Se desgasta el Pacto por México // Foto: Proceso.com |
Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática
nacional. Insiste en que el principal reto es la construcción de un
“Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando
en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder
gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo
nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del
Estado Mexicano como tal, sino de su utilización parcial y del divorcio
de la clase política de la sociedad.
El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente
Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial
para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más
importante la “alternancia” es la enorme acumulación de poder y riquezas
en las manos de Televisa, Carlos Slim y el Chapo Guzmán. Las recientes
liberaciones del General Tomás Ángeles y del ex subprocurador Noé
Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación
de las instituciones bajo el mandato de Calderón.
Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de
Elba Esther Gordillo, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo
Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS comunicaciones
para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz,
en su conjunto demuestran que la política de utilizar la ley y las
instituciones con fines políticos y para pagar favores personales sigue
más vigente que nunca.
Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy
probablemente corrupto, la forma y fondo de su detención responden a
evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp).
Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el
supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios
de comunicación tanto del Procurador Jesús Murillo Karam como del mismo
Diputado Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el
gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el
político zacatecano pudiera tener en el “clóset” para silenciar a una de
las voces más fuertes de la oposición política.
El caso MVS es también llamativo. El actual Subsecretario de
Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez,
fue durante años Director Jurídico de MVS Comunicaciones y
personalmente litigó el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz.
El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo público
sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui,
evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar
contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de las
participaciones de un servidor en este mismo medio respondió sin duda a
esa misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo
empresario mediático consentido del régimen, equivalente a lo que
ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y
Calderón...
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