México. El ojo esta en las minas.
Por esta razón se militariza Guerrero, se reparten despensas, detienen a
policía comunitaria bajo acusaciones de vínculo con la guerrilla,
generan policías rurales y encarcelan y compran líderes comunitarios,
coinciden entrevistados en Guerrero.
La Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la organización con más años
en la montaña de Guerrero ejerciendo seguridad, justicia y reeducación,
fue nuevamente acosada por elementos del ejército mexicano. En Olinalá
fueron aprehendidos, el 21 de agosto, Nestora Salgado García -una de
máximas autoridades de los pueblos de la zona- y varios elementos de la
PC de la Casa de Justicia de El Paraíso.
En La Montaña y Costa Chica, se reporta,
convoyes del ejército entraron por varias zonas. En Ayutla de los
Libres, allanaron la Casa de Justicia de El Paraíso, y en la comunidad
de Quihuatepec, cientos de soldados soltaron a varios reeducados y
tomaron presos a policías comunitarios. En Olinalá, soldados buscan por
las veredas a elementos de la policía comunitaria.
Coinciden en el análisis del contexto de
Guerrero el Colectivo Contra la Tortura y La Impunidad (CCTI), el
Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y
Pavón” y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de
Guerrero, que declaran en un documento de acción urgente que “estas
acciones se dan en el marco de una creciente militarización en la región
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la cual ha sido justificada
por las autoridades como parte de los campamentos que se están
realizando en el marco de la Cruzada contra el Hambre en la región”.
El ejecutivo federal y el ejército tienen una visión contrainsurgente, declara a Desinformémonos
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan: “Quieren dar una solución militar a problemáticas sociales
que el mismo Estado generó y que es incapaz de resolver”. Es paradójico
que en Guerrero “se lleve a penales federales a compañeros de la
Policía Comunitaria, cuando el crimen organizado se pasea por las calles
de Chilpancingo y Acapulco y aparecen muertos a todas horas”.
El abogado de Tlachinollan relata que el
gobierno federal realiza una lectura equivocada, pues “piensan que
estos policías comunitarios pueden estar involucrados con grupos
guerrilleros o subversivos”, lo cual no es así, menciona. Los grupos de
policía comunitaria son resultado “de la omisión del Estado de llevar a
cabo las tareas de seguridad y justicia, ante el secuestro y la
extorsión, situación que se extiende en las comunidades indígenas. Los
pueblos estado cuidando la seguridad de sus comunidades”, describe el
defensor de derechos humanos.
Comunitarios, a la cárcel
Nestora Salgado, la principal dirigente
de la Policía Ciudadana de Olinalá, en octubre de 2012 se puso al frente
del movimiento de de seguridad que expulsó de su comunidad a sicarios.
Ahora se le se le acusa de secuestro equiparado en agravio del síndico
de Olinalá, y fue enviada a un penal de máxima seguridad en Nayarit
porque a juicio de las autoridades es una persona de alta peligrosidad.
La dirigente Salgado fue detenida por
marinos y elementos del ejército mexicano, sin que presentaran orden de
aprehensión. De inmediato, elementos de la CRAC-PC de la Casa de
Justicia de El Paraíso (en Ayutla de los libres) instalaron retenes para
bloquear, a la altura de Tixtla, la carretera federal
Chilpancingo-Tlapa, que comunica la Montaña alta con Chilpancingo.
El ejército mexicano, en una acción de
persecución contra la organización indígena, violentó las oficinas de la
Casa de Justicia de El Paraíso. El CCTI informa que, de acuerdo con la
información proporcionada por Arturo Campos, coordinador regional de la
Casa de Justicia, “a las 22:00 horas arribaron 30 vehículos con
elementos del ejército mexicano, quienes allanaron las instalaciones y
golpearon a alrededor de 40 policías comunitarios”.
En entrevista con Desinformémonos,
Claudio Carrasco, ex coordinador y ahora parte de la Casa Justicia de
El Paraíso, señala que “quizá es que el gobierno le hizo caso a los
periódicos de Guerrero, en los que días antes un coordinador desconoció
la Casa de Justicia de El Paraíso, y emprendió una persecución hacia
esta integrantes de esta organización en la zona”.
El ejército mexicano, “desconociendo en
los hechos la justicia comunitaria de la organización y su autonomía, se
llevó a los 39 detenidos que se encontraban en proceso de reeducación y
estaba resguardados en las instalaciones de la Casa de Justicia”,
señala el comunitario. Carrasco, quien impartió justicia en la zona de
La Montaña, informa que “queremos que regresen a reeducados. Nosotros
aplicamos otra justicia y queremos que nos dejen en paz para hacerlo. No
estamos en contra de nadie”.
