Paraguay: Allanan organización popular de mujeres trabajadoras rurales e indígenas en Paraguay.....Resumen Latinoamericano

En un claro episodio de criminalización de las organizaciones populares, coincidiendo con el quinto aniversario de la masacre de Curuguaty, agentes del Ministerio Público allanaron el local de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) debido a una denuncia que realizó la Binacional Itaipú en torno a un desembolso de unos 900 millones de guaraníes. La dirigente Perla Álvarez dice estar tranquila y asegura que no se cometió ninguna irregularidad.

El fiscal René González de la Unidad de Delitos Económicos se incautó de documentos de la fundación Iala Guaraní, que administra el Instituto Agroecológico Latinoamericano y que funciona en el mismo predio que Conamuri.


La comitiva argumentó que el procedimiento responde a una denuncia que presentó Itaipú Binacional sobre un proyecto del 2011 destinado a cursos agroecológicos por un monto de G. 1.900 millones, de los cuales se llegó a desembolsar poco más de G. 900 millones.

Según Álvarez se presentó la rendición de cuentas, pero como Itaipú pidió informes aclaratorios, en estos momentos las partes se encontraban conversando para presentar esos documentos. Es por eso que sorprende el repentino allanamiento.

“Estamos dispuestos a que se abra la investigación porque somos transparentes”, precisó.

Sin bien la dirigente asegura que está tranquila porque sostiene que no se cometieron irregularidades en uso de esos recursos, dijo estar a la vez asombrada por el procedimiento, justo el día del quinto aniversario de la masacre de Curuguaty y atendiendo a que Conamuri apoya la causa que busca la libertad de los 11 campesinos condenados.

Precisamente este jueves, Resumen Latinoamericano publicó un comunicado de Conamuri en el que recuerda la masacre de Curuguaty, en el que la policía asesinó a varios campesinos, y luego ese hecho fue utilizado como excusa para derrocar al ex presidente Fernando Lugo.

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vía:
https://desinformemonos.org/allanan-organizacion-popular-mujeres-trabajadoras-rurales-e-indigenas-paraguay/

Paraguay: Los dueños de la tierra..OXFAM

"Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay" pretende brindar un panorama sobre la situación de tenencia de la tierra en el país, describir las principales relaciones de poder sobre la misma y mostrar en la medida de lo posible en manos de quién o quiénes está la tierra.

Busca además profundizar en el análisis sobre la necesidad de políticas públicas que democraticen el acceso a este recurso esencial para el desarrollo.

El estudio demuestra cómo existe un círculo vicioso perverso, por el cual las élites económicas que concentran la tierra y la riqueza ejercen una influencia sobre el funcionamiento del Estado, que les permite definir las reglas del juego y seguir acumulando cada vez más tierra, más riqueza y mayor poder político.
Esta investigación sirvió como insumo al último informe regional de Oxfam "Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina" (ver aquí)
- Para descargar el libro (PDF), haga clic en el enlace a continuación:
 YVY JARA. Informe Oxfam en Paraguay (10,72 MB)




 
Fuente: OXFAM

vía:

 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Paraguay_Los_duenos_de_la_tierra

 

Paraguay: la lucha de los campesinos de Guahory

La agudización de los conflictos surgidos en la colonia Guahory ha vuelto a poner sobre la mesa el histórico problema de la tenencia y utilización de la tierra en Paraguay.

Decenas de familias de escasos recursos estaban asentadas en el sitio desde hace mucho tiempo, pero productores brasileños de soja exigieron su desalojo.

Los campesinos critican al Gobierno del presidente Horacio Cartes por apoyar a los llamados brasiguayos y recurrir a la violencia ante cualquier lucha por la tierra por parte de los campesinos, que reclaman una reforma agraria.

En esta nueva edición de 'Enfoque' debatimos sobre las condiciones de desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay y sus consecuencias para un amplio sector de la población, al tiempo que analizamos la respuesta del Gobierno de Cartes a las demandas campesinas.

Invitados:

Miguel Aguinaga, historiador y experto en América Latina
Pablo Lugo, director de Radio Espy FM
Sonia Alda, historiadora y experta en América Latina
Eduardo Castillo, sociólogo y director de la consultora “Strategos”.

Paraguay: La tierra para los delincuentes ambientales....Raúl Zibechi

La destitución fulminante del presidente Fernando Lugo, en 2012, representó un paso atrás para los campesinos y lubricó un avance exponencial de los negocios de la soja y la carne. Ese avance profundiza la desigualdad y se produce con los métodos mafiosos que caracterizan al narcotráfico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.


“¿Porqué para desalojar a 50 familias campesinas envían 400 policías?”, le preguntan a la socióloga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace más de dos décadas.

“Porque si son pocos, no les tienen miedo y no pueden desalojarlos”, responde. “Por eso emplean niveles inéditos de violencia y en casi todos los desalojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos, y les roban sus pertenencias”.

Un buen ejemplo es el desalojo de la colonia San Juan (departamento de Canindeyú), el 17 de agosto pasado cuando más de 200 policías desalojaron doce lotes dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas cuando, según un comunicado del instituto BASE-IS (BASE-Investigaciones Sociales), la comitiva fiscal-policial “derribó las casas de las familias, trabajo que realizaron policías y peones de los productores de soja”.

El caso es grave, porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a través de la ley 620, que permitió a familias campesinas beneficiarias de políticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hectáreas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayoría brasileños. El desalojo de las familias que permanecían en la colonia se produjo por una denuncia de un sojero que aseguró que los campesinos “invadían su propiedad”. Pero el operativo no contaba con orden judicial de desalojo o desahucio, sino órdenes de aprehensión sobre algunas personas.

La policía de elite se quedó varios días en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, señala un informe de BASE-IS, un grupo de policías y sojeros llegaron al asentamiento “con la intención de fumigar con secantes químicos los cultivos de las familias”. Ante la oposición encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. “El corazón del conflicto es el acaparamiento irregular de tierras estatales reservas para la reforma agraria por productores sojeros”[2].

Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking de países productores de soja transgénica en el mundo, por delante de Canadá y detrás de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Todos países con una superficie mucho mayor que la del país guaraní. Las nueve millones de toneladas de soja se cosechan en tres millones y medio de hectáreas que se han sido robadas (literalmente) a campesinos, indígenas y a un Estado aliado de los sojeros.

La soja se come todo

Lo más curioso e indignante, es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. O sea, con colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios mínimos. En las zonas de expansión sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasileños alegan tener títulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupción de funcionarios estatales del INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) y la Dirección de Catastro.

Varios trabajos del instituto BASE-IS documentan el avance del agronegocio en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros años del gobierno de Horacio Cartes. En los ocho años que van de 2004 a junio de 2012 (destitución de Fernando Lugo por un golpe parlamentario), se había liberado legalmente un solo evento transgénico. Sin embargo, desde ese año se liberaron 19 eventos más, de modo legal o ilegal, según la abogada Silvia González.

No hay datos oficiales. “Para acceder a información sobre la liberación de eventos transgénicos”, escribe la abogada, “nos hemos visto en la necesidad de recurrir a información de organismos del exterior, ya que la página oficial de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO) desde hace meses tiene “problemas técnicos”[3].

En segundo lugar, se constata una fuerte concentración de las empresas oligopólicas que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora fusionada con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasileñas controlan las exportaciones de carne y tres estadounidenses las de soja. En un país donde el presidente e, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.

Sólo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones. Las consecuencias son catastróficas para el medio ambiente y los campesinos. Según la Asociación Guyra Paraguay cada año se deforestan 260 mil hectáreas, por lo que en poco más de una década “la deforestación rampante promete eliminar los bosques de la faz del Paraguay”. Cada día se destruyen dos mil hectáreas de bosque.

El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Economía Política, concluye luego de analizar los datos oficiales que los grandes productores evadieron nada menor que el 87 por ciento del Impuesto a la Renta Agropecuaria. El sector apenas aportó 110 millones de dólares lo que suficiente para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres días. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de dólares de los cuales sólo aportaron por impuesto a la renta 14 millones, el 0,5 por ciento[4].

Destrucción y resistencias

Hasta la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, la mitad de la población del país era rural. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, auspiciaban que población rural del país debía situarse en torno al 12 por ciento. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos debían ser desplazados hacia las ciudades.

Las cosas marcharon según lo previsto. En 1991 había casi un millón de trabajadores rurales (946 mil), cifra que se redujo a 238.400 en 2008, según el trabajo del sociólogo Ramón Fogel del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios[5]. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a razón de nueve kilos de veneno per cápita cada año. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creció un 31 por ciento, pero los agrotóxicos importados lo hicieron un 4 2 por ciento y el fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento[6].

La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hectáreas, mientras que “la agricultura campesina, con un promedio de tres hectáreas de cultivo de producto agrícolas, ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente”, señala el informe “Con la soja al cuello”[7]. Un conjunto de factores, crecimiento de la superficie de cultivos transgénicos, fumigación masiva con venenos y caída de los precios de la agricultura familiar, explican buena parte del éxodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistemática de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.

En departamentos sojeros como Canindeyú, seis de cada diez propietarios de más de mil hectáreas son brasileños. Según Fogel son grandes empresarios con que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como “un capitalismo de mafia que incorpora en sus prácticas el soborno y elementos ligados a la coerción física”[8].

En dos años hubo 43 casos de comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja; 26 están relacionadas a conflictos de tierras, y a su vez en 16 de ellas el Estado intervino y terminó destruyendo las viviendas campesinas, vulnerando sus derechos elementales. En total, seis de cada diez casos están relacionados a la lucha por la tierra y cuatro a la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.

