Una treintena de presos mapuche
recluidos en diversos centros carcelarios del sur del país mantienen, la
mayor parte desde el pasado 12 de julio, una huelga de hambre
indefinida. Exigen del Estado poner fin a: La aplicación de la ley
antiterrorista en causas que les involucran; su procesamiento por la
justicia militar, y a la desmilitarización de sus comunidades.
En Chile, hoy, existen 58 personas
mapuche, o simpatizantes de su causa, procesadas o condenadas bajo dicha
ley por reivindicar sus tierras o sus derechos políticos. De ellas,
cinco se encuentran condenadas, 42 en prisión preventiva y once
cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre los delitos que se les
imputan, o por los que cumplen condena, están los de incendio, homicidio
frustrado y lesiones, amenazas, y asociación ilícita, todos con
carácter “terrorista”.
La ley antiterrorista, promulgada en
dictadura, ha sido aplicada por casi una década en forma casi exclusiva a
los mapuche. Esta ley ha sido cuestionada por establecer tipos penales
demasiado amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada
tienen que ver con terrorismo, y que pueden ser juzgados y sancionados
por la legislación penal ordinaria. Ha sido cuestionada, además, por
cuanto no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del
secreto de la investigación por largos períodos, la existencia de
testigos sin rostro, e impedir la aplicación de medidas cautelares
distintas de la prisión preventiva. También lo ha sido por su elevada
penalidad, la que duplica, en varios casos, aquella establecida en la
legislación ordinaria.
Esta realidad ha sido representada al
Estado por diversas instancias de derechos humanos de la ONU, incluyendo
el Consejo de Derechos Humanos que Chile integra (2009), instándole a
revisar la aplicación de esta ley a los mapuche por hechos de protesta
social y a reformar los tipos penales que hacen posible su aplicación
arbitraria.
La necesidad de reformar el Código de
Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares
al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter
militar, le fue exigido también por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en sus sentencias, en los casos Palamara Ibarne v/s Chile (2005) y Almonacid v/s Chile (2006). Lamentablemente, ello no se ha materializado.
Esta es la primera huelga de hambre de los presos mapuche que enfrenta Piñera como
presidente, y los mensajes que ha dado su Gobierno, hasta ahora, no son
muy auspiciosos. Pocos días antes de iniciarse, Piñera anunció el
endurecimiento de la política de seguridad pública, proponiendo, entre
otras medidas, la reforma a la ley antiterrorista para agravar las penas
por los delitos que considera y para favorecer la delación. Anuncios
que desoyen las recomendaciones de los órganos internacionales antes
referidos, dejando en evidencia que su compromiso con los derechos
humanos no pasa de ser meramente discursivo.
Dicha huelga, además, coincide con la
liberación de los presos políticos en Cuba, hecho por cierto valorable, y
que ha sido celebrado por diversos personeros de Gobierno y de
oposición. Sin embargo, quienes aplauden esta medida, mantienen total
silencio respecto a la situación de los mapuche encarcelados.
Este doble estándar del gobierno de
Piñera, así como de personeros de la que hoy es la oposición y que en el
pasado, desde el Gobierno, también usó de esta ley para perseguir la
protesta social mapuche, es patético. Habla mal de la clase política
chilena.
fuente, vìa :
El autor es codirector del Observatorio Ciudadano
El Ciudadano N°85, primera quincena agosto 2010
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