Un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso
sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y
silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el
sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como
instrumento jurídico para la...
“Suele decirse que nadie conoce
realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles.
Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos
de alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo”:
El Largo Camino Hacia la Libertad. Nelson Mandela
“Nunca había visto por dentro esa
horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de
caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras
nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos.
Triste luz crepuscular hacía más
horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y
las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […]
Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos,
sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas,
un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los
tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido
mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala
de la muerte […].
Este testimonio del anarquista mexicano
Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión,
cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue
detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la
reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su
vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como
extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco
después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los
Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años. Si
nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la
Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de
diciembre de 1988 garantiza que “Toda persona sometida a cualquier forma
de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que
las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años,
hacen parte de un pasado remoto.
Sin embargo, nada más lejano a la
realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados
Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y
Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de
Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el
terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados,
sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles
torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de
la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de
represión política y control social.
SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO
Recientes episodios como los acaecidos
en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros
murieron calcinados; o los hechos de violencia que cobraron la vida de
58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en
el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en
complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una
fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón
recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson:
“Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los
últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones
diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia
aquellos confinados en ellas”.
Aunque el sistema penitenciario en las
sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al
infractor e impedir la repetición del acto antisocial
(“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato
punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio
humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el
sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un
camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la
pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La
indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo
–escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen
del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos
son relegados a jaulas”
En este sentido la realidad carcelaria
colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del
continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la
privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la
alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones
dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que uno de los
sectores de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en
América Latina son las personas privadas de la libertad .
Pero si bien las cárceles del país
comparten patrones más o menos similares con las del resto del
continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las
complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país
desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un
aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la
violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las
expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema
penitenciario colombiano cumple un importante papel como instrumento
jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el
silenciamiento de la protesta social.
La presencia de oficiales activos de la
policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario
(INPEC) , y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de
cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y
el Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que
cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como
cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en
consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los
que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.
LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS
Según cifras del mismo Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772
internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves
problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito
ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá,
un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC
cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo
que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces
los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares
internacionales en el 20%.
El informe que avala la decisión
judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos
tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios
destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos
en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal
Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no
tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios
jurídicos.
Con todo, la situación de la cárcel
Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como
Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que
ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667
hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados
7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le
sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está
lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la
del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece
la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que
la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la
población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico
especializado y la escasez de medicamentos .
En una carta dirigida a la CIDH, uno de
los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila
Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las
personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año
han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por
inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta
impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla
con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de
prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples
animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria,
administrada por una institución que está corrompida por los jugosos
negocios de los contratos[…]”
El hecho más reciente ocurrió el pasado 9
de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima),con
la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político
Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a
las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al
de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las
cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en
abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la
protección del derecho a la vida.
Es aún más crítica la situación de las
mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad
especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en
condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro
se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que
estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y
en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así
como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza
de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades
penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.
Cabe advertir sin embargo que no todos
los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los
prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para
recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada
“parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales,
regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de
corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para
supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro
alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal
visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no
hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos
disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería
impensable.
UN MODELO PERVERSO
El 9 de julio de 2001 el gobierno del
entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su
ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperaciónpara el
supuesto“mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo,
destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de
los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y
materialdel Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de
instalacionespenitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de
funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por
instructores norteamericanos.Con base en estos acuerdos se orientó la
construcción de 11 NuevosEstablecimientos de Reclusión del Orden
Nacional (“ERON”)
Una investigación adelantada por la
Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas
instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas
privadas de la libertad: “No cuentan–señala el informe- con espacio para
el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados
son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio
limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se
agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados
centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts
por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni
permite el uso de la luz natural en condiciones normales” .
Pese a estas flagrantes violaciones de
los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas
de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han
sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en
funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la
responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que no sólo han
visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben
padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno
acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los
reclusos.
Resulta claro que la crisis humanitaria
de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más
sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que
ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y se expandió a Europa
(Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado
fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado,
arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que
acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el
sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a
más gente presa en el sistema por más tiempo” .
El sociólogo francés Loïc Wacquant, en
una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que
él denomina “Estado Penitencia”,señala, -apoyado en una amplia
información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado
en una de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer
renglón generador de empleo en ese país. Alrededor de este ramo se anuda
una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da
cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional
Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas
ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde
“’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos
recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse
en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire
antituberculosis
COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”
La prolongación del conflicto armado y
social colombiano y, consustancial a él, el incremento del número de
presos(as) políticos(as)-que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que
éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y
reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que
han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los
sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar
continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a
guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente
tensión.
A lo anterior hay que sumar las
continuas políticas del Estado colombiano por estimularla deserción,
desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios
jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través
de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente
desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi
siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de
“Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)
Pese a estos obstáculos en los centros
de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya
consolidados con una estructura organizativa que-a diferencia de otros
penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la
crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta
regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la
lucha colectivapor mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la
alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de
desobediencia civil.
Frente a la ausencia de programas de
educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la
prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los
pabellones de alta seguridad, los colectivos de presos políticos han
asumido tareas educativas que contemplan desde labores de
alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la
realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la
moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el
ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.
Los sindicados y condenados por delitos
políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus
colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al
traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país,
alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico
para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta
situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de
guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y
Bernardo Mosquera (“Negro Antonio) quienes han sido amenazados en su
integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en
las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen
adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones
inhumanas e indignantes que afrontan.
En numerosas ocasiones los presos
políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de
Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin
derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros
penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto
castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al
hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da
cuenta de casos aislados sino de la sistemática violación de los
derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles
colombianas.
Los atropellos contra la población
carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional
Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente
Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta
establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las
luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones
campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y
que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del
pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al
conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.
http://www.traspasalosmuros.net/node/1295
Vía:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/57560-colombia-c%C3%A1rceles-de-la-miseria-y-miseria-de-las-c%C3%A1rceles.html
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