En los dos años relevados por BASE-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, dieciséis casos en que se quemaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron bienes de las familias campesinas, hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Como señalan Areco y Palau, la criminalización es “una estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos”[9].

Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay en el que releva los 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales, concluye que “fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política”, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos “para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración sistemática y generalizada de métodos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial”[10].

Delincuentes ambientales

El abogado Juan Martens sostiene en el prólogo del informe “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” que el paraguayo es un “Estado débil (no ausente), útil y funcional a poderes fácticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protección de sus negocios”[11].

Destaca la existencia de una “selectividad punitiva” por parte del Ministerio Público, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistemática tanto el poder judicial con el Ministerio Público se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos, sostiene Martens, que emitieron penas de hasta 30 años de cárcel por “invasión de inmueble”, la clásica ocupación de fincas que realizan los campesinos desde hace décadas. De este modo se busca “disciplinar y atemorizar cada vez más con sentencias y castigos aleccionadores”.

A ese tipo de empresarios los denomina “delincuentes ambientales” e incluye a los cultivadores de soja que contravienen la legislación ambiental, a traficantes de rollos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por “la cooptación de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias”, sobre todo en los departamentos de “mayor incidencia de la soja, la agro ganadería y el narcotráfico”[12].

Un buen ejemplo de la impunidad y la subordinación del Estado a los empresarios, se relaciona con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Información de Recursos de la Tierra (SIRT). El objetivo formal es informatizar el registro agrario de las 1.18 colonias que tiene e Estado, pero en realidad la investigadora Inés Franceschelli de BASE-IS, afirma que es el modo de “pasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares”, pues se reconoce automáticamente las tierras registradas, sean legales o no[13].

En apoyo de su tesis cita el gerente del SIRT, Hugo Giménez: “Los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que die el Estatuto. Es injusto, Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda” (ABC Color, 9 de enero de 2015).

En la lucha por la tierra no hay ninguna organización nacional que se destaque, siendo protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las pocas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

Pese a los elevados grados de violencia la resistencia campesina sigue en pie. Teodolina Villalba, dirigente de la FNC, asegura: “Mucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y también algunos ya abandonaron sus tierras”. Con una enorme sonrisa, suelta en guaraní “omuñama chupekuera lomitá” (los echaron los compañeros).

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas. www.cipamericas.org

NOTAS:

[1] Este trabajo se basa en cuatro investigaciones del instituto BASE-IS.

Jorge González, “El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras campesinas e indígenas a cumplir tres años” (2016); Marielle Palau (coord.) “Con la soja al cuello” (2016); Abel Areco y Marielle Palau, “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” (2016) e Inés Franceschelli, “Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo”, (2016).

[2] Jorge González, “El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras”.

[3] Marielle Palau, “Con la soja al cuello”, p. 19.

[4] Idem, p. 25.

[5] Idem, p. 47.

[6] Idem, p. 42.

[7] Idem, p. 15.

[8] Idem, p. 47.

[9] Abel Areco y Marielle Palau, “Judicialización y violencia contra la lucha campesina”, p. 19.

[10] Idem, p. 22.

[11] Idem, p. 11.

[12] Idem.

[13] “El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras”.

Fuente: Programa de las Américas

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Paraguay_La_tierra_para_los_delincuentes_ambientales

Paraguay - Guahory: Policías armados hasta los dientes contra mujeres con niños en brazo..... CLOC - Vía Campesina Paraguay

"Nos indigna tanta impunidad de un Estado fallido donde los intereses custodiados no son los de sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, sino los de las corporaciones transnacionales que se enriquecen a costa de los empobrecidos" pronuncia Conamuri.


Ante la información llegada desde la comunidad Guahory, donde en la mañana de hoy, sábado 8 de octubre, efectivos de la Policía Nacional, del Grupo Especializado de Operaciones (GEO) y cascos azules, en complicidad con empresarios de origen brasileño, atropellaron a un grupo de mujeres que seguía resistiendo en el territorio que les fue despojado el 15 de septiembre pasado; la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri se pronuncia de la siguiente manera:



Si es inconcebible el hecho de que las fuerzas represivas del Estado se levanten y actúen contra el pueblo que deben proteger, lo es todavía más cuando sus blancos son mujeres y niños, como se dio esta mañana en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.



Nos indignan los múltiples atropellos y saqueos de que están siendo víctimas las comunidades campesinas e indígenas, en un acelerado proceso de exterminio de estas poblaciones al ser despojadas de su forma de vida, sus territorios y su propia identidad.



Nos indigna tanta impunidad de un Estado fallido donde los intereses custodiados no son los de sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, sino los de las corporaciones transnacionales que se enriquecen a costa de los empobrecidos.



Nos indigna la certeza de que no tenemos a quién recurrir en estos casos: llamar a las instituciones públicas para que se pronuncien y actúen hoy, como nunca antes, no sirve de nada.



Mientras desde los discursos oficiales, el marketing y los medios empresariales de comunicación se festeja a la “gloriosa mujer paraguaya”, esto es lo que el Nuevo Rumbo tiene para ellas: balas y palos por defender el pan de sus hijos e hijas.



Repudiamos el gobierno de Horacio Cartes que consiente estos abusos por parte de empresarios de origen extranjero que se reparten a su gusto las mejores tierras de la agricultura campesina para plantar soja y dejar solo desolación y muerte a su paso, en territorios donde poco antes hubo vida y felicidad.



Celebramos la resistencia de la comunidad Guahory que no se rinde. Aplaudimos a sus valientes mujeres que no dudaron en ponerse frente a los represores y sus maquinarias para preservar lo que les pertenece como auténticos sujetos de la Reforma Agraria.



¡Ni un paso más! ¡La tierra es nuestra!

Fuente: CLOC - Vía Campesina Paraguay


vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Paraguay_-_Guahory_Policias_armados_hasta_los_dientes_contra_mujeres_con_ninos_en_brazo

Paraguay: Varios obispos progresistas se unen a los movimientos sociales para denunciar la falta de justicia en fallo de Curuguaty....por Cristiano Morsolin

Cristiano Morsolin
Rebelión

Once personas fueron condenadas el lunes a penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, matanza que además causó la destitución en un juicio parlamentario del Presidente Fernando Lugo, actual senador del Frente Guasu y ex obispo de la Diócesis de San Pedro, inspirado en la teología de la liberación.

El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.

Los once labriegos condenados fueron juzgados en relación a la muerte de los seis policías, mientras que la Fiscalía nunca investigó el fallecimiento de los once campesinos que perdieron la vida.

El editorial del diario “Última Hora” del día martes 12 DE JULIO titula: “Curuguaty: dura sentencia tras una cuestionada investigación” y denuncia que "al no haber podido garantizar una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente, la Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: Se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias."(1).

Los detalles de un proceso injusto

Ricardo Canese (2), parlamentar paraguayo del Mercosur, ha explicado al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán) los detalles de un proceso que se está demostrando tan arbitrario e injusto.

“El juicio oral de Curuguaty se refiere al enfrentamiento entre policías y campesinos ocurrido el 15 de junio del 2012 que desembocó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías, y que fuera el argumento principal del juicio político que destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo.

Actualmente el juicio atraviesa su etapa final y desde su inicio ha estado plagado de graves irregularidades y de violaciones de una treintena de derechos. Desde la introducción de pruebas desconocidas por la defensa y el ocultamiento de otras, llamativas contradicciones por parte de los testigos y de la Fiscalía acusadora hasta su alegato final.

Los campesinos querellados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina y Rubén Villalba. Sobre este último, por su trayectoria de militancia en la lucha por la tierra, recaen con mayor saña todas las medidas arbitrarias y la mayor condena de la historia del país, exigida por los fiscales acusadores Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Juan Leonardi Guerrero.

Los campesinos han sido acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Sin ninguna prueba que sostenga legalmente su acusación, la Fiscalía ha pedido de 8 a 40 años de cárcel.

La masacre ocurrió en las tierras públicas conocidas como “Marina Kue”, usurpadas hasta hoy por la empresa Campos Morombí de la familia Riquelme, cuyo principal propietario, Blas N, fue presidente del Partido colorado y parte de los primeros anillos del stronismo, además de haber sido declarado por la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe Final del 2008, como usurpador de tierras malhabidas. Marina Kue fue destinada por decreto presidencial como “objeto de la reforma agraria” en el año 2004. Los Riquelme hasta hoy no poseen ningún título de dichas tierras.

La propia Fiscalía en su alegato final reconoció que estas tierras son públicas.

Los campesinos estaban organizados en una Comisión vecinal denominada “Naranja Ty”, reconocida por el propio Estado a través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (INDERT) desde hace 12 años.

En el momento de la ocupación se encontraban en litigio denunciando a Campos Morombí por usurpación de tierras públicas designadas a la Reforma Agraria.

La Fiscalía ha pedido la máxima pena de la historia nacional sin haber establecido de forma concreta y específica quién ni cómo disparó ni uno solo de los 12 acusados.

Se ocultaron casquillos de balas, el video del helicóptero policial y del Ministerio del Interior, no se realizó autopsias a los muertos, el Tribunal negó la necropsia y la Fiscalía declaró que se "perdieron radiografías", en medio de declaraciones contradictorias de los propios forenses.

El fiscal que inició la acusación, Jalil Rachid, amigo personal de la familia Riquelme, y hoy Viceministro de Seguridad de Cartes, afirma que no se puede probar quién disparó a los policías.

La acusación sostiene que los 50 campesinos -hombres, mujeres, ancianos y niños- “emboscaron” a 324 efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), Antimotines y Montada, sin poder explicar semejante operación para llevar a cabo una simple orden de allanamiento, ni siquiera de desalojo.

