El proceso de nacionalización del metal rojo
La ofensiva privatizadora de Piñera
Las responsabilidades de la Concertación en la desnacionalización
Fuertes denuncias del ex senador Jorge Lavandero
La ofensiva privatizadora de Piñera
Las responsabilidades de la Concertación en la desnacionalización
Fuertes denuncias del ex senador Jorge Lavandero
Patricio Malatrassi es
economista y fue representante de los trabajadores de la minería del
cobre en el yacimiento de Chuquicamata durante el gobierno de la Unidad
Popular. Recuerda que el mayor argumento -en los años 60 del siglo XX-
usado por los detractores de la nacionalización del metal rojo se
sostenía en que “el conocimiento técnico para manejar una riqueza de esa
envergadura no estaba, supuestamente, dentro de las capacidades de los
chilenos. Entonces pasar la propiedad del cobre de la propiedad privada
al área social significaría el caos.”
ALLENDE: “LO MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE”
La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende
en julio de 1971, comportó el clímax de un largo proceso de lucha de
los sectores políticos y del pueblo que siempre reivindicaron como una
demanda de soberanía recuperar el cobre para los chilenos. Allende llamó
a este hecho “Lo más importante después de la Independencia de Chile” y
el día de su puesta en vigencia, a través de todos los medios de
comunicación, afirmó que “este acto tiene una extraordinaria
trascendencia (…) que significa una modificación a la Constitución
Política que acentúa la fuerza al sentido nacional de nuestra patria (…)
es por eso que agradezco la presencia de los poderes del Estado: el
Presidente del Senado; el Presidente de la Corte Suprema; el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el Contralor General de la República; el compañero Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de Trabajadores y el compañero Héctor Olivares,
Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En este acto
se firma el Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional aprobada
por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma
constitucional permite nacionalizar las empresas de la Gran minería del
Cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro
país. Más allá de las fronteras que dividen a veces a los hombres, una
gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que
Chile empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica”.
Ya Luis Emilio Recabarren señaló en un artículo en el diario El Socialista
de Antofagasta en 1920 que “Los problemas de la miseria y de la
esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a
sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias
extractivas. Nacionalicemos las minas del carbón, las salitreras, los
bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria
nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas
por el gobierno o las municipalidades respectivas”.
En 1951 los senadores del Partido Comunista, Salvador Ocampo y Elías Lafertte presentaron en el Congreso el Primer Proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre.
LOS ENEMIGOS DE LA NACIONALIZACIÓN DURANTE LA UP
Malatrassi informa que “el gran desafío
del momento era resolver el problema de que la producción se mantuviera
y acrecentara, si era posible. La realidad era así. Toda la
planificación y el desarrollo de esta riqueza venían elaborados del
extranjero“. El economista que vivió en carne propia el proceso duro de
la nacionalización cuprífera explica que “los ingenieros chilenos, en su
momento, eran capataces que aplicaban las políticas de desarrollo que
venían elaboradas fundamentalmente por Anaconda Copper Company, desde
Estados Unidos. Por fortuna me encontré con una persona excepcional, el
Gerente General David Silberman Gurovich
(ver recuadro). Logró tomar al conjunto de los supervisores de la
empresa (Chuquicamata) y enrolarlo en una entrega importante, toda vez
que existían fuerzas profundas y ocultas que trataban de desviarnos de
nuestra dirección”.
El profesional evoca que “se manejaba
mucha plata y se trataba de corromper a las personas, ofreciendo casas,
autos, etc. Era gente que quería que el proyecto fracasara. De hecho,
cuando era inminente el triunfo de la Unidad Popular, los enemigos de la
nacionalización “florearon las minas”, es decir, explotaron aquellos
lugares que eran más ricos por la calidad del metal y acumularon
material estéril en sitios donde después se tenía que seguir
produciendo. Ello se tradujo en un proceso de racionalización de la
producción tremendamente caro y peligroso.”
LA NUEVA FASE DE PRIVATIZACIÓN: EL PAPEL DE DIEGO HERNÁNDEZ
El ex senador Jorge Lavandero manifiesta que cuando se inició la tarea, primero de chilenizar el cobre con Frei Montalva
(51 % de propiedad estatal), y luego la nacionalización íntegra con
Salvador Allende “a las empresas privadas se les cobraba un impuesto
según su producción que iba de un 65 a un 85 %, el cual era pagado y
seguían ganando.”
Y en la actualidad, mientras en
Australia –donde están las mineras más grandes del globo- la tasa de
tributación efectiva alcanza el 43 %, en Chile, de acuerdo a Jorge
Lavandero, “de las 47 empresas de cobre según el Servicio de Impuestos
Internos, sólo dos y en forma esporádica han pagado impuestos, las otras
45, nunca.” Por lo demás, en el país se emplea erráticamente el término
“royalty”, cuyo significado preciso es “renta”. Y corresponde a un
derecho que tiene el propietario, en este caso el Estado, sobre los
bienes que son de su propiedad. En Chile no se cobra ese derecho sobre
la renta a las grandes mineras. Se entregan gratuitamente.
