“No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas, también son fascistas.”
Roque Dalton
Acusados por un régimen que mortifica con inquina brutal la
disidencia de las ideas y las formas de vivir distintas a las que
reproducen al disciplinado consumidor y al cliente manso.
Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la miseria
en Chile, el mal llamado “Caso Bombas” resulta un paradigma, un modelo
ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento
social, criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de
un Estado policial en el país.
El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación pacífica
de solidaridad de los familiares, amigos y personas de honda
sensibilidad ante la situación de los prisioneros políticos, el centro
de Santiago estaba copado de Carabineros y Fuerzas Especiales a lo largo
de cuadras completas y bocacalles. Cualquier joven que pasara por allí
en una de las horas punta de la Capital fue revisado por la policía. Y
los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros políticos
fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros lanzaaguas.
Se desconoce el número de detenidos y heridos.
El día anterior se había realizado una actividad solidaria, esta vez
en la Plaza Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró
encaramarse a una pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en
la Plaza Italia, donde desplegaron un cartel por los mismos motivos.
Allí también hubo detenidos.
Alejandra Morales es hermana de Pablo Morales, encerrado en el Módulo
de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad por el caso en
cuestión. El juez Alejandro Peña solicitó para él presidio perpetuo
simple como supuesto ‘líder de asociación ilícita’. Alejandra dice que
debido a la huelga de hambre, los jóvenes “están muy débiles, pero
fuertes de espíritu. Han bajado entre 10 a 12 kilos”, y agrega que “con
el traslado del fiscal Peña al Ministerio del Interior se confirma la
condición eminentemente política del caso. Pablo fue prisionero político
en la década de los 90’ y esta en su huelga de hambre número 17.
Nuestra única expectativa es la verdad y la libertad”. Explica que “las
pruebas son irrisorias” y siente que “estamos luchando contra Goliat.
Hoy nos está tocando a nosotros en particular, pero la aplicación de la
Ley Antiterrorista puede ser utilizada contra cualquier persona. Además,
¿cómo puede usarse una ley antiterrorista si en Chile no existe el
terrorismo, según los propios organismos internacionales?”
Verónica Garín es pareja de Omar Hermosilla, también privado de
libertad en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad.
El fiscal Peña pide para él 10 años de presidio por ‘asociación ilícita’
y tres años por ‘financista de la asociación’. Verónica tiene un hijo
con Omar y cuenta que su pareja “estuvo detenido en los 90’ por ser
miembro del Mapu-Lautaro. Luego salió en libertad condicional a fines de
1999, y jamás dejó de solidarizar con los compañeros aún detenidos en
aquel entonces. El fiscal Peña lo acusa de ‘financista’ porque en
septiembre de 2009 recibió un monto de 900 euros ($ 700 mil pesos, 4
sueldos mínimos) desde el extranjero para ayudar a los familiares de
algunos prisioneros políticos, y para una biblioteca popular de una casa
ocupa. Cuando lo detuvieron él trabajaba en una empresa desde hace 10
años, a la cual sigue vinculado, y no lo han despedido. Sus colegas de
empleo se han organizado para hacer colectas y llevarle alimentos a la
prisión”.
Omar fue presidente del Comité de Administración del Block 72 de la
Villa Olímpica, inhabitable después del terremoto de febrero de 2010.
Como damnificado, Omar fue dirigente, ganándose la animadversión del
alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex miembro de la dictadura de Augusto
Pinochet como alcalde designado en esa municipalidad en 1987).
Verónica, periodista profesional, relata que “el fiscal Peña ha
presentado, entre otras pruebas ridículas, una enorme cantidad de
libros, entre los que están incautados textos periodísticos que se
venden en las cunetas y librerías del país. Nosotros no somos ni
anarkistas ni ocupas. Desde el gobierno se ha intentado generar temor
entre las personas y organizaciones sociales para que no apoyen la
libertad de los prisioneros”.
-¿Cómo luchar contra el temor?
“Blindados de solidaridad. Gente sin militancia ninguna nos ha hecho preciosa compañía.”
La solidaridad tiene relación originaria con la palabra ‘sólido’.
Sólido amor y colaboración entre los seres humanos. Relación donde nos
reconocemos en la necesidad, en la igualdad y la justicia. Síntesis de
aquello que nos vuelve más humanos. La solidaridad es el arma ardiente
que destruye el egoísmo y el temor.
Las razones profundas de la defensa
Alberto Espinoza es acaso, el abogado más brillante, sólido y
riguroso en materia de Derechos Humanos en Chile. Él lleva la defensa
del imputado y joven comunicador social, Rodolfo Retamales Leiva, para
quien el fiscal Peña ha pedido cadena perpetua simple por su supuesto
liderazgo en la igualmente supuesta ‘asociación ilícita’ de la que se le
acusa.
El jurista Alberto Espinoza dice que “en el plano estrictamente
judicial nos encontramos con una investigación desarrollada al amparo de
la Ley Antiterrorista, que no tiene ningún sustento material probatorio
que permita a cualquier tribunal con independencia formarse ninguna
convicción condenatoria”.
-¿Por qué?
“Los antecedentes son muy precarios, muy débiles, muy repetitivos. La
acusación que ha formulado el fiscal Peña resulta francamente poco
seria hasta en su estructura formal. El fiscal Peña hace alusión a más
de 7 mil evidencias, 800 testigos, unos 300 peritajes. Sin embargo, nos
encontramos con que hay más de 3 mil evidencias repetidas.”
-¿Cómo así?
