El siguiente texto es una carta enviada por el Presidente de la
Fundación Defendamos la Ciudad al ministro de Vivienda y Urbanismo, con
copia a la intendenta de Santiago. En la misiva se afirma que el
gobierno intenta reponer el proyecto PRMS-100 para aumentar en 10 mil
hectáreas el suelo de uso urbano en la Región Metropolitana, sin
someterlo a consulta ciudadana ni a votación en el Consejo Regional. El
autor cita varios documentos -cuya copias digitalizadas están
disponibles en esta misma columna- que a su juicio “reflejan situaciones
que la opinión pública desconoce”. Entre estos documentos figuran una
carta entregada al Presidente Sebastián Piñera, sin respuesta; dos
cartas enviadas por la Directiva Nacional del Colegio de Arquitectos al
ex intendente Fernando Echeverría y dos estudios del economista y
académico Pablo Trivelli, especialista en catastro del recurso suelo.
Sr. Rodrigo Pérez Mackenna
Ministro de Vivienda y Urbanismo
Presente
REF: Intento del gobierno de insistir en la polémica e inconsulta expansión urbana PRMS-100.
Estimado señor Ministro:
Tenemos conocimiento que el gobierno, sin someterlo a la necesaria nueva votación en el Consejo Regional (CORE), intenta ingresar en los primeros días de marzo próximo en la Contraloría General de la República, estos cambios administrativos de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas en algunas comunas periféricas de esta región, considerándose un insignificante 8% para viviendas sociales.
Los impulsores, tanto públicos como privados, de esta extraña modificación argumentan que hay un déficit de suelo urbano al interior de la ciudad y que por ello se haría necesario ampliar los límites vigentes de esta ya saturada megalópolis, falaz criterio que no compartimos.
Esta modificación territorial, que generaría importantes plusvalías patrimoniales a ciertos actores privados, que crea las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), figuras no contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se originó a petición de influyentes personas jurídicas y naturales, incluyendo naturalmente a la Cámara Chilena de la Construcción y que, por sus innumerables errores de forma y fondo, ha sido rechazada por el ente fiscalizador.
El actual gobierno, a través de sus distintos ministros, permanentemente repite que promueve el diálogo y la participación ciudadana en todas sus políticas públicas, lo que hemos escuchado últimamente con ocasión de la reconstrucción y del conflicto social en Aysén y por ello observamos con incredulidad lo que está aconteciendo con el PRMS-100, proyecto que nunca ha sido sometido a un proceso democrático y por lo tanto participativo.
En razón a que usted no conoce ciertos documentos, fechados con anterioridad a su nombramiento en el cargo de ministro de Estado, adjuntamos los siguientes:
1) Carta del 11 de enero de 2011, firmada por organizaciones sociales y dirigida al Presidente de la República, en donde se le dieron a conocer situaciones objetivas que aconsejaban no aprobar este proyecto. Esta carta no fue contestada por Su Excelencia y en votación del 30 de marzo de 2011 el CORE, con información apócrifa entregada por el ex intendente, aprobó dicha expansión urbana.
2) Cartas del 7 y 25 de marzo de 2011, enviadas por el directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, al señor Fernando Echeverría, entonces Intendente Metropolitano, mediante las cuales se le solicitaba posponer la votación en el CORE en atención a las razones allí explicadas, lo que no fue aceptado por dicho funcionario público. Entendemos que esta orden profesional mantiene a esta fecha su posición expresada hace un año atrás, la que estaría reflejada en un documento oficial que nosotros desconocemos, razón por la cual sería necesario que Ud. revisara esta sensible materia con el representante legal del Colegio de Arquitectos de Chile.
3) Estudios “La propuesta de modificación del PRMS-100 requiere una justificación más sólida” y “El culto a las plusvalías en la construcción de las ciudades chilenas”, del académico Pablo Trivelli, editor del Boletín del Mercado del Suelo en Santiago.
Los documentos anteriores son muy clarificadores y tenemos el deber de decirle que nos preocupa sobremanera que el anunciado Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por los 80 millones de dólares que saldrían de la caja fiscal para mantener después de los 5 años iniciales las áreas verdes privadas de los proyectos inmobiliarios previstos en tales ZUC, no haya existido, de acuerdo a lo informado formalmente por la actual intendenta metropolitana al Consejo para la Transparencia y al propio suscrito. Luego, los consejeros regionales que le pusieron como condición al ex intendente Echeverría la existencia previa de ese Protocolo de Acuerdo para votar favorablemente el proyecto, fueron engañados y por lo tanto, en nuestra opinión, pierde legitimidad el resultado de la votación.
Tampoco nos parece prudente impulsar esta iniciativa comercial sin que la ciudadanía conozca los nombres de aquellos particulares que se verían favorecidos con la misma y en tal sentido lamentamos que la Seremi de Vivienda y Urbanismo no acoja la recomendación impartida por el Consejo para la Transparencia en orden a que ella debiera coordinarse con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para dar respuesta a nuestra fundación y a CIPER respecto de esa solicitud de información pública, ello debido a que ambos servicios de la Administración del Estado utilizan escalas diferentes en sus planos. Esto está descrito en el Considerando 9) de la Decisión del amparo rol C 325-11 del Consejo para la Transparencia y tal resolución vinculante, que no fue reclamada como ilegal ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se adoptó en sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 2011 por su Consejo Directivo.
Otro elemento que su ministerio debiera considerar es lo relativo a la restricción que tienen los predios rústicos de 0,5 hectárea acogidos al DL 3.516, llamadas comercialmente como “parcelas de agrado”, ya que por imperio de la ley estas subdivisiones no pueden modificar sus usos de suelo agrícola a urbano. En las 10.000 hectáreas que se proponen como ZUC hay un cierto porcentaje de esos predios acogidos al DL 3.516.
Esta nota será de conocimiento público y esperamos que usted adopte las medidas conducentes para revisar en profundidad la materia y más adelante, compartirla tanto con el Colegio de Arquitectos de Chile como con las diversas organizaciones ciudadanas que promueven el desarrollo urbano sustentable, ello tan pronto la institucionalidad respectiva apruebe la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que posibilitará la participación ciudadana de todos aquellos que deseen formular observaciones y se conozcan los nombres de los privados beneficiados con esta expansión urbana.
A pesar de que somos partidarios que estos radicales cambios territoriales se lleven a efecto conforme a disposiciones de la LGUC, por ahora, con los requisitos previos mencionados en el párrafo anterior, el PRMS-100 podrá ser sometido a una cuarta votación en el CORE para que sus integrantes emitan sus juicios con la información completa que hoy en día no tienen.
Estamos seguros que usted, ministro respetado y contrario a la lacra del secretismo, ejercerá su rol conductor para hacer realidad la transparencia y la participación ciudadana en esta iniciativa del gobierno.
Atentamente,
Patricio Herman Pacheco
Presidente
Fundación Defendamos la Ciudad
Vìa,fuente :
http://ciperchile.cl/2012/03/12/defendamos-la-ciudad-gobierno-intenta-reponer-%E2%80%9Cpor-secretaria%E2%80%9D-plan-de-expansion-de-santiago/
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