorama es duro. El gobierno no
quiere ceder en nada, pero los movimientos ya mostraron que no dejarán
su lucha. Aquí, nadie se echa para atrás”, finaliza.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/06/en-puebla-uso-del-ejercito-para-intimidar-a-los-pueblos/
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