Una espiral de asesinatos y crímenes envuelve a
Guatemala. El asesinato del cantante Facundo Cabral el
sábado es sólo el
más reciente ejemplo de la crisis de seguridad de un país colonizado
por los carteles del narcotráfico, amenazado por formaciones
paramilitares y asolado por pandillas de jóvenes expulsados de Estados
Unidos.
“Del mismo modo que ante el vidrio con azogue podemos ver nuestra
imagen personal con ojos de desconsuelo o con mirada optimista, lo que
estas páginas nos ofrecen podemos leerlo con la lente del pesimismo,
pero igual tenemos la opción de ver la dura realidad aquí reflejada como
el desafío de cuánto aún debemos enmendar, de cuánto aún debemos
construir”, afirma el procurador Sergio Fernando Morales Alvarez, autor
del último informe publicado por la Procuraduría de Derechos Humanos
guatemalteca. El documento es lapidario y exige respuestas inmediatas.
Desnuda la vulnerabilidad de los derechos humanos en ese país y se
presenta como espejo de la violencia que se ensaña con los sectores más
postergados. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para
una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de
41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas
muertes fueron provocadas por armas de fuego, dice el informe. Según ese
estudio, las víctimas adultas se encuentran en un rango de edad que va
de los 18 a los 25 años. Muertes jóvenes y evitables.
El informe –disponible en pdh.org.gt en su versión completa– aporta
algunas claves. También desnuda la falta de políticas públicas. “Si el
Estado no protege a sus ciudadanos no se puede evitar la violencia; si
persisten la pobreza y la desatención de sectores vulnerables como
mujeres, niñez y adolescencia, no se erradica la violencia.”
Sin embargo, el país centroamericano no escapa a una historia
marcada por la violencia paraestatal. Marco Tulio Alvarez, director de
los Archivos de la Paz de la Secretaría de la Paz de la Nación, asegura
que lo que ocurre no es totalmente ajeno a la guerra civil que desgarró a
su país. Afirma, además, que en ese período se sentaron las bases para
el accionar de los cuerpos paralelos o aparatos clandestinos de
seguridad que asuelan a Guatemala.
Alvarez considera que, durante la contrainsurgencia, se articuló una
infraestructura de recursos de inteligencia que formaron el capital de
aquellos oficiales que actuaban en las instituciones armadas. “Con el
final de la guerra se llegó a la hipótesis de que seguía funcionando una
estructura paralela al Estado”, analiza el titular de Archivos por la
Paz. De alguna manera, no se descarta que esos ex militares participen
en el armado de las nuevas organizaciones criminales. Alvarez estima
que, en algunos casos, se observa que no son delincuentes comunes
quienes llevan adelante determinadas operaciones criminales, sino que
existe una aceitada organización detrás de esos delitos. “Eso implica la
participación de una infraestructura de alto nivel”, señala.
Desde un trabajo de recuperación de la memoria histórica, Alvarez
afirma que en los análisis realizados sobre el modo de operar del
aparato militar en tiempos de dictadura, pudo determinarse que se habían
ejercido ciertas prácticas propias de una guerra contrasubversiva;
acciones que pasaron por alto normas legales y garantías
constitucionales. “De alguna manera, esas prácticas crearon un sistema y
una forma de funcionar de esos aparatos paraestatales, influyendo e
infiltrando al propio Estado”, considera Alvarez, y evalúa que es
probable que algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad colaboren
con estos aparatos.
“Es bastante claro que en nuestro país funcionan este tipo de
cuerpos. Esa es la razón de la creación de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). No sólo en el asesinato de
Facundo Cabral sino en muchos otros casos estamos viendo una alta
capacidad para operar donde las fuerzas estatales son limitadas en su
accionar”, agrega. El avance de estos hechos de violencia coincide,
según Alvarez, con un deterioro cada vez mayor de la seguridad. “Lo que
nos está faltando es poder ubicar a esos aparatos clandestinos
favorecidos por el narcotráfico, la delincuencia y ex militares”, dice y
admite que no es fácil llegar hasta la médula del problema porque hay
una estructura que disfraza la situación. Alvarez menciona el caso del
general Héctor Mario López Fuentes, uno de los generales al frente del
Estado Mayor en 1982. “Siento que estos oficiales participaron en
prácticas muy duras, indudablemente cobraron cuotas y pasaron a formar
parte de un grupo emergente que se enriqueció. A diferencia de los
argentinos, nosotros todavía no hemos podido avanzar en el juzgamiento
de estos criminales, eso está bloqueando la posibilidad de que tengamos
nuestro nunca más.”
El informe anual de la PDH guatemalteca fue presentado en enero.
Entre sus 1200 páginas, Morales Alvarez lanza un interrogante que
demanda una acción inmediata de las autoridades: “Lo hemos dicho de viva
voz y ahora lo ponemos por escrito: frente al pesimismo generalizado
debemos preguntarnos, si Guatemala ya tocó fondo, ¿vamos a seguir
saltando en ese fondo para hundirnos más? Mi respuesta es ¡No!”
Vìa:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-172201-2011-07-14.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario