Los 25 mil asesinatos de civiles, la existencia de una industria del secuestro, el incremento de levantones,
los constantes asaltos a centros de tratamiento para adictos, el
asesinato de activistas sociales y la escalada en la muerte de
periodistas impactan las relaciones de México con el exterior.
“Es impensable que esto suceda
en un país. Es increíble lo que estoy escuchando aquí. Eso nunca
ocurriría en mi país”, expresa Wolfang Gunkel, diputado socialdemócrata
alemán, en su primera visita a México.
Este legislador fue amigo epistolar de Camilo Torres Restrepo ?el sacerdote revolucionario colombiano?, conocedor de la experiencia antinarcóticos de Colombia y exjefe policiaco. Su estancia en México –del 24 al 25 de junio?
fue fugaz pero intensa. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos
del parlamento alemán, se reunió con legisladores de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
También conversó con el
embajador de su país, quien le expresó que no ocurre “nada serio” en
México. Sostuvo una charla informativa con representantes de
organizaciones no gubernamentales, así como con algunos miembros de la
prensa mexicana; culminó con un intercambio con académicos y
especialistas en seguridad. La información que obtuvo en la segunda
parte de entrevistas contrasta con lo que le expresaron los legisladores
mexicanos y su embajador.
Aunque admite que las
condiciones en su país son muy diferentes a las de México en cuanto a la
violencia que genera el supuesto combate al crimen organizado, Gunkel
sintetiza el balance de su visita en una frase, que expresa cerrando el
puño y golpeándolo contra la mesa: “Nunca ninguno de mis colegas
alemanes concebiría que en Alemania se diga que hay 62 periodistas
asesinados ¡y no se haga nada!”
Para este expolicía que vivió
la reunificación de Alemania, las Fuerzas Armadas son necesarias para
combatir al crimen, pero sin cometer excesos o violaciones a los
derechos humanos. Tras escuchar las explicaciones de los mexicanos con
los que se entrevistó, confiesa que regresa a su país muy preocupado por
el escenario de violencia generalizada que observó en México. Promete
que esto lo manifestará en el parlamento alemán y ante el parlamento
europeo.
Días después de la estancia de
Wolfang Gunkel, llegaron al país dos eurodiputadas del Grupo de los
Verdes: la alemana Franziska Keller y la finlandesa Satu Hassi, quienes
permanecieron del 1 al 4 de julio. Su objetivo era conocer el avance en
las investigaciones por los asesinatos de la activista mexicana Beatriz
Alberta Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola. El 27 de abril
de 2010, ambos fueron emboscados por un grupo paramilitar a la entrada
de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca.
Tras reunirse con funcionarios
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de
Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como con
representantes de organizaciones civiles y de sus propias embajadas,
manifestaron que su solicitud de entrevista con el gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz, no fue atendida.
Hassi, exministra de
Cooperación del Medio Ambiente y Desarrollo de Finlandia, admitió que se
sentía “decepcionada” por la respuesta de los gobiernos federal y
estatal ante la emboscada en el Municipio Autónomo. “Nos dijeron que era
un conflicto interno de la comunidad triqui, pero ahora sabemos que es
mucho más que eso: es notorio que el grupo paramilitar Unión para el
Bienestar Social de la Región Triqui cuenta con muchas armas y
entrenamiento”. Enseguida lanza la pregunta que, afirma, deseaba
formular al gobernador oaxaqueño: “¿Quién les da esas armas y
entrenamiento?”
Ambas eurodiputadas, tras
recoger testimonios de quienes resultaron atacados en la emboscada
paramilitar del 27 de abril, afirman que “se alteraron evidencias” y que
la policía tardó tanto tiempo en arribar al sitio de los hechos que los
atacantes pudieron modificar la camioneta en la que viajaban las dos
víctimas. Con miras a evitar que esos acontecimientos se repitan, las
legisladoras expresaron que llevarán el caso ante el parlamento Europeo.