Además, el organismo estatal reconoció que la policía sobrevoló la zona ubicando a los ocupantes horas antes. Además, la fiscala Alcaraz reiteró en su argumentación final que días antes del enfrentamiento, el principal acusado, Rubén Villalba, había trasmitido al comandante policial durante una conversación telefónica, que resistirían en “Marina Kue” hasta las últimas consecuencias.

En su alegato final, los fiscales emitieron una grave afirmación: los campesinos asesinados murieron a causa de disparos “de armas de uso reglamentario policial”. Sin embargo, ni una sola muerte campesina ha sido investigada. Es más, de manera fabulosa e incoherente, el Ministerio Público ha sostenido hasta el final que los 324 policías fueron sin armas.

El 15 de junio, el Senado Boliviano emitió una declaración exhortando a las autoridades nacionales a la realización de un juicio justo y el respeto al debido proceso de las once campesinas y campesinos de Curuguaty detenidos y enjuiciados arbitrariamente.

Una campaña a nivel mundial en la que se han incluido numerosas personalidades nacionales e internacionales (como el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel) y cientos de personas del sector civil, reclama la absolución de los acusados, el esclarecimiento del caso y el castigo a los verdaderos culpables del asesinato de los 11 campesinos y 6 policías”, concluye Ricardo Canese.

Hay que recordar lo que se dijo en la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Marina Cue - Masacre de Curuguaty:

Del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Paraguay del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Página 21:

102.120 Velar por que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente, en particular en casos como los acontecimientos ocurridos en Marina Cué en Curuguaty en junio de 2012, a fin de esclarecer las denuncias y enjuiciar a los autores (Alemania);

Página 26:

104. El Paraguay examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en junio de 2016:

104.1 Establecer una comisión independiente para investigar todas las denuncias verosímiles de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de aplicación de la ley adoptadas en 2012 en Marina Cué (3).

Obispo Medina acusa que masacre de Curuguaty fue un montaje

El obispo de San Juan Bautista, Misiones, Mons. Mario Melanio Medina, responsabilizó el pasado 22 de junio de 2016 de la masacre de Curuguaty al vicepresidente Federico Franco, a una parte del Parlamento y a Blas N. Riquelme. Aseguró que aquella tragedia, ocurrida el 15 de junio del 2012 en que murieron 11 campesinos y 6 policías en un confuso tiroteo, fue un “montaje”, detrás del cual estaba el segundo de Fernando Lugo que quería ser presidente.

A su estilo, directo y sin pelos en la lengua, Mons. Medina dijo en el local de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en Asunción, a donde acude todos los martes, que “la Justicia tiene una gran responsabilidad ante la historia en el caso Curuguaty, porque, por una parte, están los que presionan, y por otra, la verdad, y se debe fallar a favor de la verdad”.

Indicó que la masacre de Curuguaty fue hecha a pedido de la empresa Campos Morombí (fundada por Blas N. Riquelme –quien falleció en setiembre de 2012– y su familia heredó de él ahí más de 70.000 hectáreas) en medio de una disputa con los campesinos por un terreno de 2.000 hectáreas donado por la Industrial Paraguaya a la Armada Nacional, y por eso se denominó Marina Cue.

“Por qué se hizo esa matanza”, preguntó y agregó que la tesis de la emboscada a los policías no tiene sustento porque ahí estaban “300 policías armados, de la FOPE, y los campesinos eran solo 60, entre niños y mujeres, que estaban hace rato en ese lugar”.

Sobre el proceso judicial que se les lleva adelante a los labriegos sobrevivientes, indicó que fueron acusados por asociación para delinquir, homicidio en grado de tentativa, según el fiscal Jalil Rachid, e invasión de propiedad. “Todo el mundo sabe que fue un montaje contra el gobierno de Lugo, seguramente por Riquelme, algunos parlamentarios del Poder Legislativo e indudablemente el vicepresidente Federico Franco”, remarcó el religioso.

Cuando le preguntamos si se ratificaba en afirmar que Franco estaba detrás de la conspiración, indicó. “Claro, Franco estaba detrás de eso porque quería ser presidente y lo fue”. Agregó que mataron a campesinos y solamente se investiga la muerte de 6 policías y nadie se acuerda de esos 11 agricultores.

Expresó que ahora que se hicieron todas las declaraciones hay montones de contradicciones: “Los nuevos fiscales ponen homicidio doloso, cambiaron de carátula. Aquí lo que se quiere es condenar a toda costa a los campesinos para sostener las 3 tesis: asociación ilícita, atropello a la propiedad privada y homicidio en grado de tentativa que ahora cambió a doloso. Es una vergüenza para propios y extraños”.

Abogó por la inteligencia de los jueces para no faltar a la verdad: “Fue un crimen contra los campesinos; unos están presos más de cuatro años y otros con prisión domiciliaria y no pueden salir. Pido a los jueces que tengan ética, moral y la responsabilidad para un juicio justo”.

Preguntado quién o quiénes iniciaron la balacera, respondió: “Ellos dijeron los campesinos y la balacera vino de arriba. En estos días estuve en el lugar y vino de arriba y fue lo que mató al policía Erven Lovera y a otros. Eso se sabe porque las balas no son de los campesinos, que tenían rifles y un revólver. Entonces, la balacera vino de arriba (en alusión a un barranco), a tal punto que los policías pedían por radio que pare porque iban a matar a todos”, refirió.

Medina dijo estar seguro de que todas las pruebas fueron escondidas por el fiscal Rachid, pero que hay algunas personas que dijeron la verdad, como uno de los forenses porque luego hasta ellos mismos se contradijeron. “Erven Lovera murió con arma militar y ellos dijeron que los campesinos lo mataron. Los campesinos comenzaron, dijeron, cuando que atrás, adelante y a los costados tenían policías. Más de 300 policías para sesenta personas. Los campesinos fueron emboscados y ejecutados”, resaltó.

“Fue una conspiración del Parlamento, no sé si habrá otros terratenientes, pero lo cierto, el que estuvo allí, fue Riquelme”, concluye Medina en declaración con el diario ABC (4).

Iglesia católica califica de “injusta y aberrante” la condena en el caso Curuguaty

La Pastoral Social y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Amambay y Concepción expresaron que la sentencia representa un antecedente “nefasto y peligroso” ya que a partir de ahora cualquier ciudadano puede ser enviado a la cárcel sin ningún tipo de prueba en su contra (5).

Muchos Religiosos y religiosas de la CONFERPAR llegaron hasta la vigilia frente al Palacio de Justicia, el día lunes 11 de julio, ocasión en que leyeron un comunicado repudiando la sentencia y pidiendo la ‪nulidad Ya‬. Además se ofició una misa a cargo del jesuita Pa'i Luna y el obispo del Chaco, Monseñor Lucio Alfert.

Galo Reinaldo Bogarín Alén, coordinador del Centro Antonio Guasch de los jesuitas de Asunción ha comentado al Observatorio SELVAS:

“Hoy 11 de julio es un día de mucho dolor, rabia, indignación, impotencia, desesperanza y de muchos sentimientos más por la condena efectuada por el Tribunal que debía impartir JUSTICIA a los compañeros y compañeras campesinos y campesinas del conocido caso de la “Masacre de Curuguaty”.

Si y es cierto que da mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación, mucha impotencia, mucha desesperanza, y eso nadie lo puede negar. Y es justamente lo que busca este sistema perverso y deshumano. Buscan rompernos por dentro (personal y colectivamente) y así mantenernos inmovilizados, pero no lo lograrán, que se quiten de sus razonamientos perversos y de sus planes inhumanos de que esa situación será así.

Pero, en esta cuestión se han equivocado muy grande. El tiro de gracia que dieron hoy a la justicia paraguaya se volverá contra ellos en acciones transformadoras de esta realidad injusta que vive el Paraguay hoy día. De eso deben estar seguros y hacerse cargo de las consecuencias (los responsables de estos hechos desde hace 4 años atrás hasta ahora) de tener al país en esta situación y no sólo desde el Poder Judicial, sino también de los otros dos poderes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).

Hoy el Tribunal encargado del Caso de la Masacre de Curuguaty ha masacrado de otra manera, han actuado con la sentencia en una “invasión jurídica” sin pruebas, autoritaria e ilegal; se ha notado una “asociación criminal” para condenar desde el Ministerio Público y el Tribunal encargado de impartir justicia y por sobre todo han cometido un “homicidio de carácter doloso” de la justicia paraguaya, y ello no es poca cosa!

Este pueblo ya no cree que el infortunio se enamoró del Paraguay, este pueblo cree y sueña con gobernantes justos, honestos, con don de gente y capacidad de servicio a su pueblo, y está caminando en esa búsqueda, en esa construcción.

Y no lo impedirán los poderes, ni sus leyes, ni sus artimañas. El pueblo se levanta y aún más se levantara y va a caminar en la justicia, con paz y libertad.

Es el momento transformaciones personales y colectivas, de convertir nuestro dolor en una sana alegría, de pasar de la impotencia a la acción, de transformar nuestras rabia en pensamientos que liberen y unan, de generar desde la desesperanza un camino transformador lleno de esperanza de vida y de justicia!

Esto recién comienza y no matarán el sueño que tenemos los paraguayos y paraguayas de vivir en un país diferente, con justicia, paz y libertad.

Vamos que se puede, es la hora, es el momento! Es tiempo de libertad” (6).

