- «Estamos enfrentando a un monstruo; una fuerza que se ríe, se burla y nos quiere aplastar.»
Miguel Ángel Ibarra, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al cumplir 80 días en huelga de hambre. (La Jornada, 18 de julio de 2010).
Existe relación directa entre el auge de las bandas delictivas, la
profundización del neoliberalismo y la represión de los movimientos
sociales y los sindicatos.
El despido llevado a cabo por el
Presidente Calderón de más de 44.000 electricistas sindicados es el
último de una serie de actos de represión que ha hecho pedazos el tejido
social. La negación de un puesto de trabajo coherente y bien remunerado
y la criminalización de organizaciones sindicales legítimas como el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han desembocado en emigración
masiva y en un incremento del número de jóvenes que se incorporan a
bandas dedicadas al narcotráfico. La represión estatal y la corrupción
electoral han impedido que los trabajadores mexicanos canalicen sus
quejas por vías legales y han contribuido y fomentado la aparición de un
narco-Estado paralelo que controla grandes regiones del país y recluta a
los hombres y mujeres jóvenes que pretenden huir de la pobreza.
En los últimos 25 años, México ha retrocedido desde el punto de vista
social, económico y político como consecuencia de la ofensiva neoliberal
iniciada con las elecciones fraudulentas de 1988, en las que
Carlos Salinas arrebató la presidencia a Chuahtemoc Cárdenas. A
continuación, Salinas suscribió el tratado de libre comercio, el NAFTA,
que llevó a la quiebra a más de 10 millones de agricultores, campesinos y
pequeños comerciantes mexicanos, lo que impulsó a muchos de ellos a
emigrar, a otros a unirse a movimientos sociales y, a algunos, a
rebelarse, como sucedió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN). Desde la firma del NAFTA han emigrado más de 10 millones de
mexicanos.
La represión estatal y el aislamiento forzoso del
EZLN, en Chiapas, y de otros movimientos de ámbito rural en Guerrero,
Michoacán y otras zonas, y la denegación de justicia agraria obligaron a
muchos campesinos a huir a suburbios urbanos donde finalmente algunos
ingresaron en las bandas emergentes dedicadas al narcotráfico.
A
principios del nuevo milenio, el experimento de México con las
«reformas» neoliberales agravó las crisis sistémicas: las desigualdades
se agudizaron, la economía se estancó y la pobreza aumentó. En
consecuencia, millones de mexicanos huyeron cruzando la frontera para
penetrar en Norteamérica o se unieron a movimientos populares que
pretendían transformar el sistema.
Surgieron dos movimientos
sociales y políticos poderosos que trataron de invertir el deslizamiento
de México hacia la descomposición política y la desintegración social.
En el frente político, Andrés Manuel López Obrador, el candidato
presidencial de una amplia coalición ciudadana, condujo a millones de
ellos a una victoria electoral en el año 2006, que le negaron mediante
el fraude electoral masivo perpetrado por los partidarios de Calderón.
El segundo movimiento, una coalición de sindicatos y movimientos
sociales liderada por el SME, luchó para preservar el sistema público de
seguridad social y evitar la privatización y explotación de la red
eléctrica de la voraz depredación de la clase capitalista nacional y
extranjera.
En Ciudad de México y en todas las demás provincias
hubo movilizaciones masivas en las que se manifestaron miles de
personas, mientras millones de consumidores expresaban su solidaridad,
como hicieron todos los principales sindicatos de Europa, América Latina
y otras regiones.
Lo que estaba en juego no era sólo el empleo de los trabajadores sindicados del sector eléctrico y el sistema de seguridad social, sino uno de los movimientos sociales más eficaces a la hora de defender una red de protección social para la clase trabajadora.
Al atacar al SME y al sistema de seguridad social, una de las últimas
grandes instituciones sociales que proporciona cohesión social, Calderón
y el sistema judicial estaban negando además a los mexicanos instrumentos sociales y políticos legales mediante los cuales pudieran aspirar a defender su nivel de vida.
Al desbaratar la red social a través de la privatización de programas e
instituciones públicos mediante la represión de movimientos sociales
esenciales como el de los zapatistas de Chiapas, los maestros y
sindicatos de Oaxaca o el SME de Ciudad de México, el Estado mexicano
está negando de hecho las esperanzas de mejora a través de procesos
políticos democráticos.
El estancamiento neoliberal, la
represión que sufren los movimientos populares democráticos a manos del
Estado y el robo reiterado de victorias electorales obtenidas por
movimientos populares en 1987 y 2006 se ha traducido, como siempre, en
un desencanto profundo y generalizado hacia la política. Y lo que
resulta aún más amenazador: ha convertido a miles de jóvenes mexicanos
en enemigos del Estado y los ha impulsado a integrarse en las numerosas
bandas violentas dedicadas al tráfico de droga. El rechazo de los
estados de México a los cambios electorales pacíficos, su insistencia en
reprimirlos y la negación de los derechos de los movimientos sociales
como el SME han dejado pocas salidas a la frustración generalizada que
se filtra bajo la superficie de la sociedad.
En los últimos
cuatro años han sido asesinados en el conjunto de las regiones del país
más de 25.000 policías, soldados, civiles y narcotraficantes. Pese a la
militarización impuesta por Calderón en todo el territorio nacional, los
40.000 soldados presentes en las calles no han logrado impedir la
escalada de violencia, lo que demuestra con claridad el fracaso de la
opción represora para poner fin a la violencia e impedir en México una
desmembración que lo convierta en «Estado fallido».
La recuperación y reconstrucción de México pasa por el fortalecimiento del tejido social
mexicano: la promoción de los movimientos sociales y urbanos y,
concretamente, de los sindicatos democráticos de masas como el SME.
Estos movimientos y sindicatos son los ladrillos fundamentales para la transformación
de la sociedad mexicana: el fin del neoliberalismo, la anulación del
NAFTA y la reconstrucción de un sector público pujante bajo el control
de los trabajadores. Para combatir los males gemelos que representan el
Estado neoliberal corrupto y militarizado y su versión paralela, el
narco-Estado violento que estalla de forma recurrente y aterroriza al
país, se debe aglutinar un nuevo movimiento político y social de masas
que aúne la solidaridad con los sindicatos como el SME y el carisma
popular de líderes políticos como López Obrador para presentar un
programa radical de reconstrucción nacional y justicia social. La
alternativa es una desintegración mayor del Estado mexicano y una
degradación que deje sumido al país en una situación de violencia
generalizada e interminable, donde los ricos vivan en fortalezas armadas
y los pobres queden sometidos a la depredación violenta del Ejército y
de los narco-terroristas.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110636
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