México. Los centros ecoturísticos
que operan en comunidades chiapanecas, apoyados por el gobierno, lo
hacen bajo la lógica del mercado, lo cual trae destrucción de la
naturaleza y de las relaciones sociales. No resuelven el problema de la
pobreza, al contrario, crean otros como divisiones, violencia y
exclusión. Pero además todo indica que es el inicio de una forma
soterrada de privatización de los recursos naturales, porque esos
pequeños grupos que cuentan con la autorización para explotar los
recursos, en pocos años fracasan, lo que lleva a una etapa de
privatización.
El turismo siempre fue importante para
los planes de desarrollo de los gobiernos chiapanecos, pero a partir
del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía (2000 a 2006) se convirtió en
sector estratégico para el desarrollo del estado.
La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno del estado, a través de las
oficinas de Turismo y de Fomento Económico, con el financiamiento del
Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva
Lacandona (Prodesis)[1] [1] unieron esfuerzos para apoyar el desarrollo del turismo.
En el “Proyecto Chiapas Visión 2020”
-en operación desde 1998 para impulsar el desarrollo del estado, según
sus gestores-, se identifica al turismo como el sector estratégico para
el desarrollo estatal y se especifican las acciones necesarias para
lograrlo, que incluyen planes para construcción de infraestructura para
atraer a más turistas.
El plan señala que “su misión es
identificar, desarrollar y promover proyectos y/o acciones estratégicas
que contribuyan al desarrollo de la competitividad regional, con la
colaboración efectiva de los principales autores, actores y
beneficiarios del desarrollo, basada en los valores de bien común,
subsidiariedad y solidaridad.”
El Proyecto fue revisado en 2012, con
la participación de los gobiernos estatal y federal, hoteleros y
agencias de viajes. No encontramos por ningún lado a los indígenas y
campesinos que habitan las zonas turísticas que pretenden explotarse -y
perjudicarse, si se piensa en la construcción de infraestructura
carretera en sus territorios. Ahí se habla de la creación de centros
ecoturísticos sustentables, pero esos conceptos no están definidos para
entender claramente sus particularidades.
En ese marco se aplicó el Prodesis, uno
de los proyectos más apoyados en el gobierno de Pablo Salazar y
difundidos por Luis H. Álvarez, comisionado de la CDI durante el
gobierno federal de Felipe Calderón. Como resultado surgieron infinidad
de los llamados centros ecoturísticos, que en el papel tienen la
finalidad de apoyar a comunidades indígenas y campesinas que cuentan con
recursos naturales con posibilidad de ser explotados para este fin. Los
lugares con aguas y bosques fueron los elegidos.
Los proyectos plantean que las propias
comunidades se organicen para ofrecer servicios al turismo, y se les
ofertan apoyos para la construcción de infraestructura como carreteras,
cabañas, hoteles, etcétera, a la vez que se promocionan en el mundo
como centros ecoturísticos. Esto atrae a paseantes que buscan la
aventura y lo “alternativo”.
La integración de las comunidades fue el plus.
En un documento presentado por la Red de Turismo de Chiapas Ecotours y
Etnias OIT 2008, en un encuentro organizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el mismo año, la Red indica la forma
en que las comunidades indígenas que prestan servicios turísticos se
integran a la red de prestadores de servicios.
Existen agencias de viajes, y algunos de
los llamados proyectos ecoturísticos -sobre todo aquellos ubicados en
la Selva Lacandona-, en los que se habla de una nueva forma de
integración entre sectores sociales, prestadores de servicios privados y
gobierno para implementar proyectos de servicios turísticos. Sin
embargo, nuevamente son los prestadores de servicios profesionales los
principales beneficiarios. No queda claro cómo las comunidades o ejidos
se benefician de esos proyectos.
Al preguntar en algunos de los centros
ecoturísticos sobre la Red, los pobladores indican que sólo saben que
hay intermediarios que se encargan de llevarles a grupos de turistas,
que cobran por el servicio y son los encargados de pagar a las
cooperativas por lo ofrecido. La diferencia entre lo que cobran los
intermediarios por los recorridos y lo que pagan a las cooperativas que
dan el servicio es enorme, es decir, los menos beneficiados son los
que aportan el trabajo y los que tienen el derecho sobre los
territorios.
Conflictos intracomunitarios
Otro tema igual de preocupante son los
conflictos que surgen en diversos centros ecoturísticos, incluso
aquellos que tienen muchos años funcionando. Uno de ellos es el caso de
las cascadas de Agua Azul, donde los beneficiarios -ejidatarios de ejido
del mismo nombre- se enfrentan con campesinos de Bolon Ajaw (zapatistas
que no aceptan que el río sea explotado con fines comerciales, y mucho
menos al proyecto de construcción de infraestructura hotelera que
afectará a toda la zona); y con el ejido de Bachajón ( simpatizantes
zapatistas miembros de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona), en
cuyas tierras se encuentra la carretera de ingreso al balneario y
quienes tampoco comparten la visión empresarial de los ejidatarios de
Agua Azul. En el conflicto están involucradas autoridades estatales y
federales, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(administra la caseta de Agua Azul) y la Procuraduría Agraria, que
interviene en prácticamente todos los conflictos de este tipo para
apoyar a los grupos defensores de estos proyectos.
Como sucedió en 2008 en el Caracol de
Roberto Barrios, un grupo de habitantes del ejido retomaron el
ofrecimiento de Luis H. Álvarez para crear un centro ecoturístico,
acción que dividió a la población; después de muchos años de no tener
comisariado ejidal por mantener la resistencia, realizaron una asamblea
para nombrarlo. De acuerdo con la denuncia de los ejidatarios que se
oponen al proyecto, la reunión no cumplió con las normas legales, pero
aun así fue validada para dar sustento jurídico al proyecto.