El 18 de mayo, desde Alemania,
la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se
anunciaba que ese día, y en el marco de la VI Cumbre América Latina y el
Caribe-Unión Europea, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con la
presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, a quien manifestó “su pesar por
el fallecimiento del ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, así como el de
la mexicana Beatriz Cariño”.
Tras ese suceso, ocurrido en
el municipio de San Juan Copala y al que el comunicado oficial denomina
“lamentable incidente”, el mandatario se comprometió a esclarecer los
hechos y a castigar a los responsables “con estricto apego a la ley”.
Promesas que aún no cumple.
Cobertura de guerra
Hace dos años, el jefe de
Tracy Wilkinson la envió a México bajo esta consigna: “Ahí hay una
guerra y tú tienes que cubrirla”. Esta periodista ?que cubrió para Los Angeles Times
los conflictos armados en Centroamérica durante la década de 1980, las
ofensivas militares contra Irak (de 1991 y de 2003), así como la guerra
de los Balcanes en la antigua Yugoslavia? ha recurrido a su experiencia como corresponsal de guerra durante sus recorridos por México.
Explica la necesidad de que,
al cubrir una zona de conflicto armado, los corresponsales distingan a
los actores del mismo, qué intereses defienden y cuál es su fortaleza.
Asegura que aunque ha usado chaleco antibalas, no utiliza ni armas ni
fotógrafos en escenarios de gran peligro porque así puede entrar y salir
de manera pronta y más segura, “y con la información necesaria”.
La jefa de la oficina en México de Los Angeles Times, ganadora del premio George Polk ?que otorga la Universidad de Long Island, en Nueva York? y reconocida por el Overseas Press Club, responde a la pregunta ¿realmente vive México una guerra y de qué tipo?
—Sí. Lo que está pasando en
México se puede llamar guerra, pero obviamente una guerra no
convencional. Hay bandas armadas que combaten, narcos que
luchan entre sí con sus propias fuerzas paramilitares y otros que
combaten con las fuerzas de seguridad del Estado. No hay líneas de
batalla bien definidas o no son fluidas y cambian. Eso lo hace más
peligroso cuando se trata de cubrir periodísticamente.
A la opinión de esta
periodista, se suma la experiencia de Ioan Grillo, ahora reportero de
investigación independiente y excorresponsal de The Houston Chronicle y Associated Press,
así como de estaciones de televisión estadunidenses y británicas. Desde
su llegada a México, se especializó en la cobertura del ascenso en el
poderío y capacidad del crimen organizado, un trabajo que, reconoce, ha
realizado con el apoyo de sus colegas mexicanos y de los ciudadanos de
este país.
El 13 de julio, Grillo publicó en Globalpost
el artículo “El séptimo círculo”. Ahí plasma su visión como
corresponsal de lo que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, en estos
términos: “Si Dante alguna vez hubiera estado en Juárez, lo habría
situado en el séptimo círculo del infierno, la única vivienda de la
violencia y rodeado por un río de sangre hirviendo”. Describe lo que
significa esta ciudad fronteriza donde se libra una guerra que no se
divulga en el exterior: “La ciudad, que reposa sobre el Río Grande,
justo al otro lado de El Paso, Texas, es la capital mundial del
asesinato, en la que se registran más de 5 mil 500 asesinatos desde
enero de 2008. Es responsable de una quinta parte de los más de 25
asesinatos relacionados con las drogas que han ocurrido en México desde
2006, cuando el presidente Felipe Calderón oficialmente declaró la
guerra contra los fuertemente armados cárteles de la droga del país. Esa
guerra nacional alcanzó un dramático punto decisivo el mes pasado,
cuando el candidato mejor posicionado para la gubernatura de este estado
fronterizo fue asesinado por hombres armados que, se cree, fueron
enviados por un cártel de las drogas”.
