- REGISTRO: Dos guardias civiles custodian la entrada a la SGAE durante la operación del 1 de julio. Foto: David Fernández.
El dueto Sinde-Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) vuelve a
estar en el foco de atención después
de que la Ley Sinde provocara el movimiento
RedSostenible y, después
uno de los gérmenes del 15M,
#Nolesvotes. Ahora, la Operación
Saga ha puesto de relieve la necesidad
de una mayor higiene política y
transparencia pública, otra de las reivindicaciones
que más unanimidad
ha concitado en las últimas semanas
en todas las plazas del Estado.
Detrás del escándalo de la SGAE, se
encuentra el apoyo ministerial a un
canon digital declarado ilegal en octubre
de 2010 y que el Gobierno español
aún no ha cambiado.
La detención de Teddy Bautista,
junto a otros altos cargos de la SGAE,
en la Operación Saga ha dejado en
evidencia a Cultura. “El Ministerio
como fiscalizador de la SGAE ha hecho
total dejación de sus funciones,
porque ésta nunca ha sido auditada
de forma independiente”, explica
Eme Navarro, músico e integrante
de la SGAE, aunque sin voz ni voto.
Horas después de la intervención
de la Guardia Civil, la ministra de
Cultura –y socia de la SGAE– anunciaba
que respetarán y esperarán a
las investigaciones judiciales, aunque
días después anunció su comparecencia
en el Congreso. Sin embargo,
el artículo 159 de la Ley de Propiedad
Intelectual explicita que “corresponde
al Ministerio de Cultura,
además de la facultad de otorgar o
revocar la autorización a las entidades
de gestión, la vigilancia sobre el
cumplimiento de las obligaciones y
requisitos establecidos en esta Ley. A
estos efectos, el Ministerio de Cultura
podrá exigir cualquier tipo de información
de estas entidades, ordenar
inspecciones y auditorías y designar
un representante que asista con voz
pero sin voto a sus asambleas generales,
Consejos de Administración u órganos
análogos”.
A pesar de ello, el Ministerio responsabiliza
a las Comunidades Autónomas.
“Sin embargo, solo una Comunidad,
Euskadi, ha recibido estas
transferencias y fue el 24 de junio de
este mismo año”, explica Víctor Domingo,
presidente de la Asociación
de Internautas. La propia SGAE recoge
en su Informe de Gestión y Responsabilidad
Social Corporativa de
2010 que publica en “la página web
del Ministerio de Cultura desde 2007
su informe de gestión, las cuentas
anuales, el Informe de Auditoría y el
reglamento de reparto de los derechos
recaudados”. Sobre estas dos
últimas cuestiones, el Ministerio ha
preferido no contestar a DIAGONAL.
Ignasi Guardans –director general,
entre mayo de 2009 y octubre
de 2010, del Instituto de Cinematografía
y Artes Audiovisuales de
España, dependiente de Cultura–
afirmaba en su twitter: “Alguien en
el Ministerio deberá explicar cómo
se han ejercido las funciones de vigilancia
que marca la ley”.
La ilegalidad del canon digital
Más allá de los posibles delitos relatados
en la Operación Saga, Domingo
destaca que “la SGAE gasta sin
ningún control impuestos que la ciudadanía
paga a través de un canon
digital ilegal”. Además, “tampoco los
autores se ven recompensados como
debieran”, dice Domingo. En esta
opinión se reafirma Eme Navarro
que, como integrante de la SGAE, se
considera estafado, al igual que otros
integrantes de la entidad que han interpuesto
una petición de intervención
de la sociedad en el Ministerio.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia
de la Unión Europea como la
Audiencia Nacional han declarado
ilegal el actual canon.
Las nueve personas detenidas están
acusadas de haber desviado unos
400 millones de euros recaudados a
través del canon digital. Este gravamen
es cobrado y gestionado de forma
privada por las ocho sociedades
de gestión de autoría. Una decisión
que adoptaron en el Parlamento en
2008 PSOE, PP, CiU, Izquierda
Unida y Coalición Canaria, mientras
que ERC y PNV se abstuvieron.
Reparto ilegítimo de derechos
“Tenemos claras las ideas desde hace
mucho tiempo. El reparto de los
derechos de autoría se realiza de forma
ilegítima, por lo que no nos extraña
nada esta operación”, explica
Simona Levi, integrante de La Ex, una asociación que surgió en 2008
para “librar a la ciudadanía de los
abusos de la SGAE, de otras entidades
de gestión y de los lobbies de las
industrias culturales en general”.
En los próximos meses, el Ministerio
y estas sociedades tienen que
negociar, además del canon digital,
la legislación que permita implementar
la Ley Sinde y el paso por el
Congreso del Acuerdo Comercial
Anti-Falsificación (ACTA, por sus
siglas en inglés).
No es la primera vez que se exigen
auditorías de las cuentas de la
SGAE. En enero de 2010 los propios
trabajadores de la Sociedad así lo
hicieron. Entonces denunciaban
que las empresas que se estaban
creando “resultan deficitarias, la
empresa matriz SGAE inyecta ingentes
cantidades de dinero en ellas
para su sostenimiento”. Meses antes
era la Comisión Nacional de
Competencia –dependiente de
Economía– la que denunciaba en un
informe oficial la labor monopolística
de la SGAE, exigía la modificación
de la Ley de Propiedad Intelectual,
y denunciaba tarifas injustas
y perjuicios para los usuarios.
