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viernes, 31 de enero de 2020
domingo, 24 de noviembre de 2019
viernes, 22 de noviembre de 2019
lunes, 21 de octubre de 2019
sábado, 19 de enero de 2019
Colombia: La maldición del carbón | DW Documental
La colombiana Luz Ángela Uriana vive al lado de una de las mayores minas de carbón de América Latina. Las grandes beneficiadas son empresas internacionales. El aire está contaminado y los arroyos amenazan con secarse. Los indígenas Wayuu son los más afectados, entre ellos el hijo de Luz Ángela. En el noreste de Colombia se encuentra El Cerrejón, una de las mayores minas de carbón del mundo. El 90 por ciento del carbón extraído se destina a la exportación. Colombia es el tercer mayor proveedor de carbón para Alemania. Pero la explotación perjudica a quienes viven junto a esta mina a cielo abierto. Son los más pobres entre los pobres: indígenas del pueblo Wayuu. Viven en condiciones extremadamente precarias. Muchos de ellos sufren de asma y otras enfermedades respiratorias a causa del polvo de carbón. Además, la sequía de los últimos cinco años ha provocado la muerte de más de 4.000 niños por hambre y sed. Las únicas fuentes de agua son ahora riachuelos, pero los operadores de El Cerrejón han desviado uno de ellos y pretenden hacer lo mismo con otro. Los indígenas se defienden. La desviación de Arroyo Bruno les privaría de sus medios de subsistencia. La comunidad ha ocupado las vías que llevan el carbón hacia los puertos de la costa. ¿Conseguirán ganar la batalla entre David y Goliat?
miércoles, 5 de septiembre de 2018
Colombia: Orgía de terror y sangre paramilitar en universidades costeñas...Libardo Muñoz
Libardo Muñoz
prensarural.org
Esa fue una etapa de la vida estudiantil y académica de las ciudades costeñas, que vio caer jóvenes promesas del arte, la cultura, la investigación social, del derecho y de la docencia, asesinados a plena luz del día, frente a sus padres, hermanos, esposas, hijos quienes hoy retienen en su recuerdo a esos seres que representaron una esperanza, una alegría de vida, una fuente de amor familiar.
Casi no pasaba una semana sin que las páginas judiciales de los periódicos costeños no registraran homicidios de docentes o estudiantes que sus antiguos compañeros y colegas de hoy, están dispuestos a rescatar y lavar su memoria, y a no permitir que la impunidad caiga sobre sus tumbas.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, en cada una de las universidades públicas de la costa donde se tiene documentación de los asesinatos sistemáticos, se estableció un Comité de Derechos Humanos que representa a determinada cantidad de víctimas y que es muy importante para la investigación y la imputación de cargos.
Hoy la fiscalía tiene claro que los asesinatos dentro de la Universidad del Atlántico, situada en Barranquilla, la mano asesina fue la organización conocida como Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que se trató de un plan dirigido a todas las universidades públicas de la Región Caribe, como lo confeso Salvatore Mancuso.
También se comprobó que para que funcionara el plan de exterminio contra estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, sus directivas permitieron que las AUC Infiltraran en todas las facultades esbirros disfrazados de estudiantes que tuvieron el encargo de señalar a sus víctimas con la mayor cantidad posible de datos, como lugar de residencia, sitios frecuentados, círculos amistosos, hábitos sociales, que pudieran servir para quitarles la vida.
Sin duda alguna, para el caso de Barranquilla la actuación del paramilitarismo fue aterradora, la lista es de 19 asesinados, compuesta por 11 estudiantes y 8 profesores.
El 5 de octubre de 2000 cayó Alfredo Martín Castro, de 46 años de edad, Vice rector de bienestar de la Universidad del Atlántico, acribillado delante de su esposa y una hija de corta edad.
En agosto 26 de 2000, cae asesinado en Barranquilla, el profesor de la Universidad del Atlántico Luis Meza Almanza. En la Universidad del Magdalena, con sede en Santa Marta, las AUC asesinaron a dos profesores y un estudiante, en la Universidad de Córdoba, sede Montería, cayeron 5 estudiantes y 5 profesores y en el Cesar, sede Valledupar asesinaron 2 profesores y 3 estudiantes.
Las víctimas del paramilitarismo dentro de la Universidad del Atlántico eran activistas denunciantes de actos de corrupción en el manejo del fondo de pensiones, que ocasionaron un desfalco de 156 mil millones de pesos. Eran también vigilantes contra el abandono administrativo y guardianes del cuidado de la planta física de la universidad.
Por la cadena criminal, sucedida en las más importantes y concurridas universidades públicas de la costa, la fiscalía imputó cargos de homicidio a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, de las AUC Tayrona, y a Eduardo Enrique Vengoechea, alias El Flaco, ambos presos en Estados Unidos.
Es muy importante, afirma la fiscalía de Barranquilla, que se mantengan activos los representantes de las víctimas de los asesinatos cometidos por las llamadas AUC, y los grupos de derechos humanos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, claves en la identificación de los paramilitares como en evitar la impunidad.
vía:https://prensarural.org/spip/spip.php?article23446
prensarural.org
- Defensores de víctimas del paramilitarismo en la Universidad del Atlántico Miguel de Ávila Serpa, Marta Padilla, Mónica Galindo y Óscar Rebolledo. Foto: El Heraldo.
Esa fue una etapa de la vida estudiantil y académica de las ciudades costeñas, que vio caer jóvenes promesas del arte, la cultura, la investigación social, del derecho y de la docencia, asesinados a plena luz del día, frente a sus padres, hermanos, esposas, hijos quienes hoy retienen en su recuerdo a esos seres que representaron una esperanza, una alegría de vida, una fuente de amor familiar.
