La minería es la expresión de un modelo de dominación, sustentado en la extracción irracional de los bienes comunes de los pueblos, que se sustenta en el despojo. Sólo en el territorio estatal existen más de 400 concesiones, 35 proyectos mineros, impactando prácticamente las ocho regiones del estado.
Manglar, 2015, Costa Chica, Guerrero. Foto: Nadja Massün
Ninguna de estas concesiones y/o proyectos tienen la anuencia de nuestros pueblos y comunidades.
Se violenta nuestro derecho a la información, ya que existen en nuestros territorios concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias, además la información que existe sobre las concesiones es manipulada, parcial y poco accesible. Esta condición vulnera otros derechos fundamentales como son la autonomía, el territorio y violenta nuestros sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.
Nuestros territorios sostienen la economía y alimentación comunitaria y regional, los proyectos mineros también amenazan gravemente dichas formas de vida, generando una contaminación irreversible en el medio ambiente.
Las empresas mineras violentan nuestros derechos utilizando diversas estrategias y mecanismos para dividir y confrontar a las comunidades; por otro lado, los gobiernos federal y estatal generan modificaciones legislativas e institucionales en beneficio de los intereses de las empresas trasnacionales, tales como el Fondo Minero. Dichos cambios tienen como finalidad el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas.
De igual forma, se criminaliza el trabajo de las y los defensores del territorio, se les persigue, encarcela y en el peor de los casos se les priva de la vida. El sistema de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de esta situación nuestros pueblos se organizan para defender la tierra, el territorio y nuestros bienes comunes, combinando diversas estrategias de resistencia pacífica.
Ante este contexto denunciamos:
La comunidad de Ciudad Ixtepec rechaza rotundamente el proyecto minero impulsado por la empresa Plata Real, Filial de Primero Minning, misma que está presionando a las autoridades para obtener su consentimiento.
La comunidad de Monte del Toro denuncia al subdelegado Alfredo Ramírez de Conciliación Agraria, quien mediante engaños y promesas falsas intenta dividir nuestro ejido. Monte del Toro exige el respeto a su declaratoria de territorio prohibido para la minería, realizada en noviembre de 2015. "No vamos a permitir la realización de ningún trabajo o exploración minera en nuestra comunidad".
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. Alto a la campaña promovida por Fortuna Silver para expandir su proyecto de muerte en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo.
Catorce comunidades del municipio del Barrio de la Soledad "denunciamos que la empresa Cruz Azul desde 1943 está sustrayendo el agua de nuestra comunidad para el procesamiento de su fábrica y para venta a otras comunidades vecinas, esta situación ha afectado nuestro derecho al uso y disfrute del agua.
"Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades competentes, por lo que exigimos el respeto a nuestro derecho al territorio y específicamente al derecho al agua".
El Centro de Estudios para la Región Cuicateca (CEREC) denuncia que en la región de la cañada existen trece concesiones mineras, las cuales han vulnerado el derecho a la autonomía y el territorio. Exige la cancelación definitiva del proyecto La Raquelita, ubicado en el municipio de San Juan Tepeuxila.
Catorce comunidades chontales de los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita "denunciamos que cinco mil 413 hectáreas están concesionadas a las empresas mineras Zalamera y Minaurum Gold; dichas concesiones fueron entregadas por el gobierno federal sin nuestra autorización, en este sentido exigimos la cancelación de dichos permisos".
La comunidad de San Andrés Chicahuxtla, denuncia y rechaza "la introducción de programa Fanar en nuestra comunidad".
Santa Catarina Coatlán denuncia "las afectaciones a nuestras tierras ejidales por la introducción de la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido".
Exigimos la cancelación de las concesiones y proyectos mineros en el estado. Ningún proyecto más sin la autorización de las comunidades y pueblos. Hacemos un llamado a comunidades, pueblos y organizaciones a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte. De igual forma convocamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones sociales, colectivos, a la articulación de esfuerzos para hacer un frente estatal contra la minería, en este sentido, declaramos el 22 de julio de cada año cómo día estatal de resistencia contra la minería en Oaxaca.
Los días 29 y 30 de enero de 2016 se reunieron en la explanada de Las Huertas, Ejutla de Crespo, Oaxaca, 48 comunidades, 30 organizaciones, dos centros de investigación y tres radios comunitarias procedentes de los Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Costa, Istmo y Cañada. El Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones Contra la Minería generó un espacio de reflexión sobre los principales avances y desafíos de los movimientos contra la minería en Oaxaca
Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada
vìa:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Oaxaca_ni_una_mina_mas_sin_autorizacion_de_los_pueblos_-_Declaratoria_de_Cerro_de_las_Huertas
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