Al compartir su experiencia en
zonas de conflicto con sus colegas mexicanos, en el marco del foro
titulado Cobertura de la Violencia en México desde la Mirada de los
Corresponsales Extranjeros, que convocó la organización Periodistas de a Pie,
Grillo también mencionó el asesinato del reportero Brad Will y del
activista Jyri Jaakkola, ambos en Oaxaca, aunque en diferentes contextos
y tiempos, como parte de los riesgos que viven los extranjeros que
cubren y se preocupan por la realidad mexicana.
El termómetro
Aunque públicamente los gobiernos con los que México mantiene relaciones diplomáticas no admiten que exista un escenario de violencia incontenible y extendida en este país, los comunicados que emiten sus embajadas y consulados a sus ciudadanos que viajan o residen aquí tienen un expreso sentido de alerta. El tono de las recomendaciones es el termómetro que mide la creciente percepción de inseguridad que registran las cancillerías y que buscan resguardar la integridad de sus ciudadanos que pretenden viajar o que residen en México.
Desde julio de 2009, el reino
de España, de donde proviene el mayor número de turistas europeos,
mantiene vigente una alerta para quienes desean viajar a este país. Ahí
se señala que las disputas entre los cárteles de la droga que operan en
México “han propiciado un escenario de inseguridad y ejecuciones”,
que son particularmente graves en Chihuahua y Sinaloa. En la primera
quincena de marzo de 2010, esa alerta se actualizó bajo estos términos:
“La situación de inseguridad se materializa en una especial incidencia
de la delincuencia relacionada con los secuestros, con la extorsión, con
el asalto en la vía pública y el transporte público”.
En enero, las embajadas del
Reino Unido e Italia lanzaron su propia advertencia a sus connacionales
sobre el “aumento preocupante” del crimen organizado en territorio
mexicano, en especial en Chihuahua. El 19 de marzo, la sede británica
renovó su advertencia.
Tras el asesinato de Lesley A
Enríquez, empleada del consulado estadunidense en Ciudad Juárez, y de su
esposo Arthur H Redelfs, así como del ciudadano mexicano Jorge Alberto
Salcido Cisneros, el 14 de marzo, se sucedieron las alertas para viajar a
este México. Son notables las que emitieron Estados Unidos y Canadá,
dos Estados con los que México está vinculado a través del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y de la Alianza para la Seguridad y
Prosperidad para América del Norte.
El 14 de marzo, el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Canadá emitió un aviso para sus ciudadanos
de paso en México, donde les pedía “un alto grado de precaución” si
transitaban por regiones como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana y Baja
California.
Por su parte, el Departamento
de Estado estadunidense autorizó la “reubicación temporal” de las
familias de los empleados del consulado que trabajan en la zona
fronteriza con México. De forma simultánea, las autoridades migratorias
de Estados Unidos suspendieron las “repatriaciones voluntarias” de
mexicanos indocumentados por El Paso, Texas, para evitar que se
enfrentaran a la violencia en Ciudad Juárez. Esa explicación la concedió
Douglas Mosier, entonces vocero local de la Patrulla Fronteriza, quien
agregó que los mexicanos indocumentados detenidos en el Sur de Texas
serían enviados para su retorno voluntario a Presidio y de ahí a
Ojinaga, Chihuahua.
El efecto de la violencia en
México también se manifiesta en el retiro de estudiantes de intercambio
estadunidenses. Después de la madrugada del 19 de marzo cuando fueron
asesinados los alumnos de posgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier
Francisco Arredondo Verdugo, del Tecnológico de Monterrey, comenzó el
éxodo de alumnos extranjeros de instituciones educativas mexicanas.
En su edición del 31 de marzo, The Daily Texan,
diario oficial de la Universidad de Texas, pidió a los alumnos que
participan en el intercambio estudiantil con el Tecnológico de Monterrey
“suspender sus actividades estudiantiles” en la capital neoleonesa.
Este mensaje era sintomático de la gravedad de la situación, pues por
primera vez se pedía a los alumnos restringir su acceso a estudios en
México por la inseguridad prevaleciente en la zona Norte del país.
