Portal Rodriguista
El revuelo mediático
por el presunto “conflicto de intereses” de algunos ministros más tiene
que ver con las pugnas entre sectores del propio empresariado que con
una problemática de todo el país. Es de todos sabidos que desde el
presidente para abajo, ministros y hombres de gobierno son dueños y
accionistas de grandes empresas nacionales y transnacionales. La
diferencia con la Concertación –lo que no le quita para nada de su
adhesión al modelo y el hecho de haberlo administrado durante veinte
años– es que el gobierno actual representa las políticas más extremas y
crudas del modelo neoliberal, reflejando un fanatismo “fundamentalista”
en el libre mercado como panacea para el desarrollo, para todos los
problemas sociales y fuente de felicidad de la población (muestra
elocuente de ello es la afirmación:”la educación es un bien de
consumo”).
Pero la realidad es bien diferente. Como lo fue en Magallanes, el gobierno al impulsar políticas determinadas exclusivamente para garantizar máximas ganancias a las grandes empresas como Metamex, pasó a llevar cualquier consideración que afectara las condiciones de vida de los habitantes de la región y la solvencia de las empresas locales. Esta ha sido la política aplicada con excesivo celo por su equipo de gerentes y empresarios, la misma que se aplica en todos los ámbitos de la producción y de la economía nacional.
Que existan conflictos entre capitalistas no es ninguna novedad independientemente del carácter agudo y pasional que puedan asumir, pero tarde o temprano las partes en conflicto llegan a acuerdos. Son conflictos no antagónicos y no es necesaria la “eliminación” de una de las partes para su solución.
Estos conflictos adquieren mayor envergadura en los períodos de crisis, como el actual, que se refleja en la pugna por “comerse” a las empresas más pequeñas en función de la lucha por el mercado. Entonces la tribuna política para resolver sus diferencias es el Parlamento. Cuando se ven acciones del gobierno o del parlamento contra empresas o empresarios, como en el caso de La Polar, Presto (Supermercados Líder) o Francisco J. Errázuriz*, sería ilusorio pensar que corresponden a la defensa de los intereses de los clientes o de los trabajadores. Es solo la lucha por los intereses de unos contra otros capitalistas. Las “repactaciones” unilaterales no son una originalidad ni exclusividad de La Polar, pues son efectuadas por la mayoría de las empresas del retail que otorgan créditos a los clientes. El mercado se está haciendo estrecho y hay que “cortar el hilo” por el lado más débil. Ahí es donde entran a tallar las luchas políticas en el parlamento y a través de los medios.
Los conflictos insolubles, antagónicos, son los existentes entre los grandes empresarios y el pueblo, entre la gran burguesía nacional e imperialista con la inmensa mayoría de la población oprimida y enajenada. Los campesinos, temporeros, mineros, asalariados, pequeños y medianos empresarios, intelectuales, artistas, artesanos, trabajadores de la salud, mapuches, ecologistas, minorías sexuales y estudiantes pertenecen a los sectores que tienen los verdaderos conflictos de interés con el conjunto del Estado, con el gobierno, parlamento y poder judicial. El sistema impuesto a sangre y fuego por Pinochet y refrendado por una constitución espuria, avalada en los hechos por todos los partidos existentes, es lo que verdaderamente entra en conflicto con los intereses populares. Es una institucionalidad, armada por los sectores más reaccionarios del país y del imperialismo durante los 17 años de dictadura y 20 años de gobiernos de la concertación, plenamente funcional al modelo neoliberal y a los intereses del gran capital.
Los movimientos sociales generados por el descontento ante la caída sistemática de las condiciones de vida del pueblo, a la falta de expectativas y ante la evidencia de cómo los grandes empresarios usufructúan y se enriquecen apoyados por los gobiernos de la Concertación y de la Alianza. Sumado a lo anterior, la utilización de los recursos estatales en detrimento de los beneficios sociales y de los trabajadores en general, son el claro reflejo de los reales e insolubles conflictos de clases existentes. El movimiento generado por los estudiantes es el más notorio, masivo, estimulante y fuerte desde las protestas contra la dictadura. Todos los partidos políticos los tratan de utilizar para sus propios intereses, pero después de veinte años de Concertación y uno de la Alianza ya se aprendió la lección: son buenos estudiantes.
Se usarán todos los poderes del Estado para dominarlos y para ello no se escatimarán recursos. Los medios de comunicación masiva, casi en su totalidad en manos del poder dominante, tratarán de “demonizarlos” y proveerán a la población de las “razones” para ejercer contra los estudiantes una “necesaria” represión elevando a calidad de “ángeles” a los represores equipados de armaduras de último modelo y armas “no lesivas”. Las policías infiltrarán sus movimientos, organizaciones y manifestaciones para generarles conflictos internos artificiales. Desde los orígenes del capitalismo –tal vez antes también–, los órganos represivos han considerado entre sus tácticas infiltrar los movimientos sociales y obreros para dañarlos o descomponerlos.