Casi no pasaba una semana sin que las páginas judiciales de los periódicos costeños no registraran homicidios de docentes o estudiantes que sus antiguos compañeros y colegas de hoy, están dispuestos a rescatar y lavar su memoria, y a no permitir que la impunidad caiga sobre sus tumbas.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, en cada una de las universidades públicas de la costa donde se tiene documentación de los asesinatos sistemáticos, se estableció un Comité de Derechos Humanos que representa a determinada cantidad de víctimas y que es muy importante para la investigación y la imputación de cargos.
Hoy la fiscalía tiene claro que los asesinatos dentro de la Universidad del Atlántico, situada en Barranquilla, la mano asesina fue la organización conocida como Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que se trató de un plan dirigido a todas las universidades públicas de la Región Caribe, como lo confeso Salvatore Mancuso.
También se comprobó que para que funcionara el plan de exterminio contra estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, sus directivas permitieron que las AUC Infiltraran en todas las facultades esbirros disfrazados de estudiantes que tuvieron el encargo de señalar a sus víctimas con la mayor cantidad posible de datos, como lugar de residencia, sitios frecuentados, círculos amistosos, hábitos sociales, que pudieran servir para quitarles la vida.
Sin duda alguna, para el caso de Barranquilla la actuación del paramilitarismo fue aterradora, la lista es de 19 asesinados, compuesta por 11 estudiantes y 8 profesores.
El 5 de octubre de 2000 cayó Alfredo Martín Castro, de 46 años de edad, Vice rector de bienestar de la Universidad del Atlántico, acribillado delante de su esposa y una hija de corta edad.
En agosto 26 de 2000, cae asesinado en Barranquilla, el profesor de la Universidad del Atlántico Luis Meza Almanza. En la Universidad del Magdalena, con sede en Santa Marta, las AUC asesinaron a dos profesores y un estudiante, en la Universidad de Córdoba, sede Montería, cayeron 5 estudiantes y 5 profesores y en el Cesar, sede Valledupar asesinaron 2 profesores y 3 estudiantes.
Las víctimas del paramilitarismo dentro de la Universidad del Atlántico eran activistas denunciantes de actos de corrupción en el manejo del fondo de pensiones, que ocasionaron un desfalco de 156 mil millones de pesos. Eran también vigilantes contra el abandono administrativo y guardianes del cuidado de la planta física de la universidad.
Por la cadena criminal, sucedida en las más importantes y concurridas universidades públicas de la costa, la fiscalía imputó cargos de homicidio a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, de las AUC Tayrona, y a Eduardo Enrique Vengoechea, alias El Flaco, ambos presos en Estados Unidos.
Es muy importante, afirma la fiscalía de Barranquilla, que se mantengan activos los representantes de las víctimas de los asesinatos cometidos por las llamadas AUC, y los grupos de derechos humanos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, claves en la identificación de los paramilitares como en evitar la impunidad.
vía:https://prensarural.org/spip/spip.php?article23446
martes, 21 de agosto de 2018
Nuestra América-Colombia: Chau Unasur, adiós a la paz, ¿Sudamérica será zona de guerra? Aram Aharonian
En Colombia se respira una atmósfera de zozobra e inestabilidad
social, tras el asesinato de 330 líderes sociales, la amenaza permanente
a periodistas y el temor a que Iván Duque, el nuevo mandatario, se
aventure en dos guerras: una interna y otra contra su vecino, Venezuela.
“La única forma de tratar de unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en epócas de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nóbel de la Paz, no le salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al temor por un conflicto armado entre Colombia y Venezuela tras el atentado fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país apoya “decisiones soberanas de estados soberanos, pero advirtió de “invasiones de otros países. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.
En este viaje, el jefe de Pentágono ultimó detalles sobre el tratado con Chile para que ambos gobiernos colaboren en materia de ciberseguridad. En Colombia, arregló el envío de un “buque hospital” estadounidense a las costas del Pacífico colombiano, con el propósito, dijo, de ayudar a sortear la crisis humanitaria que acecha al país, derivada de la llegada de miles de venezolanos.
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jeraracas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo.
Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar-no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
¿Fin de la zona de paz?
La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz.
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brail, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelamte. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan, fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Un día antes, en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal, al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano.Y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor armada que nosotros”.
La periodista María Jimena Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos blancos” de la cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela.
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
Un vasta frontera caliente
La mayor parte de los problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante.
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora, con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares, infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente, e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo –siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
El atentado que quiso acelerarlo todo
El 4 de agosto, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por sectores radical proestadouniodenses de la oposición venezolana, con el apoyo y financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá , el aliento de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados, nacional y trasnacionales.Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976 (murieron 73 personas), y en el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, ese mismo año.
Obviamente el Comando Sur estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones, relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos estaban validando el (su) fracaso..
Colofón
Quedan muchas interrogantes: ¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
vía:http://rebelion.org/noticia.php?id=245443
“La única forma de tratar de unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en epócas de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nóbel de la Paz, no le salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al temor por un conflicto armado entre Colombia y Venezuela tras el atentado fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país apoya “decisiones soberanas de estados soberanos, pero advirtió de “invasiones de otros países. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.
En este viaje, el jefe de Pentágono ultimó detalles sobre el tratado con Chile para que ambos gobiernos colaboren en materia de ciberseguridad. En Colombia, arregló el envío de un “buque hospital” estadounidense a las costas del Pacífico colombiano, con el propósito, dijo, de ayudar a sortear la crisis humanitaria que acecha al país, derivada de la llegada de miles de venezolanos.
