Punto Final
La tragedia de la
mina San José no es un accidente más de los muchos que ocurren en la
minería, en que anualmente hay decenas de víctimas casi siempre por las
malas condiciones de seguridad. Lo mismo ocurre en la industria
manufacturera, en la construcción y en los servicios. Pero este
siniestro ha sido especial por su magnitud y características. La mina
San José pertenece a la Compañía Minera San Esteban, de la mediana
minería; es una explotación de cobre y oro muy antigua. Es propiedad de
la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas
comenzadas hace más o menos cincuenta años, cuando explotando minerales
de hierro logró acumular una importante fortuna.
Desde hace años,
la mina San José había sido denunciada como una explotación insegura.
Sólo entre 2000 y 2004 hubo diez denuncias de los trabajadores ante el
Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin), autoridades de
Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social.
Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron
respuesta. En los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales y
dos que significaron la amputación de extremidades de los afectados. El
derrumbe del 5 de agosto tuvo, según se ha informado, una magnitud tal
que produjo prácticamente el desplome de las galerías y de los ductos
accesorios. De acuerdo a lo declarado por Antón Hraste, ex director
regional del Sernageomin, “esa mina no debió ser reabierta nunca”, luego
que él dispuso su cierre temporal en 2006 y definitivo en 2007. Sin
embargo, el 30 de mayo de 2008 el Sernageomin autorizó la reapertura. La
medida produjo asombro. Proponía medidas superficiales que no atacaban
el problema fundamental de seguridad y ni siquiera se ordenó un control
para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, el escaleramiento de una
chimenea de escape que, al no hacerse, la dejó impracticable ante un
accidente como el que ha ocurrido. Tampoco la empresa cumplió otras
obligaciones y comenzó a ahorrar en los gastos de seguridad para obtener
mayores ganancias, aprovechándose además de los dineros de las
cotizaciones previsionales de los trabajadores que no depositaba como
era su obligación. La actitud del Sernageomin es inaceptable y se
vincula a la influencia que tienen los Kémeny ante las autoridades. Tal
como en el terremoto y tsunami de febrero, una catástrofe vuelve a poner
en evidencia lo lejos que está Chile de los países desarrollados y de
cómo es sólo un cuento de caminos aquel que trata de convencernos que
Chile tiene una economía y empresarios “de clase mundial”. El hecho
mismo de que hubo que traer maquinaria minera de Australia y Estados
Unidos -no disponible en Chile a pesar de ser el productor más
importante de cobre en el mundo-, evidencia una situación alejada de los
exigibles máximos de calidad. Chile reaparece como un país pobre
manejado por un puñado de ricos -que lo son de manera extrema-. El país
despierta de súbito ante una realidad desoladora. La cacareada
“responsabilidad empresarial” en Chile no funciona, salvo en pocas
empresas. Los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar
dinero sin fijarse mucho en las formas de hacerlo. Como están muy cerca o
dentro de los gobiernos, disponen de manga ancha para cometer abusos.
Las
responsabilidades en esta tragedia son evidentes y abarcan a todos los
gobiernos de la Concertación. En especial al Ministerio de Minería
cuando estuvo a cargo del ingeniero Santiago González, que autorizó la
reapertura de la mina San José. Pero no dejan incólume al gobierno de
Sebastián Piñera, que se ufana de la eficiencia de sus equipos asesores,
que dominan todos los temas y tienen soluciones infalibles. A pesar de
ello, y del hecho de que apenas un mes antes del derrumbe hubo un
accidente con una víctima que sufrió amputación de una pierna, nada se
hizo con la empresa. El ministro de Minería, Laurence Golborne, recibió
además a una delegación de dirigentes sindicales que reclamaban por la
falta de seguridad en las faenas. El ministro niega haber dicho que la
seguridad no era su tema. Pero los dirigentes sindicales sostienen que
sí lo dijo. Si la “responsabilidad empresarial” es un mito, no serán
determinantes las medidas administrativas de reestructuración del
Sernageomin y otras instancias, que evidentemente son necesarias pero no
decisivas. El ansia de lucro permitirá maniobras sigilosas de lobbystas
y otras formas directas de corrupción.
Sin embargo, hay un
problema de mayor significación, que tiene que ver con la
institucionalidad minera. Esta ha sido tradicionalmente débil, como si
el propósito central fuera, sobre todo, asegurar la tranquilidad y las
ganancias de las transnacionales. Nunca, salvo en el gobierno del
presidente Salvador Allende, se ha intentado establecer una
institucionalidad minera sólida, con amplias atribuciones y fuerte apoyo
técnico. Antes de 1970, la situación era tal que fue necesario el apoyo
de misiones extranjeras -una francesa y otra soviética- para investigar
el real estado de la gran minería del cobre. Ambas misiones
coincidieron en que el manejo de las empresas norteamericanas era
deficiente y que no resguardaban el interés nacional. Ni siquiera había
un adecuado control de las exportaciones de concentrados y de oro, plata
y otros metales contenidos en ellos. Ahora ocurre algo parecido. No
sólo en la gran minería del cobre, que sigue exportando concentrados sin
análisis rigurosos. ¿Sabe el Ministerio de Minería qué ocurre con las
explotaciones de litio? ¿O con los pirquenes que abundan en la zona del
carbón, casi siempre al margen de todo control? ¿O qué pasa en las
explotaciones de salitre y yodo de Soquimich, controlada por Julio Ponce
Lerou? ¿O con las explotaciones de oro que maneja la Barrick Gold?
La
tragedia de la mina San José no debe olvidarse en medio de la
parafernalia oficial que se desplegará para el Bicentenario. Es preciso
que de una vez por todas los empresarios entiendan que los trabajadores
no son otra materia prima. Pero al mismo tiempo, es indispensable que
los trabajadores asuman una actitud combativa e intransigente en defensa
de su vida y de su integridad física, que es también protección para
sus familias y su futuro.
Lecciones tan dolorosas como la ocurrida
en Atacama deberían contribuir a la toma de conciencia que permitirá
levantar en Chile -como ya sucede en países hermanos- una alternativa a
la voracidad inhumana del capitalismo. Las medidas de parche y los
lamentos hipócritas de la institucionalidad vigente sólo quieren hacerle
el quite a la responsabilidad criminal del sistema en las tragedias
colectivas e individuales, y en la superexplotación que padecen los
trabajadores chilenos.
(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 716, 20 de agosto, 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111690
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