Este Pepito Grillo ciberpunk ha colgado recientemente 90.000 documentos relacionados con la guerra de Afganistán, convirtiéndose en enemigo público número 1 de la seguridad occidental. El Gobierno de EEUU le acusa de terrorismo mediático y espionaje, y el Partido Pirata sueco ha intervenido en el conflicto ofreciendo servidores de su portal a Wikileaks para garantizar su continuidad. Igualmente, el gobierno islandés ha ofrecido a su fundador Julian Assange protección ante la amenaza de ser detenido por autoridades de EEUU.
El acoso a Wikileaks incluye la retención e interrogatorio de un colaborador de Wikileaks en el aeropuerto de New York, y ayer la orden de arresto contra el mismo Julian Assange por un delito de violación y otro de abusos a dos mujeres.
Hoy la fiscal general de Suecia ha retirado la acusación, sin más explicaciones que la de no tener fundamento: tanto que al parecer ni siquiera habían sido presentadas formalmente.
Sigue el culebrón Wikileaks, una retahíla de episodios rocambolescos (Assange pasa tiempo desaparecido: la clandestinidad forma parte de su estrategia de supervivencia). Amenazas, falsedades, rumores… Mientras tanto, los gobiernos siguen sin asumir la pregunta clave: ¿son ciertos los desmanes y atropellos reflejados en los documentos publicados por Wikileaks y de serlo cómo van a juzgar a sus responsables? Por contra, se empeñan en mantener la política de matar al mensajero.
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