En la misma comunidad donde nació la Policía Comunitaria hace 16 años y
en el mismo marco de una asamblea regional, ciudadanos y ciudadanas Na
savi y Me’ Phaa de la Montaña Alta y Costa Chica, ejercieron el derecho
que les asiste, para aplicar su sistema de justicia comunitaria, como
parte de su autonomía jurídica y política frente al Estado. En la
comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, con la representación
de 56 comunidades, con más de 200 policías comunitarios y una
asistencia que rebasaba los 300 asistentes de comunidades circunvecinas,
la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias (CRAC) demostró su
calidad como autoridad legítima de los Pueblos al informar y consultar
en asamblea el caso de 5 personas detenidas y acusadas por delitos
contra la salud.
Desde la Montaña de Guerrero, donde el Estado ha abandonado por décadas
(por no decir por siglos) a los Pueblos Indígenas, se pone a la
vanguardia a nivel nacional un sistema de justicia y seguridad
comunitarias que tiene como eje central la protección y respeto de los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Es un modelo inspirado en las
formas de gobierno indígena, donde el tema de la justicia forma parte
del núcleo básico para garantizar una gobernabilidad comunitaria. La
misma mesa central de las comisarias se le conoce como la mesa de la
justicia. En el plano religioso, en la mayoría de comunidades indígenas
existen rituales que se realizan tanto en la comisaria, como en los
mismos cerros donde piden la lluvia, para que los sabios presenten a sus
autoridades ante las ´potencias sagradas y les ayuden a aplicar la
justicia con rectitud. Piden sabiduría para saber ejercer el poder como
un servicio y ser un instrumento eficaz que en la mesa sepa actuar con
imparcialidad, transparencia, respeto y rectitud. La justica para los
Me’ Phaa la expresan como ri nanbaanu ikhíí, rí mitsan que significa
buscar el equilibrio o el arreglo entre las partes; buscar lo cierto, lo
verdadero, lo bonito.
Por su parte el gobierno federal ha fracasado en su estrategia
belicista contra el narcotráfico que ha causado desolación y muerte, sin
que haga mella el negocio prospero de la comercialización y venta de
drogas. Las autoridades han preferido alinearse a la política
antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos firmando el plan Mérida
para trabajar en una perspectiva militarista que atenta contra los
derechos humanos. Este plan entre las elites políticas está orientado a
endurecer leyes y penas, dejando intacto el sistema financiero que le ha
dado auge a los grandes capitales que se nutren de las ganancias del
narcotráfico. Hay una postura inflexible del ejecutivo federal sobre la
utilización del ejército como el principal actor, que con las armas en
las manos y en las plazas públicas se enfrente al crimen organizado.
Lamentablemente las balas y los hechos de sangre son los principales
indicadores de una guerra que hunde sus raíces en causas sociales y en
la misma disfuncionalidad y corrupción del sistema que sostiene estas
políticas.
A nivel federal la inversión militar comparada con la inversión social,
en las regiones pobres como en la Montaña, es desproporcionada, los
mismo sucede en el rubro de seguridad pública, que sigue siendo un
recurso que se maneja en la opacidad, y que para desgracia de los
guerrerenses, los millones de pesos que se han invertido para seguridad
nos han ahogado en el pantano de la ignominia. A pesar de tanta
inversión destinada a la seguridad pública, en las siete regiones del
estado, las diferentes corporaciones policiacas están amarradas con el
crimen organizado y su mayor debilidad, es que son sumamente permeables
para trabajar con el patrón que mejor les pague. Los ministerios
públicos tiene la triste fama de ser agentes que han hecho de la
extorción una práctica consuetudinaria. En estas agencias se han
enquistado grupúsculos de toda índole que ven los delitos como un
negocio redituable. En estos lugares se atemoriza a la sociedad, porque
en lugar de brindar y dar confianza a la gente, se le ignora,
discrimina e intimida.
La ciudadanía ha agotado todos los medios y las instancias para
alcanzar justicia, ha tenido mucha paciencia para esperar la reacción de
las autoridades y esto no se ha dado. Siempre ha demandado la
depuración de las corporaciones policíacas y nadie se ha atrevido a
asumir este pendiente como parte de una política de un estado
democrático. Las mismas autoridades han cerrado los espacios y cancelado
las oportunidades para que la sociedad se exprese y coadyuve en esta
responsabilidad. Por el contrario, ha prevalecido la desconfianza en las
iniciativas de la ciudadanía, han tirado por la borda todos los
esfuerzos de la gente que se organiza y que se decide a poner orden en
su entorno, que detiene a los que cometen delitos en flagrancia, sin
embargo, no ve que las autoridades sean corresponsables y solidarias. No
les interesa ver a una sociedad organizada que sirva de palanca para
remover los escombros de un sistema decrépito que sigue anclado en los
intereses mafiosos de los grupos de poder.