Las religiosas y religiosos de CONFERPAR reunidos en Asunción en la Semana Nacional de la Vida Religiosa, el día 13 de julio han difundido un comunicado donde se señala que “Teniendo en cuenta las gravísimas irregularidades del proceso, denunciadas por diversos analistas, expertos juristas, personas notables de diversas organizaciones y medios de comunicación, según los cuales el proceso se ha manifestado parcial desde el inicio y en su desarrollo ha incurrido en ocultamiento de pruebas, intolerables omisiones, manipulación y argumentaciones no científicas; junto a muchos familiares, personas de buena voluntad que buscan la verdad y la justicia, nos sentimos indignados porque notamos con ellos que las autoridades judiciales del caso no han mostrado la necesaria objetividad y no han tenido en cuenta el derecho de los más débiles.

Con profundo dolor junto a toda la comunidad nacional expresamos que esperábamos que prime la racionalidad y la cordura, que no ocurra lo que repitieron nuestros obispos cuando advirtieron en sus dos comunicados del peligro de "condenar a inocentes y absolver a culpables". Sin embargo hemos asistido a la sentencia condenatoria de los 11 campesinos procesados, a pesar de que en base a la información con que cuenta la ciudadanía no existían elementos objetivos que puedan sustentar una condena y menos aun penas tan elevadas que en nada se compadecen del objetivo de las sanciones penales. Queda la terrible sensación de vulneración de los derechos de los policias y campesinos fallecidos, por ausencia de claridad respecto a la forma en que ocurrieron los hechos.

El estado tiene obligación de hacer recta justicia y debe dar a los ciudadanos la certeza de que actúa en estricto derecho; sin embargo esta certeza hoy no existe en la comunidad por lo que invitamos a la ciudadanía a acompañar este proceso de manera activa y pacífica, movilizándose para defender el derecho que todos tenemos a una justicia verdaderamente imparcial.

Instamos a los responsables del Poder Judicial a arbitrar los medios para que en adelante se instaure un procedimiento fiable que sane los vicios de este proceso. Nos preocupa seriamente el que esta sentencia pueda sentar el grave precedente de condenar a ciudadanos paraguayos sin pruebas, lo que consideramos como cristianos un grave pecado contra Dios y contra el hermano” destacan religiosos como P. Alberto Luna SJ, Hna. Maria del Carmen Barrios STJ, P. Néstor Ledesma SdB, P. Javier Francisco Irala SCJ, entre otros.

Comentarios de la sociedad civil

“La condena de once campesinos paraguayos a penas de entre 4 y treinta años de prisión producto de un proceso penal viciado de irregularidades, reconocidas por los propios actores judiciales, marcará “un antes y un después” en la lucha por la tierra en el país sudamericano, dijo a Radio Mundo Real - Diana Rivarola, integrante de Conamuri y de la Articulación Curuguaty, creada en 2012 para acompañar a los campesinos de la región de Marina Cué acusados por lo que se conociera como “Masacre de Curuguaty” (7).

El periodista del ‘Jornal Do Povo’ (Brasil) y autor del libro ‘Curuguaty: carnicería para un golpe’ – Leonardo Wexell dijo que el instructor de la causa fue puesto en el viceministerio de Seguridad para proteger el negocio de los sojeros y las transnacionales.

El comunicador sostuvo que durante los cuatro años que duró su investigación pudo comprobar los inmensos errores del juicio: “Imputaron de forma criminal a inocentes”. (8)

Mercedes Canese, Vice-Ministra de Minas y Energía del Gobierno del Presidente Lugo (2008-2012) ha declarado al Observatorio SELVAS: Hago tres preguntas sobre ‪Curuguaty‬.

¿Miente Eduardo Galeano cuando dice que la justicia es como la serpiente que solamente muerde a los descalzos?

¿Podemos ser indiferentes? Y si lo somos, cuando nos toque una injusticia ya no habrá nadie que nos defienda, como sabiamente expresó Bertolt Brecht?

¿Alguien confía en la justicia de Paraguay? ¿O casualmente, en medio de tanta injusticia, ahora la justicia en un ataque repentino de honestidad, dio un fallo justo?

Nadie honesto en Paraguay, nadie con corazón, nadie que quiere dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, tan siquiera para su propia familia, puede ser indiferente”.

Organizaciones internacionales piden justicia para campesinos

Las organizaciones de Derechos Humanos Oxfam y Aministía Internacional emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que piden justicia para los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty.

"El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos", señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"En Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional", puntualizó por su parte Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.

"Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012.", señala el comunicado de ambas organizaciones.

Conclusión

Este injusto proceso tiene lugar en la misma fecha de aniversario de la visita del Papa Francisco al Paraguay, que dijo el 11 de julio de 2015 en el León Condou: "Para que haya una verdadera cultura en un pueblo, una cultura política y de bien común, debe haber juicios claros, juicios nítidos. Y no, no sirve otro tipo de estratagemas."

La presencia pastoral de obispos comprometidos en la opción preferencial de los pobres como el obispo del Chaco, Mons. Lucio Alfert, y el obispo de San Juan Bautista -Misiones, Mons. Mario Melanio Medina, debe abrir los ojos a toda la Iglesia de Paraguay como lo menciona el Papa Francisco. No se puede seguir tolerando graves errores como lo de la Conferencia Episcopal de Paraguay que ha apoyado el golpe parlamentario en contra del Presidente Lugo.

Hace un año, Magui Balbuena, candidata a la Vicepresidencia de la República para Kuña Pyrenda, miembro y fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay CONAMURI, me había comentado que “Realmente importante como mensaje de Papa Francisco y toque de atención para el Gobierno nacional. Por un lado la presencia del Presidente Cartes entre los movimientos sociales hace que se demuestre al Papa la indignación de nuestro pueblo en su cara. Sencillo pero aleccionador el mensaje del Papa a la sociedad. Desnudando una parte la realidad del país de la gente pobre trabajadora que sufre los golpes del capital.

Me gustó que el Papa dice que la corrupción es la” polilla y la gangrena en la sociedad” que me pareció muy acertada decir ante los representantes del gobierno y las organizaciones sociales, que es uno de los principales males del gobierno” (9).

Magui Balbuena, el día 11 de julio a las 12:50, ha denunciado desde Asunción: “Que los policías están cerrando las bocas. Abran las calles de acceso al Palacio de (in)Justicia. Dictadura nunca más. Libertad a los presos y presas por luchar”.

Concluyendo, recuerdo con emoción mi viaje a Asunción en agosto de 2013 en colaboración con el Europarlamentar Klute Jurgen (Gue-Ngl), recuerdo mi entrevista con el Presidente Lugo después del “golpe parlamentario”, que después ha servido para hacer una denuncia contundente en el Parlamento Europeo sobre narco-política del Presidente Cartes (10).

Como dice Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, “El mundo debe saber que en este momento en Paraguay existen presos políticos, víctimas de un poder judicial corrupto y criminal y de este modelo excluyente e injusto”.

Notas


www.ultimahora.com


www.frenteguasu.org.py


https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/075/52/PDF/G1607552.pdf?OpenElement


http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/obispo-acusa-que-masacre-de-curuguaty-fue-un-montaje-1491912.html


http://nanduti.com.py/2016/07/12/califican-injusta-aberrante-la-condena-caso-curuguaty/


https://www.facebook.com/galo.bogarin?fref=nf


http://radiomundoreal.fm/9186-un-antes-y-un-despues?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


http://nanduti.com.py/2016/07/12/leonardo-wexell-severo-rachid-criminal/


http://www.alainet.org/es/articulo/171062


https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jun/29/fernando-lugo-paraguay-coup-development

Cristiano Morsolin, trabajador social e investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios libros, panelista internacional, analiza la relación entre políticas emancipatorias y movimientos sociales. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán).

Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/

Paraguay: Una lectura política de la sentencia de un juicio que se debe anular.. Pelao Carvallo

Pelao Carvallo
Rebelión

¿Qué logró el dúo Cartes/Rachid?: nada. O, mejor dicho, una profunda derrota: pese a los favores del Tribunal de Sentencia, ha quedado demostrada su incapacidad profesional, moral y política. Profesional porque en el proceso fue quedando claro que no hubo investigación que era la tarea propia de Rachid, tarea que asumió el mismo 15 de junio de 2012. Y Cartes (como se adhirió a ese cadáver por quizás cuáles favores), sale perdiendo por su falta de tino político: tenerle como viceministro es sostener a un derrotado, a un incompetente y a un incapaz. Haber aprobado la “donación” de Marinakue al Estado lo convirtió en un mero “blanqueador” de tierras malhabidas para los Riquelme. Cartes quedó asociado al bando perdedor de este juicio, bando liderado por Rachid y secundado por los jueces y la policía.

Pierde el Ministerio Público: quedó demostrado que frente a un pueblo movilizado, creativo y decidido, acompañado por una defensa sólida, profesional y que, desde lo técnico, irrumpe en lo político, como la que iniciaron Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, simplemente no pueden. No tienen capacidad profesional ni ética ni científica, lo suyo es mero aspaviento, pose y autoritarismo. Los agentes fiscales actuantes en el juicio Curuguaty mostraron el nivel paupérrimo de los supuestos representantes de la sociedad paraguaya. Se vio que no representan más que los intereses propios (salvar sus propias incompetencias) y los de la peor élite paraguaya.

Pierde, pero lejos, el Poder Judicial paraguayo. Teniendo la oportunidad en la sentencia de enmendar todo lo errado de un proceso judicial de más de tres años, lo que hizo el Tribunal de Sentencia fue a enterrarse en el lodo que en este caso crearon los jueces Benítez, Ríos y Goiburú, todos ellos de triste memoria. Pierde, porque no se esperaba otra cosa de ellos y no hay peor maldición que cumplir con hacer el mal que se espera. Se mostraron como secuaces de la fiscalía, sin ideas propias, sin voluntad, solo pensando en defender el guión aprendido.

