Mèxico : No se vale....por Octavio Rodríguez Araujo..... El único saldo positivo, para Calderón, es que ahora sí la mayoría de la población no sólo tiene miedo sino que se siente impotente ante el gobierno y ante los criminales (si acaso no están coludidos, según se puede interpretar por las muchas denuncias de corrupción en los diversos niveles de gobierno). Y el miedo es el mejor aliado que tiene Calderón o cualquier gobernante que carezca de legitimidad. La población atemorizada pedirá más policías, aplaudirá la presencia de militares en su localidad, aceptará, en suma, perder sus derechos y sus libertades si a cambio puede salir a la calle o ir a apostar a un casino. Así funciona la mayoría de la gente.

Si Calderón pensó que su guerra contra el crimen organizado le daría legitimidad a su gobierno se equivocó. Cuando las instituciones no pueden responder a las demandas de la sociedad –diría Bobbio– se habla de ingobernabilidad, y cuando ésta aparece, como es evidente hoy en día en México, estamos hablando de una crisis de legitimidad. Es decir, lejos de lograr la legitimidad buscada, una de las consecuencias de la guerra de Calderón ha sido su alejamiento de ese propósito.

Por más que se haya montado en la tragedia del casino Royale, incluso para presionar por la aprobación de su ley de seguridad nacional, no logrará convencer más allá de quienes por temor han llegado a creer que el llamado presidencial es lógico, plausible y legítimo.
Entre las demandas sociales no atendidas por las instituciones del Estado destaca la seguridad. Sin ser la única es, en estos momentos, la más sentida por la población. Y de nada sirve que se destaquen policías y soldados a los casinos del país, pues hoy fueron esos negocios (centros de esparcimiento), como antes un estadio de futbol, y mañana podrán ser otros: escuelas, hospitales, días de campo como el de Utoya en Noruega, o lo que se nos ocurra. El hecho real y concreto es que nadie está seguro en ningún lado, ni en el cine o una cafetería, ni en su casa (que puede ser invadida sin orden judicial a media noche, como ya ha ocurrido tanto con políticos-empresarios como con maestros-poetas).
Lo del casino le ha quedado como anillo al dedo al ocupante de Los Pinos. Ahora habla de terrorismo ya que todo acto violento para provocar terror en la población merece ese calificativo. ¿Y qué hacer ante actos de terrorismo? Endurecer las leyes y, como Bush, decretar su propia Ley Patriótica, escondida en su propuesta de ley de seguridad nacional. Con esta ley y otras medidas de tipo coactivo que vemos escalar nuestra realidad nacional, lo que se demuestra es que se trata de subsanar la falta de gobernabilidad mediante la militarización del país, que ha sido la señal que Calderón transmitió desde sus primeros días como gobernante.
La ingobernabilidad no surgió por generación espontánea. Fue provocada por la política errada de quien formalmente está encargado de garantizar gobierno e instituciones al servicio de la población. Todo tipo de expertos en el tema le han dicho a Calderón que lo que ha estado haciendo no llevará a la derrota del crimen organizado ni a garantizar la seguridad de la población de a pie en el país. La prueba más evidente, hasta ahora y no única, es el caso del casino Royale. Tapar el pozo después de ahogado el niño no es una demostración de eficiencia institucional, así llevaran a Monterrey a 100 mil policías y militares, sino precisamente de lo contrario. No es un asunto de bomberos tercermundistas, valga el ejemplo: apagar fuegos donde son detectados. Un verdadero cuerpo de bomberos es el que supervisa la seguridad de los lugares públicos ante la eventualidad de un posible incendio. Su labor es también preventiva, y el hecho de que la gente no pudiera salir en su totalidad del casino incendiado demuestra que la previsión institucional deja mucho que desear. Si ese y otros casinos no funcionaban ni funcionan de acuerdo con la legislación y los ordenamientos respectivos, la falla es de las instituciones. Imagínese el lector un cine o un centro de espectáculos o una escuela sin salidas de emergencia y sin las instalaciones adecuadas (como la guardería de Hermosillo) para garantizar la seguridad. Es el viejo tema del que mata la vaca y del que le amarra la pata. Tan responsable es el que dio la licencia de operación como el que incumple o burla los ordenamientos de seguridad.

¿Cuántos soldados y policías se necesitan para vigilar lugares públicos y prevenir actos de barbarie, sean o no terroristas? Imposible pensar en un número lógico. ¿Y quién podrá supervisar a los soldados y los policías prepotentes y arbitrarios que, cuando intervienen, también cometen actos ilegales? No hay modo. Hemos caído en el absurdo y no sólo en la ingobernabilidad. El único saldo positivo, para Calderón, es que ahora sí la mayoría de la población no sólo tiene miedo sino que se siente impotente ante el gobierno y ante los criminales (si acaso no están coludidos, según se puede interpretar por las muchas denuncias de corrupción en los diversos niveles de gobierno). Y el miedo es el mejor aliado que tiene Calderón o cualquier gobernante que carezca de legitimidad. La población atemorizada pedirá más policías, aplaudirá la presencia de militares en su localidad, aceptará, en suma, perder sus derechos y sus libertades si a cambio puede salir a la calle o ir a apostar a un casino. Así funciona la mayoría de la gente.
El problema es que Calderón no ganará, y cuando termine su desgobierno habrá dejado a las avispas enfurecidas, sin orden ni concierto, sin códigos de respeto, sin control, pues. Veremos más muertos o seremos parte de esta macabra estadística (toco madera) y el inquilino de Los Pinos, subido en su mula, gozará de la protección de los guardias presidenciales como todo ex presidente, o se irá, como Zedillo, a formar parte del consejo de administración de alguna empresa trasnacional que le deba favores (que no son pocas).
No se vale. Los mexicanos merecemos gobierno, gobernabilidad, instituciones útiles y respetables, seguridad y paz.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/01/opinion/018a2pol