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jeraracas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo.
Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar-no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
¿Fin de la zona de paz?
La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz.
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brail, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelamte. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan, fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Un día antes, en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal, al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano.Y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor armada que nosotros”.
La periodista María Jimena Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos blancos” de la cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela.
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
Un vasta frontera caliente
La mayor parte de los problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante.
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora, con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares, infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente, e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo –siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
El atentado que quiso acelerarlo todo
El 4 de agosto, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por sectores radical proestadouniodenses de la oposición venezolana, con el apoyo y financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá , el aliento de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados, nacional y trasnacionales.Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976 (murieron 73 personas), y en el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, ese mismo año.
Obviamente el Comando Sur estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones, relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos estaban validando el (su) fracaso..
Colofón
Quedan muchas interrogantes: ¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
vía:http://rebelion.org/noticia.php?id=245443
viernes, 17 de agosto de 2018
Noticias: Aumentan las tensiones entre Venezuela y Colombia; ¿hasta dónde llegarán ambos países tras el atentado fallido contra Maduro? Desde los inmigrantes indocumentados hasta los residentes legales: la política migratoria de Trump cambia su enfoque y ahora podría impedir la nacionalización. ¿Porque es tan difícil erradicar la pobreza en América Latina? Gente de varios países de la región ofrecen su punto de vista al respecto
Aumentan las tensiones entre Venezuela y Colombia; ¿hasta dónde llegarán ambos países tras el atentado fallido contra Maduro? Desde los inmigrantes indocumentados hasta los residentes legales: la política migratoria de Trump cambia su enfoque y ahora podría impedir la nacionalización. ¿Porque es tan difícil erradicar la pobreza en América Latina? Gente de varios países de la región ofrecen su punto de vista al respecto
miércoles, 11 de julio de 2018
Colombia: ¿Por qué nos quieren callar? ATCH - FENSUAGRO
"Según cifras de la Defensoría del Pueblo 282 homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH entre el 01 de Enero del 2016 y el 27 de Febrero de 2018 y en lo corrido de este año más de 90 líderes asesinados."
Ante la cruel oleada de violencia contra los líderes sociales de este país, las organizaciones sociales hacemos un llamado urgente, para que cesen los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y exigimos al Gobierno nacional se garantice el derecho a la vida y a la libertad.
Según cifras de la defensoría del pueblo 282 homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH entre el 01 de Enero del 2016 y el 27 de Febrero de 2018 y en lo corrido de este año más de 90 líderes asesinados.
Alarmantes datos que dejan ver la sistematicidad de los hechos ocurridos, pero que aun así el gobierno nacional no lo reconoce e ignora la dimensión que ha adquirido esta problemática de exterminio progresivo a través de las prácticas violentas que han sido las formas operandi de los grupos históricamente enemigos de la paz y de los cambios sociales de este gran país que a los ojos de la inversión transnacional se ve apetitoso para sus intereses extractivistas y a la vez de grandes expectativas por su ubicación geoestratégica, lo que garantiza el control territorial de toda la región suramericana para estos grupos poderosos.
Por eso nos quieren callar ¡Porque entendemos la dimensión de lo que está en juego y sabemos que nuestra resistencia en los territorios va más allá de cambiar un gobernante cada cuatro años; entendemos claramente que detrás de toda esta farsa, existen intereses oscuros de un sistema inhumano representado en el país por elites económicas y políticas que imponen a través de sus formas violentas el despojo en los territorios y que no sacian sus intereses económicos sin importar que a su paso dejen daños ambientales irreversibles, pobreza, enfermedades, muerte y desolación.
Podemos también reconocer que a la par de este fenómeno político y social, se viene gestando un gran movimiento ciudadano inconforme y propositivo, que cansado de las prácticas tradicionales, busca formas diversas y autónomas, para consolidar sus poderes diferentes, donde la gente es tomada en cuenta para las decisiones y proyecciones que hacen parte del futuro de las comunidades que optan por un modelo económico diferente donde se priorice la vida, el bienestar y el territorio.
La respuesta irresponsable del estado colombiano frente a los hechos de violencia hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos, deja ver su incompetencia política y como quien dice: aquí no pasa nada “son líos de faldas”, haciendo ver que son situaciones aisladas y ajenas al ejercicio político y social de los líderes, tratando así de desdibujar el contexto en el que se dan estos asesinatos.
Urge que el Gobierno en todas sus instancias de un cambio total en el discurso y que no se siga viendo las comunidades y sus líderes como el enemigo interno que se oponen al desarrollo en sus territorios. Es responsabilidad del estado colombiano que se garanticen los derechos fundamentales para que el ejercicio social de los líderes pueda desarrollar se a plenitud y se tome en cuenta el papel político que juegan en sus territorios y la contribución de estos en el bienestar de las comunidades que representan.
¡Por eso nos quieren callar! ¡Porque representamos a esos miles que no se resignan a seguir viviendo en la miseria. Porque no callamos ante la injusticia, porque denunciamos y nos movilizamos, por eso no quieren callar!
Fuente: ATCH - FENSUAGRO
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Colombia_Por_que_nos_quieren_callar
Colombia - La paradoja de la paz: cuatro historias de destrucción ambiental tras el acuerdo con las Farc...Semana Sostenible
En muchos de los territorios donde antes dominaba la guerrilla se ha
disparado la deforestación. Semana Sostenible cuenta las historias de
Guaviare, Tumaco, Caquetá y La Macarena, cuatro lugares donde la
naturaleza es la principal víctima de la paz. El país perdió casi
220.000 hectáreas de bosque en 2017. Es como si del mapa de Colombia
desaparecieran Bogotá y Medellín. Usurpación de tierras, expansión de la
frontera agropecuaria, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y obras
viales tienen en jaque los ecosistemas colombianos.
