Un líder comunitario asesinado, dos heridos de
gravedad y la declaratoria de estado de excepción con la consiguiente
pérdida de garantías para la población es el saldo de un nuevo hecho de
violencia en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, donde la
defensa del territorio frente a un megaproyecto hidroeléctrico ya
constituye una saga de represión, impunidad y muerte.
El 1º de mayo pasado en horas del mediodía un
conjunto de hombres armados emboscaron a tres líderes comunitarios que
retornaban de la cabecera municipal (Santa Cruz Barillas) hacia su
comunidad cercana a Posa Verde. Precisamente en esta región la empresa
Hidro Santa Cruz presiona para construir una hidroeléctrica lo cual ha
siodo fuertemente resistido por las comunidades que se verán afectadas,
incluso a través de consultas masivas en las que se ha rechazado dicho
proyecto.
Como saldo del atentado murió Andrés Francisco Miguel, en tanto que sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, quienes se han negado a vender sus tierras y sufrido persecución legal por parte de empresa, fueron gravemente heridos.
Las personas heridas y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de la empresa Hidro Santa Cruz, por lo que la población asumió que este acto fue promovido por personas vinculadas a dicha empresa.
Ello tiene asimismo relación con la denuncia que se hizo hace dos semanas ante las autoridades correspondientes la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa. A ello se suman las acciones de intimidación que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses como la persecución legal, cooptación de líderes y mensajes telefónicos con amenazas.
Así lo dijo a Radio Mundo Real el integrante de la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio de Huehuetenango (ADH), Francisco Rocael Mateo Morales, quien asimismo señaló que el gobierno del autoritario Otto Pérez Molina ha declarado estado de excepción en la región de Santa Cruz Barillas como resultado de lo cual se han sucedido encarcelamientos y allanamientos contra líderes de la resistencia a la hidroeléctrica.
Por su parte la coordinadora de la organización CEIBA (Amigos de la Tierra Guatemala) dijo a Radio Mundo Real que se requiere la atención de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para velar por los derechos de las comunidades.
La situación era grave al día siguiente de acontecidos los hechos, ante lo cual las organizaciones comunitarias y acompañantes (de Derechos Humanos, ambientalistas, entre otras) reclamaban inmediata revisión administrativa del expediente respectivo y suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroeléctrica Cambalam, así como el retiro de la empresa de la zona y el inicio de una investigación con garantías para las comunidades que permita aclarar el caso así como juzgar a sus responsables directos e indirectos.
Al mismo tiempo la información fue difundida a nivel internacional, evaluándose la realización de acciones urgentes que detengan las violaciones a los Derechos Humanos en esa región guatemalteca.
Como saldo del atentado murió Andrés Francisco Miguel, en tanto que sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, quienes se han negado a vender sus tierras y sufrido persecución legal por parte de empresa, fueron gravemente heridos.
Las personas heridas y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de la empresa Hidro Santa Cruz, por lo que la población asumió que este acto fue promovido por personas vinculadas a dicha empresa.
Ello tiene asimismo relación con la denuncia que se hizo hace dos semanas ante las autoridades correspondientes la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa. A ello se suman las acciones de intimidación que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses como la persecución legal, cooptación de líderes y mensajes telefónicos con amenazas.
Así lo dijo a Radio Mundo Real el integrante de la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio de Huehuetenango (ADH), Francisco Rocael Mateo Morales, quien asimismo señaló que el gobierno del autoritario Otto Pérez Molina ha declarado estado de excepción en la región de Santa Cruz Barillas como resultado de lo cual se han sucedido encarcelamientos y allanamientos contra líderes de la resistencia a la hidroeléctrica.
Por su parte la coordinadora de la organización CEIBA (Amigos de la Tierra Guatemala) dijo a Radio Mundo Real que se requiere la atención de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para velar por los derechos de las comunidades.
La situación era grave al día siguiente de acontecidos los hechos, ante lo cual las organizaciones comunitarias y acompañantes (de Derechos Humanos, ambientalistas, entre otras) reclamaban inmediata revisión administrativa del expediente respectivo y suspensión de la licencia de construcción y operación de la Hidroeléctrica Cambalam, así como el retiro de la empresa de la zona y el inicio de una investigación con garantías para las comunidades que permita aclarar el caso así como juzgar a sus responsables directos e indirectos.
Al mismo tiempo la información fue difundida a nivel internacional, evaluándose la realización de acciones urgentes que detengan las violaciones a los Derechos Humanos en esa región guatemalteca.
(2012) Radio Mundo Real
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