Declaración de defensores / ONU
- En
México la situación que guardan los derechos humanos se encuentra en
indudable deterioro, y mientras que las agresiones van en aumento, se
hace más evidente la ineficacia de las instituciones para impartir
justicia, menos aún, para hacer una adecuada reparación del daño. Ante
el fenómeno de la violencia generalizada en el país, la ciudadanía ha
impulsado procesos de organización que tienen -algunos de ellos- como
primer objetivo la búsqueda de justicia en sus casos individuales, pero
que también han explorado dentro de la colectividad, la defensa de otros
derechos, propios y de grupo.
Ciudadanos que vieron violentados sus derechos y que al defenderlos
defienden también los derechos de otras personas fueron casos frecuentes
durante 2011; algunas y algunos realizan esta labor de forma
independiente mientras que otros se unieron a alguna organización,
movimiento, colectivo o grupo ciudadano. En muchos de los casos estas
personas ni siquiera se consideran defensoras de derechos humanos o
saben que el derecho a defender está reconocido internacionalmente.
Asimismo, las organizaciones y defensores de derechos humanos que
realizan una labor más especializada y sistematizada también fueron
fuertemente agredidas durante este año.
La labor de defensa de derechos humanos implica, en la mayoría de los
casos, afectar los intereses de quienes cometen las agresiones, ya sea
del propio Estado que viola derechos humanos por acción u omisión, o por
grupos criminales que actúan en aquiescencia de agentes del Estado. Es
por ello que las y los defensores se encuentran en una grave situación
de vulnerabilidad y enfrentados en su labor cotidiana a muchos tipos de
violencia.
Las agresiones en números
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) realizó un registro
indicativo sobre estas agresiones entre el mes de enero y el mes de
diciembre de 2011 y contabilizó un total de 69 casos, donde en varios de
ellos fueron agredidas más de una persona. El 43 por ciento de las
agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos mientras que en el
39 por ciento de los casos se desconoce el agresor. El registro toma en
cuenta los diversos tipos de derechos defendidos por los defensores y
las defensoras, abarcando un amplio abanico de estos, desde derechos
culturales y ambientales, hasta el mismo derecho a defender los derechos
humanos y los derechos civíles y políticos.
Las entidades que presentan un número significativo de agresiones en
contra de defensores y defensoras de derechos humanos son Oaxaca con 10
agresiones y Chiapas y Guerrero con 9 agresiones.
Los asesinatos y las amenazas son las agresiones que cuentan con un
mayor número de incidencia. Cabe resaltar que generalmente al ocurrir un
asesinato se presentaron amenazas previas.
De víctimas a defensores
La Familia Reyes Salazar es originaria del estado de Chihuahua; en
2009, Josefina Reyes Salazar inició la búsqueda de justicia por el
asesinato de su hijo Julio César, crimen que no había sido resuelto.
Después de hacer sus propias investigaciones, Josefina relacionó el
asesinato de su hijo con elementos del Ejército, durante su labor de
denuncia recibió múltiples amenazas hasta que el 3 de enero de 2010 fue
asesinada. Así comenzó el acoso y los asesinatos contra la familia Reyes
Salazar.
Asimismo, los hermanos de Josefina han sido acosados y varios de ellos
asesinados desde entonces: Rubén Reyes Salazar, fue ejecutado siete
meses después que Josefina y en 2011, después de ser secuestrados y
desaparecidos, en febrero se encontraron los cuerpos de Malena y Elías
Reyes Salazar, así como su esposa Luisa Ornelas Soto. Actualmente
Marisela Olga y Claudia Reyes Salazar, continúan su lucha por el
esclarecimiento de los asesinatos de sus familiares aún cuando sus casas
han sido incendiadas y reciben amenazas de muerte constantemente.
Defensores de las personas migrantes
Los
defensores de los derechos de las personas migrantes en México
enfrentan constantemente agresiones por su labor de protección y apoyo a
migrantes que buscan llegar a Estados Unidos
Agresiones contra padre Heyman Vázquez Medina, coordinador del albergue
para Migrantes “Hogar de la Misericordia", en Arriaga, Chiapas; El
Hogar Refugio de Personas Migrantes conocido como “La 72” en Tenosique,
Tabasco; Colaboradores de la Casa del Migrante en Saltillo; la Casa YMCA
para menores migrantes, la Casa del Migrante en Tijuana y El padre Solalinde,
del albergue "Hermanos en el Camino" en Ixtepec, Oaxaca; son algunas de
las perpetradas este año contra los defensores de los derechos de las
personas migrantes en nuestro país.
Víctimas de violencia convertidas en defensoras
Familiares
y amigos de personas desaparecidas o asesinadas, en la búsqueda de la
justicia han sido amenazadas, agredidas y asesinadas a causa de su
búsqueda. Cabe mencionar dos casos: Nepomuceno Moreno Núñez y Norma Andrade.
El primero, asesinado el pasado 28 de noviembre en su natal Sonora,
buscaba justicia y señalaba a los culpables de la desaparición forzada
de su hijo; después de ser amenazado y pedir protección al Estado
mexicano fue asesinado mientras iba por una de las avenidas principales
de la ciudad de Hermosillo. La segunda, Norma Andrade, madre de Lilia
Alejandra, asesinada en 2001, fue baleada el pasado 2 de diciembre en
Ciudad Juárez, Chihuahua, por su labor de defensa y apoyo a madres en
búsqueda de justicia a través de la asociación civil que ella fundó,
Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Protección a defensores y defensoras de derechos humanos
El
gobierno Federal firmó el Decreto de Reforma Constitucional en Materia
de Derechos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011 y modifica el Capítulo 1 del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano. A través del decreto el Estado mexicano tiene la
obligación de respetar los acuerdos internacionales en la materia y
debe tomar las medidas necesarias para proteger y promover los Derechos
Humanos y a sus defensores y defensoras.
Actualmente el mecanismo
de protección a defensores y defensoras de derechos humanos se
encuentra en proceso de creación en la Secretaría de Gobernación. Las
organizaciones de la sociedad civil participan en la elaboración de los
lineamientos fundamentales para un mecanismo eficaz, trabajo que comenzó
a tener mayor actividad desde la firma del Decreto que coincidió con la
visita a México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos Navanethem Pillay; sin embargo, las organizaciones que
participan en la creación del mecanismo ya habían enviado propuestas
desde finales de 2010.
El Estado mexicano destinará para el 2012, de acuerdo con el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2 millones 500 mil pesos
para el Mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos
humanos y para el Mecanismo de protección a periodistas lo cual es
insuficiente para lograr implementar las medidas necesarias para el
eficaz funcionamiento de estos. En tanto que el mecanismo de protección a
defensores y defensoras de derechos humanos queda establecido con
lineamientos sólidos para su buen funcionamiento, los defensores y las
defensoras deben recurrir a las instancias ya existentes en busca de
protección cuando se encuentren en riesgo. La repuesta es lenta o nula, y
quienes nos defienden están vulnerables ante el continuo contexto de
vulnerabilidad.
Centro Nacional de Comunicación Social
No hay comentarios:
Publicar un comentario