26 de junio, 2018
La firma del acuerdo de paz con las Farc ha abierto puertas para la investigación científica, pero también para un impresionante deterioro ambiental. Semana Sostenible pone sobre la mesa un tema fundamental para la sostenibilidad de la paz.
El 24 de noviembre de 2016, Colombia vivió uno de los hechos más esperados durante los últimos 60 años. El Teatro Colón en Bogotá fue el escenario para que las Farc y el gobierno nacional firmaran el anhelado y controvertido acuerdo de paz.
Mientras en las ciudades seguía la disputa entre el ‘sí’ y el ‘no’, la Colombia rural, que había votado por la paz habiendo vivido el conflicto, solo sentía incertidumbre. La polarización de dos países se arraigaba cada día. Quienes habían vivido la guerra en carne propia seguían con esa sensación de olvido que por años los había acompañado, pero ahora, mezclada con angustia por no saber si lo que vendría sería peor. Hoy, un año y medio después, lejos de menguar, esa sensación ha ido en aumento. En el Bajo Caguán, por ejemplo, don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. “Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera,
grandes empresarios que amenazan no solo la montaña, sino la seguridad de todos nosotros”, manifestó.
Y es que la firma del acuerdo de paz ha abierto muchas puertas. Si bien el país celebra el hecho de que en el Hospital Militar no haya heridos o muertos en combate y de que instituciones de investigación como el Instituto Humboldt descubran nuevas especies en lugares antes inaccesibles, no se puede obviar la pregunta ¿qué está pasando en territorios como Tumaco, Guaviare, los Llanos del Yarí, el Catatumbo y algunos Parques Nacionales Naturales?, donde el área sembrada con cultivos ilícitos va en aumento, al igual que la deforestación y la degradación de los bosques, por no hablar de los casi 300 líderes sociales asesinados desde 2016. La famosa frase de Humberto de la Calle: “El acuerdo logrado es el mejor acuerdo posible”, se quedó en el discurso a la luz de la implementación.
Una tragedia anunciada
La pérdida de biodiversidad y bosques, la especulación y acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agropecuaria y el aumento de cultivos de uso ilícito no deberían ser una sorpresa para el gobierno nacional. En países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, donde también se firmaron acuerdos de paz, el gran sacrificado en los periodos de posconflicto fue el medioambiente.
Colombia podía ver el futuro, tuvo la capacidad de predecir lo predecible. El Departamento Nacional de Planeación habló de Dividendos Ambientales de la Paz, sin siquiera haber firmado. Citaron ejemplos en el mundo, un poco acomodados al discurso como las familias guardaparques en Guatemala. Pero se hicieron los ciegos frente a reflejos como el que presentaba la Autoridad de Gestión Ambiental de Ruanda (Rema, por sus nombre en inglés), que afirmaba que de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron 92% en el país africano. El Parque Nacional Akagera, así como los bosques de Gishwasti y Mukura fueron algunas de las áreas parcialmente despejadas y reducidas en tamaño para construir campamentos de refugiados y reasentamiento de los repatriados. Las cifras también indican que los bosques disminuyeron en tamaño en un 64% para satisfacer las necesidades de la creciente población y para los propósitos de reasentamiento.
Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia, entonces, no es
una coincidencia. En 2015, un año antes de la firma del acuerdo de paz,
se deforestaron 124.035 hectáreas, según el Ideam. Un año después, la
cifra había aumentado a 178.597 hectáreas, 44% más que el año anterior.
Pero, 2017 fue devastador: 219.973 hectáreas de bosque fueron arrasadas.
La Amazonía concentra el 65% de la deforestación nacional con 144.000
hectáreas de selva en el piso; 60% del desastre fue causado por
incendios provocados por colonos y campesinos movidos por la
especulación de tierra, dinero y coerción de grupos al margen de ley. En
Parques Nacionales, la cifra llegó a las 12.000 hectáreas destruidas.
Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por ejemplo, el informe refleja que el 46% de la deforestación se concentra en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques Nacionales Naturales.
Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del gobierno nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”, agregó.
De acuerdo a lo que Arenas afirma, la Alta Consejería advirtió que esto podía pasar, pero al parecer no se dimensionó por completo el asunto. Como tampoco, las consecuencias que podía tener el prometer incentivos por sustitución de cultivos de uso ilícito, y todo lo que tiene que ver con restitución y asignación de tierras. “Hay muchos errores de comunicación. Por ejemplo, la formalización y adjudicación de tierras están sujetas a que solo se asignarán a quien no haya deforestado después de 2010. Y lo mismo pasa con los cultivos de coca, los incentivos aplican para quienes sembraron antes de 2016”.
Más allá de las fechas, en cuanto a tierras el tema es mucho más grueso. Son diez millones de hectáreas sujetas a formalización y asignación, y se cree que más del 50% de estas hacen parte de Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De hecho, uno de los decretos que se quedó en el tintero del famoso track fue una modificación que condiciona la adjudicación de tierras en estas áreas de manejo especial. Es decir, el propietario no podrá desarrollar actividades económicas distintas a las forestales (maderables o no maderables).
Vocación versus uso
Si por el lado de la especulación, usurpación y acaparamiento de tierras el medio ambiente sufre las consecuencias de la paz, representado en deforestación de los bosques, la expansión de la frontera agropecuaria es otra causa de este desastre. La conversión de bosques a potreros y pastizales para ganadería extensiva en zonas que por vocación son forestales, como la Amazonía, es otra amenaza permanente.
