(apro).- El pasado 20 de marzo el rotativo británico The Sunday Times
reveló que tres diputados del Parlamento Europeo habían aceptado 100
mil euros al año a cambio de introducir enmiendas a los documentos
legislativos en preparación, desatando así lo que algunos medios ya
consideran el mayor escándalo de corrupción en la historia de esa
institución de la Unión Europea (UE).
El caso ha tenido fuertes repercusiones políticas
porque involucra a figuras nacionales de los dos principales grupos
políticos del Parlamento Europeo: el ex ministro del interior de
Austria, Ernst Strasser --del mayoritario Partido Popular Europeo
(PPE)--; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Zoran
Thaler, y el ex viceprimer ministro de Rumania, Adrian Severin (ambos de
la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, segunda fuerza
política).
Strasser y Thaler ya renunciaron a sus curules, mientras que
el grupo socialista del Parlamento Europeo corrió a Severin, quien
decidió conservar su cargo. Aun así, los tres son investigados por las
autoridades anticorrupción de sus respectivos países.
El 27 de marzo el periódico británico incluyó en sus
acusaciones al español Pablo Zalba Bidegain, un joven eurodiputado de 37
años de edad, miembro del PPE.
Otros 14 eurodiputados cayeron en la trampa que les tendió The Sunday Times. Sus casos serían divulgados próximamente.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Diana Wallis,
prometió una investigación interna. El eurodiputado polaco Jerzy
Buzek, que preside esa institución, se rehusó a que los agentes de la
Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF) penetraran en el edificio y
realizaran sus propias investigaciones ya que, remarcó, es un caso
que no entra en su área de competencias.
Buzek sostiene que el derecho a investigar asuntos
criminales o judiciales ligados a los eurodiputados únicamente involucra
a las autoridades de los países de donde éstos provienen. Con esas
autoridades, dice, cooperará el Parlamento Europeo, cuyos guardias
internos vigilan las oficinas de los eurodiputados inculpados, las
cuales fueron selladas.
El asunto ha puesto otra vez en entredicho la actual
normativa europea en materia de cabildeo y la necesidad de un registro
más estricto y obligatorio de esta actividad en Bruselas, que no sea
voluntario como ahora.
Andy Rowell, integrante de la organización no gubernamental
Alianza para la Transparencia del Cabildeo y una Regulación Ética,
consideró que este escándalo "fue un accidente que debía suceder". Y
señaló que los políticos de Bruselas, responsables de hacer leyes,
"disfrutan de una relación bastante cómoda con los cabilderos de la
industria. No es sorprendente que a los eurodiputados se les haga muy
fácil actuar a favor de falsos cabilderos".
En medio de las revelaciones británicas, el martes 29 de
marzo la eurodiputada austriaca Hella Ranner (PPE) anunció
que renunciaría a su cargo luego de que el diario Kurier --de
su país-- publicó una carta de su abogado indicando que ella planeaba
pagar una deuda personal de 7 millones de euros utilizando el dinero que
reciben los eurodiputados para contratar personal y solventar los
costos de sus oficinas en el Parlamento Europeo.
Firma falsa
Hace ocho meses un equipo de reporteros de The Sunday Times creó la falsa firma de cabildeo Taylor Jones Public Affairs.
En Bruselas se encuentran las instituciones de la Unión Europea
responsables de la elaboración de leyes comunes a los 27 Estados
asociados, por lo que existen cientos de empresas privadas y organismos
públicos que emplean en conjunto casi 20 mil cabilderos para intentar
influir a favor de sus intereses durante el proceso legislativo.
A nombre de esa empresa pantalla, los reporteros del
rotativo británico contactaron a 60 de los 736 eurodiputados,
proponiéndole a cada uno de ellos por separado una retribución económica
a cambio de que introdujeran enmiendas particulares a los documentos
legislativos en preparación.
Según la investigación de The Sunday Times,
Strasser no sólo aceptó el ofrecimiento de los supuestos cabilderos sino
que, además, en los encuentros con ellos se jactó de que, por
actividades de cabildeo, percibía, adicionales a su salario, 436 mil
libras anualmente (casi medio millón de euros), y las prestaciones
personales como eurodiputado que ascienden a 190 mil libras en el mismo
periodo (215 mil euros).
Les explicó también que él debía tomar muchas precauciones
en el Parlamento Europeo para evitar sospechas. En una imagen registrada
con una cámara oculta, el eurodiputado dice: "El problema es que un
cabildero es un cabildero, sí. Y un cabildero tiene un olfato especial.
Es verdad que yo mismo soy algo así. Así que tenemos que ser muy
cuidadosos."
Tras las revelaciones, Strasser afirmó que él no había hecho
nada incorrecto. Sin embargo, horas más tarde renunció a su diputación
porque, dijo, se había orquestado una campaña en su contra en Austria y
ello dañaba la imagen de su agrupación política, el Partido Popular
Austriaco.
Poco antes, el vicecanciller de su país y presidente de su
partido, Josef Proell, había calificado su actitud de "inaceptable" y le
había exigido dejar de inmediato todos sus cargos políticos, no sin
antes advertir que "todas las justificaciones que pudiera ofrecer
Strasser son completamente huecas frente al peso de las revelaciones."