Días antes, el Departamento de
Estado había admitido que millones de ciudadanos estadunidenses viajan a
México por motivos académicos, negocios o turismo y que casi 1 millón
de sus nacionales viven en este país. Sin embargo, el comunicado
recomendó que ante el incremento de la violencia, debían “usar el
sentido común” y extremar precauciones, evitando asistir a zonas de
prostitución y narcotráfico.
El 12 de abril,
la embajada de Estados Unidos en México emitió otra nueva alerta de
viajes a México debido al aumento de la violencia en el país; en esa
ocasión, extendió hasta el 12 de mayo la salida de funcionarios
estadunidenses en los consulados de la frontera común.
El comunicado explicó que “la
violencia en el país se ha incrementado, por lo que es obligatorio que
los ciudadanos estadunidenses entiendan los riesgos en México, cómo
evitar situaciones peligrosas de la mejor manera posible y a quién
contactar si son víctimas”. Al mismo tiempo, instó a sus ciudadanos a
postergar cualquier “viaje innecesario” a ciudades de Durango, Coahuila y
Chihuahua, y pidió a quienes viven o transitan en esa zona “extremar
medidas de precaución”. Esa alerta sustituyó a la emitida el 14 de
marzo.
El 10 de junio, Eric Holder,
fiscal general de Estados Unidos, anunciaba el resultado de 22 meses de
investigaciones conjuntas con autoridades del gobierno mexicano sobre
las operaciones de los grupos del narcotráfico en ambos países. El
funcionario destacó que, en ese tiempo, fueron detenidas 2 mil 566
personas vinculadas al tráfico de drogas. El miércoles 10, fueron
capturadas 429 personas en una acción realizada en 16 estados del vecino
del Norte.
Es notable que casi un mes
después de ese anuncio, el 23 de julio, el gobierno estadunidense renovó
su alerta para que sus ciudadanos tomaran precauciones al viajar a
México. Esta alerta se destaca de las anteriores por su extensión y
precisión en información: “Debido a la violencia, vinculada con el
tráfico de drogas ilícitas, es imperativo que los ciudadanos
estadunidenses entiendan los riesgos que hay al viajar a México; se
recomienda tener sentido común al pasear por el país y visitar solamente
las zonas turísticas, no caminar de noche por lugares solos y visitar
sólo negocios legítimos”.
El aviso del Departamento de
Estado subraya que el gobierno mexicano hace un “amplio esfuerzo para
luchar contra las organizaciones de tráfico de drogas” y que a su vez se
ha enfrascado en una “lucha feroz” para controlar las rutas de la
droga. Añade que, “con el fin de prevenir y combatir la violencia, el
gobierno de México ha desplegado tropas militares y policías federales
en todo el país” y así mejorar la seguridad. También hace notar que, en
los destinos turísticos, no se viven altos niveles de violencia por
narcotráfico, como sucede en la región fronteriza.
Más adelante, el documento
señala que, “aunque la mayoría de las víctimas de la violencia son los
ciudadanos mexicanos vinculados con actividades delictivas, la situación
de inseguridad plantea riesgos graves para los ciudadanos de Estados
Unidos”. Además, solicita que sus ciudadanos cooperen en caso de ser
detenidos por un retén, aunque les pide que tengan precaución ante la
posibilidad de que haya puestos de control falsos.
Cita que “los ataques
violentos y la persistente preocupación por la inseguridad han llevado a
la embajada a instar a los ciudadanos estadunidenses a no realizar
viajes innecesarios a Michoacán, Tamaulipas, partes de Chihuahua,
Sinaloa, Durango y Coahuila”.
La alerta estadunidense del 23
de julio ofrece estadísticas sobre la violencia que se expresa en todo
el territorio nacional: “Más de la mitad de todos los estadunidenses
asesinados en México durante 2009 fueron ultimados en las ciudades
fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana”. También menciona los narcobloqueos en las principales vías públicas de Monterrey, así como la escalada de secuestros y robos en Ciudad Juárez.