La novedad de ahora es haberlas legalizado con el argumento de la prevención que utilizó Bush para desatar sus guerras, pero su contenido real es tan antiguo como los conflictos de intereses insolubles. El hecho de que la infiltración sea legal no significa que se deba aceptar. La detección y el escarmiento a los infiltrados es una necesidad legítima del movimiento. Pero además de agentes policiales infiltrados, se recurre a provocadores pagados sacados del lumpen que tienen la misión de disgregar el movimiento, provocar desórdenes para incitar la represión utilizando la legítima indignación de los manifestantes que fácilmente caen en acciones violentas inconducentes. Preparar equipos especializados para detectar y expulsar a este lumpen es una necesidad para la vitalidad del movimiento. Los estudiantes han demostrado múltiples iniciativas, creatividad, alegría, salud, ingenio y espíritu juvenil en un movimiento serio que ha atraído la simpatía y adhesión de vastos sectores de la población.
No es de extrañar que el movimiento estudiantil intente transformarse en referente político ante la conducta claudicante y débil de las organizaciones políticas y de los partidos tradicionales de izquierda. Potencialidad tiene, porta los conocimientos teóricos y va a la vanguardia de las reivindicaciones políticas que debe dar a conocer al resto de los sectores sociales del pueblo. Puede y necesita crear vínculos e instancias de debate y convergencia con los sindicatos, organizaciones y colectivos políticos e ir conformando un proyecto alternativo al sistema político imperante. Por las características que posee, tiene la capacidad para crear una organización política de nuevo tipo cuyo fundamento sean los intereses reales de los asalariados, trabajadores y estudiantes de nuestro pueblo y asumirlos como propios pues son sus intereses presentes y futuros.
* Nota de la Redacción del PR: La Polar, multitienda chilena que realizó repactaciones de deudas sin el conocimiento de los deudores con intereses astronómicos; Presto, tarjeta de crédito de los supermercados Líder perteneciente a la transnacional Walmart, realizó repactaciones con los morosos pero manteniédolos en DICOM (Boletín Comercial de la lista de deudores); Francisco Javier Errázuriz, empresario chileno acusado de tráfico y abuso de trabajadores paraguayos. Prácticas capitalistas generalizadas pero solo algunos perseguidos por parte del gobierno y denunciados por los medios.
- Fuente: http://portalrodriguista.org/los-verdaderos-intereses-en-conflicto-en-el-chile-de-hoy/
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133103
Pero la realidad es bien diferente. Como lo fue en Magallanes, el gobierno al impulsar políticas determinadas exclusivamente para garantizar máximas ganancias a las grandes empresas como Metamex, pasó a llevar cualquier consideración que afectara las condiciones de vida de los habitantes de la región y la solvencia de las empresas locales. Esta ha sido la política aplicada con excesivo celo por su equipo de gerentes y empresarios, la misma que se aplica en todos los ámbitos de la producción y de la economía nacional.
Que existan conflictos entre capitalistas no es ninguna novedad independientemente del carácter agudo y pasional que puedan asumir, pero tarde o temprano las partes en conflicto llegan a acuerdos. Son conflictos no antagónicos y no es necesaria la “eliminación” de una de las partes para su solución.
Estos conflictos adquieren mayor envergadura en los períodos de crisis, como el actual, que se refleja en la pugna por “comerse” a las empresas más pequeñas en función de la lucha por el mercado. Entonces la tribuna política para resolver sus diferencias es el Parlamento. Cuando se ven acciones del gobierno o del parlamento contra empresas o empresarios, como en el caso de La Polar, Presto (Supermercados Líder) o Francisco J. Errázuriz*, sería ilusorio pensar que corresponden a la defensa de los intereses de los clientes o de los trabajadores. Es solo la lucha por los intereses de unos contra otros capitalistas. Las “repactaciones” unilaterales no son una originalidad ni exclusividad de La Polar, pues son efectuadas por la mayoría de las empresas del retail que otorgan créditos a los clientes. El mercado se está haciendo estrecho y hay que “cortar el hilo” por el lado más débil. Ahí es donde entran a tallar las luchas políticas en el parlamento y a través de los medios.