Frente a esto, el país sigue esperando la prometida resolución con la delimitación del cierre de la frontera agropecuaria. Un documento en el que trabajaron durante diez meses los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
“Es muy importante que el ganadero en potencia que todos llevamos dentro crea en una economía forestal”, afirma César Rey, director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para referirse a una salida a la hora de enfrentar la pérdida de bosques en Colombia. El reto es dejar de pensar en quitar coca y meter vacas. Hay que fortalecer la economía forestal, el Conpes de Crecimiento Verde hace un primer esfuerzo desde lo político.
La otra apuesta es Bosques Territorios de Vida, estrategia nacional contra la deforestación y degradación de los bosques, un esfuerzo por pensarse la selva con gente de una manera sostenible y que debería tener continuidad y desarrollo en las futuras administraciones.
De este modo, mantener los acuerdos de paz es una tarea fundamental del próximo gobierno, pero no puede hacerse de cualquier manera. El medioambiente debe ser un actor fundamental, que se siente a la mesa y esté presente en las grandes decisiones, pues es determinante para el futuro de la nación. Semana Sostenible cuenta las historias de cuatro lugares donde esta tarea es inaplazable.
Fuente: Semana Sostenible
vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_-_La_paradoja_de_la_paz_cuatro_historias_de_destruccion_ambiental_tras_el_acuerdo_con_las_Farc
La firma del acuerdo de paz con las Farc ha abierto puertas para la investigación científica, pero también para un impresionante deterioro ambiental. Semana Sostenible pone sobre la mesa un tema fundamental para la sostenibilidad de la paz.
El 24 de noviembre de 2016, Colombia vivió uno de los hechos más esperados durante los últimos 60 años. El Teatro Colón en Bogotá fue el escenario para que las Farc y el gobierno nacional firmaran el anhelado y controvertido acuerdo de paz.
Mientras en las ciudades seguía la disputa entre el ‘sí’ y el ‘no’, la Colombia rural, que había votado por la paz habiendo vivido el conflicto, solo sentía incertidumbre. La polarización de dos países se arraigaba cada día. Quienes habían vivido la guerra en carne propia seguían con esa sensación de olvido que por años los había acompañado, pero ahora, mezclada con angustia por no saber si lo que vendría sería peor. Hoy, un año y medio después, lejos de menguar, esa sensación ha ido en aumento. En el Bajo Caguán, por ejemplo, don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. “Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera,
Y es que la firma del acuerdo de paz ha abierto muchas puertas. Si bien el país celebra el hecho de que en el Hospital Militar no haya heridos o muertos en combate y de que instituciones de investigación como el Instituto Humboldt descubran nuevas especies en lugares antes inaccesibles, no se puede obviar la pregunta ¿qué está pasando en territorios como Tumaco, Guaviare, los Llanos del Yarí, el Catatumbo y algunos Parques Nacionales Naturales?, donde el área sembrada con cultivos ilícitos va en aumento, al igual que la deforestación y la degradación de los bosques, por no hablar de los casi 300 líderes sociales asesinados desde 2016. La famosa frase de Humberto de la Calle: “El acuerdo logrado es el mejor acuerdo posible”, se quedó en el discurso a la luz de la implementación.
Una tragedia anunciada
La pérdida de biodiversidad y bosques, la especulación y acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agropecuaria y el aumento de cultivos de uso ilícito no deberían ser una sorpresa para el gobierno nacional. En países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, donde también se firmaron acuerdos de paz, el gran sacrificado en los periodos de posconflicto fue el medioambiente.
Colombia podía ver el futuro, tuvo la capacidad de predecir lo predecible. El Departamento Nacional de Planeación habló de Dividendos Ambientales de la Paz, sin siquiera haber firmado. Citaron ejemplos en el mundo, un poco acomodados al discurso como las familias guardaparques en Guatemala. Pero se hicieron los ciegos frente a reflejos como el que presentaba la Autoridad de Gestión Ambiental de Ruanda (Rema, por sus nombre en inglés), que afirmaba que de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron 92% en el país africano. El Parque Nacional Akagera, así como los bosques de Gishwasti y Mukura fueron algunas de las áreas parcialmente despejadas y reducidas en tamaño para construir campamentos de refugiados y reasentamiento de los repatriados. Las cifras también indican que los bosques disminuyeron en tamaño en un 64% para satisfacer las necesidades de la creciente población y para los propósitos de reasentamiento.
Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por ejemplo, el informe refleja que el 46% de la deforestación se concentra en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques Nacionales Naturales.
Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del gobierno nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”, agregó.
De acuerdo a lo que Arenas afirma, la Alta Consejería advirtió que esto podía pasar, pero al parecer no se dimensionó por completo el asunto. Como tampoco, las consecuencias que podía tener el prometer incentivos por sustitución de cultivos de uso ilícito, y todo lo que tiene que ver con restitución y asignación de tierras. “Hay muchos errores de comunicación. Por ejemplo, la formalización y adjudicación de tierras están sujetas a que solo se asignarán a quien no haya deforestado después de 2010. Y lo mismo pasa con los cultivos de coca, los incentivos aplican para quienes sembraron antes de 2016”.
Más allá de las fechas, en cuanto a tierras el tema es mucho más grueso. Son diez millones de hectáreas sujetas a formalización y asignación, y se cree que más del 50% de estas hacen parte de Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De hecho, uno de los decretos que se quedó en el tintero del famoso track fue una modificación que condiciona la adjudicación de tierras en estas áreas de manejo especial. Es decir, el propietario no podrá desarrollar actividades económicas distintas a las forestales (maderables o no maderables).