Por su parte, el eurodiputado Severin envió a los reporteros
--que él creía cabilderos-- un correo electrónico que decía:
"Sólo quiero avisarles que la enmienda que ustedes deseaban fue
introducida a tiempo." Después los reporteros recibieron una
factura suya por 12 mil euros, respaldados bajo el concepto de
"servicios de consultoría".
El diario rumano Gandul divulgó un video grabado en secreto por The Sunday Times durante un encuentro con Severin, a quien se escucha aceptar el pago de 12 mil euros.
En declaraciones a la agencia rumana de noticias Mediafax,
el eurodiputado negó de tajo las acusaciones en su contra y denunció que
"toda esta historia es un ultraje sin fin", por lo que exigió al
Parlamento Europeo que ofreciera "una prueba aclaratoria" de que él no
había cometido ninguna falta en este caso.
Pero no sólo eso: remarcó que él no había hecho "nada ilegal
o que vaya contra las costumbres que hay aquí (en el Parlamento
Europeo)", y amenazó con demandar a los autores del reportaje
periodístico.
Severin declaró a la misma fuente que los eurodiputados
tenían "el derecho a trabajar como consultores políticos", y que su
única obligación era no difundir información confidencial.
El líder de la bancada socialista, el alemán Martin Schulz,
declaró el mismo día de la revelación que "un artículo periodístico no
es el fallo de una Corte", que hablaría lo antes posible con los
eurodiputados inculpados de su grupo para conocer su versión de los
hechos y, en caso de ser cierta la información, adelantó, propondría
suspenderlos como miembros del grupo socialista.
Severin fue finalmente expulsado de la bancada socialista, pero a pesar de las presiones sigue aferrado a su curul.
Víctimas
A diferencia de Severin, Thaler renunció un día después de las revelaciones del Sunday Times.
En su caso, él había aceptado introducir enmiendas a una reforma de la
ley bancaria, y solicitó que le enviaran sus honorarios a la cuenta de
una asociación establecida en Londres.
Pero como en los otros casos, Thaler rechazó las acusaciones
y dijo que renunciaba para abrir la posibilidad de que una
investigación aclarara los hechos y las circunstancias de lo que llamó
"un intento por manchar mi nombre".
En una comunicación con el sitio de noticias Euractiv, el
político esloveno apunta que él sabía que se trataba de una
"manipulación y un intento por desacreditarlo" desde que, en diciembre
de 2010, los falsos cabilderos le habían hecho la "oferta inmoral."
Thaler --quien fue ponente de un informe sobre Macedonia--
relacionó las acusaciones que, un mes antes, en noviembre, le imputaron
en ese país, y que tenían que ver con un caso de tráfico de influencias a
través de una compañía eslovena de relaciones públicas.
Thaler finaliza diciendo que no tocó el dinero que le
propusieron y que no tenía la intención de tocarlo en un futuro, además
de que nunca firmó el "contrato de cooperación" que le habían ofrecido
ni entregó factura alguna como le solicitaron.
El caso del eurodiputado español Zalba es distinto. Él
proviene del medio empresarial: ha ocupado altas
responsabilidades comerciales en corporativos como Arcelor Mittal
(acerera), Comansa (fabricante de grúas industriales) o SIC Lázaro
(dispositivos para ascensores), según sus datos curriculares oficiales.
Los presuntos cabilderos de Taylor Jones Public Affairs
se vieron con él el 19 de enero. Le dijeron que necesitaban "un socio"
al interior del Parlamento Europeo para enmendar algunas partes de una
directiva dirigida a compensar a los pequeños inversores en caso de
fraude.
En un video con cámara oculta, Zalba contesta que él puede
cambiar cualquier informe que prepare el Parlamento. "Aquí hay muchos
grupos de presión, y muchos quieren que metamos enmiendas. Y depende de
nosotros si hacemos un `cortar y pegar`", refiere el eurodiputado.
Zalba les dice a sus interlocutores que él, "por supuesto", puede presentar una enmienda a favor de sus intereses.
A fines del mismo mes, una reportera del diario volvió a
verse con el eurodiputado, quien se manifestó dispuesto a tomar el cargo
remunerado que le ofrecieron, pero sólo después de saber si el Partido
Popular de su país lo postularía para las elecciones de mayo entrante.
En la misma cita le confirma que introducirá la enmienda que ella quiere.
Posteriormente, a través de un intercambio de correos
electrónicos, los reporteros logran fácilmente que el eurodiputado
introduzca una enmienda tal como ellos la redactaron, permitiendo a los
fondos financieros europeos ocultar informaciones a sus clientes.
Zalba asevera que su conciencia está limpia, pues está
convencido de que votó por una ley justa, por la que no aceptó ni
dinero ni favores. Así mismo, ha comentado que la presunta cabildera
"era muy atractiva" y que los estándares éticos del periódico británico
dejan mucho que desear.
Refiere igualmente que la enmienda propuesta por los
cabilderos ficticios era muy buena y así le pareció a su bancada.
También explicó que se percató de la mentira y llamó al rotativo antes
de que publicara el reportaje el 20 de marzo, tras lo cual consiguió una
declaración escrita de los abogados en donde aseguran que él no recibió
dinero.
El PPE ha tomado la defensa de Zalba; en un
comunicado afirma que la bancada sabía que éste había introducido una
enmienda con la que estaba de acuerdo, y que de ninguna manera puede ser
condenado por charlar con cabilderos.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89831
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