Por su parte la Policía Comunitaria, el único plan que ha formalizado
de palabra es con los pueblos pobres de la montaña, y el único recurso
con que cuentan, es con la fuerza que nace desde abajo para constituir
un sistema de seguridad que se nutre con gente dispuesta a dar la vida,
para que las comunidades no tengan que padecer los abusos y las
extorsiones de los agentes del estado. Este sistema se levantó desde el
dolor y el sacrificio de las familias que fueron víctimas de múltiples
abusos; se nutrió con la fuerza que le ha dado la asamblea regional y se
erigió como un modelo hecho a toda prueba con el ejemplo, el
testimonio, la rectitud, la sabiduría y la entrega de todos los policías
comunitarios, sus consejeros y consejeras, sus comisarios y los
coordinadores y coordinadoras de la CRAC. Desde que empezó a operar este
sistema el gobierno se empeñó en perseguirlos; les integró
averiguaciones previas, ejercitó órdenes de aprehensión, los amenazó y
les dio un ultimátum para que desaparecieran. El Ejército desarmó a
varios grupos y de manera reiterada los persigue y acosa. A pesar de que
las mismas autoridades han constatado las bondades, la legitimidad y
los resultados de este sistema, en la práctica los desacreditan, los
discriminan y criminalizan. Los ven con recelo y en lugar de reconocer y
respetar su trabajo, buscan la forma de socavar los logros que han
obtenido. No existe respeto a sus derechos como pueblos, ni reconocen
que tienen la fuerza y la capacidad para combatir de raíz las causas de
la inseguridad con métodos muy diferentes a los que usa el gobierno.
Lo que testificamos el día sábado 5 de noviembre fue una enseñanza
inédita para el gobierno y para el país: las autoridades comunitarias
convocaron a una asamblea regional para poner en consideración un caso
de suma relevancia, que está alterando la vida y la seguridad de los
pueblos de la Montaña Alta y de la Costa Chica. La audiencia pública ha
sido el mejor método para analizar, los casos, donde están presentes las
personas acusadas junto con sus familiares. La presentación pública de
quienes fueron detenidos en flagrancia es la forma más saludable para
ventilar su situación legal y dar oportunidad para que puedan manifestar
su sentir y su verdad. En lugar de intermediarios (como regularmente
son los representantes legales o abogados particulares), este sistema
opta para sean sus propios familiares quienes los representen ante las
autoridades comunitarias. Lo que se busca en una primera instancia es
que la asamblea conozca a los acusados y de esta manera se pueda
recuperar la práctica consuetudinaria, conocida como vergüenza pública.
Se trata de que la población identifique a las personas que están
dentro de su jurisdicción y que están siendo procesadas por algún
delito. En este encuentro público la asamblea toma el pulso de las
personas que están acusadas; dimensiona su realidad socioeconómica;
logra ubicar el contexto socio cultural donde acontecen los hechos y se
da una idea del nivel de peligrosidad y responsabilidad que pueden
tener.
La presentación de Feliciano Ponce de 17 años de edad; de su papá Pedro
Ponce de 42 años originarios de Rio Encajonado municipio de Cochoapa el
Grande, así como de los hermanos Javier y Marco Ventura de 21y 19 años,
originarios de Cahuañaña del mismo municipio, así como de Javier
Orozco, originario del Estado de México, impactó a la mayoría de los
presentes, porque nadie se imaginaba ver a personas sumamente pobres, 4
de ellas provenientes del municipio mas rezagado del país. Más que ver a
personas de alta peligrosidad, vimos más bien a jóvenes que sufren el
olvido y la discriminación, a jóvenes que forman parte del eslabón más
débil de la cadena delincuencial del narcotráfico. Vimos a las víctimas
del crimen organizado, que provienen de una región que ocupa el primer
lugar nacional en producción de amapola.
La asamblea regional no tuvo la menor duda de que estas personas tienen
que investigarse para saber cómo está entretejida la telaraña del
negocio de las drogas, e identificar a los verdaderos responsables que
pertenecen a otros sectores de la sociedad que gozan de inmunidad. Esta
acción ejemplar es una muestra clara de lo que es capaz la Policía
Comunitaria: de detener un cargamento de 600 kilos de marihuana, de
incinerarla públicamente y de demostrar que esto se hace con
transparencia y con el respaldo de los pueblos. Es una contribución
eficaz, que sin tanto aspaviento, ayuda al gobierno a desmantelar las
redes del narcotráfico que encadenan y esclavizan a la población pobre y
excluida de la Montaña. La acción de la CRAC pone a prueba a las
instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, quienes no han
dado los resultados que espera la sociedad desde hace varios lustros. A
pesar de tanto presupuesto, armamento y equipo artillado el ejército y
las corporaciones policíacas que coadyuvan, no han logrado revertir las
índices de criminalidad y de alta incidencia en la siembra y trasiego de
enervantes en la Montaña. ¿A qué se debe?
Conforme avancen las investigaciones, las autoridades de la CRAC sabrán
aplicar sabiamente la justicia comunitaria a las 5 personas que son
víctimas de un sistema económico que los orilla a involucrarse en
actividades ilícitas. Desde la región más pobre la CRAC les demostrará a
las autoridades federales que su estrategia militarista es equivocada y
que pierde más en perseguir y criminalizar a la Comunitaria
07 de Noviembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Vìa :
http://www.cencos.org/node/27897
http://www.cencos.org/node/27897
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