Hace más de veinte días que 31 mapuches están en
huelga de hambre en las cárceles chilenas. Están presos por la
aplicación de la llamada ley antiterrorista. El gobierno de Sebastián
Piñera no mostró intención de destrabar el conflicto. Mientras tanto, la
salud de los indígenas se sigue deteriorando.
La huelga de hambre líquida arrancó el 12 de julio en los penales de
Concepción (centro) y Temuco (sur). Progresivamente, se fueron sumando
reclusos mapuches de otras cárceles. Los mapuches dijeron, a través de
un comunicado, que extenderían la medida hasta las últimas
consecuencias. Los presos reclaman que dejen de aplicarles la ley
antiterrorista, un instrumento legal sancionado durante la dictadura de
Augusto Pinochet. Además, exigen que sus causas no sean derivadas a
tribunales militares y demandan acceder a un juicio justo. La
desmilitarización de los territorios de la comunidad también es otro de
los reclamos que les hacen a las autoridades chilenas. En el sur de
Chile, las empresas agrícolas y forestales ocuparon las tierras
ancestrales.
Organizaciones de defensa de las comunidades originarias denunciaron
en el fin de semana que se está deteriorando a pasos agigantados la
salud de los detenidos en la cárcel de Angol, al sur de Santiago. Según
manifestó el Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, los
reclusos sufrieron maltrato psicológico de parte de los gendarmes y no
recibieron asistencia médica por parte de los uniformados. Ayer se
realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar al
Ejecutivo que escuche las demandas de los indígenas, pero el silencio
oficial sigue sin romperse.
Los mapuches en huelga de hambre están en prisión preventiva hace
más de un año y medio, ya que la legislación antiterrorista habilita a
que estén en esa condición hasta por dos años. De acuerdo con la
normativa aprobada en mayo de 1984, también se les puede impedir el
acceso a la causa a los abogados defensores de los procesados.
“La aplicación sistemática de la ley antiterrorista es
discriminatoria porque levanta acusaciones contra personas que reclaman
por sus derechos legítimos. Se aplica esencialmente a personas
mapuches”, dijo a Página/12 Sergio Laurenti, director de Amnistía
Internacional (AI) de Chile. AI le reclamó al presidente Sebastián
Piñera que se revise esa legislación que podría cuestionarse como
inconstitucional”, según indicó su titular.
AI no está visitando a los presos mapuches en huelga de hambre por
pedido expreso de los indígenas. Pero Laurenti remarcó que la
organización con base en Londres apoya el reclamo. En un informe
presentado en mayo al presidente Piñera, AI manifestó su preocupación
por la situación de los pueblos originarios. “El uso de la legislación
inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la
fuerza excesiva y la actividad policial desproporcionada en algunas
comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta”,
dijeron desde la organización.
Más de 105 mapuches están presos, condenados o procesados en el país
trasandino por la demanda territorial y a 57 se les aplicó la ley
antiterrorista. Según un informe de la Comisión de Etica contra la
Tortura de Chile, el número de criminalizados se duplicó en sólo un año.
Entre los delitos por los que se los imputa están los de incendio
terrorista, homicidio frustrado, lesiones con carácter terrorista,
amenazas y asociación ilícita terrorista.
fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-150637-2010-08-03.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-150637-2010-08-03.html
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