Pierden también los chicos y chicas procesadas. Porque nunca es bueno que te condenen, menos si eres inocente. Pierde el pueblo porque nos ilusionamos con que un rayo de inteligencia y autonomía le cayera a ese tribunal e hiciera lo correcto: liberar a los chicos y chicas y anular el proceso.

Pero también ganamos: porque logramos torcer la mano a la fiscalía, a través de cuatro años de movilizaciones, demandas, exigencias, de sensibilizar y agitar conciencias, de actuar creativa y ágilmente, juntos y separados como pueblo, en alianza con profesionales de todo tipo, forzamos al tribunal y a la fiscalía a encarar la pregunta ¿Qué pasó en Curuguaty? y, en lo práctico, esta triste fiscalía debió reconocer su derrota anulando dos peticiones de condena por homicidio, rebajando las condenas pedidas a las chicas, centrándose apenas en tratar de mostrar a Luis y Rubén como los más malos del mundo, infundio que no se sostiene con nada.

Ganamos, movilizándonos 4 años, que este Tribunal cruel y sumiso a la fiscalía haya debido rebajar las penas pedidas para todos, incluso para Rubén. Eso no es gratis. Eso es nuestra lucha. Que Dolores, Fani, Lucía, Alcides, Juan Carlos, Adalberto y don Felipe vayan (o mejor dicho sigan en) a casa es su triunfo, como pueblo y es nuestro logro como pueblo. Y la muestra más palpable de que los jueces mienten, los fiscales mienten y que este proceso es nulo.

vìa:https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214443

Paraguay: Denuncian campaña de hostigamiento al campesinado...Resumen Latinoamericano

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri denunciamos que empresarios y corporaciones, en contubernio con funcionarios locales del Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), usufructuando el aparato fiscal-policial, perpetran actos de amedrentamiento y amenazas contra pobladoras y pobladores campesinos que, en consecuencia, viven en permanente estado de zozobra.




Se trata del Asentamiento Ko’ê Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos, Pastoreo -departamento de Caaguazú-, donde 120 familias censadas ocupan desde hace tres años 2.300 has. de tierra pertenecientes al INDERT y destinadas a la Reforma Agraria. Años anteriores otros ciudadanos de origen extranjero ingresaron al territorio para provocar deforestación y otros daños ambientales que solo benefician a sus empresas. Esta vez, son menonitas que cultivan pinos y eucaliptos los que pretenden adueñarse de las tierras de las familias campesinas allí asentadas y que se dedican a la agricultura agroecológica.

El INDERT en forma institucional respalda la tramitación de las familias campesinas en su proceso de constitución de asentamiento, ya que, de hecho, se está actualmente en la etapa de designar a un juez para iniciar los trámites de la mensura judicial. Pero, funcionarios locales de esta institución del Estado son los que permiten que se desenvuelvan situaciones de latente violencia al alquilar las tierras a empresarios del agronegocio. Frecuentemente éstos últimos, acompañados de efectivos policiales y fiscales y bajo tutela de la APER (Agrupación de Protección Ecológica y Rural) van hasta la comunidad para lanzar amenazas de allanamiento y cateo en las viviendas campesinas.

Ya están imputadas alrededor de 40 personas en el último lapso por diferentes acusaciones que, en el marco de la lucha por la tierra, constituyen criminalización de la protesta social: invasión de propiedad ajena, asociación criminal, abigeato. Nada de esto se ha probado. No se puede hablar de invasión cuando la ocupación es pacífica y ha sido adjudicada por el INDERT a las familias campesinas; es inviable hablar de asociación criminal cuando las familias conformaron una Comisión Vecinal Ko’ê Pyahu para presentarse y gestionar ante las instituciones y está plenamente reconocida y habilitada; el abigeato no ha sido probado jamás, por lo que se trata de injurias para provocar la intervención de las autoridades y la aplicación de leyes que castigan la organización social por su contenido ideológico, como la Ley Antiterrorista.

En el asentamiento, las y los pobladores cultivan rubros de autosustento y también para la renta. Viven y quieren seguir viviendo en libertad, y eso es una afrenta para el capitalismo agrario -encarnado por los empresarios menonitas- que no concibe la idea de que una comunidad crezca desde la autogestión y desarrolle su forma de vida y su sistema de producción a través de mecanismos propios y dignos. Rodeados de cultivos extensivos de soja, plantaciones de eucalipto y pino, pastura para la gran ganadería, la comunidad Ko’ê Pyahu sigue los principios de la Agroecología para producir alimentos sanos con los que se surten los mercados de Caaguazú y Alto Paraná.

Responsabilizamos desde Conamuri cualquier hecho de violencia contra esta comunidad de Pastoreo a los empresarios menonitas que disputan estas tierras con argumentos que no tienen asidero alguno; a los corruptos funcionarios locales del INDERT y a los policías y fiscales que se prestan para perpetrar estas acciones que están totalmente fuera de la ley.

Tierra para la Vida
¡Reforma Agraria, urgente y necesaria!

Fuente: Resumen Latinoamericano

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  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Paraguay_Denuncian_campana_de_hostigamiento_al_campesinado

Paraguay: La masacre de Curuguaty y la geopolítica del agronegocio...Por Tamara Lajtman Bereicoa

Cuatro años después, podemos vislumbrar el “éxito” que tuvo en la región el proceso golpista en Paraguay, cuyo catalizador fue la Masacre de Marina Kue.

El juicio del caso Curuguaty se encuentra en su etapa final. El próximo 14 de junio, víspera del cuarto aniversario de la masacre, se iniciarán los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa.

Considerado uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Paraguay, el desalojo de la ocupación de las tierras de Marina Kue (Distrito de Curuguaty, departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay) el 15 de junio de 2012 resultó en la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) y fue detonante del tragicómico simulacro de juicio político que derrocó al presidente Fernando Lugo una semana después.

El conflicto por las tierras de Marina Kueii evidencia la cuestión del despojo de las tierras en Paraguay, país con la peor distribución de tierras a nivel mundial donde el 2% de la población posee el 87% de las tierras. Con el trasfondo histórico de la Guerra Guazú (1870), el problema de las tierras “malhabidas” responde actualmente a la acumulación de capital enmarcada en el agronegocio, particularmente en la expansión de los monocultivos de soja. Familiares de las victimas denuncian la expansión de sojales en la parcela en donde se produjo el enfrentamiento entre agentes de las fuerzas policiales y los campesinos ocupantes. Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, explica que en la misma localidad donde ocurrió la masacre se “están arrendando aproximadamente 1.800 hectáreas a otras compañías que se dedican a la producción de soja transgénica” y que “no respetan ni la tierra donde murieron 17 personas”iii.

En el ámbito nacional, la creación de un ambiente de terror y violencia tuvo el objetivo de frenar a las organizaciones sociales y al Frente Guazú, imposibilitando cualquier proceso gestado desde estas bases para elegir un sucesor de Lugo con mayor base parlamentaria, capaz de respaldar movilizaciones populares y programas sociales más amplios y efectivos. “No obstante, el juicio político express tuvo como rol fundamental la modificación del tablero geopolítico regional que, puesto en marcha en el eslabón más débil de la cadena, vislumbraba crear en Paraguay una fuente de contención de los gobiernos progresistas de la región y fortalecer el boicot contra la UNASUR” . No puede ser visto como mera coincidencia el hecho de que la Embajadora de Estados Unidos en Paraguay en el momento previo a la destitución de Lugo, Liliana Ayalde, actualmente esté ejerciendo sus funciones en Brasiliv.

La versión de los hechos que a lo largo de estos años sostuvieron las instituciones estatales y la prensa conservadora es la de que las fuerzas públicas fueron emboscadas por campesinos en una estrategia previamente articulada de atacar a la policía que llegaba al local con una actitud negociadora y que, por lo tanto, la muerte de los campesinos es resultado de la legítima defensa por parte de la policía. Los reos que están a días de conocer su destino definido a manos de la [in]justicia paraguaya, son los campesinos Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro Benítez, Néstor Castro Benítez, Juan Carlos Tillería, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López, Alcides Ramón Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana. Son acusados por la muerte de los policías, mientras que ningún miembro de las fuerzas policiales ha sido investigado por la muerte de los campesinos. Diversas organizaciones sociales y expertos han denunciado durante estos años los vicios y errores estructurales de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, debido a: el hecho de que los mismos organismos involucrados en el incidente fueron los que llevaron a cabo la investigación; que no fueron investigadas todas las hipótesis posibles; que hubo violación del derecho de defensa de los campesinos; que se contaminó la escena del crimen y se introdujeron pruebas pre constituidasv.

La libertad de los campesinos es indispensable para el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió en Marina Kue a partir de una investigación imparcial y efectiva. Su condena marcará la total complicidad del Estado paraguayo con un “plan sistemático de ejecuciones” articulado entre “terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad”vi. Cuatro años después, podemos vislumbrar el “éxito” que tuvo en la región el proceso golpista en Paraguay, cuyo catalizador fue la Masacre de Marina Kue. Los resultados del juicio de la próxima semana son piezas importantes que marcarán el proceso de la lucha por la tierra y por la democracia en Paraguay y América Latina. Hay que estar atentos.