Por su parte, el doctor Edgardo Condeza,
Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos,
asegura que Chile representa sólo el 0,25 % de la superficie terrestre,
“pero tiene el 37 % de las reservas conocidas de cobre en todo el
planeta”, y agrega que “su costo de producción es el más bajo del mundo,
y produce la tercera parte de todo el cobre de La Tierra.”
El economista y académico, Orlando Caputo
(quien fuera representante de Allende en el Comité Ejecutivo de Codelco
y Gerente General de Codelco), cuenta que la Constitución señala
categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, el
impuesto transitorio a la gran minería propuesto por el actual
presidente Sebastián Piñera, reafirma las normativas
anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos
mineros. Esta traición a Chile se aprobó en dictadura, ideada por su
hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de Pinochet, y en momentos que Sebastián tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.”
Caputo dice que Sebastián Piñera ha
iniciado una nueva fase de privatización de Codelco, comenzando con
actividades esenciales como el suministro de energía eléctrica.
Asimismo, pretende privatizar los ricos yacimientos de Codelco que aún
no han sido explotados.
En 1990, la dictadura había privatizado
alrededor del 10 % del cobre, mientras el 90 % seguía en manos del
Estado. Los gobiernos de la Concertación han dejado la propiedad estatal
del metal rojo en un 27 %, mientras un 73 % está en poder del capital
extranjero.
Diego Hernández fue
nombrado por Piñera como presidente de Codelco. Hernández fue antes un
alto ejecutivo de la gigante BHP y de Minera Escondida, y dirigió varias
mineras transnacionales. Al respecto, Patricio Malatrassi indica que
Diego Hernández “está trabajando para modificar los planes de desarrollo
de Codelco y explotar brutalmente aquellos lugares donde el cobre tiene
más alta ley, desechando los otros, e hipotecando los intereses
nacionales.”
En este sentido, además Sebastián Piñera nombró al abogado Juan Luis Ossa en
el Directorio de Codelco. Ossa apoyó directamente a José Piñera en los
80’ cuando él era ministro de Minería de la tiranía, en la elaboración
de la llamada Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que
entrega gratuitamente en propiedad privada los yacimientos.
EL PRECIO DEL SILENCIO
El ex senador Lavandero sostiene que el
valor de Codelco, a tres dólares la libra, es de un billón 400 mil
millones de dólares. Y las utilidades de la industria cuprífera se
encuentran entre el 200 y 400 %, entonces “que haya ministros de Estado o
senadores, como Evelyn Matthei, que dicen que no hay
una rendija para colocar un impuesto a estas empresas multinacionales,
no significa otra cosa que esas corporaciones entregan plata para
capturar votos y así nada se cambie en el país. De este modo se compran
presidentes, senadores, etc. ¿Cuánto cuesta una candidatura presidencial
como la de Ricardo Lagos o la señora Bachelet? ¿100 millones de dólares? ¿Quién puede entregarle a Jovino Novoa
10 millones de dólares para su candidatura senatorial por Santiago?
Cuando la industria del cobre gana 20 mil millones de dólares en un año,
¿Qué le significan 100 o más millones de dólares?”
Por otro lado, Patricio Malatrassi
declara que a las transnacionales “no les interesa dejar de producir
concentrado de cobre, porque contiene otras materias primas incluso más
valiosas que el cobre. Del concentrado de cobre se puede extraer
molibdeno, plata, oro, metales raros, litio. Aquí en Chile se podría
crear una industria pesada al servicio y para bienestar de todos los
chilenos.”
Recuadro
EL DETENIDO Y DESAPARECIDO GERENTE GENERAL DE COBRE CHUQUI, DAVID SILBERMAN
El 20 de abril de 2009, la Corte Suprema
dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro
calificado de David Silberman Gurovich, ocurrido a partir del 4 de
octubre de 1974, en Santiago.
En fallo dividido, los ministros ratificaron el fallo penal que había establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo; Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.
David Silberman Gurovich fue un
ingeniero civil casado y Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de
septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, se presentó
voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante el Comandante Militar
de Calama, quedando detenido y sometido a proceso por un Tribunal
Militar de Tiempo de Guerra.
El 28 de septiembre de ese año el
Consejo de Guerra dictó sentencia, condenándole a la pena de 10 años de
prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y a 3
años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su condena en
Santiago. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la Penitenciaría de
esta ciudad.
El 4 de octubre del mismo año, fue
sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la
Fuerza Aérea, permaneciendo en ese recinto hasta el 20 de octubre, día
en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.
En esta fecha, David Silberman fue
sacado del recinto carcelario por agentes de la Dina que falsificaron
documentos del Ejército para engañar a Gendarmería y lograr la entrega
del detenido. Fuera del recinto, David Silberman fue trasladado a la
casa que la Dina mantenía en José Domingo Cañas.
De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4
Alamos, para ser luego nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en
cuyas dependencias permanece hasta mediados del mismo mes en que es
trasladado a 4 Alamos, desde donde desaparece a fines de octubre o
primeros días del mes de noviembre.
El cuerpo del personero allendista continúa desaparecido.
fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/08/23/cobre-chileno-la-historia-del-saqueo-y-la-traicion/
http://www.elciudadano.cl/2010/08/23/cobre-chileno-la-historia-del-saqueo-y-la-traicion/
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