Los conflictos insolubles, antagónicos, son los existentes entre los grandes empresarios y el pueblo, entre la gran burguesía nacional e imperialista con la inmensa mayoría de la población oprimida y enajenada. Los campesinos, temporeros, mineros, asalariados, pequeños y medianos empresarios, intelectuales, artistas, artesanos, trabajadores de la salud, mapuches, ecologistas, minorías sexuales y estudiantes pertenecen a los sectores que tienen los verdaderos conflictos de interés con el conjunto del Estado, con el gobierno, parlamento y poder judicial. El sistema impuesto a sangre y fuego por Pinochet y refrendado por una constitución espuria, avalada en los hechos por todos los partidos existentes, es lo que verdaderamente entra en conflicto con los intereses populares. Es una institucionalidad, armada por los sectores más reaccionarios del país y del imperialismo durante los 17 años de dictadura y 20 años de gobiernos de la concertación, plenamente funcional al modelo neoliberal y a los intereses del gran capital.
Los movimientos sociales generados por el descontento ante la caída sistemática de las condiciones de vida del pueblo, a la falta de expectativas y ante la evidencia de cómo los grandes empresarios usufructúan y se enriquecen apoyados por los gobiernos de la Concertación y de la Alianza. Sumado a lo anterior, la utilización de los recursos estatales en detrimento de los beneficios sociales y de los trabajadores en general, son el claro reflejo de los reales e insolubles conflictos de clases existentes. El movimiento generado por los estudiantes es el más notorio, masivo, estimulante y fuerte desde las protestas contra la dictadura. Todos los partidos políticos los tratan de utilizar para sus propios intereses, pero después de veinte años de Concertación y uno de la Alianza ya se aprendió la lección: son buenos estudiantes.
Se usarán todos los poderes del Estado para dominarlos y para ello no se escatimarán recursos. Los medios de comunicación masiva, casi en su totalidad en manos del poder dominante, tratarán de “demonizarlos” y proveerán a la población de las “razones” para ejercer contra los estudiantes una “necesaria” represión elevando a calidad de “ángeles” a los represores equipados de armaduras de último modelo y armas “no lesivas”. Las policías infiltrarán sus movimientos, organizaciones y manifestaciones para generarles conflictos internos artificiales. Desde los orígenes del capitalismo –tal vez antes también–, los órganos represivos han considerado entre sus tácticas infiltrar los movimientos sociales y obreros para dañarlos o descomponerlos.
La novedad de ahora es haberlas legalizado con el argumento de la prevención que utilizó Bush para desatar sus guerras, pero su contenido real es tan antiguo como los conflictos de intereses insolubles. El hecho de que la infiltración sea legal no significa que se deba aceptar. La detección y el escarmiento a los infiltrados es una necesidad legítima del movimiento. Pero además de agentes policiales infiltrados, se recurre a provocadores pagados sacados del lumpen que tienen la misión de disgregar el movimiento, provocar desórdenes para incitar la represión utilizando la legítima indignación de los manifestantes que fácilmente caen en acciones violentas inconducentes. Preparar equipos especializados para detectar y expulsar a este lumpen es una necesidad para la vitalidad del movimiento. Los estudiantes han demostrado múltiples iniciativas, creatividad, alegría, salud, ingenio y espíritu juvenil en un movimiento serio que ha atraído la simpatía y adhesión de vastos sectores de la población.
No es de extrañar que el movimiento estudiantil intente transformarse en referente político ante la conducta claudicante y débil de las organizaciones políticas y de los partidos tradicionales de izquierda. Potencialidad tiene, porta los conocimientos teóricos y va a la vanguardia de las reivindicaciones políticas que debe dar a conocer al resto de los sectores sociales del pueblo. Puede y necesita crear vínculos e instancias de debate y convergencia con los sindicatos, organizaciones y colectivos políticos e ir conformando un proyecto alternativo al sistema político imperante. Por las características que posee, tiene la capacidad para crear una organización política de nuevo tipo cuyo fundamento sean los intereses reales de los asalariados, trabajadores y estudiantes de nuestro pueblo y asumirlos como propios pues son sus intereses presentes y futuros.
* Nota de la Redacción del PR: La Polar, multitienda chilena que realizó repactaciones de deudas sin el conocimiento de los deudores con intereses astronómicos; Presto, tarjeta de crédito de los supermercados Líder perteneciente a la transnacional Walmart, realizó repactaciones con los morosos pero manteniédolos en DICOM (Boletín Comercial de la lista de deudores); Francisco Javier Errázuriz, empresario chileno acusado de tráfico y abuso de trabajadores paraguayos. Prácticas capitalistas generalizadas pero solo algunos perseguidos por parte del gobierno y denunciados por los medios.
- Fuente: http://portalrodriguista.org/los-verdaderos-intereses-en-conflicto-en-el-chile-de-hoy/
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133103
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