Con
una ola de juicios públicos y un mayor acceso a los archivos
históricos, países como Guatemala y Brasil avanzan en el rescate de la
memoria de las víctimas de abusos contra los derechos humanos,
perpetrados durante los regímenes militares y las dictaduras de los años
sesentas, setentas y ochentas. Las narraciones alternativas de la
historia presentadas en los ensayos y los archivos abren lentamente la
puerta a la justicia en toda América Latina. En El Salvador, sin
embargo, parece que el tiempo se mueve hacia atrás.
En las primeras horas de la
mañana del 14 de noviembre del año 2013, tres hombres armados
irrumpieron en las oficinas de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y
Niñas Desaparecidos, detuvieron a dos empleados a punta de pistola y
prendieron a fuego a los registros. Aunque existen copias de seguridad,
los materiales quemados contienen evidencia vital en tres casos
relacionados con la desaparición forzada de niños durante la brutal
guerra civil de 12 años en El Salvador.
El atentado se produjo sólo
seis semanas después de que la Arquidiócesis Católica de San Salvador
cerró bruscamente su oficina de derechos humanos, Tutela Legal, que
alberga a unos 50 mil documentos que detallan abusos contra los derechos
humanos.
Ambos incidentes coinciden con la
decisión del Tribunal Supremo, que deliberará sobre la
constitucionalidad de su Ley de Amnistía de 1993, que protege de juicios
a los autores de violaciones a los derechos humanos cometidas durante
la guerra civil, que cumple ahora 20 años.
Si la ley se revoca, los
archivos de la oficina de Tutela Legal pueden proporcionar evidencia
clave para el enjuiciamiento de los nuevos casos. Los archivos fueron
utilizados por el informe de la Comisión de la Verdad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, “De la locura a la esperanza: la
guerra de 12 años en El Salvador”, el cual encontró que el 85 por ciento
de las violaciones a los derechos humanos durante este período las
llevaron a cabo las fuerzas gubernamentales, apoyadas por los Estados
Unidos.
Para las víctimas de
violación, tortura y asesinato, pareció que la justicia estaba a su
alcance. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró que la ley de amnistía no puede proteger a aquellos que llevaron
a cabo la masacre de diciembre de 1981 en El Mozote, donde los soldados
del gobierno mataron a casi 800 personas, la mitad de ellos niños. El
27 de agosto de 2013, el coronel Orlando Montano – uno de los
responsables de llevar a cabo el asesinato de seis sacerdotes jesuitas,
el ama de llaves y su hija adolescente – fue condenado a dos años de
prisión por un tribunal federal de Boston bajo cargos de inmigración.
Montano, que vivió en los Estados Unidos durante los últimos 12 años,
probablemente enfrentará cargos de extradición a España.
Sin embargo, El Salvador sigue
ofreciendo una narrativa dominante profundamente coloreada por las
élites del país, que intentan mantener su estatus económico y político.
Muchos especulan que el cierre de la oficina de Tutela Legal es
resultado de la presión de grupos de abogados pro-amnistía, miembros de
algunas de las familias más poderosas del país. El ataque a Pro-Búsqueda
sucedió tres días después de la Corte Suprema escuchó los testimonios
de los sobrevivientes de una incursión de 1982, llevada a cabo por las
fuerzas del gobierno. Ninguno de los presuntos autores se presentó a la
audiencia.
De la locura a la fuga de la juventud
“Quiero decirle a El Salvador
que la iglesia cumplió con su objetivo en un momento difícil y trágico,
pero caminamos hacia adelante, de la mano con la democracia”, declaró el
ex presidente y miembro del partido Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), Armando Calderón Sol, en una entrevista con La Página. “Hubo
una transición en el poder, y caminamos hacia la paz y la democracia.
Las oficinas de Tutela Legal cerraron porque la democracia finalmente
puede sostenerse sobre sus propios pies”.
Sin embargo, no está claro
cómo la democracia puede sostenerse sobre sus propios pies, si las
narraciones de la guerra civil de la élite silencian la memoria de la
mayoría, y sobre todo si esa democracia fue construida por la brutal
represión.
A muchas organizaciones de
justicia social y de derechos humanos les preocupa que esté en marcha
una campaña sistemática para borrar el registro histórico. El procurador
de Derechos Humanos, David Morales, condenó el acto como una táctica
regresiva de intimidación y represión no vista desde la guerra civil.
Esto hace que el ataque sea aún más chocante, regresivo y anacrónico.
Posiblemente descubre las angustias de la élite sobre los archivos que
pueden obligarlos a enfrentarse a un “Yo Acuso”, de quienes ya no
existen. Es un toque final tipo Derridá: literalmente, eligiendo olvidar
la memoria que alberga, Tutela Legal cerró sus archivos.