Si por el lado de la especulación, usurpación y acaparamiento de tierras el medio ambiente sufre las consecuencias de la paz, representado en deforestación de los bosques, la expansión de la frontera agropecuaria es otra causa de este desastre. La conversión de bosques a potreros y pastizales para ganadería extensiva en zonas que por vocación son forestales, como la Amazonía, es otra amenaza permanente.
Frente a esto, el país sigue esperando la prometida resolución con la delimitación del cierre de la frontera agropecuaria. Un documento en el que trabajaron durante diez meses los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
“Es muy importante que el ganadero en potencia que todos llevamos dentro crea en una economía forestal”, afirma César Rey, director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para referirse a una salida a la hora de enfrentar la pérdida de bosques en Colombia. El reto es dejar de pensar en quitar coca y meter vacas. Hay que fortalecer la economía forestal, el Conpes de Crecimiento Verde hace un primer esfuerzo desde lo político.
La otra apuesta es Bosques Territorios de Vida, estrategia nacional contra la deforestación y degradación de los bosques, un esfuerzo por pensarse la selva con gente de una manera sostenible y que debería tener continuidad y desarrollo en las futuras administraciones.
De este modo, mantener los acuerdos de paz es una tarea fundamental del próximo gobierno, pero no puede hacerse de cualquier manera. El medioambiente debe ser un actor fundamental, que se siente a la mesa y esté presente en las grandes decisiones, pues es determinante para el futuro de la nación. Semana Sostenible cuenta las historias de cuatro lugares donde esta tarea es inaplazable.
Fuente: Semana Sostenible
vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_-_La_paradoja_de_la_paz_cuatro_historias_de_destruccion_ambiental_tras_el_acuerdo_con_las_Farc
miércoles, 27 de junio de 2018
Colombia: Del Nobel de la Paz al Nobel de la Guerra al colombiano Santos, la OTAN y los Estados Unidos
De la Paz a la Guerra por Pedro Echeverría V.
Del Nobel de la Paz al Nobel de la Guerra al colombiano Santos, la OTAN y los EEUU
Pedro Echeverría V.
1. Me ilusioné –por lo menos el año de negociaciones- pensando que los acuerdos entre la FARC y el gobierno del Manuel Santos de Colombia serían duraderos. En alguna ocasión critique a Fidel Castro y a Hugo Chávez por su dura crítica a las FARC por ser muy radicales y no realizar una apertura. Las FARC, al fin, escucharon a Fidel y a Chávez y se abrieron a los acuerdos con el presidente Santos. Después de unos cuantos meses, al parecer la situación ha cambiado radicalmente al entrar las FARC a la “legalidad”.
2. Lo primero que me hizo brincar fue la aparición del discurso del expresidente Álvaro Uribe y la demostración de su fuerza repudiando los acuerdos. Su primera e inmediata exigencia es que todos los exguerrilleros de las FARC deberían ser enjuiciados y encarcelados “por los cientos de asesinatos que cometieron”. Para Uribe los miles de asesinados por el gobierno y el ejército colombiano no cuentan porque ellos eran la “legalidad”, por el contrario toda la FARC era delincuencial. Fueron esos argumentos de Uribe los que se impusieron.
3. En ese contexto se dan las elecciones presidenciales entre uno de los personajes más honestos y famosos en América Latina, el socialdemócrata como Gustavo Petro y, por otro lado un personaje totalmente desconocido por ser muy joven (Iván Duque) pero que sería un simple pelele del fascistoide Uribe. En tanto Petro declaró que aceptaba todos los acuerdos de pacificación firmados, Duque, el pelele de Uribe, se dedicó a repetir el mismo discurso de Uribe de desconocer los acuerdos y llevar a la cárcel a los exguerrilleros.
4. Y un tercer gran reto son los acuerdos que hoy se publican en el mundo: Colombia ingresa a la OTAN para transformarse en el país de Latinoamérica con el poder militar más grande con el objetivo de amenazar a Venezuela, Ecuador, Panamá y toda la región en la que Brasil, Argentina y Bolivia, mantienen un importante papel. Colombia sería el único país de América del sur con el total apoyo del ejército siempre asesino de la OTAN al servicio de los EEUU. Por ello del Nobel de la Paz entregado a Santos vale lo mismo que el papel asesino de la OTAN en el mundo.
5. No podía esperarse otra cosa de Santos hacia su maestro Uribe. No olvido que combatimos la candidatura de Santos porque había sido (era) el secretario de defensa o de guerra de presidente Uribe; luego al subir a la Presidencia Santos pareció cambiar y llegar a los tratados de paz con las FARC con mucha honradez; pero ahora, al ingresar a Colombia a la OTAN, vuelve a los brazos de Uribe, a los mismos brazos donde nunca se salió. ¿Y el pueblo colombiano seguirá siendo tan reaccionario y derechista, por ello votó contra Petro y a favor del Duque, pelele de Uribe?
6. Colombia fue siempre un país muy entregado a los grandes poderes yanquis. Mantuvo en su territorio, durante mucho tiempo, bases militares yanquis. No olvido a Álvaro Uribe discutiendo de forma agresiva respaldado por gobiernos proyanquis, contra Hugo Chávez, Correa y otros. Uribe –quien será el titiritero del pelele presidente Duque- ordenará la persecución y los asesinatos de todos los exguerrilleros. Por ello lo único que les pido a mis admirables luchadores sociales que no tengan confianza alguna y se preparen a otra etapa de la lucha por el pueblo de Colombia. (25/VI/18)
http://pedroecheverriav.wordpress.com
domingo, 24 de junio de 2018
Colombia en la OTAN, el caballo de Troya en América Latina Raúl Zibechi
Raúl Zibechi
Prensa Rural
A Colombia le fue entregada la llave para el control geopolítico de la región (con especial hincapié en Venezuela).
