En el marco del sexto encuentro mesoamericano
de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (Redlar), que se
lleva a cabo en Costa Rica, el integrante del colectivo COA, Guadalupe
Espinoza Sauceda, fue entrevistado por Radio Mundo Real.
El tema central del diálogo fueron los
principales acontecimientos que se desarrollan en torno a los procesos
de resistencia al embalse El Zapotillo, en el Estado mexicano de
Jalisco.
Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.
La represa tendría una cortina de 105 metros, inundaría unas 5000 hectáreas de tierras y desplazaría a unas 5000 personas. “En total se afectarían tres comunidades, que tienen una característica, muchos de sus pobladores tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reformas del presidente Carlos Salinas, en la década del noventa”, explicó el referente del colectivo COA.
El proceso de construcción de El Zapotillo, según el dirigente, significa una abierta privatización del recurso hídrico, que tiene como telón de fondo a las prácticas de “represión y muerte” por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que enfrentan a los movimientos sociales con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
“Hay una criminalización de la protesta, nos dicen que somos anti-desarrollo porque nos oponemos a la presa. Hoy el gobierno impulsa una campaña mediática para avalar la construcción de esas obras”, agregó.
El activista recordó además que el 28 de marzo de este año la represa El Zapotillo fue tomada por organizaciones sociales, paralizando la construcción a través de una “acción directa inspirada en la defensa del agua”.
Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.
La represa tendría una cortina de 105 metros, inundaría unas 5000 hectáreas de tierras y desplazaría a unas 5000 personas. “En total se afectarían tres comunidades, que tienen una característica, muchos de sus pobladores tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reformas del presidente Carlos Salinas, en la década del noventa”, explicó el referente del colectivo COA.
El proceso de construcción de El Zapotillo, según el dirigente, significa una abierta privatización del recurso hídrico, que tiene como telón de fondo a las prácticas de “represión y muerte” por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que enfrentan a los movimientos sociales con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
“Hay una criminalización de la protesta, nos dicen que somos anti-desarrollo porque nos oponemos a la presa. Hoy el gobierno impulsa una campaña mediática para avalar la construcción de esas obras”, agregó.
El activista recordó además que el 28 de marzo de este año la represa El Zapotillo fue tomada por organizaciones sociales, paralizando la construcción a través de una “acción directa inspirada en la defensa del agua”.
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