Los hechos del 14 de noviembre
son aún más escalofriantes porque Pro-Búsqueda es una organización que
busca promover la justicia y la reconciliación a través de la
reunificación de los niños desaparecidos con sus familias. Durante los
últimos 20 años, Pro-Búsqueda recibió 921 informes de niños que
desaparecieron. La mayoría fueron asesinados en combate o quedaron
huérfanos cuando sus padres murieron. Las pruebas de ADN realizadas por
la organización identificaron a los padres de 382 de los desaparecidos, y
de ellos, 235 se reunieron con sus familias. La mayoría de los casos
restantes, 529, siguen sin resolverse.
El incidente subraya aún más
la cruel falta de reconocimiento del pasado que afecta el presente por
parte de grupos con intereses especiales, particularmente en el área de
desarrollo de la juventud.
Más de 75 mil personas
murieron durante la guerra civil, y se estima que más de 8 mil
desaparecieron. No existen cifras exactas sobre el número de niños
desaparecidos. Lo que se sabe es que más de un millón de salvadoreños
fueron expulsados del país, muchos de ellos hombres jóvenes que
huyeron del reclutamiento forzado de las fuerzas guerrilleras o del
asesinato por parte de escuadrones de la muerte. Su llegada a las zonas
urbanas como South Central, de Los Angeles, y su necesidad de encontrar
pertenencia social, impulsaron el desarrollo de crisis de las pandillas
actuales.
Combinado con los
desaparecidos y los que se encontraban entre la migración forzada y la
pertenencia a pandillas, se puede decir que El Salvador experimentó la
pérdida de toda una generación de jóvenes. Es tal vez menos que una
coincidencia que en los barrios y ciudades donde la lucha fue peor –
Mejicanos, Soyapango, San Miguel -, la violencia de las pandillas
también es peor. De alguna manera, los fantasmas de los que
desaparecieron reverberan en los espacios marginados en el país, y los
miembros de las pandillas son, en este sentido, los monstruos de nuestra
propia creación.
Pero no todos los jóvenes
salvadoreños se definen a través de la lente de la migración y las
pandillas. Según el libro de hechos de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, aproximadamente 1.27 millones
de jóvenes de entre 15 y 24 años viven en El Salvador. Las estimaciones
conservadoras sitúan que pertenecen a pandillas entre 15 mil y 20 mil
de ellos. Si todos los involucrados en las pandillas están entre las
edades de 15 y 24 años, representan entre el 1.2 y el 1.6 por ciento de
todos los jóvenes. En cuanto a la tasa neta de El Salvador en cuanto a
migración (-8.78 migrantes por cada mil habitantes) para los jóvenes
entre 15 y 24 años, un total de 11 mil 150 jóvenes salvadoreños
abandonaron el país en 2012.
Si las matemáticas aciertan,
casi 1.24 millones de jóvenes no están involucrados ni en pandillas ni
en la migración forzada. Esto significa que los 1.24 millones de jóvenes
de entre 15 y 24 años tienen la oportunidad de lograr cosas
extraordinarias, en beneficio del país.
Para los jóvenes que crecen en
un país que permite altos niveles de impunidad, el futuro parece
incierto. Al aniquilar la memoria de los niños desaparecidos, se corre
el riesgo de perder los espacios y los testimonios necesarios para
reflexionar sobre temas de actualidad – los problemas de pandillas en El
Salvador se desarrollaron porque los jóvenes que huyeron de la guerra y
luego regresaron fueron esencialmente olvidados.
Mientras la juventud
salvadoreña crece en una caja de resonancia histórica, parece como si
hubiera un mayor esfuerzo por aplastar a los recuerdos de la guerra
civil que no están en línea con el status quo. Una verdadera democracia
alberga múltiples narrativas, por inconvenientes que puedan ser algunas.
A pesar de las afirmaciones de que El Salvador camina de la mano con la
democracia, la realidad es que todavía hay un largo camino por
recorrer.
La anaconda
“América Latina es una bella
anaconda que se golpea los dientes a colazos. Uno no sabe nada de
política, pero se ha oído decir que tiene su corazoncito”, escribió
Roque Dalton en su poema El ser social determina la conciencia social.
Desde que Dalton escribió
estas líneas a finales de los años sesentas, las cosas cambiaron en
América Latina. Existen espacios conmemorativos en honor a las
narraciones de la izquierda y la derecha en Argentina, Chile, Brasil y
Guatemala. Estos espacios y testimonios proporcionan abundante material
para la reflexión política que garantice que estas atrocidades nunca
vuelvan a ocurrir.
Con las elecciones programadas
para llevarse a cabo el próximo 2 de febrero de 2014, El Salvador
conocerá si el país seguirá apoyando a la orientación socialdemócrata
del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
o volverá a las políticas neoliberales del derechista ARENA. El
Salvador también determinará si el país proporcionará el espacio
necesario para que las voces de las víctimas cuenten sus historias y
persigan un mínimo de justicia, o para que el país por lo menos
profundice sus reflexiones.