El ingreso de Colombia a la OTAN se concretó el pasado 31 de mayo y tiene por objetivo controlar la región. Dese el punto de vista geopolítico es la puerta de ingreso de EEUU en Sudamérica para desestabilizar Venezuela, pero también para disciplinar a los movimientos populares.
Es el único país de América Latina que asume el papel de “socio global” de la Alianza Atlántica lo que lo coloca como aliado privilegiado de los países del Norte junto a Afganistán, Australia, Irak, Japón, República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.
Aunque Colombia no sea miembro pleno de la OTAN, ya que no pertenece a la región del Atlántico Norte, jugará un papel importante en la cooperación militar y en las tareas que le asignen los países más poderosos del mundo.
Desde el punto de vista geográfico, Colombia ocupa un lugar privilegiado al ser el único país sudamericano que tiene costas en el océano Pacífico y en el Caribe. Tiene fronteras porosas con Venezuela, además de lindar con Ecuador y Brasil.
Por eso Colombia juega un papel central en la estrategia de EEUU para la región. Nicholas Spykman (1893-1943), el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX, consideraba que los países caribeños, incluyendo Colombia y Venezuela, formaban una zona de influencia donde “la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada”.
Esta es una de las razones por las cuales los países más ricos del mundo decidieron que Colombia debe ingresar tanto en la OTAN como en la OCDE, y hacerlo de modo simultáneo, otorgando un cheque en blanco a la elite de ese país en la cual parecen confiar plenamente.
La segunda razón es de carácter militar. Según el ranking de la revista Military Power Review, las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un salto en la región sudamericana pasado del quinto al segundo lugar, sólo detrás de Brasil, “impulsada por la importante asistencia militar de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico, con énfasis en la inteligencia, modernización y profesionalización de sus Fuerzas Armadas”.
En paralelo, el presupuesto militar de Colombia es con mucha diferencia el mayor de la región, según el “Balance Militar de América del Sur 2017”, publicado por Nueva Mayoría.
Bogotá dedica el 3,4% del PBI anual a la defensa, frente al 1,3% de Brasil y el 1% de Argentina para 2016. Si se mide el gasto militar en porcentaje del presupuesto de la nación, Colombia dedica nada menos que el 15% frente al 7% de Ecuador y el 6% de Venezuela.
A ese enorme gasto hay que sumar la ayuda en equipos de Estados Unidos. Pero lo que las coloca como las primeras Fuerzas Armadas del continente es su capacidad de operación sobre el terreno. La larga guerra contra las guerrillas, en particular las FARC, les ha proporcionado una amplia experiencia y capacidad de combate en la acción directa, algo que no sucede con las Fuerzas Armadas de los demás países de la región, que no enfrentan serios combates desde hace por lo menos tres décadas (la guerra de las Malvinas en 1982 enfrentó a Argentina con Gran Bretaña, con una estrepitosa derrota de la primera).
La tercera cuestión que explica la opción del Norte por Colombia se relaciona con su larga experiencia en el control de los movimientos populares. El país ha sido un laboratorio de neutralización de la protesta social, que fue acotada por una hábil combinación de represión, infiltración y cooptación. De hecho Colombia es el único país sudamericano donde la vieja oligarquía de la tierra y la cruz sigue dominando desde la independencia, hace ya doscientos años.
Al parecer, el papel asignado es el de exportar el modelo de utilización del narcotráfico para enfrentar a los movimientos populares con el menor costo político y de legitimidad para las Fuerzas Armadas.
El general Oscar Naranjo, actual vicepresidente, fue jefe de Policía de Colombia y asesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto desde 2012 hasta su retorno a Bogotá en 2014.
Naranjo es considerado el “mejor policía del mundo” por haber desarticulado los cárteles de Cali y Medellín, y por haber dirigido en 1993 la operación que terminó con la vida de Pablo Escobar. Sin embargo, ha sido acusado en Colombia de mantener relaciones directas con jefes del narcotráfico, con los que solía mantener relaciones fluidas, según la página de la periodista Carmen Aristegui.
El periodista e investigador Carlos Fazio lo presenta de este modo: “Graduado en montajes mediáticos y otros trucos sucios, Naranjo, hombre de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) y producto de exportación de Washington para el subcontinente, tiene una orden de arresto por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y ha sido incriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wílber Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de Virginia, Estados Unidos”.
Por eso Fazio lo define como “uno de los arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” que se caracteriza por una fachada electoral, que denominan democracia, combinada con la guerra sucia contra los movimientos populares.
La “colombianización” de México tiene como resultado el asesinato de más de 200.000 personas y la desaparición de 40.000 en la llamada guerra contra el narcotráfico que es en realidad una agresión sin precedentes contra los sectores populares organizados, las mujeres pobres y los pueblos originarios.
En síntesis, a Colombia le fue entregada la llave para el control geopolítico de la región (con especial hincapié en Venezuela) y para el disciplinamiento de la disidencia social. En algún momento los estrategas del Pentágono comprendieron que no debe repetirse la historia reciente, cuando la acción popular derribó una decena de gobiernos aliados de Washington en las décadas de 1990 y 2000, abriendo grietas por las que llegaron al gobierno fuerzas políticas contrarias a los Estados Unidos.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23207
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=243244
Prensa Rural
A Colombia le fue entregada la llave para el control geopolítico de la región (con especial hincapié en Venezuela).
