A veces pequeñas decisiones ponen patas arriba lo que parecía inamovible. El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, sacó a concurso público la concesión del suministro eléctrico de sus instalaciones en toda la ciudad. No es un contrato cualquiera, se trata del suministro a todos los edificios municipales y a la red de alumbrado público, alrededor de 65 millones de euros en dos años. En el pliego de condiciones añadió una pequeña cláusula que establecía obligaciones para luchar contra la pobreza energética en la ciudad.
¡La que se ha armado!
Cuando se cerró el plazo, el pasado 10 de febrero, entre las ofertas no aparecía ninguna de las dos eléctricas más importantes que operan en la ciudad, Endesa y Gas Natural-Fenosa. Se comentó que las grandes eléctricas, especialmente Endesa que es quien hasta ahora mantiene el servicio, pensaban que por las condiciones impuestas ninguna empresa se presentaría y el Ayuntamiento quedaría en ridículo y desautorizado. No fue así. Varias comercializadoras eléctricas sí se presentaron al concurso, Som Energia, Aura, Facto Energia, Nexus…, por lo que el Ayuntamiento podía decidir y dejar fuera a las grandes eléctricas. Éstas reaccionaron con rapidez y recurrieron ante el Tribunal Catalán de Contratos de Servicios Públicos, por sentirse discriminadas, ya que otras empresas no tienen su volumen de clientes y por lo tanto no tendrían el mismo grado de penalización, y por incertidumbre jurídica, dado que no está desarrollado el reglamento y porque se está tramitando una ley estatal. El 9 de marzo el Tribunal dictó una resolución anulando el concurso. La batalla no ha hecho más que comenzar.
Pobreza energética
No hace muchos años que se utiliza el concepto de pobreza energética y, sin embargo, se ha generalizado muy rápidamente. Es otra más de las graves consecuencias de la crisis capitalista. Los últimos informes indican que al 11% de los hogares españoles no les alcanza el dinero para calentar regularmente su vivienda, un porcentaje que ha ido subiendo progresivamente, el 8% en el 2010 y el 9% en el 2012. Mientras el paro, la precariedad y los bajos salarios es el pan de cada día de millones de familias, el precio de la luz ha subido un 70% en los últimos 6 años, el doble que la media de la Unión Europea, en la que España es el cuarto país con la electricidad más cara. No es de extrañar que más de 5 millones de personas pasen frío durante el invierno, generando enfermedades crónicas, tanto en niños como en personas mayores.
Esta situación es la que ha hecho surgir por todo el territorio alianzas contra la pobreza energética, donde se organizan las personas afectadas con el apoyo de entidades, organizaciones sociales y personas solidarias, que ocupan pacíficamente oficinas de las empresas eléctricas para exigir que no corten la luz (o el gas o el agua) a la gente que no puede pagar el recibo. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) [http://pobresaenergetica.es/es/] tiene unas exigencias muy claras:
Acceso universal a los servicios básicos. Toda familia, aunque no pueda pagar, debe tener unos servicios necesarios que le permitan vivir con dignidad.
Parar los cortes indiscriminados. Que las administraciones ejerzan su papel garantizando los derechos humanos.
Que todos los costes que velan por estos servicios básicos sean asumidos por las propias compañías: antes deben estar las personas.
En Catalunya, esa movilización logró una ILP que reunió más de 143.000 firmas y obligó a que el Parlament aprobara la Ley 24/2015 [http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9725]
por la que las compañías eléctricas para cortar el suministro tienen previamente que contactar con los servicios sociales si las personas afectadas son vulnerables, están en riesgo de exclusión social o padecen necesidades perentorias. Quienes luchan contra la pobreza energética denuncian que, a pesar de la ley, las compañías se saltan a menudo sus obligaciones. Las grandes eléctricas siempre encuentran excusas, o utilizan sus poderosos bufetes de abogados, para evadirlas. O, si no, siempre está el gobierno Rajoy o los jueces para echarles una mano. ¡Todo sea para salvar los beneficios de las grandes eléctricas!
Cuando el Ayuntamiento de Barcelona saca a concurso público la contratación eléctrica pretende poner en práctica la ley 24/2015 y que las empresas se comprometan a cumplirla. Es la manera de ejercer el compromiso con la ciudadanía, de “gobernar obedeciendo”, y de poner en práctica lo que con todo orgullo y valentía presume: ser un ayuntamiento del cambio, tener la mayoría en una ciudad rebelde que no puede permitir que una parte de la población no tenga cubiertas sus necesidades básicas. Un ejemplo más, tomemos nota, de que bajo el capitalismo el interés común está enfrentado al interés privado (en este caso de las eléctricas) ¡Para que luego se diga que no hay lucha de clases!
Un oligopolio
El sector eléctrico en España es un oligopolio bien organizado y con larga tradición. Tres empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) controlan el mercado y EDP y EON les acompañan. Entre todas suman el 80% de la generación de electricidad y el 90% de la comercialización. En 2016 facturaron 35.000 millones de euros y tuvieron unos beneficios de 5.463 millones, un 9% más que el año anterior. Son suficientes estos datos para mostrar lo que es un oligopolio.
