Río Blanco, Honduras.
En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el
golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un
deslegitimado Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas, con la
que se garantizó la posibilidad de concesionar a terceros los recursos
hídricos del país.
Un mes después, la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional
100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En
diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura
de 50 ofertas.
Fue hasta abril de 2010, pocos meses
después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de
Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47
empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la
Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable
(AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y
siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el
país.
La concesión de decenas de ríos en manos
de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios
expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces
presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el
Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un
total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.
Fue así que entre junio de 2010 y
noviembre de 2011, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron 24
proyectos1 más de generación de energía renovable, con una inversión
aproximada de casi unos mil millones de dólares. Entre ellos el proyecto
hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital
hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado,
entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integración
Económica) por 24.4 millones de dólares.
Resistencia
El proyecto Agua Zarca, que se propone
la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la
zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos
de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias
comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su
ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos
municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena,
que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales.
Es por eso que más de 300 habitantes de
cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias,
han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera
que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto
hidroeléctrico.
En un primer comunicado, las comunidades
exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias
empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido
escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y
reiterado a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado Río
Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales,
desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización
y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el
comunicado.
Sobre este caso ya fueron presentadas
denuncias ante la Fiscalía de Etnias, el Congreso y Serna, sin embargo,
hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.
Según el Copinh y las comunidades
indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo
financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco
Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado
suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del
sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían
ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china
Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves
irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto
hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto
Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro,
que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras
partes.
“Nos reunimos en asamblea y la gente
decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA)
no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la
intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la
zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente
está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora
del Copinh, a la LINyM.
Cáceres señala que los alcaldes de la
zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del
proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías,
estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de
otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las
comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.
“Hemos visto un gran despliegue de
vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía
alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a
mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y
depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la
dirigente indígena.
En un segundo comunicado, el Copinh
reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de
personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión
de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en
Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la
población organizada.
Amenazas
Para el 6 de abril se esperaba la
llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos
humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades
lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la
protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación
de su territorio que ha sido invadido.
“Hay un cerco mediático de parte de los
medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras
razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los
alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier
acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad
física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.
Finalmente, la dirigente indígena
recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en
contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.
“El pueblo lenca hace un planteamiento
proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la
dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las
comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los
bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.
Lo que no aceptamos – continuó – es la
lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener
más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del
capitalismo”, concluyó.
Desalojan protesta de comunidades lencas contra proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” (Actualización del 12 de abril)
En la mañana del 12 de abril, cuerpos
especiales de la Policía se hicieron presentes en el lugar donde, desde
hace 11 días, varias comunidades indígenas lencas mantienen una fuerte
protesta contra la implementación y ejecución del proyecto
hidroeléctrico “Agua Zarcas“, desalojando por la fuerza a los
miembros de las comunidades, activistas del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a
observadores internacionales.
A ellos, los policías les arrebataron sus cámaras fotográficas para no dejar evidencias del operativo.
“Llegaron unas siete patrullas repletas
de antimotines al mando de Fredy Lagos, jefe regional de la Policía en
Comayagua y Miguel Ponce Sorto, jefe de la Policía de Intibucá, y nos
desalojaron.
“Han destruido nuestras carpas,
secuestrado nuestras provisiones y el agua. Han irrespetado a los
observadores internacionales, les han arrebatado violentamente las
cámaras y se han llevado el equipo de comunicación del Copinh.
“Exigimos que se salgan de nuestro
territorio, que nos dejen protestar contra un proyecto que las
comunidades afectadas han rechazado de forma decidida”, dijo hace pocos
minutos a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.
Según el Copinh y las comunidades
indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo
financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio [1] por 20 millones de dólares con Proparco, filial [2] de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían
ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista
china Sinohydro, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de
Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato [3] de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
“Personeros de las empresas que están a
cargo del proyecto llegaron con los antimotines e intentaron intimidar a
la gente, sin embargo no lo lograron.
En este momento está llegando mucha más
gente a reforzar la protesta y no nos hemos ido del lugar. Nos
mantenemos a la expectativa y vamos a implementar otras estrategias y
medidas de protesta, para defender nuestra tierra y nuestros recursos”,
aseguró Cáceres.
La dirigente indígena dijo también que
hicieron un llamado a las autoridades centrales involucradas en
el proyecto, para que se hagan presentes en aras de garantizar el
respeto de los derechos humanos, así como el respeto del Convenio 169 de
la OIT, y el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas
sobre proyectos en su territorio, incluso su derecho de rechazarlos.
En su planteamiento inicial [4],
las comunidades lencas ratificaron su firme rechazo al proyecto y
exigieron su retiro inmediato, ya que de hecho “privatiza el sagrado Río
Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales,
desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización
y amenazas contra miembros de las comunidades”.
“Queremos que se ponga fin al
hostigamiento y la represión contra la población de este sector. De aquí
no nos vamos a mover, no importa cuántas veces nos desalojen”,
concluyó Cáceres.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/04/honduras-comunidades-lencas-en-rebelion/
[1] suscribió un convenio: http://www.proceso.hn/2012/11/19/Econom%C3%ADa/Ficohsa.y.PROPARCO/60401.html
[2] filial: http://www.afd.fr/home/AFD/presentation-afd/proparco-secteur-prive
[3] ganó un contrato: http://www.desa.hn/es/sala-de-prensa/40-voith-hydro-gana-contrato-de-suministro
[4] planteamiento inicial: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/04/honduras-rio-blanco-nuevamente-emprende.html
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