El ingreso de Colombia a la OTAN se concretó el pasado 31 de mayo y tiene por objetivo controlar la región. Dese el punto de vista geopolítico es la puerta de ingreso de EEUU en Sudamérica para desestabilizar Venezuela, pero también para disciplinar a los movimientos populares.
Es el único país de América Latina que asume el papel de “socio global” de la Alianza Atlántica lo que lo coloca como aliado privilegiado de los países del Norte junto a Afganistán, Australia, Irak, Japón, República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.
Aunque Colombia no sea miembro pleno de la OTAN, ya que no pertenece a la región del Atlántico Norte, jugará un papel importante en la cooperación militar y en las tareas que le asignen los países más poderosos del mundo.
Desde el punto de vista geográfico, Colombia ocupa un lugar privilegiado al ser el único país sudamericano que tiene costas en el océano Pacífico y en el Caribe. Tiene fronteras porosas con Venezuela, además de lindar con Ecuador y Brasil.
Por eso Colombia juega un papel central en la estrategia de EEUU para la región. Nicholas Spykman (1893-1943), el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX, consideraba que los países caribeños, incluyendo Colombia y Venezuela, formaban una zona de influencia donde “la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada”.
Esta es una de las razones por las cuales los países más ricos del mundo decidieron que Colombia debe ingresar tanto en la OTAN como en la OCDE, y hacerlo de modo simultáneo, otorgando un cheque en blanco a la elite de ese país en la cual parecen confiar plenamente.
La segunda razón es de carácter militar. Según el ranking de la revista Military Power Review, las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un salto en la región sudamericana pasado del quinto al segundo lugar, sólo detrás de Brasil, “impulsada por la importante asistencia militar de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico, con énfasis en la inteligencia, modernización y profesionalización de sus Fuerzas Armadas”.
En paralelo, el presupuesto militar de Colombia es con mucha diferencia el mayor de la región, según el “Balance Militar de América del Sur 2017”, publicado por Nueva Mayoría.
Bogotá dedica el 3,4% del PBI anual a la defensa, frente al 1,3% de Brasil y el 1% de Argentina para 2016. Si se mide el gasto militar en porcentaje del presupuesto de la nación, Colombia dedica nada menos que el 15% frente al 7% de Ecuador y el 6% de Venezuela.
A ese enorme gasto hay que sumar la ayuda en equipos de Estados Unidos. Pero lo que las coloca como las primeras Fuerzas Armadas del continente es su capacidad de operación sobre el terreno. La larga guerra contra las guerrillas, en particular las FARC, les ha proporcionado una amplia experiencia y capacidad de combate en la acción directa, algo que no sucede con las Fuerzas Armadas de los demás países de la región, que no enfrentan serios combates desde hace por lo menos tres décadas (la guerra de las Malvinas en 1982 enfrentó a Argentina con Gran Bretaña, con una estrepitosa derrota de la primera).
La tercera cuestión que explica la opción del Norte por Colombia se relaciona con su larga experiencia en el control de los movimientos populares. El país ha sido un laboratorio de neutralización de la protesta social, que fue acotada por una hábil combinación de represión, infiltración y cooptación. De hecho Colombia es el único país sudamericano donde la vieja oligarquía de la tierra y la cruz sigue dominando desde la independencia, hace ya doscientos años.
Al parecer, el papel asignado es el de exportar el modelo de utilización del narcotráfico para enfrentar a los movimientos populares con el menor costo político y de legitimidad para las Fuerzas Armadas.
El general Oscar Naranjo, actual vicepresidente, fue jefe de Policía de Colombia y asesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto desde 2012 hasta su retorno a Bogotá en 2014.
Naranjo es considerado el “mejor policía del mundo” por haber desarticulado los cárteles de Cali y Medellín, y por haber dirigido en 1993 la operación que terminó con la vida de Pablo Escobar. Sin embargo, ha sido acusado en Colombia de mantener relaciones directas con jefes del narcotráfico, con los que solía mantener relaciones fluidas, según la página de la periodista Carmen Aristegui.
El periodista e investigador Carlos Fazio lo presenta de este modo: “Graduado en montajes mediáticos y otros trucos sucios, Naranjo, hombre de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) y producto de exportación de Washington para el subcontinente, tiene una orden de arresto por asesinato, girada por un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y ha sido incriminado por sus nexos con el ex capo del Norte del Valle, Wílber Varela, en el juicio que se ventila actualmente en la corte del distrito Este de Virginia, Estados Unidos”.
Por eso Fazio lo define como “uno de los arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” que se caracteriza por una fachada electoral, que denominan democracia, combinada con la guerra sucia contra los movimientos populares.
La “colombianización” de México tiene como resultado el asesinato de más de 200.000 personas y la desaparición de 40.000 en la llamada guerra contra el narcotráfico que es en realidad una agresión sin precedentes contra los sectores populares organizados, las mujeres pobres y los pueblos originarios.
En síntesis, a Colombia le fue entregada la llave para el control geopolítico de la región (con especial hincapié en Venezuela) y para el disciplinamiento de la disidencia social. En algún momento los estrategas del Pentágono comprendieron que no debe repetirse la historia reciente, cuando la acción popular derribó una decena de gobiernos aliados de Washington en las décadas de 1990 y 2000, abriendo grietas por las que llegaron al gobierno fuerzas políticas contrarias a los Estados Unidos.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23207
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=243244
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