Para los comunitarios, relata Carrasco,
ex coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, no son válidas
las acciones de las autoridades oficiales. “A nosotros no nos
representan el gobierno del estado, ni tampoco una sola casa de
justicia”, precisa. Recuerda que en 1995, la organización fue creada por
los pueblos originarios y “no por el gobierno. Fuimos creados legal y
legítimamente debido a la injusticia que existía en La Montaña y Costa
Chica”. El comunitario afirma que “el gobierno no tiene porque meterse
en asuntos de la organización, nosotros sólo queremos paz y tranquilidad
para nuestros pueblos y comunidades”.
Todos los detenidos, precisa el escrito
de las organizaciones de derechos humanos, “pertenecen a una
organización de pueblos y comunidades que se asumen indígenas y que
invocan la ley estatal 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero (en la cual
claramente quedan estipulados los derechos indígenas en materia de
justicia: para hacer actividades de prevención, justicia y actividades
de readaptación de los transgresores); así como el Convenio 169 de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de las
Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, y el artículo 2 de la
Constitución Mexicana”.
De nuevo, las minas
El fondo de toda la situación, expone el
ex coordinador naa savi, están los proyectos mineros que quieren entrar
a la zona. “Si dejamos que entre el ejército al territorio comunitario,
no se van a ir después. El gobierno tiene en la mira el saqueo de las
minas; quieren que nos enfrentemos entre nosotros, entrar y militarizar
más el territorio. Eso es el fondo de asunto”. Carrasco considera que
es falso que el gobierno esté combatiendo la delincuencia, pues “lo que
está haciendo es combatir a los indígenas, esa es la finalidad de
ellos”.
Mientras tanto, y en entrevistas por separado en el diario El Sur de Acapulco,
Eliseo Villar -uno de los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia
de San Luis Acatlán, quien desconoció a la de El Paraíso- y Bruno
Plácido -dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (Upoeg)-, coincidieron en no respaldar las acciones de las
Casas de Justicia de El Paraíso y Espino Blanco (quienes respaldaron de
manera pública a los agredidos). Ambos establecieron acuerdos con el
gobierno del estado, entre ellos la entrega de 2 millones de pesos.
Por su parte, las Casas de Justicia de
Espino Blanco, Zitlaltepec y San Luis Acatlán exigieron la libertad de
los detenidos y convocaron, por medio de un boletín interno, a una
reunión urgente y a una reunión regional para el 31 de agosto. “Hacemos
el llamado a todos los pueblos y comunidades integrantes del sistema
comunitario de la CRAC-PC, a todos los grupos de policía comunitaria, a
todos los comisarios municipales y autoridades agrarias, a que se den
cita en la próxima asamblea regional que será de vital importancia para
el proceso organizativo que habrá de seguir nuestro sistema
comunitario”, señala la convocatoria. Remarcan que es un escenario que
jamás imaginaron: “Se han manifestado algunas divergencias con algunos
de los dirigentes de la CRAC en las regiones, más no con los pueblos ni
sus autoridades, por lo que es acuerdo de las autoridades comunitarias y
regionales de las tres Casas de Justicia firmantes del presente
comunicado, la exigencia al gobierno estatal y federal del respeto
irrestricto a nuestro sistema comunitario, a las autoridades
comunitarias, así como a los grupos de policía comunitaria; ya que las
deficiencias internas se tratarán de manera inmediata en una próxima
asamblea regional que tenemos programada”.
La minería está en el ojo de los
intereses de la empresas y del gobierno en La Montaña, coincide Vidulfo
Rosales, pero también se trata de controlar a las organizaciones
sociales: “a la inconformidad social ante la pobreza y marginación en la
que se encuentran los pueblos, se suman los procesos organizativos
contra las mineras y contra la reserva de la Biosfera. Avizoran un
frente de organizaciones sociales de Guerrero que protestan y no puedan
controlar, y por eso la estrategia es militarizar la zona”. El defensor
de derechos humanos se pregunta “¿Cuál es el papel del Estado mexicano?
¿Generar paz o contener la inconformidad social y los procesos
sociales organizativos?”
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/08/minerales-detras-de-la-persecucion-militar-contra-la-policia-comunitaria/
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