La
construcción del socialismo y de la liberación, serán tarea de los
pueblos, desarrolladas directamente por los pueblos, sin caudillos ni
patrones.
Cuando el 2009
comencé a denunciar las extradiciones de luchadores colombianos,
acusados de ser “guerrilleros”, no encontré mucho más que indiferencia
ante el asunto por parte de la mayoría de la izquierda. La captura y
entrega “express” (ilegal a la luz de la constitución venezolana y del DIH) del periodista de Anncol Joaquín Pérez Becerra por parte de Venezuela, la cual fue justificada por el mismo Chávez,
hizo a más de alguno poner la voz de alerta. Sin embargo, quienes
escribimos para denunciar esta entrega y solidarizarnos con la víctima,
fuimos tratados, desde ciertos círculos, poco menos que de agentes de la
CIA, de tontos útiles del imperialismo y otras bellezas. Ahora, la captura y la inminente extradición de Julián Conrado, el “cantante de las Farc”
(en la foto), hacen que los aún incrédulos constaten que estamos ante
una práctica sistemática, una “razón de Estado” como el propio gobierno
bolivariano la llama. Como corolario, la semana empezó con operaciones
militares conjuntas colombo-venezolanas contra el ELN…
Las justificaciones de estas acciones de cooperación de Venezuela con el gobierno que se autodenomina el Israel de América Latina
por parte de los chavistas grafican que algo anda muy mal: desde los
que sencillamente culpan a la víctima por “dar papaya”, los que lamentan
la entrega pero no la critican porque la crítica es hacer el juego al
imperio (?!), hasta los que aplauden la decisión, sumándose al coro
histérico anti-Farc con un celo tan grande como cualquier uribista
trasnochado.
Sin dudas, el comunicado
tipo utilizado por el gobierno venezolano para anunciar extradiciones
de “guerrilleros” supuestos o reales, es una muestra de esta bancarrota
moral y política:
“El Gobierno
Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra
el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto
cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo
los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.”
El
oportunismo se caracteriza por sus vacilaciones y zigzageos. En un par
de años la insurgencia pasó de ser “fuerza beligerante” en la jerga
chavista, a ser “terrorismo, delincuencia y crimen organizado”. En un
par de años el hermano bolivariano pasó de estar en las montañas de Colombia a estar sentado en el Palacio de Nariño.
El cambio de actitud hacia la insurgencia se dio en tres pasos: el
primer paso fue pedirles rendición inmediata y sin condiciones. El
segundo paso fue culparlas de ser una “excusa” para el Imperio en su
plan de desestabilización de Venezuela; y el tercero, fue colaborar
abiertamente con el régimen más sanguinario y postrado al imperialismo
en la región –desde el 2009 (es decir, mucho antes de que Santos llegara
al poder) ha entregado a unos 25 colombianos a la tortura y muerte
segura, sin ninguna garantía de respeto por sus derechos, como lo
exigiría cualquier democracia que se precie de tal.
Estas
entregas, mal llamadas “extradiciones”, son parte de un proceso de
guerra sucia total contra la insurgencia por parte del Estado
colombiano, que desde el 2002 ha decidido cerrar toda puerta al diálogo
político y jugárselas por el exterminio de las fuerzas guerrilleras y
del tejido social en el cual existen y se alimentan. Esta guerra no es
solamente contra la insurgencia, sino que contra todos los que de una u
otra manera queden en medio, le salga al paso al proyecto de exterminio o
quienes sean oposición. Es una guerra contra la insurgencia, pero en la
cual se da a todo el pueblo bajo la consigna “el que no está conmigo
está en mi contra”. Esta guerra tiene diversos aspectos, incluido el
concepto de Guerra Jurídica en contra de toda forma de oposición,
defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, etc., el cual está
comprendido en los documentos de la DASpolítica.
El concepto de utilizar las extradiciones como estrategia de guerra y
la abierta intromisión del Ejecutivo en el quehacer judicial han sido
también detallados en el tercer punto del llamado “Salto Estratégico”,
la política que define la estrategia militar contrainsurgente del Estado
colombiano desde el 2009, con el cual se busca:
“articular
el sistema judicial para que éste produzca resultados ejemplarizantes,
que bajen la moral de las tropas de las Farc [ie. y de la insurgencia en
su conjunto].La extradición, en particular, ha sido usada como
herramienta en este componente; otro mecanismo muy socorrido fue evitar
la judicialización por rebelión y promover condenas por terrorismo (…)
Al mismo tiempo, se intentó crear un sistema de protección jurídica a
los efectivos de las Fuerzas Militares, con el objeto de prevenir la
desmoralización de la tropa ante eventuales condenas por violaciones de
los derechos humanos” (“La Guerra contra las Farc y la Guerra de las
Farc”, Ariel Fernando Ávila Martínez, Revista Arcanos Nº15, abril 2010, p.13.)