Notas

i[1] Instituto de Estudios sobre America Latina y el Caribe (IEALC/UBA)

ii[1] Los detalles del conflicto por la propiedad de las tierras y pueden ser apreciados en “Antecedentes judiciales y administrativos del conflicto por Marina kue”, Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción: CODEHUPY, 2012

iii[1] http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104035

iv[1] http://www.vermelho.org.br/noticia/278160-7

v[1] http://quepasoencuruguaty.org/opiniones/por-que-la-acusacion-en-el-caso-marina-kue-no-puede-garantizar-un-juicio-justo/

vi[1] CODEHUPY Informe Chokokue 1989 – 2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino. Asunción: CODEHUPY, 2014, p.7


http://www.rebelion.org/

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Paraguay : Incendio en la cárcel-tumba de Tacumbú donde se hacinan presos políticos y sociales... Hasta ahora se han encontrado cinco muertos...Por Resumen Latinoamericano

Cinco cuerpos calcinados fueron encontrados dentro del penal de Tacumbú, informaron los Bomberos Voluntarios. Hasta el momento se desconoce las identidades de los fallecidos.
Entre los heridos se encuentra Gustavo Lezcano, uno de los seis militantes paraguayos presos que fueron extraditados desde Argentina.
Loa cuerpos estaban en el sótano de la cárcel. Foto: Jhojhanni Vega ÚH.
Suman doce los reclusos heridos tras el incendio en el penal de Tacumbú
Doce reclusos heridos fueron derivados a centros asistenciales tras el incendio registrado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Hasta el momento se confirmó un solo fallecido, Blas Gaona, funcionario del penal.


El incendio se originó durante la madrugada de este viernes. Foto: G. Irala.
En el Hospital del Quemado son atendidos diez internos del penal. Estos son Dionisio Amarilla, Juan Roberto Taboada, Roberto Mora, Héctor Mora, Antonio Benítez, Darío Román, Eduardo Franco, Juan Aníbal Franco, Pastor Centurión y Gustavo Lezcano.
Amarilla fue el primer recluso auxiliado. Tiene quemaduras en el rostro y manos, y se encuentra en Terapia Intensiva. En tanto, se desconoce el estado de los demás pacientes.


En el Hospital de Trauma son asistidos dos reclusos identificados como Teodoro Cuevas y Jacinto Coronel. Los mismos están con lesiones leves por inhalación de humo y reciben control médico, hidratación, suministro de oxígeno y están bajo observación, informó el médico Luis Carlos Báez a ÚH.

El incendio comenzó alrededor de las 5.30 y fue controlado cerca de las 8.00. Los bomberos siguen trabajando en el enfriamiento del lugar, además deben retirar aún los escombros tras el derrumbe de una parte del techo de la zona del siniestro.


Incendio en Tacumbú. | Foto: Gracianiano Ir

De la Gremial de Abogados de Argentina:
Nos llegan dolorosas, conmocionantes, pero no sorprendentes, noticias e imágenes desde el Penal de Tacumbú, en Asunción del Paraguay.
Las condiciones de precariedad, miseria, abandono, total desinterés por la vida y la dignidad humanas, en que se obliga a vivir a miles de presos, no sólo en el Paraguay, cotidianamente nos enfrentan a estas masacres “accidentales” o represivas. El origen de cada una de ellas es variable y, en realidad, irrelevante.
A nadie le importan demasiado y seguimos adelante.
Al centro mismo de la mierda de Tacumbú enviaron el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de la Argentina y el Juez federal Lijo, a seis militantes campesinos perseguidos por razones políticas por la “democracia” stronista del Paraguay. Con el indiscutible argumento de que, torturar, se tortura en todos lados; y las cárceles también son una mierda, tanto allá como aquí.
Justamente, en el taller en donde uno de ellos, Gustavo Lezcano, trabajaba y vivía, se desató esta madrugada, el incendio que dejó un saldo de varios muertos, desaparecidos y heridos. Y que por supuesto, deja como “saldo colateral”, las mentiras, el ocultamiento, el encubrimiento y el desprecio.
Allí está el gobierno paraguayo, “pidiendo” (sic) a los militares que trasladen una parte de los presos a los cuarteles.
Allí está alguna ministra a cargo, minimizando la muerte y el horror.
Las fotografías que acompañan desmienten sus pretensiones de minimizar lo que ha sucedido, particularmente la de que existe una sóla muerte, de un carcelero.
Ninguna novedad.
Tampoco son novedosas las imágenes; ante ellas, nos llamamos, al menos por ahora, a silencio. Las palabras, a esta altura, nos saben también a la misma mierda de los sistemas carcelarios de nuestra América, a la mierda de la impunidad con que el poder se descarga sobre los luchadores populares. A la mierda que, algún día, deberán probar políticos y jueces responsables de tanto dolor y tanta infamia.
Seguimos atentos a nuestros compañeros de las cárceles paraguayas.


Ordenan mudar a presos y piden apoyo de FFAA

El Ministerio de Justicia realizará en el transcurso del día el traslado de presos de la prisión de Tacumbú. Se trata de una medida de urgencia derivada de un incendio de grandes proporciones que comenzó en el pabellón de internos de la tercera edad.Voraz incendio en la prisión de Tacumbú. / Gentileza Ampliar


Walter Jara, director de Comunicaciones del Ministerio de Justicia, comentó que la ministra Carla Bacigalupo dispuso que internos de Tacumbú sean trasladados a cárceles que tienen un menor nivel de hacinamiento. Dijo a los medios en las afueras del penal que la medida obedece al incendio que se inició este viernes y que obligó a las autoridades a montar un gran dispositivo del que participaron bomberos, policías, guardiacárceles y paramédicos.

El funcionario afirmó que el traslado se realizará en el transcurso del día, aunque no precisó cuántos internos serán derivados ni mencionó a qué reclusorios serán trasladados. Por el momento, el vocero de la institución señaló que se confirmó que el siniestro dejó una persona herida que fue derivada a un centro asistencial. Walter Jara manifestó que el fuego se está controlando y confirmó que comenzó cerca del pabellón de presos ancianos.

El entrevistado aprovechó el diálogo con los medios para dar un mensaje a los militares que hasta el momento se oponen a implementar un plan de acoger a presos para descongestionar la prisión de Tacumbú. “Respetamos a las Fuerzas Armadas, pero esperamos que con este accidente que ocurrió nos den una mano, que nos permitan trasladar a presos a los cuarteles”, sostuvo Walter Jara.

En el colmo de la desfachatéz la Ministra Bacigalupo declaró: “Solamente hay un muerto, tranquilícense”

“Solamente un muerto, tranquilícense”, dijo la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, al intentar calmar a los familiares de presos que permanecen apostados frente al penal donde se desató un incendio que dejó un fallecido, un herido y dos desaparecidos.






NOTAS RELACIONADAS

Según el diario derechista de Paraguay “ABC color”: La ministra Carla Bacigalupo acudió hoy hasta el penal de Tacumbú, donde esta mañana se registró un incendio en el que murió el jefe de seguridad del penal identificado como Blas Gaona, un funcionario con 22 años de antigüedad.

Las primeras informaciones indican que Gaona murió por inhalar demasiado humo, ya que entró al incendio para abrir la puerta de una celda con el objetivo de salvar a los internos. “Falleció un gran héroe, una persona comprometida”, dijo la ministra en una primera intervención ante la prensa.

Al ser consultada sobre más datos referentes al siniestro, la ministra perdió la paciencia y dijo: “Yo voy a hablar ahora y después ustedes me van a preguntar”. Posteriormente -ya en presencia de los familiares de internos que aguardaban por noticias en medio de una gran incertidumbre- expresó: “Tranquilícense, solamente un muerto hay”. Luego la realidad desdijo a esta ministra a la que le interesa poco la vida de los detenidos y sí la del funcionario al que considera un “héroe”. Ya van 5 muertos en la lista que hay que cargar al gobierno corrupto y fascistoide de Horacio Cartes.

Llamativa demora en alerta de incendio

El capitán de Bomberos, Rubén Valdez, afirmó que el sistema de alerta recibió la notificación del incendio en Tacumbú alrededor de las 6:15 de este viernes. La Policía, sin embargo, avisó que el siniestro se inició a las 5:30. Hubo una llamativa demora.







Valdez informó esto a radio ABC Cardinal cerca de las 6:45. “La información la recibimos hace 20 ó 25 minutos quizás, a través de la central de emergencias”, había dicho el capitán de los Bomberos Voluntarios.

Un oficial de Policía aseguró que el incendio se registró alrededor de las 5:30 de este viernes, por lo que hubo una brecha de 45 a 50 minutos en la notificación a los Bomberos Voluntarios. Fue durante ese tiempo en el que el jefe de seguridad, Blas Gaona, asistió a los presos para evacuarlos y perdió la vida en el proceso. Los enfermeros lograron asistir a Gaona recién alrededor de las 7:00, según se observó en los medios de comunicación.

La situación cuestiona duramente el sistema de alarma y advertencia de la cárcel más importante del país y deja la duda de si la vida de quienes fallecieron pudo haberse salvado si se avisaba con antelación del incendio.


vìa:http://kaosenlared.net/paraguay-urgente-incendio-en-la-carcel-tumba-de-tacumbu-donde-se-hacinan-presos-politicos-y-sociales-hasta-ahora-se-han-encontrado-cinco-muertos/

Paraguay: Carta de apoyo #NO al desalojo de las familias sin tierras del asentamiento Primero de marzo-joaju

Decimos NO al DESALOJO de las 330 familias campesinas sin tierras, del Distrito de Yvyrarobaná, Departamento de Canindeyú, quienes ya están asentadas en unas 4.499 hectáreas de tierras de origen público, que fueran adjudicadas de manera ilegal en el año 1969 a una empresa mercantil, entidad no sujeta a la Reforma Agraria.