Mientras que la administración
del FMLN probablemente no tratará de enjuiciar a los criminales de
guerra, sí permitirá que sigan existiendo los espacios de memoria y los
archivos, y buscará la forma de indemnizar a las víctimas y permitir que
los tribunales decidan sobre cuestiones jurídicas relativas a los casos
de derechos humanos. Dado que la ley de amnistía fue aprobada durante
la presidencia de ARENA de Alfredo Cristiani, quien estuvo en el poder
desde 1989 hasta 1994, un gobierno de ARENA preservará la impunidad.
Por ahora, lo que se recordará
es una pregunta tan incierta como quién ganará las elecciones. En una
reciente encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) y
el Centro de Estudios Ciudadanos, el FMLN está a la cabeza. Con sólo el
35.9 por ciento de aprobación de los votantes, el partido todavía no
tiene el necesario 50 por ciento más uno de los votos válidos para ganar
en la primera vuelta de las elecciones, lo que provocó hace que los
expertos piensen que habrá una segunda vuelta.
Mientras tanto, las
posibilidades de anular la Ley de Amnistía son escasas. En la entrevista
con La Página, el ex presidente afirmó: “La ley terminó con una guerra
fratricida, y trajo el perdón y el olvido”.
En general, los individuos y
las familias que tienen un interés personal en seguir adelante y el
capital suficiente para hacerlo presiona bastante por ese perdón y ese
olvido, incluso secretamente. ¿Quién puede olvidar la avalancha de
artículos que vinculan a la firma de capital privado de Mitt Romney,
Bain Capital, con las familias salvadoreñas adineradas vinculadas a los
escuadrones de la muerte? Idealmente, debe haber un espacio para dos
narrativas y espacio para la justicia necesaria para seguir adelante.
Sin embargo, tras una mirada
más cercana, ninguna de las manos de los candidatos presidenciales está
limpia. El candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, fue el
responsable al mando de miles de asesinatos entre 1986 y 1990. El
candidato de ARENA, Norman Quijano, nunca estuvo implicado directamente
en violaciones a los derechos humanos, pero su partido fue responsable
de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas durante la
guerra civil – entre ellas, las masacres de El Mozote y El Sumpul, y el
asesinato del arzobispo Romero. También está el hecho de que el fundador
de ARENA y de los escuadrones de la muerte, Roberto D’Aubuisson, tuvo
inclinación para torturar a sus víctimas con un soplete, una afición que
le valió el apodo de “soplete Bob”. Como candidato de un tercer
partido, el ex presidente Elías Antonio Saca, del partido Gran Alianza
por la Unidad Nacional (GANA), representa más de lo mismo. Formado en
enero de 2010, el partido está compuesto en su mayoría por ex miembros
de ARENA, y formó una coalición con dos partidos más pequeños. Uno de
sus partidarios más públicos, Joaquín Villalobos, es considerado uno de
los responsables del asesinato del poeta Roque Dalton.
Con tantos interesados en
moldear las narrativas del pasado para preservar su libertad, la pizarra
nunca estará verdaderamente limpia. Pero por el bien de los 1.24
millones de jóvenes que crecen en la era posterior a la guerra civil, y
que tratan de encontrar su lugar en la sociedad civil salvadoreña, una
pluralidad de narrativas y perspectivas es necesaria para asegurar que
avancen en la conformación de un futuro político que finalmente rinda
resultados positivos. Será el papel de ellos borrar la pizarra. Muchos
tratan tan duramente de perdonar y olvidar que repetirán sus errores
mortales.
Mientras tanto, el olvido
seguirá funcionando como una imposición llevada a cabo por unos pocos
para prolongar la falta -asombrosamente irresponsable- de conciencia
sobre los efectos de la guerra civil sobre la juventud de hoy. Mientras
las organizaciones de derechos humanos enfrentan la posibilidad de más
amenazas, los informes indican que emerge una nueva encarnación de “los
desaparecidos”: los pandilleros opuestos a la erosionada tregua y los
competidores en las rutas de tráfico de drogas que son asesinados y
desaparecidos sin dejar rastro. Aunque no existen cifras exactas, un
creciente número de desapariciones anula los festivos informes de una
reducción de las tasas de homicidios (que en todo caso, aumentaron
constantemente en los últimos meses).
Dado que es políticamente conveniente no
olvidar los actos criminales de los históricamente marginados, los
pandilleros seguirán recibiendo poco perdón. El tiempo dirá si las
víctimas serán recordadas más allá de las posturas políticas para formar
la conciencia de votantes potenciales.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/12/guerra-contra-la-memoria-en-el-salvador/
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