Carta Abierta
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional
El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los
defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía, y Manuel Ponce
Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es
de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario
de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y
trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa
(tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves
incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos
encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes
de esta misma organización.
Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración
pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los
derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin
embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda
preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de
los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para
reiterar nuestro urgente llamado a poner en marcha un mecanismo de
protección eficaz para ellos.
Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos
humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre
otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de
asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de criminalización.
Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.
Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y
la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de
dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el
Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para
protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección
otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de
nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las
autoridades.
Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón
y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y
simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD),
quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en
la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de
intimidaciones.
El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma
organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra
detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero
desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de homicidio.
AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso
infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue
encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como
preso de conciencia.
También están encarcelados los líderes indígenas y defensores
comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez, Pascual Agustín Cruz
de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla
desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete
años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a
través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban
ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de
Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus
principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la
comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y
tomas de agua en cada casa.
Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino
García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en
cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de
procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio
de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos
documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra
defensoras y defensores de derechos humanos en México. Ello y los
detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por
el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la
defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo
tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los
reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación
inmediata e incondicional.
Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas
las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado
Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales
de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la
obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la
integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.
Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su
gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo
de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca
la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que
puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos
humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y
estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de
administración de justicia que sigue prestándose a la persecución
infundada de defensores de derechos humanos.
Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.
Le agradezco su atención a la presente.
Atentamente,
Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales
Asesor Especial en Programas Regionales
Londres, 21 de febrero de 2012
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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