“Por ejemplo, una misma cuenta del BancoEstado se encuentra repetida 4
veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está tres
veces. Igual cosa ocurre con material fotográfico. Se utilizan como
evidencia colillas de cigarrillo que carecen de todo peritaje. Hay
tarjetas del transporte público y hasta juegos de llave que se emplean
como pruebas. Existen hechos ocurridos en 1992 que ni siquiera son
motivo de la investigación, como la compra y venta de un automóvil. Toda
esta ‘prueba basura’, después de ser despejada, puede quedar reducida a
unas 500 evidencias, que tampoco comportan un mérito probatorio como
para que un tribunal se haga una convicción de condena. Confiamos en que
cuando un tribunal conozca estos antecedentes no podrá llegar a otro
resultado que a la absolución de los acusados.”
Una de las acusaciones más graves que cae como techo de plomo sobre
los jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en el llamado ‘montaje del
caso bombas’ corresponde a una pretendida ‘asociación ilícita
terrorista’. Pero el abogado Espinoza es vehemente cuando señala que
“elementos de terrorismo no se logran advertir de ninguna manera. No hay
armas, ni explosivos incautados. Nada puede sostener que este grupo de
personas pudiera estar comprometido en hechos ilícitos, y menos en
ilícitos de carácter terrorista.”
No obstante, la cuestión de fondo es política. Alberto Espinoza
indica al respecto que “aquí nos encontramos frente a una acción
política de parte del Estado, donde se han articulado las fuerzas del
Poder Ejecutivo con la fuerzas del Ministerio Público, más las fuerzas
de las policías –Investigaciones y Carabineros-, para emprender un
proceso de criminalización de la protesta social. Los muchachos
efectivamente, son conciencias antisistémicas, descontentas del
neoliberalismo, de las formas como se administra el Estado, de las
políticas represivas, de las desigualdades sociales generadas por el
modelo económico. Y ello es legítimo. Pero aquí se busca criminalizar
esta forma distinta de pensar respecto del actual estado de cosas”.
-¿Y de dónde nace el castigo a la disconformidad social, política, económica y cultural?
“Se arrastra desde los gobiernos de la Concertación. Y es una
estrategia represiva que se expresa en la persecución al pueblo mapuche.
Ahora se amplía a estas personas antisistémicas. Y todo al amparo de la
Ley Antiterrorista.”
-Hay gente que mira hacia el lado, pensando que no es asunto suyo…
“Esto es altamente preocupante desde el punto de vista de los
derechos cívicos y ciudadanos, porque bajo la actual dinámica represiva
pueden extender el ‘terrorismo’ a acciones absolutamente poco
relevantes. Si están empleando una tarjeta Bip (sistema de pago del
trasporte colectivo Transantiago) como evidencia para acreditar que una
persona es parte de una asociación ilícita terrorista, estamos entonces,
llegando a extremos insólitos, absurdos, abusivos. Sobrepasan incluso
prácticas utilizadas por la dictadura militar.”
-Ha sido un caso, en general, muy explotado por los grandes medios de comunicación…
“Eso lo prueba el hecho de que ante las cámaras, el fiscal Peña se
presenta hablando de 7 mil evidencias. Eso es fácil decirlo, toda vez
que la defensa no tiene la cobertura para contravenir fundadamente esas
afirmaciones. Por tanto, la opinión pública se queda con la sola versión
del fiscal. Pero, tanto las evidencias, como los testigos y los peritos
están multirepetidos.”
Hace pocos días, el fiscal Peña sorprendió al país, informando que
del Poder Judicial partiría a trabajar al Ministerio del Interior, junto
al jefe de la Cartera, Rodrigo Hinzpeter. Los textos escolares explican
que las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la
independencia de los poderes del Estado. Ello constituiría una garantía
ciudadana, que en este caso, a través del salto de los tribunales al
marcapasos de La Moneda del todavía fiscal Alejandro Peña, se
violentaría con velocidad lumínica y en portadas a todo color.
En este sentido, el abogado Espinoza califica el episodio como
“vergonzoso. Y refleja con claridad el sustento de fondo que tiene esta
investigación. El Ministerio Público es un organismo autónomo e
independiente del Poder Ejecutivo; sin embargo, aquí ha quedado en
evidencia que el fiscal Peña estuvo actuando como un paniaguado del
Ministerio del Interior, el cual es querellante de esta causa. De algún
modo, siempre hay que guardar algún grado de decencia pública porque
Alejandro Peña no es una persona común y corriente que anda buscando
trabajo. Se trata de un funcionario público en quien la sociedad ha
confiado la potestad institucionalidad de perseguir a gente ligada a
hechos ilícitos. Es criticable el suceso porque debe primar siempre el
principio de objetividad del Ministerio Público, esto es, investigar con
igual celo aquellos elementos que son inculpatorios de los imputados,
como aquellos elementos que los eximen, los extinguen o los atenúan.
Pero aquí el fiscal operó de manera estrecha con el Ministerio del
Interior”, y el jurista añade que “esto quedó reflejado desde que el
fiscal nacional, Sabas Chahuán, removió al fiscal Armendáriz para
nombrar al fiscal Peña en la causa. Y entonces existen también
responsabilidades en la aplicación de la Ley Antiterrorista en el fiscal
nacional Chahuán. El ministro del Interior, Hinzpeter visitó al fiscal
Chahuán e inmediatamente después se cambia a Armendáriz por Peña. Por
eso el fiscal Sabas Chahuán tiene cuestiones que responder al respecto”.
La Haine
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