También exigía que las sociedades
dejen de estar obligadas a no tener
beneficios económicos. “Desde entonces
no nos han hecho caso, ni siquiera
nos invitaron a la comisión
parlamentaria que se montó para
modificar la LPI”, explican a este periódico
fuentes autorizadas de la
Comisión.
El eterno idilio PSOE-SGAE
“Si Cultura no hubiera sido tan laxa,
como también lo ha sido la oposición,
esto no habría pasado. No olvidemos
que tanto el canon como la
Ley Sinde han sido aprobados con
los votos de PP, PSOE y CiU”, denuncia
Domingo, que también reconoce
que las mejores relaciones con
las sociedades de gestores de derechos
son con los Gobiernos socialistas.
“Tanto la ley Sinde como la
aprobación del canon no son iniciativas
del Gobierno, sino solicitudes
legislativas de este sector, mientras
que los tres millones de votos que
presentamos contra el canon no sirvieron
de nada”, apostilla Domingo.
Las buenas relaciones existentes
entre los sectores llamados progresistas,
por su afinidad al PSOE, y la
cúpula de la SGAE ha sido denunciada
en numerosas ocasiones. La
campaña en favor de Zapatero por
parte de muchos de los representantes
de la SGAE o la que se hizo
para apoyar la Constitución
Europea, son algunos ejemplos. En
ese último caso, la SGAE llegó a pagar
una página de publicidad a favor
del tratado europeo en El País,
según narra Pascual Serrano en el
libro Juego Sucio. Este manifiesto
estaba firmado, entre otros por
Alejandro Sanz, Teddy Bautista o
Caco Senante. Incluso el propio
Teddy Bautista comparte patronazgo
de la Fundación Alternativas con
los dos últimos presidentes socialistas
y Joaquín Estefanía, del consejo
de administración de El País. Según
ha denunciado Josep Jover, abogado
que inició las denuncias de la
Operación Saga, la propia SGAE ha
financiado seminarios y talleres de
jueces de la progresista Asociación
Jueces para la Democracia.
LA SGAE, UNA POLÉMICA HISTORIA: HURACÁN DE DENUNCIAS DESDE 2006
ATAQUES A LA MÚSICA
LIBRE POR EL CANON
En 2006, Ladinamo consiguió ser
absuelta, el objetivo de esta asociación
cultural era propagar obras bajo estas
licencias; luego le llegó el turno a Discobar
Metropol y Buenavistilla Club Social.
PERSECUCIÓN JUDICIAL
A TODAS LAS CRÍTICAS
Durante años, la SGAE persiguió cualquier
comentario que se hiciera sobre
ellos en la red. Especialmente conocido
fue el caso de Alasbarricadas.org, que
propició después una denuncia a CNT.
ARTERIA Y LA RED
DE TEATROS DE LA SGAE
Desde hace varios años la SGAE ha
comprado varios teatros en el Estado
español y América Latina, según El Economista
ha invertido en ellos 480
millones de los derechos de autoría.
LA POPULAR JUBILACIÓN
DE TEDDY BAUTISTA
Teddy Bautista ha reconocido que su
salario es de 250.000 euros al año y que
le espera una jubilación del 60% de ese
salario más una cantidad fija de 5.125 y
unos 4.000 por derechos de autor.
DERROTAS POR LOS
CIERRES DE PÁGINAS
La mayoría de procesos judiciales abiertos
por la SGAE contra web que contenían
enlaces a obras con copyright
fueron desestimados por los juzgados.
Con la aprobación de la Ley Sinde,
esperan que esta situación cambie.
SEIS MILLONES SIN
JUSTIFICAR, CON LA UPM
Días después de la intervención judicial
en la sede de la SGAE, Josep Jover
denunciaba que la Sociedad y la Universidad
Politécnica de Madrid tenían
proyectos subvencionados sin finalizar
por valor de seis millones de euros.
Desviados
400 millones
Parte de la cúpula de la SGAE ha
sido imputada por delitos de desviación
de fondos, tras una investigación
iniciada tras un reportaje
de Público en 2007 y llevada a
los tribunales por la Asociación
de Internautas, la Asociación de
Usuarios de Internet y la Asociación
de Pequeñas y Medianas
Empresas de Informática y Nuevas
Tecnologías, entre otras.
La denuncia presentada por la
abogada Ofelia Tejerina afirmaba
que 400 millones del canon digital
habían sido desviados a la
filial con fines de lucro de la
SGAE, SDAE, y de ésta a Microgénesis,
relacionada con Luis Rodríguez
Neri (ex director general de
la SGAE). Junto a Bautista y Neri
fueron detenidas otras siete personas
relacionadas con ambas
sociedades entre 2000 y 2007.
Vìa :
http://diagonalperiodico.net/Se-acabo-la-confianza-de-Cultura.html
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