Aclara que las zonas
turísticas mexicanas a las que acuden los estadunidenses están en
riesgo. Aunque el crimen relacionado con los estupefacientes es una
preocupación particular en la frontera Norte con México, la violencia se
ha producido en todo el país, incluso en las zonas frecuentadas por
turistas estadunidenses. Esa alerta incluye a la región Sur del país,
pues advierte que, en pueblos y ciudades con comunidades indígenas,
“existen disputas de tierras entre residentes y las autoridades locales
que han llevado a la violencia.
Además de que advierte de las
constantes marchas y protestas que se realizan en el país a las que
califica como “por lo general pacíficas”, el comunicado previene que
pueden suscitar confrontaciones y violencia. También refiere que, en
abril de 2010, dos miembros de una organización de ayuda no
gubernamentales, uno de los cuales era un ciudadano extranjero, fueron
asesinados cerca de la aldea de San Juan Copala, en Oaxaca”.
Recomendaciones de seguridad“Los ciudadanos de Estados Unidos que crean ser blanco posible de un secuestro u otros crímenes deben notificarlo a los oficiales de la ley mexicana y a su embajada en la ciudad de México o al consulado más cercano”, rezan las recomendaciones de seguridad que emitió el Departamento de Estado el 23 de julio.La alerta agrega que cualquier visitante estadunidense que sospeche ser un posible objetivo de un acto de violencia “debería considerar regresar a Estados Unidos inmediatamente”. Advierte que los ciudadanos estadunidenses “deberían estar prevenidos” de que la mayoría de los casos de crímenes violentos “nunca son resueltos por los oficiales mexicanos”.Por eso, los ciudadanos que viajen deberían hacerlo por los principales caminos y en jornadas diurnas, particularmente en los que hay casetas de cobro que “generalmente” son más seguras. Cuando hay órdenes, la embajada y sus consulados advierten a sus empleados y ciudadanos evitar ciertas zonas, abstenerse de manejar por ciertos caminos a causa de las condiciones peligrosas o de “actividad criminal”.Si esto ocurre, la embajada o el consulado correspondiente alertará a los ciudadanos estadunidenses locales sobre la naturaleza de la preocupación y el periodo de tiempo en que permanecerá la restricción. Se exhorta a los visitantes que dejen su itinerario con un amigo o familiar, no viajar con él; evitar viajar solo y, antes de partir, verificar con el proveedor que su teléfono móvil capta redes internacionales 3G o .Asimismo, no ostentar joyería cara ni manejar grandes cantidades de dinero u otros bienes valiosos y poner a buen resguardo sus pasaportes. Hace notar que entre los años fiscales 2006 y 2009, fueron robados entre 184 y 288 pasaportes estadunidenses en México.También indica que, por los frecuentes robos, la embajada ha prohibido a sus empleados abordar taxis en las calles de México; exhorta a los ciudadanos estadunidenses a utilizar esos servicios sólo en los “sitios”.
Baja WEF escalafón de México en seguridad
Otro impacto internacional por
el auge de la violencia en México se traduce en el ámbito económico y
turístico. La percepción de los organismos especializados en estos
rubros es que la seguridad en este país ha caído.
Precisamente el 23 de julio se publicó el del
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Con base en 12
indicadores, muestra la fortaleza de los países en cuanto a la captación
de inversiones, conquista de nuevos mercados, producción interna, entre
otros.
La calificación tiene una
escala del uno al siete y posiciona a México en el sitio 51 entre 133
países. Ese organismo otorga 3.6 puntos a este país en su índice de
seguridad, es decir, lo ubica en el lugar 126. Al desglosar este
concepto, en materia de riesgos de terrorismo, el coloca
a México en el sitio 71; en confiabilidad de la policía, en el 123, y
en sofisticación de negocios e innovación relacionados con crimen y
violencia, en el 124.
En América Latina, el
organismo ubica a México en el lugar cinco en competitividad, abajo de
Chile que ocupa el primer lugar, de Costa Rica, Brasil y Panamá, y por
arriba de Uruguay y Colombia.
fuente, vìa :
Contralínea 195 / 15 de Agosto de 2010
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