Organización de Lucha por la Tierra
 
Los suscribientes de esta carta, individualidades y organizaciones nacionales e internacionales, nos dirigimos al Señor Horacio Cartes, Presidente de la República del Paraguay, Sr. Francisco de Vargas, Ministro del Interior y Sr. Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, para pedir no al DESALOJO de las 330 familias campesinas sin tierras, del Distrito de Yvyrarobaná, Departamento de Canindeyú, quienes ya están asentadas en unas 4.499 hs. de tierras de origen público, y fuera adjudicado de manera ilegal en el año 1969 a una empresa mercantil, entidad no sujeta a la Reforma Agraria.
Enrique Bendlin, Presidente de Perfecta S.A. era amigo personal del dictador Alfredo Stroessner, y aprovechando esa condición, simularon una permuta, entregando al IBR (Instituto de Bienestar Rural) una avioneta inservible, que posteriormente el IBR tuvo que subastar por menos del precio de 3 millones de guaraníes con que fue tasado. Este acto jurídico, que seguía siendo ilegal, permitió para que la empresa Perfecta S.A se quedara con las tierras e inscribiera en el registro de la propiedad como suya, y para blanquear definitivamente, entre mismos accionistas de la empresa, se realizaron una serie de transferencias para quedarse actualmente a la Ganadera Pindó S.A, cuyos accionistas son miembros de la familia Bendlin.
El acto de permuta señalada, seguía siendo ilegal; pues, violaba abiertamente lo establecido en la Ley 854/63 del Estatuto Agrario, que regía al momento de dicha adjudicación, la misma no autorizaba al IBR a adjudicar tierras de reforma agraria (fiscal) a una empresa mercantil como era Perfecta S.A. y menos a una sociedad anónima, porque dicha ley no reconoce como beneficiarios del Estatuto Agrario, a las sociedades anónimas y mercantiles.
La forma de adjudicación y transferencia posteriores hecha por los Bendlin, costa en los archivos de la Dirección General de los Registros Públicos y en el Exp. Nº 1144/12, que obra en el INDERT impulsados por las familias campesinas del ya Asentamiento 1º de Marzo; lamentablemente hasta el momento, ninguna institución estatal se interesó en revisar y accionar para que el inmueble retorne al patrimonio del Estado y sean destinadas para Reforma Agraria.
El Estado Paraguayo, tiene compromisos internacionales suscritos, para garantizar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de sus habitantes. No puede recurrir al Desalojo o la Represión de un Asentamiento formado, donde habitan y se sustentan más de 300 familias desde el año 2012, sin garantizarle a las mismas, lo pactado ante organismos internacionales en el marco jurídico supranacional.
A las familias campesinas, por derecho natural le corresponden contar con un pedazo de tierra, esto es lo que un Estado serio debe procurar y garantizar, y no utilizar el “Estado de Derecho” para proteger intereses de empresas que han obrado de manera fraudulenta para quedarse con las tierras destinadas para la Reforma Agraria, ni para ofrecer “represión” sin garantizar derechos.
Esperamos que en vez del desalojo, el Ejecutivo acompañe el proyecto de ley de expropiación, que obra en el Parlamento sobre estas tierras, para garantizar los derechos a los pobladores del Asentamiento 1º de Marzo, ya que se trata de una cuestión vital para ellos; no así para una empresa que tiene plenamente garantizados y por mucho tiempo sus derechos fundamentales.
¡No a la impunidad!
¡Si a la justicia!
ENVIOS DE CARTAS A:

• PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: secretariaprivada@presidencia.gov.py y secretariaprivadapcia@gmail.com

Telefax: 59521-414-0212

• MINISTERIO DEL INTERIOR: egonzalez@mdi.gov.py

Telefax: 415 – 2221 y 415 – 2240

• FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: comunicaciones@ministeriopublico.gov.py

Telefax: 59521- 415-6000
CON COPIA AL CORREO: oltparaguay@gmail.com
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Enviada para Combate Racismo Ambiental por Rodrigo de Medeiros Silva.

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http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Paraguay_Carta_de_apoyo_NO_al_desalojo_de_las_familias_sin_tierras_del_asentamiento_Primero_de_marzo-joaju

Paraguay: Hace 43 años asesinaron en Brasil a la paraguaya Soledad Barrett....Por Andrés Colmán Gutiérrez

Por Andrés Colmán Gutiérrez

La nieta del gran Rafael Barrett luchó contra las dictaduras de Paraguay, Uruguay y Brasil. Fue asesinada en Recife, el 8 de enero de 1973. El cabo Anselmo, un infiltrado por el régimen militar en las filas revolucionarias, la entregó.

Soledad Barrett y su compañera Pauline Reichstul vendían ropas en la boutique “Chica Boa”, cuando cinco hombres ingresaron con violencia y se las llevaron a punta de pistolas. Fue la última vez que Sonja María Cavalcanti, la dueña de la tienda, las vio con vida.

Era un caluroso 8 de enero de 1973, en el barrio Boa Viagem de Recife, estado de Pernambuco. La dictadura militar brasileña devoraba vidas humanas y sueños de libertad. Los secuestradores, que vestían de civil, eran agentes del DOPS (Delegacía de Ordem Política e Social), la Policía dictatorial.
Soledad quedó paralizada al reconocer a uno de ellos. “¡Você…! ¿Por qué…?”, reclamó mientras la llevaban a rastras, sin fuerzas para luchar, según relata Sonja María.
“Era él…”, admitió la dueña de la boutique ante la Justicia Brasileña, 24 años después, al reconocer la foto de “Daniel”, (José Antonio dos Santos, “el cabo Anselmo”), quien en ese momento era amante de Soledad y padre del hijo que ella esperaba, embarazada de 4 meses.
Mucho después se sabría que “Daniel” era en realidad un doble agente de la dictadura brasileña, infiltrado en las filas de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), el movimiento guerrillero del legendario capitán Carlos Lamarca, del cual la paraguaya Soledad formaba parte.

Una larga marcha contra las injusticias. Soledad Barrett Viedma nació el 6 de enero de 1945 en Paraguay. Su padre fue Alejandro Rafael Barrett López, único hijo del gran escritor y líder anarquista español Rafael Barrett, quien llegó al país en 1904 y marcó a fuego las luchas sociales de toda una época, autor de importantes escritos de denuncia periodística como “Lo que son los yerbales”, en los que reveló la esclavitud a la que eran sometidos los trabajadores conocidos como los “mensú”.

“El nombre de Soledad reflejaba la ausencia de nuestro padre, perseguido por sus ideas políticas al igual que nuestro abuelo”, relató su hermana Nanny Barrett.

Cuando Soledad tenía solo 3 meses, su familia tuvo que huir a la Argentina, donde pasaron cinco años de exilio.

“Volvimos al Paraguay. Soledad, con su manera de ser tan dulce, despertaba adoración. Tenía una forma de hablar pausada. Era una criatura hermosa, de cabellos dorados y piel blanca”, la describe Nanny.

Incapaz de huir de los genes revolucionarios de su abuelo y su padre, en su adolescencia Soledad empezó a militar en el grupo de los “gorriones”, vinculados al Frente Juvenil-Estudiantil de Asunción y al FULNA, destaca Víctor Duré, en un ensayo sobre la rebelión de los años 50 y 60.

La represión dictatorial obligó nuevamente a la familia a emigrar, esta vez al Uruguay. “En Montevideo, dueña de una gracia especial para la danza folclórica y el canto, ella se convirtió en un símbolo de la juventud paraguaya. No había un acto de solidaridad en el que no fuera invitada a actuar”, recuerda Nanny.

El primer secuestro, en Uruguay

El 1º de julio de 1962, cuando tenía 17 años de edad, Soledad fue secuestrada por miembros de un comando nazi uruguayo.

Quisieron obligarla a que grite consignas: “¡Viva Hitler! ¡Abajo Fidel!”, pero ella se negó. Con una navaja le dibujaron en los muslos una cruz svástica (signo del nazismo) y la dejaron tirada detrás del zoológico de Villa Dolores.

La joven paraguaya militaba ya activamente en los grupos revolucionarios y decidió viajar a Cuba, donde recibió entrenamiento guerrillero. Allí conoció al amor de su vida, el brasileño José María Ferreira de Araujo, con quien se casó y tuvo a su hija Naim.

Un trágico final

Eran años de dictadura y terror. También de lucha revolucionaria… y de amor. Soledad Barrett tenía 25 años de edad cuando perdió a su esposo, el brasileño José María Ferreira de Araujo.

Desde Cuba, José María volvió a Brasil en julio de 1970, para ayudar a consolidar la lucha armada. En setiembre de 1970 fue capturado y asesinado por los militares. Sin saberlo, Soledad viajó a buscarlo, con su pequeña hija Naim, en 1971.

Al llegar y enterarse de la muerte de su marido, la paraguaya decidió incorporarse activamente a la guerrilla brasileña, en su lucha por derrocar a la dictadura.

La VPR la envió a Recife, junto a otros combatientes. Allí se reencontró con Anselmo, un antiguo militante amigo de su esposo, a quien había conocido en Cuba.

El “cabo Anselmo” era un militar que lideró la “revuelta de los marineros” en 1964, contra el Gobierno de João Goulart, y se había convertido en héroe para los guerrilleros. Pero la dictadura lo había captado como doble espía y tenía la misión de delatar a sus compañeros.

“Para no despertar sospechas, Anselmo necesitaba acercarse a alguien respetable y con un histórico de militancia impecable. La víctima ya había sido elegida: Soledad Barrett Viedma”, relata la periodista brasileña Vanessa Gonçalves.

“El cabo se aproximó de la militante y pasó a vivir como su compañero. Soledad se embarazó de él, sin desconfiar de que era apenas un objeto para mantener la fachada de Antonio”, agrega.