Esta
política de extradiciones, como hemos dicho, no se limita a los
guerrilleros supuestos o reales, sino también a civiles molestos para el
régimen. A comienzos del 2010 el Estado colombiano diseñó una
estrategia para enfrentar a las voces disidentes en el extranjero. En
palabras del entonces canciller Bermúdez:
“Hemos
discutido con todos los embajadores la importancia de que los gobiernos
extranjeros estén atentos a cualquier divulgación que permita hacer una
apología del crimen o del terrorismo. Hemos también ordenado con los
embajadores agendas para que nuestras comunidades de colombianos en el
exterior estén atentas a este tipo de manifestaciones” (“Diseñan
estrategia de política exterior en 2010”, El Espectador, 7 de enero 2010)
Las
extradiciones, entonces, juegan un papel específico en esta
internacionalización de la guerra sucia colombiana: aislar a los actores
insurgentes colombianos por todos los medios. Como ya lo expresé en un
artículo anterior:
“La guerra sucia en Colombia hizo gran parte de esta tarea a nivel doméstico (genocidio de la UP, A Luchar, Frente Popular,
diversos movimientos sociales, etc.), por ello la existencia de
interlocutores en el plano internacional asumen especial importancia. En
este escenario, el acoso judicial (lo que en la jerga del DAS
se conoce como “guerra jurídica”) a los internacionalistas asume un rol
central, y aún cuando no se consigan todas las extradiciones
solicitadas, se consigue que los defensores de derechos humanos,
militantes de izquierda, o simpatizantes ideológicos de la insurgencia
deban pasar a la defensiva, deban entrar al juego de defenderse en lugar
de denunciar al régimen. Cumple también un efecto intimidatorio en el
que el temor a la extradición pueda inhibir la menor sombra de
“simpatía” (o aún “empatía”) con la insurgencia, aún cuando no sea más
que reconocer el origen histórico que ésta tiene en las injusticias
estructurales de la sociedad colombiana. Esta política ha sido exitosa
en generalizar un discurso político (sobre todo en el sector de las
ONGs, el cual fue virulentamente atacado por el uribismo) en el cual se
responsabiliza, primero y antes que a nadie, a la insurgencia de
cualquier desgracia que ocurra en Colombia.” (“De Asilos y Extradiciones: la internacionalización de la guerra sucia colombiana”, 24 de noviembre, 2010)
Chávez
ahora, después de haber dicho que la insurgencia no era terrorista y
que había que buscar una salida política, participa gustoso de esta
política de guerra sucia patrocinada por el “Imperio”.
¿Cómo explicar este viraje de Chávez? Chávez pareciera haberse agotado como un factor político (como lo demuestra el hecho que Humala en Perú,
esta vez, le haya huído como de la peste) y ha buscado acomodarse a un
escenario de menos movilizaciones populares en la región, como las que
caracterizaron su primer ciclo de gobierno, y mediante Santos, controlar
indirectamente la confrontación con los EEUU. En efecto, EEUU, por boca de su subsecretario para asuntos hemisféricos Arturo Valenzuela,
celebró como “un paso importante” la extradición de Joaquín Pérez
Becerra –pero se apresuraron en decir que seguían considerando a Chávez
un autoritario y que seguían buscando aislar al Alba (lo
cual indica que todas las concesiones que Chávez haga jamás serán
suficientes). Es así como se puede leer, en parte, el viraje hacia la
estrecha cooperación contrainsurgente de Venezuela con Colombia, de
acciones militares conjuntas en la frontera y de entrega de luchadores
colombianos, saltándose todo el derecho internacional como prueba de
amistad.
Pero hay que buscar una
explicación más profunda, puesto que la política de Chávez se asienta en
un determinado modelo socio-económico, el nacional-desarrollismo. Su
intento de desarrollar políticas soberanas lo han puesto en
contradicción con los EEUU, pero aún cuando vocifere sobre socialismo
jamás ha cuestionado las relaciones de fondo ni las bases materiales que
sostienen al sistema imperialista y a la oligarquía venezolana. Nos
preguntamos ¿Puede haber un anti-imperialismo consecuente sin ir de la
mano del anti-capitalismo? Lo dudamos. Debido a que el sistema
capitalista es dominado por las potencias imperialistas, tarde o
temprano, quien es incapaz de pensarse en alternativa política, social y
económica a esta red global, quien es incapaz de comenzar a sentar las
bases de un nuevo modelo, tendrá que ceder a las reglas del juego de
quien está en condiciones de imponerlas. Con lo cual el discurso
anti-imperialista terminará fatalmente cediendo, a la Gaddafi, a la realpolitik de la “coexistencia pacífica”.
