Página/12
En un nuevo episodio de la escalada tendiente a la destrucción física y psicológica de la dirigente social Milagro Sala, el contador Gerardo Morales la amenaza con internarla por la fuerza en una institución psiquiátrica y doparla con psicofármacos, las técnicas que a fines del siglo pasado fueron empleadas en la Unión Soviética para sacar de circulación sin escándalo a los disidentes de un régimen en crisis.
Milagro fue citada a indagatoria en tres nuevas causas por presunta inducción a cometer el delito de amenazas por los titulares del juzgado de control Nº 3, Gastón Mercau, el ex socio y yerno de operadora de Morales en el Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone y del juzgado de control Nº 2, Jorge Zurueta. En ningún caso hay testimonios directos que la involucren, siempre dichos de terceros que invocan su nombre, creando la original figura de instigación a personas desconocidas. El traslado de Milagro desde la cárcel hasta los tribunales para notificarla de las causas fue otra puesta en escena de noticiero sobre narcos mexicanos: una caravana de 30 vehículos, con 55 policías uniformados y de civil y 20 miembros de las fuerzas especiales, con armas de guerra y pasamontañas que les cubren el rostro. Es el tipo de prueba prefabricada sobre la peligrosidad de Milagro que el Estudio Ricardo Gil Lavedra, el fiscal de Estado Mariano Miranda y Titina Falcone (todos dirigentes de la UCR) están preparando para presentar a la CIDH, si es que acepta recibirlos cuando visite la Argentina. Las tres tienen la misma carátula: “Inducción a cometer el delito de amenazas”, que habrían ocurrido entre septiembre y enero, cuando Milagro ya estaba detenida. Los autores: “Dos personas masculinas con identidad a establecer”, dice una de las causas en el juzgado del Gran Yerno. Esta acumulación de causas en su contra, con la mortificación de cada traslado y del respectivo acto procesal cumple con la pauta que el contador Morales me anticipó en la entrevista que le realicé el año pasado, cuando me dijo que tenía preparadas 60 denuncias para impedir que en algún momento Milagro recuperara su libertad. Las causas son disparatadas:
1. Rosario del Valle Cari denuncia que el jueves 29 de Diciembre de 2016 a las 2 de la madrudaga cuatro hombres desconocidos y encapuchados tiraron piedras contra su domilicilio y la insultaron y amenazaron a ella y a su marido. “Estamos seguros que es gente de la Túpac Amaru, gente mandada por la Milagro”, porque más temprano ella y su marido habían dicho en un reportaje radial que en 2012 “Milagro Sala me quitó mi casa”.
2. Marta del Valle Gaite denunció que a la 1:30 del 27 de septiembre de 2016 oyó ladrar a sus perros y vio pasar una camioneta grande, negra, que luego de un par de vueltas se estacionó frente a su casa. Dos hombres altos y de pelo corto, se acercaron a la ventana de la cocina, le apuntaron con el dedo y le gritaron: “Hija de puta, deciles a tus hijas que cierren el pico porque las vamos a cagar matando, este es un mensajíto de la flaca”. Sus hijas Soledad Angélica Mendoza y Elsa Yolanda Moya habían realizado denuncias en contra de Milagro Sala en 2007.
3. Natalia Andrea Bazán denunció el 28 de septiembre de 2016 una pelea con sus vecinos Oscar Sequeiros y Mónica Cerda, quienes “en aparente estado de ebriedad, empezaron a agredir verbalmente” a su pareja Miguel Enriquez. Le dijeron que era buchón y vigilante y que tenía que irse de allí porque se rindió a Morales y denunció a Milagro.
En estas concidiones, Milagro anunció que no estaba dispuesta a concurrir a la citación para ser indagada en esas tres nuevas causas. A raíz de ello, el viernes la visitó en el penal de Alto Comedero el psicólogo del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Zamar, quien ingresó al penal a las 14.10 y se retiró a las 15.40 según consta en los libros de guardia. El Inquisidor a cargo del Ministerio Público de la Acusación es Sergio Lello Sánchez, dirigente radical como Morales y Titina Falcone, quien fue designado para ese cargo por el actual gobernador y encabeza la persecución penal contra Milagro. Luego de la consulta con Zamar, la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru se recostó a dormir la siesta. Se despertó con una crisis de llanto y un fuerte dolor en el pecho, síntomas que podían coincidir con un ataque de pánico. La psicóloga del Servio Penitenciario, Laura Aguirre, fue llamada de urgencia para atenderla. También acudió el abogado de Milagro, Luis Paz. Milagro relató entonces que Zamar le había dicho que si se negaba a acudir a las indagatorias podría ser recluida en una institución psiquiátrica, donde la doparían para que no molestara. Agregó que esa sería la recomendación de los psiquiatras del Cuerpo Médico Forense que la visitaron la semana anterior en cumplimiento de una disposición de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a resolución los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Milagro Sala contra su detención arbitraria. Según Zamar, mañana el Cuerpo Médico Forense formularía esa recomendación en el informe final pedido por la Corte. Esto provocó la crisis que requirió la asistencia de la psicóloga y el abogado.
Además de perversa, esa insinuación es falsa. Fuentes de la Corte Suprema dijeron que no está pendiente la presentación de ningún informe para hoy. Que el Cuerpo Médico Forense entregó las conclusiones de su trabajo el lunes pasado y que fueron remitidas de inmediato al juzgado federal de Jujuy. Añadieron que lejos de recomendar la internación psiquiátrica la desaconseja. Por otro lado la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad prohíbe las internaciones involuntarias o compulsivas. La ley argentina de salud mental vigente no llega a tanto, pero establece una serie de limitaciones y las coloca bajo control judicial, lo cual en Jujuy no significa gran cosa, dado que la justicia come de la mano de Gerardo Morales y hace su voluntad. Estas son las condiciones que fija la ley:
El informe pericial debe decir explícitamente que hay riesgo concreto e inminente para ella o terceros. Aunque la ley explicita qué riesgo según los estándares de la convención el único riesgo posible es el de vida. Pero esto no equivale a decir que cualquier manifestación sobre riesgo de vida deba derivar en una internación.
El criterio de internación debe disponerlo una junta interdisciplinaria. Esa evaluación de internación interdisciplinaria requiere un trámite ante la justicia civil. El juez considera el dictamen pericial y controla la legalidad del procedimiento. Debe llamar a una junta interdisciplinaria que determina que hay riesgo de vida para ella o para tercero. El abogado defensor de la persona sometida a evaluación participa en ese trámite cuya legalidad debe ser controlada por el juez. El abogado puede cuestionar o discutir el criterio de internación involuntaria ante la justicia. En este caso es ostensible que el padecimiento mental está asociado en forma directa a las condiciones de privación de libertad y el hostigamiento permanente al que es sometida por disposición del contador Morales. Se trata de una discapacidad adquirida por los abusos estatales.
En vísperas de la audiencia que se realiza hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre las restricciones a la protesta social en Jujuy, el contador Morales ratifica con esta nueva provocación que no reconoce límites en su voluntad de aniquilar a Milagro Sala y presionar de este modo a la Corte Suprema de Justicia para que convalide su detención arbritraria. En el mismo sentido, el matutino Clarín, notificador oficial de las resoluciones judiciales, sostuvo en una columna de Julio Blanck que el tribunal dispondría la detención domiciliaria de Milagro Sala (quien no la solicitó y dijo que no la aceptaría) y al mismo tiempo de los militares condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. Un desafío riesgoso en la semana de la marcha federal educativa y la movilización por los 41 años del golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/26773-psiquiatria-sovietica
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=224322
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