La autopista San Cristóbal-Palenque,
proyecto del gobernador Juan Sabines, es otro ejemplo en el que las
autoridades crean conflictos para imponer proyectos. Marchas,
manifestaciones, cierres de carreteras, encarcelados, heridos y hasta
muertos son algunos de los resultados; la resistencia logró detener la
construcción de la carretera, pero el trabajo de división sigue y las
autoridades actuales anunciaron que el proyecto seguirá con algunas
modificaciones al trazo original. Indicaron que negocian con comunidades
para evitar conflictos, pero si no logran convencerlos se aplicará el
derecho que tiene el gobierno de expropiar las tierras. Es decir, los
proyectos avanzan con la justificación de que es lo mejor para las
comunidades sin importar los conflictos que generan.
No hay esfuerzos en la parte oficial por
entender que los significados de la tierra en las poblaciones
campesinas e indígenas constituyen entramados culturales de gran
complejidad. Por esa razón, los proyectos “de desarrollo” que implican
el uso de los recursos naturales se convierten en conflictos, pero
además propician violencia cuando -como vimos en los ejemplos
anteriores-, las políticas gubernamentales intentan destruir tales
significaciones.
La justificación utilizada por el
gobierno es que el principal problema en el medio rural es la pobreza y
debe abatirse a cualquier costo, en vez de ubicar que la pobreza existe
por la concentración de la riqueza. Señala el periodista Raúl Zibechi
que “se ha instalado la idea de que los pobres son el gran problema de
las sociedades actuales, ocultando así el hecho incontrastable de que el
problema central es la acumulación de capital y de poder en un polo,
porque desestabiliza y destruye todo rastro de sociedad”[2] [2].
Como formas de atacar la pobreza se
crean proyectos en el medio rural, pero estos van dirigidos en buena
medida a destruir lo que aún queda en las zonas rurales indígenas -la
riqueza natural- y las relaciones sociales. Ya no se trata sólo de
programas de combate a la pobreza focalizados y compensatorios que
consisten en dar recursos a la población que se encuentra en la línea de
la pobreza; ahora, con un nuevo discurso, se trata de convencer a los
indígenas de que su condición de campesinos es lo que los mantiene
pobres y les ofrecen recursos y asesorías para que aprovechen los
recursos naturales de sus comunidades para crear sus propias fuentes de
empleo, como es el caso de los centros ecoturísticos.
Exclusión, violencia y deterioro ambiental
Al ahondar en la forma en que se
organizan los grupos que administran los centros ecoturísticos, nos
percatamos de que son unos cuantos los beneficiados, no toda la
comunidad. En lugares promocionados como Las Nubes y las Guacamayas,
los grupos son muy pequeños, se trata de personas de la comunidad que
decidieron arriesgarse con el proyecto. Para ello abandonaron sus
actividades campesinas y se convirtieron en meseros, camareros y
administradores.
En el caso de Las Nubes –ubicado en el
río Santo Domingo y al borde de la Selva Lacandona- las cabañas están
semidestruidas; no funcionó como el negocio que se les ofreció a los
cooperativistas. Por otro lado, los pobladores no beneficiados con el
proyecto acusan al grupo de haberse apropiado de tierras comunitarias
para explotar el centro ecoturístico.
En Las Guacamayas –ubicado en las
márgenes del río Lacantún, dentro de la Selva Lacandona- en algunas
épocas de año el hotel está lleno pero normalmente no tienen visitas.
Esto indica un bajo nivel de ingresos, que hace que los beneficiarios
del proyecto no permitan a los habitantes de la comunidad ofrecer el
servicio de hospedaje y alimentación a los visitantes, algo que sí
hacían antes de ser declarado centro ecoturístico.
El problema no es el turismo en sí
-incluso los zapatistas lo tienen como una actividad económica en
algunos sitios. El problema es pretender que el turismo es la única
opción en detrimento de otras formas de vivir en el campo; si el turismo
es la única alternativa, el turista se convierte en prioritario, por lo
que debe construirse infraestructura para su comodidad sin importar que
con ello se destruyan comunidades enteras. Hay otras formas de ofrecer
servicios turísticos sin dañar la naturaleza ni las relaciones
sociales, y esta opción no crea conflictos porque se ofrece lo que ya
existe -las bellezas naturales en su estado actual- y son las
comunidades quienes se organizan para tal fin.
Los centros ecoturísticos que operan
apoyados por el gobierno, lo hacen con lógicas de mercado, lo cual trae
destrucción de la naturaleza y de las relaciones sociales. No resuelven
el problema de la pobreza, al contrario, crean otros como divisiones,
violencia y exclusión. Pero además todo indica que es el inicio de una
forma soterrada de privatización de los recursos naturales, porque esos
pequeños grupos que cuentan con la autorización para explotar los
recursos, en pocos años fracasan, lo que lleva a una etapa de
privatización de los espacios a través de convenios con empresas
turísticas nacionales e incluso internacionales. Ya hay casos donde
hoteleros profesionales manejan hoteles “comunitarios”, como en la
comunidad lacandona.
[1] [3] Acuerdo firmado entre la Unión europea y el gobierno de Chiapas en diciembre de 2003
[2] [4]
Zibechi Raúl 2010.Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate
a la pobreza en América Latina. Pez en el árbol. México.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/12/las-verdades-del-ecoturismo-en-chiapas/
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