Estas
extradiciones no son, pues, un paso aislado. Además, se inscriben en un
proceso creciente e innegable de degeneración burocrática, de
sofocamiento de la iniciativa y de lo poco que ha habido poder popular,
de derechización de las políticas y del estilo de hacerlas. El 7 de
junio, varios miles de venezolanos, pertenecientes a organizaciones que
son parte del llamado proceso bolivariano, marcharon contra la
corrupción, la impunidad y el asesinato de varios dirigentes populares
(todos o la inmensa mayoría partidarios del proceso), el cerco de los
medios oficialistas, la criminalización de formas de lucha popular y la
entrega de revolucionarios colombianos. Es muy significativa esta
marcha, pues demuestra que existe un sector importante que no se deja
embaucar por las razones de Estado y que está dispuesto a convertirse,
en derecho propio y de manera autónoma, en un factor político dentro del
proceso. Pero los elementos genuinamente revolucionarios en el
movimiento bolivariano no pueden limitarse a suplicar “rectificaciones” a
Chávez, sino que es preciso comenzar un profundo proceso de
autocrítica, replantearse la vía para construir el socialismo y terminar
con el desesperante “culto a la personalidad” que caracteriza a la
izquierda latinoamericana. Si la servidumbre ideológica al “chavismo”
(sea lo que sea este concepto) se sigue imponiendo, la revolución
latinoamericana entra a un punto muerto.
Acá
no hay que desconocer que lo que se viene es un proceso de reacción
velada tras un lenguaje democrático que se impone en el continente. Con
ese lenguaje democrático y de lucha “contra el terrorismo” (es decir,
contra todo aquel que intente desarrollar un proyecto revolucionario por
fuera de los estrechos márgenes de la institucionalidad burguesa), se
está llevando a efecto la “unidad latinoamericana”, no desde las bases
que han pedido los pueblos en movimiento sino que desde los intereses de
las élites económicas criollas. Con ese mismo lenguaje democrático,
Santos (un político igual de reaccionario que Uribe pero
mucho más hábil) ha logrado no sólo que Chávez colabore generosa y
diligentemente en aplastar a la insurgencia y a los movimientos
populares colombianos, sino que también Ecuador ha
entrado al juego y participa activamente de la estrategia del yunque y
el martillo del ejército colombiano (el martillo), movilizando 10.000
tropas ecuatorianas (el yunque) en la frontera. Mientras combaten a la
insurgencia, al paramilitarismo se le permite entrar y salir como Pedro
por su casa, como han denunciado las comunidades afroecuatorianas de Esmeraldas sobre la presencia de las Águilas Negras en la región. No es muy diferente la realidad que se vive en la frontera venezolana con Colombia.
El
mismo doble rasero que se impone en el tema de la cooperación militar
(Ecuador y Venezuela combaten a las guerrillas pero no al
paramilitarismo), se impone también con las extradiciones: no se exige
la misma diligencia del derechista gobierno panameño para extraditar a
la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien
dirigió la campaña de amenazas, acoso, espionaje, intimidación y
asesinatos selectivos de opositores y defensores de derechos humanos, y
quien ahora goza de todos los beneficios del asilo en ese país pese a
que la requiere la justicia colombiana por crímenes mucho más graves que
los que se imputan a Conrado o a Pérez Becerra.
Tal
parece que el ciclo de luchas anti-neoliberales abierto a fines de los
’90 y desarrollado por enormes movimientos de masas que habían comenzado
a hablar un lenguaje diferente, de democracia directa,
anti-capitalista, ha llegado a su fin, sepultado en cierta medida por
las propias insuficiencias de estos movimientos, pero gran parte por los
gobiernos nacional desarrollistas que secuestraron las consignas
políticas desarrolladas por el pueblo, para justificar una forma de
política estadólatra que en muchos aspectos ha sido no muy diferente de
lo que tradicionalmente se conocía. Es hora de entender que los
gobiernos progresistas ya tocaron techo, que podrán haber hecho tal o
cual esfuerzo positivo para las mayorías (fundamentalmente en áreas como
salud o educación, y regalías sobre los recursos naturales) pero de ahí
ya no pasan y que las tareas del futuro, la construcción del socialismo
y de la liberación, serán tarea de los pueblos, desarrolladas
directamente por los pueblos, sin caudillos ni patrones. Es hora de
comenzar a caminar con la misma certeza de ayer, pero con menos
ingenuidad.
Por José Antonio Gutiérrez D.
12 de junio, 2011
Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor):
Cristián Andrés Sotomayor DemuthVìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/07/10/la-colaboracion-colombo-venezolana-es-sintomatica-de-los-limites-del-nacional-desarrollismo/
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