Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.
El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.
Monumento al maestro caído, en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia.- JAIRO VARGAS
Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.
Uno de los panfletos de amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras
Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.
Negar la realidad
Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.
“No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, dice el Gobierno colombiano
No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.
“Nunca se acostumbre uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”
Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.
Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.
Negar la realidad
Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.
“No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, dice el Gobierno colombiano
No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.
“Nunca se acostumbra uno a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”
Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.
“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.
“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.
Un panfleto de amenazas de muerte a activistas colombianos de la región del Cauca.
Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.
Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.
vía:
http://piensachile.com/2017/03/paramilitares-colombia-deja-vu-sangre-tiempos-paz/
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