El 8 de enero de 1973 fue la “entrega”.

Junto a Soledad, fueron secuestrados: Pauline Reichstul, Eudaldo Gómez da Silva, Jarbas Pereira Márquez, José Manoel da Silva y Evaldo Luiz Ferreira.

Los cadáveres fueron hallados en una granja, en São Bento, municipio de Abre e Lima, cerca de Recife. La abogada Mercia Albuquerque inspecionó los cuerpos en la morgue y relata lo siguiente: “En un barril estaba Soledad Barret Viedma. Estaba desnuda y había mucha sangre en los muslos, en las piernas, y en el fondo del barril, donde se encontraba también un feto”.

Sin embargo, su cuerpo nunca fue entregado y en la práctica Soledad sigue siendo considerada una desaparecida.

A pocos días de haber cumplido 28 años de edad, la revolucionaria nieta del gran Rafael Barret acabó su vida de manera violenta, traicionada por su propio amante y padre del hijo que llevaba en sus entrañas.

Reivindicada en Brasil, poco conocida en Paraguay

En el barrio Jardim Adelfiore de São Paulo, Brasil, en el número 315 de la calle Tarcon, hay una escuela municipal denominada Soledad Barrett Viedma, donde los alumnos la recuerdan como “una luchadora paraguaya heroica, que dio su vida por la libertad”.

También en Santa Cruz, Río de Janeiro, una calle lleva el nombre de la guerrillera que llegó para unirse a las filas de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), la legendaria guerrilla del capitán Carlos Lamarca.

En el Paraguay, el nombre de Soledad Barrett aún es ignorado para la gran mayoría de los habitantes, aunque su abuelo, Rafael Barrett, sí resulta más conocido.

Quienes saben algo de la historia de Soledad, la han conocido a través de un poema escrito por el gran poeta uruguayo Mario Benedetti o el cantautor Daniel Viglietti, quienes conocieron personalmente a la paraguaya en Montevideo y le han rendido su homenaje artístico.

Pedido de disculpas por el Estado Brasileño

El pasado 11 de diciembre de 2015, Soledad Barrett Viedma fue declarada oficialmente amnistiada política, post-mortem, por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia del Brasil.

“Ese crimen contra Soledad Barrett Viedma es el caso más elocuente de la guerra sucia de la dictadura en el Brasil”, escribió el periodista brasileño Urianiano Mota, autor del libroSoledad en Recife, publicado en 2009.

“Su cuerpo todavía está desaparecido y hasta hoy no fue expedido su certificado de defunción. Declarada oficialmente muerta y desaparecida por responsabilidad del Estado brasileño, Soledad ahora también es una amnistiada brasileña por todas las persecuciones que sufrió en vida”, declaró el presidente de la Comisión de Amnistía, Paulo Abrão.

“Su hija, Ñasaindy Barret de Araújo, recibe formalmente el pedido de disculpas del Estado brasileño”, explicó el titular de la comisión.

Así la canta el artista uruguayo Daniel Viglietti:

“Otra cosa aprendí junto a Soledad /que la patria no es /un solo lugar.
Cual el libertario abuelo del Paraguay /creciendo buscó su senda y el Uruguay /no olvida la marca de su pisada /cuando busca el Norte /el Norte Brasil /para combatir…”.

El gran poeta Mario Benedetti la retrata así en sus versos:

“Con tu imagen segura /con tu pinta muchacha /pudiste ser modelo /actriz /Miss Paraguay /carátula /almanaque /quién sabe cuántas cosas /pero el abuelo Rafael /el viejo anarco /te tironeaba fuertemente la sangre /y vos sentías callada esos tirones…”.

|Andrés Colmán Gutiérrez @andrescolman /Resumen Latinoamericano (extracto)

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http://kaosenlared.net/hace-43-anos-asesinaron-en-brasil-a-la-paraguaya-soledad-barrett/

Paraguay: Esclavos tiempo presente....Por Mariano González / Fotos: Ana Laura Beroiz

Por Mariano González / Fotos: Ana Laura Beroiz

(APe).- La conquista comenzada siglos atrás, sigue su desolador avance esclavizando cuerpos, territorios y mentes, con la necesidad y la certeza de disciplinar todo atisbo de resistencia. Lleva en sus entrañas la voracidad del sistema que castiga con la espada y la cruz los cuerpos y los territorios rebeldes, los cuales son necesarios reducir al más cruel despojo; mientras maquilla los discursos perpetúa las cadenas.

Manuel de los Santos Aguilar fue uno de esos cuerpos. Y su testimonio, entre sollozos, surgió tras la misa de Francisco en Paraguay, en el marco del cierre de su gira por Latinoamérica. El adolescente, de 18 años, le susurró al Papa que de chico había sido explotado y maltratado.

A poco de cumplir 10 años de edad, su familia, signada por la suerte de los desposeídos, mordió el anzuelo de los nuevos espejitos de colores y entregó a Manuel a una familia de mejor nivel adquisitivo bajo la ilusión de que así, tal vez, su hijo podría estudiar y soñar con la tan mentada movilidad social. Pensaban que la mera voluntad podría torcer los ejes de la desigualdad estructural. Pero dentro de la nueva familia, Manuel fue víctima de numerosos abusos y condenado a la servidumbre doméstica, alejado de todo atisbo de guardapolvo escolar, confinado a la frialdad de un galpón que apenas era capaz de contener el breve calor que exhalaba el recuerdo de un fuego.

La historia de Manuel es la de tantos niños paraguayos y del mundo, que suman en total a alrededor de 15 millones, robados a sus familias de origen, para ser entregados a familias pudientes como criados domésticos. Esa práctica, en Paraguay, se conoce bajo el nombre de criadazgo y goza de cierta naturalidad, comenzando con el eufemismo utilizado para disfrazar una práctica esclavista. Bajo el manto del cinismo del buen amo que da lustre a las cadenas de su esclavo, se venden ilusiones por grilletes y se acepta esto como un intercambio libre.

A pesar de las recurrentes recomendaciones de organismos internacionales y del esfuerzo militante de muchas organizaciones sociales, alrededor de 50 mil niños en Paraguay están en condiciones de criadazgo. A su vez, esta práctica permanece íntimamente ligada con la trata de personas con fines sexuales. Más de la mitad de las mujeres rescatada de las redes de trata fueron criadas durante su niñez. La zona de la triple frontera, donde confluyen las cercanías de Argentina, Brasil y Paraguay, es testigo también de estas prácticas serviles.

La noticia publicada por el diario La Nación, repercutió fuertemente entre los lectores. Y a todos nos depositó bajo la misericordiosa mirada del pontífice; nos invitó a chasquear los labios y a mover la cabeza en señal de reprobación mientras imaginábamos la benevolente caricia del Papa. Manuel le susurró su verdad a Bergoglio, que habrá sentido bajo sus pies el desfile de sombras que su institución esclavizó. Habrá presentido las oscuras tertulias y el blindaje ideológico que la iglesia otorgó a la Conquista del Desierto a finales del 1.800, respaldando la entrega de niños y niñas indígenas a las familias pudientes para que sean criados domésticos, restableciendo la esclavitud que la Asamblea del año XXIII había abolido con los vientos rebeldes de Mayo. Los diminutos pies descalzos presintiendo el barro y la viruela en la Isla Martín García habrán sacudido el cetro dorado del Papa, hijo de las mismas manos que enterraba.

Los “ladrones del paraíso”, como solían llamar los representantes de la iglesia a los indios que obligaban a convertirse al catolicismo, lo habrán mirado a los ojos masticando cinismo. Habrá escuchado tras su nuca las miradas silenciadas bajo una picana de los hijos que le arrancaron a toda una generación. Habrá mirado hacia abajo mientras las voces le susurraban lo mismo que Manuel, aunque el aparente silencio de las puertas cerradas dominara la escena.

En Paraguay, estas prácticas serviles son hijas de un largo derrotero comenzado con la llegada de la colonia española. Durante el período del conquistador Domingo de Irala nació el sistema de Encomiendas, bajo la forma de mita y de yanacona. Corría en 1556. La mita era un régimen de pago y cristianización de los indígenas guaraníes que servían al amo. El yanaconato, un régimen de perpetuidad servil como castigo a aquellos indios que se rebelaban al poder de la corona que arrasaba las vidas, los territorios y las riquezas de la región. Bajo este régimen, encontraron los guaraníes muerte y desolación pisoteando los sueños brillantes de la tierra sin mal. Derivada de la yanacona, fue la naboría, régimen de servidumbre doméstica, donde los niños y niñas eran entregados a una familia española para que le sirviera y ésta debía educar y vestirlos bajo los cánones de la cristiandad. El criadazgo actual, encuentra sus primeros destellos en estos sucesos y en una serie de prácticas que los poderes establecidos intentaron e intentan institucionalizar para perpetuar sus intereses.

Resuenan entre los algodonales que quiebran las jóvenes espaldas, las palabras del dirigente de la elite agraria exigiendo la reglamentación del trabajo infantil para que las manos ampolladas de la niñez no incumplan en las largas jornadas de cosecha.

Camina Manuel por las calles de Asunción, siente el peso de una historia y una raza sobre los hombros aún cansados. Se detiene en una esquina de Asunción donde las últimas hojas del otoño se le resisten al impiadoso viento. Mira las cadenas invisibles y perfumadas de tantos otros esclavos. El viento le trae su susurro, que años atrás fue de otros y que será el grito que mañana, asesinando la oscuridad cortará las cadenas definitivas de la niñez.

vía:
http://www.pelotadetrapo.org.ar/esclavos-en-tiempo-presente.html