Encontramos su origen en los años negros del franquismo. Sus prohombres apoyaron abiertamente el golpe franquista y tras la victoria en la guerra civil se supieron cobrar bien sus servicios. La patronal Unesa tiene su origen en 1944, creada como una sociedad anónima representante de las empresas eléctricas del sector, logró que el Estado le cediera las funciones de coordinación de la industria eléctrica, es decir, que las mismas empresas “autorregulaban” el sector, su relación con el Estado y con los usuarios. Negocio completo. Podían fijar capacidad de producción, que el Estado franquista financiara las obras públicas para la construcción de embalses para la generación de energía eléctrica y, finalmente, fijar el precio para los consumidores. Esa capacidad de generar beneficios animó a la banca a invertir y establecer una relación más directa con el sector eléctrico, y de ahí surgió la alianza financiera-eléctrica como soporte y dirección económica del franquismo. La competencia entre las mismas empresas hizo todo lo demás, y conforme fueron pasando los años se fueron reduciendo hasta las cinco que actualmente controlan el mercado.
Reparto del mercado español entre las cinco eléctricas
El oligopolio es una pesada carga que soporta todo el país. Los beneficios son privados, mientras que la electricidad es más cara para el consumidor y también para la industria, por lo que hasta la productividad del país está lastrada por los poderosos intereses de las compañías eléctricas. Sus grandes accionistas cobran sus jugosos dividendos a costa del conjunto de la sociedad. El 70% de las acciones de Endesa está en poder de la empresa semipública italiana Enel. Este año ha tenido un beneficio de 1.411 millones de euros. Normalmente reparte el 100% del beneficio a los accionistas, por lo tanto 987 millones se irán a Italia. Los mayores accionistas de Gas Natural-Fenosa son Repsol y La Caixa, y los de Iberdrola, un fondo de Qatar, la Kutxa, el fondo norteamericano BlackRock y el fondo noruego Norges Bank, que también cobrarán sus jugosos dividendos.
¡Con esos beneficios y los correspondientes pagos de dividendos y son capaces de cortar la luz a las familias que no pueden pagarla!
Para cerrar el círculo “virtuoso”, el de la perversa relación entre dirigentes políticos e intereses de las eléctricas, sólo es necesario mostrar algunos ejemplos de puertas giratorias. Por Endesa ha pasado Martín Villa (ministro de la UCD) José María Aznar (PP) Luis de Guindos (PP) Rafael Solbes (PSOE), Elena Salgado (PSOE). Por Iberdrola, Acebes (PP) Manuel Marín (PSOE) Por Gas Natural-Fenosa, Felipe González (PSOE) Narcís Serra (PSOE)…y son sólo algunos ejemplos. Quizás esta estrecha relación, que tiene su expresión en las leyes que se aprueban, explica la decisión del Tribunal de Catalán de Contratos de Servicios Públicos.
Visto el panorama, no debería sorprender que la salida más provechosa estaría en el camino de la nacionalización del sector eléctrico. Ojo, estamos hablando de beneficiar al país, a los consumidores y a la industria, todavía no hablamos de medidas revolucionarias, ni del camino hacia el socialismo, sino de devolver al conjunto de la nación lo que ya debería ser suyo. Porque las obras y los embalses ya hace muchísimos años que fueron pagados; el agua que se utiliza para los saltos eléctricos debería ser un bien común, y las inversiones que se han podido hacer en mejora, transporte de energía, etc., la mayoría han sido financiadas con dinero público y, si no, los accionistas mayoritarios ya se lo han debido cobrar a través de los dividendos. Acepto que esta exigencia no está en la agenda política, pero quizás algún día habría que ponerla. ¿Por qué un país tiene que pagar el interés privado de unos pocos para una necesidad vital para las personas y la industria y el comercio?
Remunicipalización
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido recurrir la decisión del Tribunal Catalán de Contratos de Servicios Públicos. La batalla judicial será importante, habrá que seguirla con enorme interés. No debería ser sólo judicial, habría que implicar a la ciudadanía para presionar y lograr que quien finalmente se quede con el contrato se comprometa a salvaguardar las necesidades de la gente con pobreza energética. Cambiar las cosas, conquistar derechos, está siempre ligado a la movilización y a la presión social y en la calle.
La batalla está planteada. El efecto contagio puede ser importante. Otros municipios querrían exigir el mismo compromiso a las compañías eléctricas. Detrás de todo esto se está desarrollando una batalla sorda, a veces no tan sorda, para poner coto a las grandes empresas en la gestión y organización de la vida municipal y en torno a la necesidad de recuperar derechos municipales que la oleada neoliberal ha privatizado. El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) está en proceso de remunicipalizar el servicio de agua. Otros lo están estudiando. [El próximo 19 de marzo está convocada en Terrassa una manifestación bajo el lema: “Se escribe agua, se lee democracia” para exigir la gestión pública y democrática del agua]
El Ayuntamiento de Barcelona está poniendo en marcha un servicio funerario municipal para abaratarlo. Para dentro de dos años está previsto que cuente con su propia empresa comercializadora de energía eléctrica, que podría dar servicio a casi todos los edificios municipales. No es una utopía, es recuperar lo que se fue perdiendo. Hay que poner manos a la obra y estudiar las condiciones para ponerlo en marcha. Las candidaturas municipalistas por el cambio son favorables, también lo son otras candidaturas de las izquierdas y la opinión pública lo ve con simpatía, visto el despilfarro y la corrupción de las privatizaciones.
Si un pequeño y valiente movimiento, con amplio apoyo popular, es capaz de agitar las cosas y generar ilusión para cambiarlas, hay que poner otros en marcha hasta lograr cambiar la tendencia actual, para convertir en prioritario lo común, lo que necesita la mayoría de la gente, y pasar la página de las privatizaciones, las políticas neoliberales o los intereses de los más ricos.
Miguel Salas es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso
vía:
http://www.attac.es/2017/03/16/barcelona-pone-en-jaque-a-las-electricas/
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http://www.attac.es/2017/03/16/barcelona-pone-en-jaque-a-las-electricas/
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