domingo, 26 de junio de 2011

Perú anuncia leyes contra mineras luego de cinco muertos en manifestación popular...RFI y Radio Nederland

El saldo de las protestas del viernes es trágico: cinco muertos y unos 60 heridos en Juliaca. Muertos por bala, según los testimonios recogidos por diversos medios locales y el del médico que recibió los cuerpos en el hospital regional. El gobierno peruano promulgó el sábado cinco leyes, entre ellas la revocatoria de una concesión a una minera canadiense, de cara a atender los reclamos de las violentas protestas en Puno.

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“Todos con perforaciones de bala”, dijo el doctor Casaperalta. Entre los fallecidos hay una mujer. Los incidentes comenzaron de mañana, cuando unos miles de personas –seis mil dice la policía- intentaron tomar el aeropuerto Manco Cápac y paralizar los vuelos que enlazan con la turística región de Puno. Los manifestantes, esencialmente campesinos aimaras, tratan de frenar un proyecto minero en la región que, piensan, contaminará la zona y tendrá efectos nefastos para la economía local.
La policía arremetió contra los contestatarios cuando éstos intentaban ocupar las pistas del aeropuerto. Las fuerzas del orden afirman que tuvieron que defenderse al ser atacados con bombas molotov, artefactos explosivos y elementos contundentes, pero reporteros de la televisión dicen que lo que más se vio en manos de los manifestantes eran hondas para lanzar piedras.
Horas después la violencia se trasladó hasta la puerta de la Comisaría de Azángano… Allí unos mil manifestantes incendiaron el local y las autoridades afirman que cuatro policías han sido tomados como rehenes.
Al final de la jornada, y con la región de Puno casi fuera de control, el gobierno anticipó que este sábado publicará cinco medidas que, asegura, darán satisfacción a los campesinos aimaras que temen que la riqueza minera acabe con su tierra.
-Gobierno arremete con nuevas leyes
Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes de la etnia aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.
Una de las leyes suspende la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que solicitó autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia.
La primer ministro, Rosario Fernández, dijo que estas nuevas leyes dan solución a las demandas antimineras de la población de Puno, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
El gobierno también anunció la prohibición de actividades mineras informales en el norte de Puno, en Azángaro, donde la extracción de oro contamina los ríos y afecta los cultivos de los campesinos que viven principalmente de la agricultura.
Las nuevas leyes contemplan la suspensión de la admisión de petitorios mineros en todo Puno por un plazo de 36 meses.
Además resolvió la aplicación de una consulta popular en cumplimiento del Convenio 169 de la Organziación Internacional del Trabajo (OIT), como condición al inicio de faenas mineras en esa región que es una de las más pobres de Perú.
La protesta en Puno, que se inició a fines de mayo, se tiñó de sangre el viernes cuando 5 campesinos murieron y 30 quedaron heridos cuando la policía disparó contra más de un millar de manifestantes que intentaron tomar a la fuerza el aeropuerto de Juliaca.
La violencia en esta región de mayoría indígena se produce a un mes del cambio de mando presidencial en Perú el 28 de julio, cuando asuma el nacionalista Ollanta Humala en reemplazo de Alan García.

Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/120418/

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