En varios
países de América Latina –como Bolivia, Ecuador o Venezuela–
presenciamos esfuerzos por imponer la igualdad de derechos de los
pueblos indígenas y la democracia en el conjunto de la las relaciones
sociales –que son la base del Estado– mientras se discute la
construcción de las formas estatales que mejor corresponden a las
necesidades de los diversos sectores que en el campo nacional a veces se
unen, otras meramente conviven y otras se diferencian y combaten.
Como en el combate por escapar del atraso y la miseria que se han
visto agravados por la crisis mundial del capitalismo se juntan y
entremezclan diferentes revoluciones –la descolonizadora de los pueblos
indígenas, la democrática y por la unidad nacional y la anticapitalista
en germen– no todos los diferentes revolucionarios persiguen hasta el
fin la transformación económica y social real, la construcción de
relaciones no capitalistas. Por consiguiente, en el gobierno o en las
organizaciones de masas todos hablan de revolución, pero cada uno le da
al concepto un contenido diferente.
Esos países, como todos los latinoamericanos, por su relación con el
capital financiero internacional y su inserción en el mercado mundial
capitalista, tienen un Estado dependiente y relaciones de producción
capitalistas. Lo que está en disputa en todos es el grado mayor o menor
de aplicación de las políticas neoliberales y, por ende, las políticas y
formas de funcionamiento y de sustentación de los gobiernos
capitalistas locales. Al mismo tiempo, la movilización independiente de
los sectores más oprimidos por el capital y menos integrados en los
modos de vida y de consumo capitalistas (que los gobiernos y todo el establishment
presentan como si fueran algo natural) les lleva a extraer del pasado
para darles vigencia en la lucha actual tradiciones y restos de formas
de organización comunitarias que dan las bases para nuevas relaciones
sociales colectivistas que chocan con el capitalismo.
Surge de allí un poder paralelo al del Estado capitalista y su
gobierno (por ejemplo, policías comunitarias o sindicales, leyes y
organismos de justicia que no son los oficiales) y esa red de poderes
locales reales tiende a abrirse paso en la Constitución nacional y es la
expresión naciente de otro tipo de Estado de transición, no
capitalista, creado desde abajo y que se legitima y legaliza mediante
las luchas contra el poder estatal central con el cual se entrelaza el
capital nacional y extranjero.
Éste, por supuesto, se defiende recurriendo a la violencia y a la
cooptación de los dirigentes sociales para unificar al país bajo su
férula, ya que no se propone eliminar el sistema capitalista sino
reformarlo, crear un capitalismo
andinoo vernáculo, y acepta sólo la igualdad formal ante la ley (entre un gran minero y un indígena comunitario, por ejemplo) y no el desarrollo de la autonomía y la autogestión social generalizada que cree las condiciones para la
federación de libres comunas asociadasque Marx sugería podría ser la forma del socialismo y del comienzo de agonía y disolución del Estado para dar paso a una nueva organización social en la que, como decía Saint Simon,
se administrasen las cosas y no las personas.
Los revolucionarios de la revolución modernizadora del Estado,
como García Linera, el vicepresidente boliviano, quieren reforzar el
aspecto unitario, centralista, en la Constitución y hacer del Estado un
aparato más eficaz para el desarrollo capitalista en el país, acabando
con la corrupción, el regionalismo, los privilegios de casta y eso les
lleva a aborrecer las autonomías. Los revolucionarios autonomistas y
autogestionarios, por el contrario, queremos reforzar el Estado
naciente, el de abajo aún en construcción, las decisiones asamblearias
de los pueblos indígenas y las comunidades de todo tipo que la actual
Constitución boliviana, por ejemplo, consagra pero que los primeros
violan cuando les conviene recurriendo no al consenso sino a la
violencia.
Si se consultase a los directamente afectados, en su territorio, su
vida y su cultura, por las diversas opciones técnicas o económicas que
se enfrentan (construir o no una carretera en un bosque virgen, por
ejemplo, o dar un rodeo por otras zonas que no la rechacen) no sólo se
reforzaría el consenso político con que cuenta el gobierno sino que
también se construiría ciudadanía, pensamiento crítico, democracia.
El jacobinismo, el caudillismo, el verticalismo, la utilización del
aparato estatal para imponer una línea trazada a espaldas de los sujetos
mismos del cambio social debilitan, en cambio, al mismo Estado que
tratan de modernizar y de reforzar. La fuerza que cambiará Venezuela no
es el gobierno de Chávez sino la organización, concientización y
capacidad de iniciativa de quienes apoyan a Chávez, y en los que éste se
apoya. Una
revolución ciudadanaen Ecuador sin la izquierda, los indígenas y el ambientalismo de izquierda dependerá sólo de la disciplina dudosa de las fuerzas armadas.
Por supuesto, la red de autonomías y autogestiones debe ser aún
construida o reforzada para que sea un Estado, no Estado de abajo, y hay
que utilizar y mejorar al insuficiente y deformado Estado actual para
navegar en el mercado mundial y reparar injusticias sociales en el plano
nacional. Pero, si se quiere apostar a un cambio social, hay que
construir consenso, autonomía, autorganización, autogestión, democracia.
Vìa,fuente :
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/26/opinion/020a2pol
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