Según el Informe sobre tráfico de personas 2011,
del Departamento de Estado de Estados Unidos, en México no se cumplen
los estándares mínimos y la mayor parte de las víctimas de tráfico
procedió de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
Este último, contradictoriamente, ha llegado a ser considerado el
estado más seguro de la República, y en ese marco, silenciosamente, a lo
largo de varias décadas se fueron instalando redes familiares que se
especializaron en la trata de mujeres para explotación, que se
infiltraron en las estructuras comunitarias, religiosas e
institucionales, con la complacencia de la ciudadanía, con la omisión de
las autoridades, bajo el manto de la corrupción y de la impunidad.
Algunos antropólogos estudiosos del tema mencionan el inicio del
problema en Tlaxcala alrededor de los años 60, es decir, es un fenómeno
ha ido creciendo desde hace medio siglo.
Fue apenas en 2005, posteriormente a una serie de diagnósticos
elaborados por la sociedad civil y académicos, que la ciudadanía alzó la
voz para demandar a las autoridades una atención integral al delito en
el estado de Tlaxcala. Por ello se impulsó un movimiento en el que
diversos grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil
demandaron que se tipificara el delito e implementaran políticas
públicas.
Actualmente, de acuerdo con algunas observaciones académicas, podemos mirar con preocupación la siguiente situación.
En el estudio Trata de mujeres en Tlaxcala (Olamendi, 2008)
se reconoce que las redes de trata se asientan en 23 municipios. Al
analizar expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
en el periodo de 2006 a 2008, se reconoce que 60 por ciento de las
víctimas son del estado de Tlaxcala y 40 por ciento del interior de la
República, y 46 por ciento de las mujeres tratadas eran menores de edad.
Por su parte, el trabajo de tesis Factores socioculturales que llevan a la subordinación de la mujer ante el lenón (Techalotzi,
2010) da un panorama de la trata en San Pablo del Monte. Noventa por
ciento considera que la trata de mujeres para la explotación sexual es
un problema en el municipio, 59 por ciento ha visto entre uno y cinco
lugares donde se ejerce la prostitución en el municipio, 35 por ciento
refiere que ha visto de seis a 10 de estos lugares, 3 por ciento
mencionó que conoce entre 11 y 15 lugares; por último 3 por ciento
refiere no haber visto lugares de prostitución.
El estudio Lenocinio como proyecto de vida de niños y adolescentes de Tenancingo, Tlaxcala
(Pérez, 2010) investiga a hombres, niños y adolescentes que cursan del
cuarto grado de primaria al tecrcero de secundaria. Algunos datos
importantes de esta tesis son los siguientes: 89 por ciento de las
personas encuestadas reconoció que la práctica de lenocinio en la
comunidad influye en los niños; 20.7 por ciento de los padres
encuestados reconoció que su hijo ha manifestado su interés por ser
padrote.
En todo un periodo de gobierno, el sexenio del panista Héctor Israel
Ortiz Ortiz, quien sistemáticamente negó el problema, y a más de medio
año del actual gobierno priísta a cargo del Mariano González Zarur, son
pocos los resultados obtenidos como parte de las acciones
institucionales.
El balance de logros de los gobiernos resulta poco alentador, pues
únicamente se tipificó el delito de trata de personas, sin que tenga
aplicación eficiente; se logró además la instalación de un Consejo
Estatal contra la Trata, responsable de implementar la estrategia
estatal para prevenir, atender y sancionar la trata de personas, sin que
se aplique.
Una verdadera acción gubernamental de compromiso frente al tema
requiere de garantizar el recurso público suficiente para: implementar
políticas públicas que prevengan a las personas sobre el riesgo de ser
tratadas; resignifiquen el papel de los hombres para ya no ser tratantes
ni consumidores; crear los refugios y acuerdos con las redes de
refugios para la protección y reincorporación social de las víctimas;
sancionar a las redes de trata y extinguir los lugares de explotación.
Mientras eso no suceda los gobiernos no pueden presumir de que ponen
en práctica acciones reales contra la trata de personas; seguirán
escuchándose esos relatos de mujeres obligadas a tener 30 o 40
encuentros sexuales cada día, amenazadas, sin ser dueñas de sus cuerpos y
de su vida.
Mientras eso pase, la sociedad civil, en su legítimo derecho,
seguramente seguirá manifestándose y exigiendo acciones a los gobiernos
para detener este grave delito.
*Integrante de Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas en Tlaxcala.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/21/opinion/025a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/21/opinion/025a2pol
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